Verónica Martínez García
Expediente 217/2022 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. 9 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 217/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 04/04/2022
Partes del expediente
- Verónica Martínez García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, A CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. AGRÉGUENSE A LOS AUTOS LA CONSTANCIA PROVENIENTE DEL CENTRO PENITENCIARIO Y DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, RELATIVA A LA NOTIFICACIÓN REALIZADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS A LA QUEJOSA ***, RESPECTO DEL PROVEÍDO DE VEINTIOCHO DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, POR LO QUE, SE TIENE POR HECHA ESA NOTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. INTÉGRESE A LOS AUTOS LA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA DE QUIENES SUSCRIBEN EL PRESENTE ACUERDO.
- Principal
NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, A VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. DE LA CERTIFICACIÓN PRECEDENTE, SE ADVIERTE QUE DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE AMPARO, LA PARTE PROMOVENTE NO INTERPUSO EL RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY MENCIONADA, CONTRA EL AUTO DE QUINCE DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, POR EL CUAL, SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO; POR TANTO, CON FUNDAMENTO EN LOS NUMERALES 288, 355 Y 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, APLICADO SUPLETORIAMENTE A LA LEY DE LA MATERIA EN TÉRMINOS DE SU ORDINAL 2°, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO ESE PROVEÍDO, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. AHORA, EL ESTADO PROCESAL DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO EVIDENCIA QUE NO EXISTE MÁS POR CUMPLIMENTAR; EN CONSECUENCIA, SE DECLARA PROCEDENTE REMITIRLO AL ARCHIVO DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO; ASIMISMO, HÁGANSE LAS ANOTACIONES RESPECTIVAS EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE.
- Principal
NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, A QUINCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. VISTO EL ESCRITO DE CUENTA SIGNADO POR ***, POR MEDIO DE LAS CUALES DESAHOGA LAS PREVENCIONES FORMULADAS EN AUTOS DE DOS Y DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS; EN CONSECUENCIA, SE TIENE ACLARADO SU ESCRITO DE DEMANDA Y SE DEJA SIN EFECTOS EL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN EL PROVEÍDO DE REFERENCIA. SIN QUE SE PROVEA SOBRE SU INGRESO EN EL LIBRO DE JUICIOS DE AMPARO, ATENTO A QUE EN PROVEÍDO MENCIONADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, SE ACORDÓ LO CONDUCENTE. DESECHAMIENTO POR CUANTO HACE AL ACTO CONSISTENTE EN: A LA MEDIDA CAUTELAR QUE ADUCE FUE SOLICITADA EL ANTE EL JUEZ DE CONTROL DENTRO DE LA CAUSA DE CONTROL 2165/2021, EL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, MISMA QUE FUE NEGADA. RESULTA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVE AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 61, FRACCIÓN XIV, 17 Y 18, DE LA LEY DE AMPARO, DADO QUE SE PROMUEVE DE FORMA EXTEMPORÁNEA, POR LOS MOTIVOS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONEN. ASÍ, ES