Veronica Martha González Castro

Expediente 1415/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 15 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1415/2017
Año
2017
Actuaciones
15
Última actuación
12/12/2017

Partes del expediente

  • Veronica Martha González Castro
  • Primera Sala Civil Regional de Toluca del Tribunal superior de Justicia del Estado de México
  • Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción III y IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, son susceptibles de depuración el presente expediente ya que se negó el amparo, y carece de relevancia documental, así como el original del incidente, pues se negó y se concedió la medida cautelar, por ende glósese al presente. Una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente. Devuélvase a la responsable el anexo que remitió en autos sin que sea necesario que acuse recibo.

  2. Principal

    treinta de junio de dos mil diecisieteVISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1415/2017-IV-B; y, R E S U L T A N D O ÚNICO. Mediante escrito presentado el seis de septiembre de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnado el mismo día a este órgano de control constitucional; Verónica Martha González Castro solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. Admitida la demanda y luego de las formalidades de ley, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que precede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción IV de la Ley de Amparo, 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Acuerdo General 12/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 3/2013; toda vez que, se reclaman actos emitidos después de concluido el juicio, por un órgano jurisdiccional en materia civil, cuya ejecución tendría lugar dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, deben tenerse como autoridades responsables a: La Primera Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; y, El Juez Cuarto Civil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Asimismo, como actos reclamados: La resolución interlocutoria de quince de agosto de dos mil diecisiete dictada en el toca 53/2017, por la cual se confirma la diversa de diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis que resuelve el incidente de liquidación de intereses deducido del juicio ejecutivo mercantil 328/2001; así como su ejecución. TERCERO. El Magistrado Presidente de la Primera Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (foja 52) y el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia de Toluca (fojas 47 y 48), al rendir su informe justificado, aceptaron la existencia del acto reclamado, por cuanto su emisión y radicación. Certeza que se corrobora con la copia certificada del toca de apelación 53/2017, del juicio ejecutivo mercantil 328/2001, e incidentes de liquidación de intereses deducidos de dicho sumario, que acompañó a su informe justificado la primera autoridad en cita y que hizo suyas la diversa ejecutora, que por ser documentos públicos se les otorga valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Por otra parte, el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia de Toluca, también en su informe justificado [foja 22], negó la ejecución del acto que se le reclama; sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada al tener el carácter de ejecutora, resultando evidente que en cualquier momento puede ejecutar el acto que acepto la ordenadora, por lo que se le tiene por cierto el acto, conforme al criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO.". CUARTO. Para un mejor entendimiento del problema es necesario relatar los antecedentes siguientes: El nueve de julio de dos mil uno, el entonces Juez Cuarto Civil de Cuantía Mayor de Toluca, Estado de México, actualmente Cuarto Civil de Primera Instancia, admitió con el número de juicio 328/2001, la demanda ejecutiva mercantil del Banco de Crédito Rural del Centro, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, quien reclamó diversas prestaciones de Hidilberto Víctor Díaz Zetina y/o Verónica Martha González Castro y/o Mario Díaz Zetina; sin embargo, por auto de veinticuatro de mayo de dos mil dos, se tuvo por desistido de la instancia respecto del último en cita. Seguido el juicio primigenio por su cauce procesal, el dos de julio de dos mil dos, el Juez dictó sentencia, en la cual determinó: "PRIMERO.- Ha sido procedente la vía Ejecutiva Mercantil, en la que la parte actora acreditó su acción, y la parte demandada no acreditó sus defensas y excepciones; en consecuencia. SEGUNDO.- Se condena a los codemandados HIDILBERTO VÍCTOR DÍAZ ZETINA y VERÓNICA MARTHA GONZÁLEZ CASTRO, a pagar a la parte actora la cantidad de $300,263.75 (TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS SESENA Y TRES PESOS 75/100 M.N.), por concepto de suerte principal, lo que deberá hacer en el término de CINCO DÍAS contados a partir de que cause ejecutoria la presente sentencia. TERCERO.- Se condena a los codemandados HIDILBERTO VÍCTOR DÍAZ ZETINA y VERÓNICA MARTHA GONZÁLEZ CASTRO, al pago de intereses ordinarios y moratorios pactado en el documento base de la acción, mismos que se cuantificarán en ejecución de sentencia. CUARTO.