Verónica Martínez Vázquez
Expediente 766/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 766/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/07/2019
Partes del expediente
- Verónica Martínez Vázquez
- Jefe del Departamento de Titulación y Catastro Rural del Registro Agrario Nacional en Chiapas
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; doce de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el auto de veinte de junio de dos mil diecinueve (fojas 37 a 39), en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Atento al dispositivo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se reitera, se trata de un asunto que se sobreseyó fuera de audiencia; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: ************ Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de junio de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el ocurso de ******, parte quejosa, mediante el cual remite copia del oficio ****** de ocho de enero de dos mil diecinueve, mediante el cual la responsable da contestación a la petición realizada por la quejosa en escrito presentado el veinte de diciembre de dos mil dieciocho. Asimismo, solicita se sobresea este asunto por los motivos que expone. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: "omisión de dicha autoridad, emitir acuerdo, dar trámite y/o respuesta por escrito, respecto a la petición que se presentó de manera pacífica y respetuosa, a través de un escrito recibido por la responsable el (20) veinte de diciembre de (2018) dos mil dieciocho, según sello de acuse de recibido de la propia autoridad responsable". SIC En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólTuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de junio de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado de la autoridad responsable Jefe del Departamento de Titulación del Registro Agrario Nacional, con domicilio en esta ciudad; téngase a la autoridad remitiendo copia certificada del acuse de recibo de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, por medio del cual ****** apoderado legal de la aquí quejosa, recibió el certificado parcelario ******, así como diversas constancias que acreditan la mencionada entrega. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, de la demanda de amparo, se aprecia que la quejosa reclama en esta vía constitucional lo siguiente: La omisión por parte de la Jefe del Departamento de Titulación del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad, de hacer entrega del certificado parcelario ******, a nombre de la aquí quejosa. En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a)Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b)Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c)Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d)Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, la quejosa se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable La omisión por parte de la Jefe del Departamento de Titulación del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad, de hacer entrega del certificado parcelario ******, a nombre de la aquí quejosa. Ahora bien, de las constancias remitidas por la citada autoridad, se advierte que el dieciocho de junio de dos mil diecinueve, la autoridad responsable Jefe del Departamento de Titulación del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad, entregó el certificado parcelario ******a******, apoderado legal de la parte quejosa, es decir, en fecha posterior a la presentación de la demanda,******la autoridad responsable subsanó la omisión que se le reclamaba. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable Jefe del Departamento de Titulación del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad, de hacer entrega del certificado parcelario ******, a nombre de la aquí quejosa, ha cesado en sus efectos, quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad.". Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con treinta minutos del veintiséis de junio de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, al agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado; y por oficio a la autoridad responsable. o la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a)Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b)Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c)Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d)Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, la quejosa se duele de la omisión de acordar el escrito presentado el veinte de diciembre de dos mil dieciocho, ante la autoridad responsable. Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad responsable anexas a su informe justificado se advierte que por acuerdo de ocho de enero de dos mil diecinueve, mismo que le fue notificado el veintiuno de febrero del año en curso, se le dio contestación al escrito presentado el veinte de diciembre de dos mil dieciocho ante la responsable, circunstancia que queda evidenciada con las manifestaciones vertidas por la parte quejosa en su escrito de cuenta, con lo cual, la autoridad subsanó la dilación procesal que se reclamaba. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de dar contestación el escrito presentado ante la responsable de veinte de diciembre de dos mil dieciocho, ha cesado en sus efectos, quedando insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Máxime que la parte quejosa solicita se sobresea en este asunto, al actualizarse la causal de improcedencia que invoca en su escrito de cuenta. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con veinte minutos del veintiséis de junio de dos mil diecinueve. No obsta a la anterior determinación, el hecho de que mediante auto de diecisiete de junio del año en curso, se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad y, por ende, no transcurra el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido del mismo, en la medida que, el plazo que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del referido informe y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causa de improcedencia que se invoca, puesto que la autoridad responsable dio contestación a la petición realizada por el quejoso. Finalmente, no pasa desapercibido para este juzgador que la autoridad responsable Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, no ha rendido su informe justificado, sin que necesario estar en espera éste, toda vez que del informe que remitió la diversa autoridad Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, así como de las manifestaciones hechas valer por la parte quejosa y el anexo de cuenta, se advierte la actualización de una causal de improcedencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a la agente del ministerio público adscrita a este juzgado; y por oficio a las autoridades responsables. *****************
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; seis de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos la comunicación firmada por la Jueza Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tuxtla, con domicilio en esta ciudad, mediante la cual informa las gestiones que ha realizado para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo; circunstancia de la que este órgano de control constitucional tomará en consideración al momento de analizar el acatamiento al fallo protector. Ahora bien, del anexo remitido por la citada autoridad, se observa, entre otras cosas, que en proveído de tres de junio del año en curso, ordenó dar vista a las partes con el contenido del informe rendido por la psicóloga de su adscripción, para que dentro del término de tres días hábiles manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidos que de no hacerlo, se tendrá por precluido su derecho. Aunado a ello, dio cuenta con el oficio signado por el Director Jurídico de la Policía Especializada y anexo, de los cuales se despende que se llevó a cabo el arresto de la actora ordenado en proveído de nueve de mayo de dos mil diecinueve (fojas 206-207). Además, en diverso acuerdo de cuatro de junio de esta anualidad y en atención a lo señalado por la referida psicóloga, señaló las nueve horas del siete y catorce de junio del actual para que comparezca la actora a las sesiones propuestas; asimismo, fijó las quince horas del siete y catorce de junio de este año, para que el demandado se presente a dichas sesiones. Aunado a ello, previno al demandado que de no acatar lo ordenado, se le impondrá multa de cincuenta unidades de actualización y, a la actora, ante la contumacia con la que se ha conducido, en caso de no comparecer se procederá a modificar la guarda y custodia del menor. Atento a lo anterior, requiérase al juzgado responsable para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que reciba la comunicación respectiva, informe lo que haya acontecido en las sesiones programadas para los días siete y catorce de junio de dos mil diecinueve y remita copia certificada de los acuerdos que hayan recaído. Cabe precisar que el plazo otorgado en este acuerdo se estima prudente para que dicha autoridad dé cumplimiento al fallo protector, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 192, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo. Apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización que arroja la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando como base el valor inicial diario equivalente a $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en términos de lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con los diversos 192, 193 y 258 de la ley en la materia y se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito en Materias Penal y Civil en turno, para continuar con el trámite previsto en el artículo 193 de la citada legislación. Notifíquese
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