NECESARIO PRECISAR LO QUE AL EFECTO DISPONEN LOS NUMERALES CITADOS: .. DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE; EL TÉRMINO GENÉRICO PARA PRESENTAR LA DEMANDA Y SUS EXCEPCIONES, ASÍ COMO LA FORMA EN QUE SE COMPUTARÁN LOS PLAZOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 17 TRANSCRITO. LOS ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE SON AQUELLOS CONTRA LOS QUE NO SE PROMUEVE EL JUICIO DE AMPARO DENTRO DE LOS PLAZOS PREVISTOS. EL TÉRMINO GENÉRICO PARA PRESENTAR LA DEMANDA ES DE QUINCE DÍAS, SALVO SUS EXCEPCIONES, LAS CUALES EN EL CASO NO SE ACTUALIZAN, PORQUE LA QUEJOSA NO SE UBICA EN NINGUNA DE LAS HIPÓTESIS PREVISTAS EN LAS FRACCIONES I A IV DEL PRIMER NUMERAL INVOCADO, PUES NO RECLAMA UNA LEY GENERAL AUTOAPLICATIVA O EL PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN (FRACCIÓN I); TAMPOCO IMPUGNA UNA SENTENCIA DEFINITIVA CONDENATORIA EN UN PROCESO PENAL QUE IMPONGA PENA DE PRISIÓN (FRACCIÓN II); MUCHO MENOS PROMUEVE CONTRA ACTOS QUE TENGAN O PUEDAN TENER POR EFECTO PRIVAR TOTAL O PARCIALMENTE, EN FORMA TEMPORAL O DEFINITIVA, DE LA PROPIEDAD, POSESIÓN O DISFRUTE DE SUS DERECHOS AGRARIOS A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EJIDAL O COMUNAL (FRACCIÓN III); NO ESTÁ EN EL SUPUESTO DE QUE EL ACTO RECLAMADO IMPLIQUE PELIGRO DE PRIVACIÓN DE LA VIDA, ATAQUES A LA LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO; NO EXISTE INCOMUNICACIÓN, NI SE TRATA DE UNA DEPORTACIÓN O EXPULSIÓN, PROSCRIPCIÓN O DESTIERRO, DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONA O ALGUNO DE LOS PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; NI SE REALIZA LA INCORPORACIÓN FORZOSA AL EJÉRCITO, ARMADA O FUERZA AÉREA NACIONALES; POR TANTO, DEBIÓ PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS. LA FORMA EN QUE SE COMPUTARÁN LOS PLAZOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 17 CITADO, SE REALIZA DE LAS SIGUIENTES FORMAS: -A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE HAYA SURTIDO EFECTOS, CONFORME A LA LEY DEL ACTO, LA NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO O RESOLUCIÓN QUE SE RECLAME; -A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL ACTO O RESOLUCIÓN QUE RECLAME; Y, -A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DE LOS REFERIDOS ACTOS O DE SU EJECUCIÓN. PUES BIEN, EXISTEN TRES FORMAS PARA COMPUTAR EL PLAZO DE QUINCE DÍAS, DENTRO DE LOS CUALES HA DE PRESENTARSE LA DEMANDA DE AMPARO PARA TENERLA OPORTUNAMENTE PROMOVIDA, TODAS ELLAS TIENEN CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y EXCLUYENTES ENTRE SÍ. EN LA PRIMERA DEBE APUNTARSE LA EXISTENCIA DE UNA ACTUACIÓN PROCESAL EFECTUADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN VIRTUD DE LA CUAL, EN FECHA PRECISA, SE HIZO SABER AL AGRAVIADO EL ACTO RECLAMADO. LA SEGUNDA FORMA DE COMPUTAR EL PLAZO ALUDIDO, IMPORTA UN ACTO DE NATURALEZA VARIABLE POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE -DISTINTO A LA NOTIFICACIÓN-, DE UNA AUTORIDAD DIVERSA O, INCLUSO, DEL PROPIO QUEJOSO, QUE CONLLEVE A LA CERTEZA DE QUE ÉSTE ÚLTIMO "TUVO CONOCIMIENTO" EN DETERMINADA FECHA DEL ACTO RECLAMADO; MÁS TAL CONOCIMIENTO DEBE PRODUCIR LA CONVICCIÓN DE QUE EL PETICIONARIO DE GARANTÍAS CONOCIÓ EN FORMA