- Se condena a los codemandados al pago de costas. QUINTO.- No haciendo oportunamente pago de lo reclamado la parte demandada, hágase trance y remate del bien inmueble sujeto a embargo y con el producto páguese a la parte actora. No habiendo inconformidad con tal determinación, el trece de agosto de dos mil dos, causó ejecutoria. Por auto de catorce de noviembre de dos mil siete, el Juzgado de origen admitió el incidente de liquidación de intereses promovido por la apoderada legal de la parte actora, en el que seguido en todas sus etapas, el once de enero de dos mil ocho, determinó: "PRIMERO.- Por los motivos expuestos en el cuerpo de esta sentencia, se aprueba parcialmente el incidente de liquidación de intereses moratorios, hecho valer por BANCO DE CRÉDITO RURAL DEL CENTRO, S.N.C., A TRAVÉS DE SU APODERADO KARLA FABIOLA RODRÍGUEZ GÓMEZ, en consecuencia. SEGUNDO.- Se aprueba el incidente de liquidación de intereses moratorios por la suma de $302,700.30 (TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS PESOS 30/100 M.N.); consecuentemente, para su pago, prosígase con la ejecución." Resolución que quedó firme el treinta y uno de enero de dos mil ocho, al no haber sido recurrida por ninguna de las partes. El dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, el Juez responsable admitió el incidente de liquidación de intereses planteado por el Banco actor, y seguido en todas sus etapas procesales, resolvió: "PRIMERO.- Por los motivos expuestos en el cuerpo de esta sentencia, se aprueba el incidente de liquidación de intereses moratorios, hecho valer por BANCO DE CRÉDITO RURAL DEL CENTRO, S.N.C., A TRAVÉS DE SU APODERADO KARLA FABIOLA RODRÍGUEZ GÓMEZ, en consecuencia. SEGUNDO.- Se aprueba el incidente de liquidación de intereses moratorios por la suma de $354,603.12 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 12/100 M.N.); consecuentemente, para su pago, prosígase con la ejecución, cantidad que deberá ser cubierta por los demandados, en un término improrrogable de 5 DÍAS contados a partir de que la presente sea ejecutable, con el apercibimiento legal para el caso de no hacerlo, de que será tomada en consideración para la ejecución del fallo y con la que quedarán pagados dichos intereses hasta el día que se cuantifican. TERCERO.- No ha lugar a hacer condena en costas." Inconforme con dicha determinación Verónica Martha González Castro, interpuso apelación, el cual seguido en su secuela legal, el uno de marzo de dos mil diecisiete, resolvió: "PRIMERO. Resultan por una parte fundados pero ineficaces e infundados por la otra, los agravios vertidos por la inconforme Verónica Martha González Castro. SEGUNDO. Se confirma la sentencia interlocutoria de fecha diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, México, en el Incidente de Liquidación de Intereses deducido del expediente 328/2001, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Banco de Crédito Rural del Centro, Sociedad Nacional de Crédito en contra de la apelante e Hidilberto Víctor Díaz Zetina." En contra de esa resolución Verónica Martha González Castro, interpuso juicio de amparo indirecto del cual conoció este Juzgado de Distrito, quien radicó la demanda con el número 471/2017-II y mediante sentencia de treinta de junio de dos mil diecisiete, resolvió: "ÚNICO.- La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE A Verónica Martha González Castro, respecto de los actos y autoridades precisados en el último considerando del presente fallo." En cumplimiento al fallo protector la Sala responsable dejó insubsistente el acto reclamado en el citado juicio de amparo y dictó una nueva determinación en la que resolvió: "PRIMERO. En acatamiento de la ejecutoria federal que se cumplimenta, mediante el auto de fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, se dejó insubsistente la sentencia de fecha uno de marzo de dos mil diecisiete. SEGUNDO. Han resultado por una parte fundados pero ineficaces e infundados por la otra, los agravios vertidos por Verónica Martha González Castro, en consecuencia; TERCERO. Se confirma la sentencia interlocutoria de fecha diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, México, en el Incidente de Liquidación de Intereses deducido del expediente 328/2001, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Banco de Crédito Rural del Centro, Sociedad Nacional de Crédito en contra de la apelante e Hidilberto Víctor Díaz Zetina." Determinación que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. QUINTO. Previo al estudio del fundo del asunto, deben analizarse las causas de improcedencia invocadas por las partes o las que este Juzgado de Distrito advierta de oficio, por ser esa una cuestión de orden público y de estudio preferente. En el caso, la tercero interesada Banco de Crédito Rural del Centro S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo (BANRURAL), solicita se sobresea en el juicio de amparo en que se actúa en virtud de que el juicio de origen se encuentra en ejecución de sentencia y el acto reclamado no consiste