DIRECTA, PLENA Y COMPLETA EL ACTO RECLAMADO, ES DECIR, DE MANERA INTEGRAL. POR SU PARTE, EN LA TERCERA FORMA REFERIDA, SE ESTABLECE QUE EL PLAZO PARA LA PROMOCIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO, SE CONTARÁ DESDE EL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL INCONFORME SE OSTENTE SABEDOR DEL MISMO O DE SU EJECUCIÓN, LO CUAL IMPLICA UNA EXPRESIÓN EXCLUSIVA DE LA PARTE QUEJOSA, A TRAVÉS DE LA QUE MANIFIESTE QUE CONOCIÓ DEL ACTO IMPUGNADO; CONDUCTA QUE PUEDE ESTIMARSE QUE ENTRAÑA UNA CONFESIÓN EXPRESA POR PARTE DEL AFECTADO, PORQUE SE SUPONE QUE LA FECHA EN QUE SE OSTENTA SABEDOR DEL ACTO RECLAMADO CON RESPECTO A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, LE PERJUDICA. BAJO ESTE CONTEXTO, CUANDO EL INCONFORME SE MANIFIESTA SABEDOR EN DETERMINADA FECHA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, NO ES NECESARIO QUE; ADEMÁS, SE EXIJA QUE CONOCIÓ EN FORMA PLENA, DIRECTA Y COMPLETA DE LOS MISMOS, TODA VEZ QUE ELLO SE ENCUENTRA INMERSO AL MOSTRARSE CONOCEDOR DE AQUELLOS, DE TAL MANERA QUE BASTA CON QUE EL SOLICITANTE DE AMPARO, CON PLENO CONOCIMIENTO DE LO QUE EXPRESA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SE OSTENTE SABEDOR DEL ACTO O ACTOS RECLAMADOS EN DETERMINADA FECHA, PARA QUE SE CONTABILICE EL TÉRMINO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LO REFIERA. PRECISADAS LAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LAS TRES HIPÓTESIS RELATIVAS, DEBE SEÑALARSE TAMBIÉN QUE ÉSTAS NO GUARDAN UN ORDEN DE PREFERENCIA, PUES LA INTENCIÓN DEL LEGISLADOR FUE LA DE ESTABLECER QUE EL PLAZO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE VERIFIQUE CUALQUIERA DE LOS TRES SUPUESTOS ESTABLECIDOS, LO QUE AUTORIZA AFIRMAR QUE AUN CUANDO EXISTA CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DE LA RESOLUCIÓN O ACUERDO QUE SE RECLAME, ÉSTA NO PODRÁ TOMARSE EN CONSIDERACIÓN PARA TAL EFECTO, SI SE DEMUESTRA QUE CON ANTERIORIDAD SE TUVO CONOCIMIENTO DE TALES ACTOS O SE OSTENTÓ SABEDOR DE LOS MISMOS. .. AHORA, EN EL CASO CONCRETO, SE ACTUALIZA LA HIPÓTESIS PREVISTA EN EL TERCER PUNTO, CONSISTENTE EN QUE EL TÉRMINO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO SE DEBE DE COMPUTAR A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A AQUÉL EN QUE LA PARTE QUEJOSA SE HAYA OSTENTADO SABEDORA DEL ACTO RECLAMADO. ENTONCES, EL PLAZO DE QUINCE DÍAS QUE TENÍA LA PARTE QUEJOSA PARA INTERPONER JUICIO DE AMPARO, COMENZÓ A CORRER A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A AQUÉL EN EL QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO, TOMANDO EN CUENTA QUE LA QUEJOSA RECLAMA LA MEDIDA CAUTELAR QUE LE FUE IMPUESTA, CONSISTENTE EN LA PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA, MISMA QUE INDICA SE EMITIÓ EL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO; ES EVIDENTE QUE EXCEDE DEL PLAZO PREVISTO PARA INTERPONER EL JUICIO DE AMPARO, SIENDO QUE DE LA PAPELETA DE TURNO SE ADVIERTE QUE EL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA FUE INTERPUESTO EL DIECISIETE DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, EN LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON SEDE EN TOLUCA... LA FRACCIÓN TRANSCRITA CONSAGRA UNO DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL JUICIO DE AMPARO, EL DE DEFINITIVIDAD, QUE IMPONE COMO OBLIGACIÓN A LOS QUEJOSOS, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, AGOTAR LOS RECURSOS ORDINARIOS O MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE PROCEDAN CONTRA EL ACTO QUE TILDA DE INCONSTITUCIONAL, Y QUE TENGAN POR EFECTO REVOCAR, MODIFICAR O NULIFICAR LA RESOLUCIÓN COMBATIDA. PRINCIPIO QUE ENCUENTRA SU JUSTIFICACIÓN EN EL HECHO DE QUE AL TRATARSE EL JUICIO DE AMPARO DE UN MEDIO EXTRAORDINARIO DE DEFENSA DE CARÁCTER CONSTITUCIONAL, LA PARTE QUEJOSA DEBE, PREVIAMENTE A SU PROMOCIÓN, ACUDIR A LAS INSTANCIAS QUE PUEDAN PRODUCIR LA INSUBSISTENCIA DEL ACTO DE AUTORIDAD QUE LE PRODUCE AFECTACIÓN. ASÍ, CONFORME A LA FRACCIÓN INVOCADA, LOS GOBERNADOS PODRÁN EJERCER LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE AMPARO HASTA DESPUÉS DE HABER AGOTADO TODAS LAS INSTANCIAS PROCESALES QUE REGULE LA LEY QUE RIJA EL ACTO RECLAMADO. COMO SE PRECISÓ EN PÁRRAFOS QUE ANTECEDEN LA AQUÍ PETICIONARIA DE AMPARO RECLAMA AL DIRECTOR DEL CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL TLALNEPANTLA "LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN" Y OTRA, LA FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA. DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 107 A 115 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD PODRÁN FORMULAR PETICIONES ADMINISTRATIVAS ANTE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA EN CONTRA DE LOS HECHOS, ACTOS U OMISIONES RESPECTO DE LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO, PRECEPTOS QUE ESTABLECEN LO SIGUIENTE: . DE LA TRANSCRIPCIÓN PRECEDENTE, EN LO QUE AQUÍ INTERESA, SE OBTIENE LO SIGUIENTE: - LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, A NOMBRE PROPIO O DE MANERA COLECTIVA, ESTÁN LEGITIMADAS PARA PRESENTAR UNA PETICIÓN ADMINISTRATIVA ANTE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA EN CONTRA DE LOS HECHOS, ACTOS U OMISIONES RESPECTO DE LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. - UNA VEZ FORMULADA LA PETICIÓN, SURGE LA OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD DE PRONUNCIARSE SOBRE SI HA EXISTIDO O NO UNA AFECTACIÓN EN LAS CONDICIONES DE VIDA DIGNA Y SEGURA EN RECLUSIÓN PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD O AFECTACIÓN A LOS DERECHOS DE TERCERAS PERSONAS Y, EN SU CASO, LA SUBSANACIÓN DE DICHA AFECTACIÓN. - LAS PETICIONES ADMINISTRATIVAS SE EXPONDRÁN POR ESCRITO SIN FORMALIDAD ALGUNA ANTE EL DIRECTOR DEL CENTRO, PARA LO CUAL SE PODRÁ APORTAR LA INFORMACIÓN QUE SE CONSIDERE PERTINENTE, CON EL OBJETO DE ATENDER LAS CONDICIONES DE VIDA DIGNA Y SEGURA EN RECLUSIÓN. - LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL CENTRO AUXILIARÁ A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CUANDO LO SOLICITEN PARA FORMULAR EL ESCRITO. - POR ESCRITO Y DENTRO DE LAS VEINTICUATRO HORAS SIGUIENTES, LA AUTORIDAD PENITENCIARIA DEBERÁ ADMITIR LA PETICIÓN E INICIAR EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO, O BIEN, PREVENIR EN CASO DE SER CONFUSA; ESTA ÚLTIMA DETERMINACIÓN DEBERÁ NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL PROMOVENTE. - EN CASO DE PREVENCIÓN, EL PETICIONARIO TENDRÁ UN PLAZO DE SETENTA Y DOS HORAS A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN PARA SUBSANARLA Y EN CASO DE NO HACERLO, LA AUTORIDAD PENITENCIARIA CITARÁ AL PROMOVENTE PARA QUE DE MANERA PERSONAL Y ORAL ACLARE SU PETICIÓN. - UNA VEZ ADMITIDA LA PETICIÓN, EL DIRECTOR DEL CENTRO TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE ALLEGARSE POR CUALQUIER MEDIO DE LA INFORMACIÓN NECESARIA, DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO PARA RESOLVER, CONSIDERANDO LA APORTADA POR EL PETICIONARIO, CON LA FINALIDAD DE EMITIR UNA RESOLUCIÓN QUE ATIENDA DE MANERA ÓPTIMA LA PETICIÓN. - LA OBLIGACIÓN DE ALLEGARSE DE INFORMACIÓN, NO DEBE RETRASAR LA RESOLUCIÓN DE LA PETICIÓN; PUES AQUELLA DEBE DE ACOMPAÑARSE DE ACCIONES DILIGENTES. - EL DIRECTOR DEL CENTRO ESTARÁ OBLIGADO A RESOLVER DENTRO DE UN PLAZO DE CINCO DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA ADMISIÓN DE LA PETICIÓN Y NOTIFICAR AL PETICIONARIO EN UN PLAZO NO MAYOR A VEINTICUATRO HORAS POSTERIORES AL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN. - SI LA PETICIÓN FUE RESUELTA EN SENTIDO CONTRARIO A LOS INTERESES DEL PETICIONARIO, ÉSTE PODRÁ FORMULAR CONTROVERSIA ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA REFERIDA RESOLUCIÓN. SI LOS EFECTOS DEL ACTO SON CONTINUOS O PERMANENTES, LA CONTROVERSIA ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN PODRÁ PLANTEARSE EN CUALQUIER MOMENTO. - SI LA PETICIÓN NO FUERE RESUELTA DENTRO DEL PLAZO LEGAL, EL PROMOVENTE PODRÁ ACUDIR ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN COMPETENTE Y DEMANDAR ESTA OMISIÓN, CASO EN EL CUAL EL JUEZ RESOLVERÁ EN UN PLAZO NO MAYOR A SETENTA Y DOS HORAS. - DE SER PROCEDENTE LA ACCIÓN, EL JUEZ REQUERIRÁ A LA AUTORIDAD PENITENCIARIA QUE RESPONDA LA PETICIÓN FORMULADA DE FONDO Y EN EL PLAZO PREVISTO EN ESTA LEY Y DARÁ CUENTA AL INMEDIATO SUPERIOR JERÁRQUICO DE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA. - LA AUTORIDAD PENITENCIARIA LE HARÁ SABER A LA PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD EL DERECHO QUE TIENE A LA INTERPOSICIÓN DEL PRESENTE RECURSO, DEJANDO CONSTANCIA POR ESCRITO. - CUANDO LAS PETICIONES RECAIGAN SOBRE HECHOS, ACTOS U OMISIONES RESPECTO DE LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO QUE, DE NO ATENDERSE DE INMEDIATO, QUEDARÍA SIN MATERIA LA PETICIÓN, CONSTITUYENDO UN CASO URGENTE, LA PERSONA LEGITIMADA PODRÁ ACUDIR DIRECTAMENTE ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN PARA PLANTEAR SU PETICIÓN. - EN ESTE CASO, EL JUEZ DE EJECUCIÓN, DE OFICIO, SUSPENDERÁ DE INMEDIATO EL HECHO O ACTO QUE MOTIVÓ LA PETICIÓN, ASÍ COMO SUS EFECTOS, HASTA EN TANTO SE RESUELVA EN DEFINITIVA. -TRATÁNDOSE DE OMISIONES, EL JUEZ DE EJECUCIÓN DETERMINARÁ LAS ACCIONES A REALIZAR POR LA AUTORIDAD PENITENCIARIA. - CUANDO LOS JUECES DE EJECUCIÓN RECIBAN PROMOCIONES QUE POR SU NATURALEZA NO SEAN CASOS URGENTES, LAS TURNARÁN AL CENTRO PARA SU TRAMITACIÓN, RECABANDO REGISTRO DE SU ENTREGA. ADEMÁS, LO RESUELTO POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA PUEDE SER LLEVADO A CONTROVERSIA ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN Y LA RESOLUCIÓN QUE DICTE PUEDE SER RECURRIDA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 116, FRACCIÓN I, 117, FRACCIÓN I, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CUYOS PRECEPTOS ESTABLECEN