en el último acto dictado en ejecución de la misma. Es infundada la causa de improcedencia hecha valer, en virtud de que el acto reclamado lo constituye la resolución interlocutoria dictada por la Sala responsable que se confirma la diversa pronunciada por el Juez de origen en el incidente de liquidación de intereses deducido de un juicio ejecutivo mercantil y si bien está determinación surgió después de concluido el juicio, ésta únicamente se limita en cuantificar los intereses en relación con el monto de la condena, por tanto, goza autonomía propia y destacada y no debe confundirse con aquellos actos que tienen por objeto directo la ejecución del fallo, respecto de los cuales el amparo indirecto sólo procederá contra la última resolución dictada en ese trámite. Por tanto, en virtud de que el acto reclamado no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia de primera instancia, el análisis de su legalidad debe efectuarse a través del presente juicio de amparo indirecto. Este juzgado no advierte la actualización de diversa causa de improcedencia, por tanto, se procede al estudio del fondo del asunto. SEXTO. La quejosa aduce que el acto reclamado transgrede en su perjuicio los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 1194, 1195 y 1326 del Código de Comercio, en razón de que contrario a lo que determina la Sala responsable la carga para probar que el contador que emitió el certificado contable, se encontraba facultado para ello, es para la actora incidentista, no así para la quejosa, ello en términos del artículo 1194 del Código de Comercio que establece que el que afirma está obligado a probar, en consecuencia el actor debe probar su acción y el reo sus excepciones. En este mismo sentido, sostiene que los criterios jurisprudenciales que se citan en la sentencia impugnada no son aplicables en razón de que es absurdo que se me imponga la carga de la prueba respecto de tal hecho, si el mismo, como bien reconoce el Ad quem es un hecho negativo. Agrega, que resulta contrario a derecho que se exima de la obligación de exhibir la cédula profesional del contador autorizado por la Institución Bancaria, pues se otorga valor probatorio a dicho documento, sin que se acredite que es un experto en la materia, un contador público titulado y con cédula profesional, máxime que esa persona es dependiente de la tercero interesada, resulta evidente que lo indicado en dicha documental se encuentra influenciado por la hoy tercero interesada. Tales motivos de inconformidad resultan en parte infundados y en otra inoperantes en atención a las consideraciones siguientes. Infundados, pues contrario a lo que afirma la peticionaria de amparo, la carga de la prueba para desestimar el certificado contable que sirvió de sustento a la ahora tercero interesada para promover incidente de liquidación de intereses en el juicio de origen, recae en la aquí quejosa. Ello es así, pues si bien el que niega no está obligado a probar, en términos del artículo 1196 del Código de Comercio, dicha premisa no es aplicable si su negativa envuelve una afirmación expresa de un hecho. Por ende, es válido concluir que en el caso concreto la carga de la prueba recae en la ahora quejosa, pues su argumento negativo está dirigido a desconocer la presunción legal de que goza dicho documento por disposición expresa del citado artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito. En efecto, dicho numeral otorga un alto valor probatorio al estado de cuenta certificado por un contador autorizado por la institución de crédito, al establecer que hará fe de su contenido, salvo prueba en contrario. Cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 100/2001, consultable en la página 6, tomo XIV, Diciembre de 2001 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Civil, Registro 188282, del rubro y texto siguiente: "CERTIFICACIÓN CONTABLE EXPEDIDA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. CORRESPONDE A LA PARTE DEMANDADA PROBAR QUE LA PERSONA QUE LA EXPIDE NO ES CONTADOR CUANDO, VÍA EXCEPCIÓN, CUESTIONA TAL CALIDAD. En materia procesal mercantil se han adoptado diversas reglas en relación con la distribución de la carga de la prueba, entre ellas, la relativa a que el que niega no está obligado a probar; sin embargo, en el Código de Comercio se prevén dos excepciones a ésta, pues de conformidad con lo dispuesto en sus artículos 1195 y 1196, el que niega estará obligado a probar cuando: a) su negación envuelva una afirmación expresa de un hecho y b) desconoce la presunción legal que tiene a su favor el colitigante. En congruencia con lo anterior, y tomando en consideración que el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito otorga a favor del estado de cuenta certificado por un contador autorizado por la institución de crédito, una presunción legal, en tanto lo eleva a categoría de título ejecutivo junto con otros documentos (título que por su naturaleza es considerado prueba preconstituida), y lo reviste o lo tasa con un máximo valor probatorio al establecer que hará fe de su contenido, salvo prueba en contrario, además de que el valor pleno que le