LO SIGUIENTE:. EN ESE SENTIDO, ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO -FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA- (SEA URGENTE O NO) SE ESTIMA QUE EL QUEJOSO, PREVIO A PROMOVER LA DEMANDADA DE AMPARO, DEBIÓ PRESENTAR SU PETICIÓN ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN, EN LOS TÉRMINOS PRECISADOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN DE PENAL. ELLO ES ASÍ, PUES QUIEN SE DUELE DE LA AFECTACIÓN DE UN DERECHO, PRIMERO DEBE EJERCER SU ACCIÓN ANTE LA INSTANCIA JURISDICCIONAL CORRESPONDIENTE Y SÓLO EN EL CASO DE QUE AGOTADO EL TRÁMITE LA DECISIÓN FINAL NO LE SATISFAGA Y CONSIDERE SE AFECTAN SUS DERECHOS, PODRÁ ACUDIR ENTONCES AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. . CIERTO, LO RELATIVO A QUE LOS GOBERNADOS TENGAN ACCESO A LA JUSTICIA, NO SIGNIFICA QUE DEBAN RESOLVERSE TODOS LOS ASUNTOS SIN ATENDER SUS REQUISITOS O PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA, PUESTO QUE EL RESPETO A DICHO DERECHO FUNDAMENTAL, NO TIENE EL ALCANCE DE SOSLAYAR LOS PRESUPUESTOS PROCESALES NECESARIOS PARA LA PROCEDENCIA DE LAS VÍAS JURISDICCIONALES QUE LOS GOBERNADOS TENGAN A SU ALCANCE, PUES TAL PROCEDER EQUIVALDRÍA A QUE LOS TRIBUNALES DEJARAN DE OBSERVAR LOS DEMÁS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE RIGEN SU FUNCIÓN JURISDICCIONAL, PROVOCANDO CON ELLO UN ESTADO DE INCERTIDUMBRE A LOS DESTINATARIOS DE ESA FUNCIÓN, PUES SE DESCONOCERÍA LA FORMA DE PROCEDER DE ESOS ÓRGANOS, ADEMÁS, DE TRASTOCARSE LAS CONDICIONES PROCESALES DE LAS PARTES EN EL JUICIO, AUNADO A QUE DICHOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD SON INDISPENSABLES Y OBLIGATORIOS PARA TANTO PARA PROSECUCIÓN COMO PARA EL RESPETO DE LOS DERECHOS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y FUNCIONALIDAD QUE GARANTIZAN EL ACCESO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. ADEMÁS, LA OBLIGACIÓN DE SALVAGUARDAR EL DERECHO A LA SALUD DE LAS PERSONAS INTERNAS, ASÍ COMO LA FIGURA DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA; NO IMPLICAN SOSLAYAR LAS REGLAS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL, TODA VEZ QUE EL HECHO DE QUE EL ORDEN JURÍDICO INTERNO PREVEA CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS JUDICIALES, ES DECIR, REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD, SOBRE TODO PORQUE COMO VIMOS, EN EL PARTICULAR NO SÓLO SE EXPONEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. ESTO SE ENTIENDE, SI SE PONDERA QUE POR RAZONES DE SEGURIDAD JURÍDICA, ASÍ COMO EN ARAS DE LOGRAR UNA CORRECTA Y FUNCIONAL ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y UNA PROTECCIÓN EFECTIVA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS, LOS ESTADOS DEBEN ESTABLECER PRESUPUESTOS Y CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD, YA SEA DE CARÁCTER JUDICIAL O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, DE LOS RECURSOS INTERNOS; DE MODO, QUE SI BIEN ÉSTOS DEBEN ESTAR DISPONIBLES PARA EL INTERESADO A FIN DE QUE SE RESUELVA EFECTIVA Y FUNDADAMENTE EL ASUNTO PLANTEADO, DEBE ACOTARSE QUE NO SIEMPRE, Y EN CUALQUIER CASO, CABRÍA CONSIDERAR QUE LOS ÓRGANOS Y TRIBUNALES INTERNOS DEBEN RESOLVER EL FONDO DEL ASUNTO QUE SE LES PLANTEA, PUES PARA ELLO DEBEN PREVIAMENTE SATISFACERSE LOS PRESUPUESTOS FORMALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DEL RECURSO INTENTADO. ESTIMAR LO CONTRARIO, TRAERÍA COMO RESULTADO EL TOTAL QUEBRANTAMIENTO DE LAS REGLAS QUE RIGEN EL JUICIO DE AMPARO, PUES CONVENIR CON LA PRETENSIÓN DE LA PARTE DISCONFORME, IMPLICARÍA LLEGAR AL EXTREMO DE ANALIZAR DE FONDO EL ASUNTO, SOSLAYANDO QUE NO SATISFIZO UNO DE LOS PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL (DEFINITIVIDAD), LO QUE PRECISAMENTE IMPIDE EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. . AHORA, SIN SOSLAYAR QUE DEL INFORME DE SUSPENSIÓN REMITIDO POR EL DIRECTOR DEL CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL TLALNEPANTLA "LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN", SE ADVIERTE QUE LA ATENCIÓN QUE REALIZÓ EL ÁREA MÉDICA DE ESE CENTRO PREVENTIVO, SE CERTIFICÓ QUE TENÍA LESIONES DÉRMICAS OCASIONADAS POR PICADURAS DE CHINCHES Y EN RELACIÓN A LAS LESIONES QUE REFERÍA NO SE APRECIABAN, POR LO CUAL, NO SE REQUERÍA HOSPITALIZACIÓN, Y DE LA CEFALEA ÚNICAMENTE SE REQUERÍA OBSERVACIÓN Y TRATAMIENTO EN ESE CENTRO; POR TANTO, COMO HA QUEDADO ESTABLECIDO EN ESTA DETERMINACIÓN, EL ARTÍCULO 114, PÁRRAFO TERCERO DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL CONCEDE AL INTERNO LA POSIBILIDAD DE ACUDIR ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN COMPETENTE Y DEMANDAR ESA OMISIÓN, QUIEN RESOLVERÁ EN UN PLAZO NO MAYOR A SETENTA Y DOS HORAS Y, SE SER PROCEDENTE LA ACCIÓN, EL JUEZ REQUERIRÁ A LA AUTORIDAD PENITENCIARIA QUE RESPONDA LA PETICIÓN FORMULADA DE FONDO. LO ANTERIOR ES ASÍ, YA QUE SI BIEN LA FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA PUEDE VULNERAR EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD AL PONER EN RIESGO LA INTEGRIDAD FÍSICA E, INCLUSO, LA VIDA DE LA QUEJOSA; TAMBIÉN LO ES QUE, EN EL PRESENTE ASUNTO LA ATENCIÓN MÉDICA SOLICITADA NO TIENE CORRESPONDENCIA CON ALGUNA LESIÓN O PADECIMIENTO QUE REQUIERA DE CIERTA ATENCIÓN URGENTE CURATIVA O DE REHABILITACIÓN MÉDICA; EN ESE SENTIDO, NO SE COMPROMETEN SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL. . ADEMÁS SE DESTACA QUE EL MECANISMO DE CONTROL OTORGA LA FACULTAD A LA PARTE LEGITIMADA PARA QUE SEA ELLA QUIEN DECIDA OPTAR POR LA PETICIÓN ADMINISTRATIVA NO URGENTE, O BIEN, LA PETICIÓN ADMINISTRATIVA POR CASO URGENTE, ASÍ COMO LA POSIBILIDAD REAL Y EFECTIVA DE QUE EL ACTO OMISIVO DE SER PROCEDENTE SEA SUSPENDIDO E, INCLUSO, QUE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS REALICEN LAS ACCIONES POSITIVAS NECESARIAS A FIN DE QUE LA OMISIÓN RECLAMADA CESE DE INMEDIATO O DEJE DE EXISTIR. POR TANTO, AL ACTUALIZARSE DE MODO MANIFIESTO E INDUDABLE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA QUE SE SURTEN DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 61 FRACCIONES XIV Y XX, LA PRIMER FRACCIÓN EN RELACIÓN CON LOS NUMERALES 17 Y 18 DE LA TODOS DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES PROCEDENTE, DESECHAR LA DEMANDA PRESENTADA POR ***, POR LOS ACTOS EN ESTUDIO BAJO LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA ANALIZADAS. AGRÉGUESE A LOS AUTOS EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA DIRECTORA REGIONAL DEL VALLE DE MÉXICO, ZONA NORORIENTE DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL, EN CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EL NUEVE DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, INFORMA QUE REQUIRIÓ A LA LICENCIADA ***, A EFECTO DE QUE SE PRESENTE EN ESTE JUZGADO FEDERAL. DE LO ANTERIOR, SE TOMA CONOCIMIENTO PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR; ASIMISMO, SE DEJA SIN EFECTOS EL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN EL PROVEÍDO DE MÉRITO. AHORA, VISTA LA COMPARECENCIA DE CUENTA, SE ADVIERTE QUE EL CATORCE DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, *** COMPARECIÓ A ESTE JUZGADO FEDERAL A ACEPTAR Y PROTESTAR EL CARGO COMO DEFENSOR PÚBLICO DE LA QUEJOSA ***, EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. ASIMISMO, SEÑALÓ COMO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EL CENTRO DE JUSTICIA NAUCALPAN DE JUÁREZ (FGJEM), UBICADO EN AVENIDA BENITO JUÁREZ, SIN NÚMERO, COLONIA EL MIRADOR, CÓDIGO POSTAL 53000, NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO (PLANTA ALTA). SE COMISIONA AL ACTUARIO ADSCRITO A EFECTO DE LE HAGA DEL CONOCIMIENTO A LA DEFENSORA PÚBLICA ***, EL PRESENTE ACUERDO.
- Principal
AGRÉGUESE A LOS AUTOS EL OFICIO REMITIDO POR EL SECRETARIO DEL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE DIVERSAS CONSTANCIAS RELATIVAS AL JUICIO DE AMPARO*** DE SU ÍNDICE; ACÚSESE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. AHORA BIEN, DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS, SE PROVEE: VISTO EL ESCRITO PRESENTADO CON NÚMERO DE CORRESPONDENCIA INTERNA 3243, DEL JUZGADO OFICIANTE, SE TIENE A LA PARTE QUEJOSA SEÑALANDO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO DE SU FAMILIAR, SEÑALA AUTORIZADA Y SOLICITA COPIAS SIMPLES Y CERTIFICADAS DE LOS INFORMES PREVIOS QUE EMITAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, ATENTO A LO ANTERIOR, AGRÉGUESE SIN MAYOR PRONUNCIAMIENTO, TODA VEZ QUE, EL DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, SE ACORDÓ LO CONDUCENTE. ASIMISMO, LA AUTORIDAD OFICIANTE REMITE EL OFICIO SIGNADO POR LA DIRECTORA DEL CENTRO PENITENCIARIO Y DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TLALNEPANTLA, MÉXICO, POR MEDIO DEL CUAL, RINDE EL INFORME SOBRE LA SUSPENSIÓN DE PLANO DECRETADA EN FAVOR DE LA QUEJOSA*** EN PROVEÍDO DE DOS DEL MES Y AÑO EN CURSO; ATENTO A LO ANTERIOR, AGRÉGUESE SIN MAYOR PRONUNCIAMIENTO, TODA VEZ QUE, EL NUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, SE TUVO POR RECIBIDO Y SE ACORDÓ LO CONDUCENTE. REQUERIMIENTO AL DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO Y DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO AHORA, ATENDIENDO A LAS MEDIDAS DE CONTINGENCIA EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES POR EL FENÓMENO DE SALUD PÚBLICA DERIVADO DEL VIRUS COVID-19, SE REQUIERE A LA DIRECTORA DEL CENTRO PENITENCIARIO Y DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, PARA QUE, POR SU CONDUCTO, DENTRO DEL TÉRMINO DE TRES DÍAS CONTADO A PARTIR DE LA LEGAL NOTIFICACIÓN, REALICE LA NOTIFICACIÓN A LA PROMOVENTE*** DEL PRESENTE DETERMINACIÓN. APERCIBIDA. INTÉGRESE A LOS AUTOS LA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA DE QUIENES SUSCRIBEN EL PRESENTE ACUERDO.
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