atribuye abarca la totalidad del documento (desde la calidad de quien lo suscribe, hasta los datos en él consignados), puede concluirse que es a la persona que objeta, en vía de excepción, la calidad del contador que certificó el estado de cuenta, a quien corresponde la carga probatoria, en términos del artículo 1196 citado, porque su argumento negativo está dirigido a desconocer la presunción legal de que goza dicho documento por disposición expresa del citado artículo 68." En este mismo sentido es infundado el argumento de la peticionaria al referir que es contrario a derecho que se exima de la obligación de exhibir la cédula profesional del contador autorizado por la Institución Bancaria, pues se otorga valor probatorio a dicho documento, sin que se acredite que es un experto en la materia, un contador público titulado y con cédula profesional, máxime que esa persona es dependiente de la tercero interesada, pues como quedó expuesto en párrafos precedentes el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, otorga pleno valor al certificado contable emitido por un contador autorizado por la institución de crédito y dicho valor es total al grado que abarca desde la calidad de quien lo suscribe, hasta los datos en él consignados. Por consiguiente, la Sala responsable en la resolución reclamada no actuó en contravención con la ley, pues fundó su actuar en el citado numeral, así como en diversas tesis y jurisprudencias, para fundamentar su determinación. Aunado a lo anterior, lo expuesto por el Tribunal de Alzada no resulta violatorio del principio de equidad procesal, en virtud de que basó su actuar en el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, el cual impone la obligación a una de las partes de probar que la certificación del estado de cuenta que hace el contador autorizado por la institución de crédito resulta falsa, o bien, que son inexactos los datos que en ella se contienen, lo cual en ningún momento limita o restringe la oportunidad del litigante de impugnar y, en su caso, demostrar que dicha certificación contable es falsa o inexactos los datos que contiene; por el contrario, dicho precepto simplemente define a quién le corresponde la carga de la prueba en relación con la falsedad o inexactitud del certificado contable, ya que, en términos del referido precepto, el estado de cuenta certificado por el contador autorizado por la institución bancaria hará fe, salvo prueba en contrario, en los casos en los que la propia norma establece. Luego, la circunstancia de que el precepto en comento establezca una presunción legal en relación con la veracidad de la certificación contable y que, por tanto, le corresponda a una de las partes demostrar lo contrario, no lo hace violatorio del principio de igualdad procesal, pues lo que esta garantía exige es que exista una igualdad de posibilidades para el ejercicio de la acción y de la defensa, lo que se cumple en la especie, al no contener el precepto impugnado una prohibición o restricción para impugnar y, en su caso, demostrar que lo aducido por su oponente en este supuesto resulta falso. En otro orden, son inoperantes los argumentos expuestos por la quejosa al referir que no son aplicables las tesis y jurisprudencias que la Sala cita en la resolución reclamada y que la Ad quem resuelve de manera parcial pues beneficia al ahora tercero interesado al suplir sus deficiencias, en contravención a los principios de la lógica y de la valoración de las pruebas, además porque elabora una interpretación de manera errónea de los preceptos de derecho que establece la legislación mercantil, ya que de manera ilegal realiza interpretaciones contrarias a la intención del legislador. Ello es así, porque lo manifestado se traduce en simples aseveraciones sin fundamento, ya que no expresa razonamientos lógicos y jurídicos tendentes a combatir las consideraciones de la resolución recurrida, toda vez que en ellos se deben señalar con claridad en qué aspecto considera la responsable viola sus derechos fundamentales, porque siendo el amparo en materia civil de estricto derecho, no se puede hacer un estudio general del acto reclamado, máxime que tales aseveraciones no resultan suficientes para considerar que la causa de pedir se haya expresado con claridad, ya que no se señala cuál es la lesión o agravio que la quejosa estima le causa el acto, así como tampoco los motivos que originaron ese agravio, para que este juzgador de amparo deba estudiarlo. Además, la quejosa fue omisa en realizar argumentos jurídicos del porque considera que las tesis y jurisprudencias citadas por la responsable no eran aplicables, dado que tales aseveraciones son insuficientes para desestimarlas. Apoya la determinación anterior la tesis 1a./J. 81/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su Tomo XVI, del mes de diciembre de 2002, en la página 61, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." En otro orden de ideas, la peticionaria de amparo sostiene que la Sala pasa por alto que la certificación contable no reúne los requisitos que contempla el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, en virtud de que los rubros Notario, Número y Volumen aparecen en blanco, por lo que la responsable debió considerar esa circunstancia al momento en que le otorgó probatorio. Dicho concepto de violación es fundado pero inoperante, ya que si bien como lo refiere la quejosa, el certificado contable exhibido por la ahora tercero interesada al promover el incidente de liquidación de intereses, no cuenta con el rubro: "Notario y Número de Escritura", lo cierto es que resulta extemporáneo, en virtud de que no se hizo valer en el momento procesal oportuno, esto es, en la secuela procesal correspondiente en el incidente de liquidación de intereses, pues al momento de notificarle su interposición tuvo pleno conocimiento del mismo y la oportunidad de controvertir esa circunstancia, pues de este modo, no se priva a la actora de su oportunidad de defensa. Cobra aplicación en lo conducente la jurisprudencia VI.1o.C. J/17 visible en la página 827 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Febrero de 2003, Novena Época, Materia Civil, que a la letra dice: "ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO POR CONTADOR PÚBLICO. SU VALIDEZ A FALTA DE IMPUGNACIÓN OPORTUNA. Si los demandados no impugnaron durante el juicio la certificación contable por carecer el contador del título respectivo, es inconcuso que dicha certificación, por lo que se refiere a ese aspecto, tiene validez, aun cuando en los agravios que se expresaron ante el tribunal de alzada al apelar la sentencia de primer grado, hayan alegado que el contador debía ser un profesional de la contaduría, pues lo cierto es que tal tópico resulta extemporáneo, dado que ello debió impugnase en el momento procesal oportuno para así dar oportunidad de defensa a la parte actora." En ese orden de ideas, por lo antes expuesto los conceptos de violación expuestos por la quejosa resultan infundados e inoperantes y lo procedente es negar a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Negativa que se hace extensiva respecto del acto de ejecución que se reclama al Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, puesto que si el amparo se niega contra la autoridad que ordenó la ejecución del acto reclamado, debe también negarse respecto de la autoridad que sólo ejecuta tal acto, con fundamento en la jurisprudencia número 91, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 72, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo el rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía". Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 76, 77, 78, 79, 215 y 217 de Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Verónica Martha González Castro, respecto de los actos y autoridades precisados en el último considerando del presente fallo, por las razones ahí expuestas. Notifíquese legalmente como corresponda. Así lo resolvió Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido de María Isabel Chávez Cruz, Secretaria que da fe.veintidós de noviembre de dos mil diecisiete 38660 y 38661

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, catorce de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese el escrito que suscribe la apoderada del moral tercero interesado (personalidad que se le reconoce en términos de la copia certificada del instrumento siete mil seiscientos veintiuno (7,621), pasada ante la fe del Notario Público número doscientos cuarenta y cuatro (244), de la Ciudad de México), conforme a lo estipulado en el artículo 5°, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se tiene por apersonada al presente sumario, y toda vez que no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, conforme lo establecido por el numeral 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado. Como autorizados a las personas que menciona en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que esto se avala en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. De conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados sus alegatos dese cuenta en la audiencia constitucional. Finalmente, se autoriza la devolución de las documentales que refiere la moral tercero interesada en el escrito que se atiende, previo cotejo y copia certificada que de estas se realice y razón que por su recibo se glose al juicio.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, trece de noviembre de dos mil diecisiete. Intégrese la misiva, por medio del cual el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, devuelve diligenciado el exhorto 338/2017 (orden 567/2017), del índice de este órgano jurisdiccional. Acúsese de recibido y háganse las anotaciones respectivas. Atento a ello, téngase por emplazado a la tercera interesada con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. En consecuencia, para dar tiempo a que la tercero interesada se imponga de los autos, la audiencia constitucional prevista para las diez horas con cuarenta minutos del quince de noviembre de dos mil diecisiete, se transfiere y en su lugar se señalan las once horas con diez minutos del veintidós de noviembre de dos mil diecisiete para su celebración.

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