Verónica Marilú Brena Ramos y Otros.

Expediente 320/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
320/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
20/05/2022

Partes del expediente

  • Verónica Marilú Brena Ramos y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    PRAL 320/2022 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de mayo de dos mil veintidós. I. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de veintinueve de abril de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; sin que lo hubiese hecho. II. Firmeza de la resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. III. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de las autoridades, pues al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo; como así lo ilustra la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". IV. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. V. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. VI. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. VII. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. VIII. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. IX. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda que el mismo es destruible. X. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 320/2022 MESA 4 Sentencia: Visto para resolver el juicio de amparo número 320/2022; y R e s u l t a n d o: Primero. Mediante escrito depositado el once de marzo de dos mil veintidós en el buzón oficial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca y remitido el catorce de marzo siguiente, al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, Verónica Marilú Brena Ramos y Juan Carlos Contreras Cruz, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos reclamados al 1) subdirector Médico del Hospital de la Niñez Oaxaqueña y 2) jefe del Departamento de Enfermería del Hospital de la Niñez Oaxaqueña; que se precisarán en el considerando segundo de esta resolución. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 5, 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Incompetencia por razón de turno. Seguido el trámite, en auto de quince de marzo de dos mil veintidós el juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca declaró carecer de competencia legal para conocer del referido juicio, por razón de conocimiento previo, en términos de lo dispuesto en el numeral 46, fracciones II y XIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Estadística Judicial. Tercero. Recepción, registro, desechamiento respecto de un acto y admisión de la demanda de amparo. En acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintidós este Juzgado aceptó la incompetencia planteada, se ordenó formar expediente impreso y electrónico, registrarlo en el libro de gobierno con el número 320/2022. Asimismo, se desechó la demanda respecto del acto reclamado consistente en la emisión del oficio HNO/J.E./0549/2021, de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, suscrito por el subdirector Médico y el jefe del Departamento de Enfermería, ambos del Hospital de la Niñez Oaxaqueña; y se admitió a trámite únicamente, respecto del diverso acto reclamado, consistente en la falta de respuesta a sus escritos de fechas veintinueve de noviembre y veinte de diciembre de dos mil veintiuno, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. En auto de uno de abril de dos mil veintidós causó estado el desechamiento. Quinto. Cita para audiencia. En auto de once de abril de dos mil veintidós se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual, en sus fases de pruebas y alegatos, consta en los términos que anteceden. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, y la omisión se reclama de autoridades residentes en la ciudad de Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. De la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el juicio, se advierte que Verónica Marilú Brena Ramos y Juan Carlos Contreras Cruz reclaman del 1) subdirector Médico del Hospital de la Niñez Oaxaqueña y 2) jefe del Departamento de Enfermería del Hospital de la Niñez Oaxaqueña: a) La falta de respuesta a sus escritos de I) veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, recibido el uno de diciembre siguiente y II) veinte de diciembre de dos mil veintiuno, recibido el mismo día. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables 1) subdirector Médico del Hospital de la Niñez Oaxaqueña y 2) jefe del Departamento de Enfermería del Hospital de la Niñez Oaxaqueña, al rendir sus informes justificados no aceptaron ni negaron, los actos reclamados. Ahora, al tratarse de actos omisivos, la carga de la prueba correspondería a dichas responsables y no a la parte quejosa, ya que es principio aceptado que las omisiones no son materia de prueba; sin embargo, ese principio debe ceder ante la certidumbre sobre si las autoridades omisas están obligadas a actuar como consecuencia del acto reclamado; esto es, si de acuerdo a su naturaleza puede exigírseles o no su cumplimiento. En el caso, de las constancias de autos no existen elementos de prueba que permitan generar la convicción de que el quejoso Juan Carlos Contreras Cruz formuló a las autoridades responsables las peticiones por escrito que refiere en su demanda. En consecuencia, tal circunstancia se traduce en un impedimento jurídico para demandarles a las responsables una respuesta por escrito. Es aplicable al caso el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis siguiente. "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última." (Tesis 2a. CXLI/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 366, Tomo VI, Diciembre de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Ello es así, pues del criterio transcrito se desprende que cuando la existencia de la conducta omisiva de la responsable requiere la previa existencia de una solicitud de la parte quejosa, a ella corresponde acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de la autoridad. En consecuencia, como no se advierte que el quejoso Juan Carlos Contreras Cruz haya suscrito los escritos de I) veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, recibido el uno de diciembre siguiente y II) veinte de diciembre de dos mil veintiuno, pues no probó la existencia de la omisión reclamada, lo procedente es sobreseer en el juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto de dicho quejoso. Por otra parte, las autoridades responsables manifestaron que sí dieron contestación al escrito de la quejosa Verónica Marilú Brena Ramos, de fecha I) veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio HNO/SM/0073/2022, de veinticinco de enero de dos mil veintidós. Para justificarlo, remitieron copia certificada del citado oficio HNO/SM/0073/2022, de veinticinco de enero de dos mil veintidós, por el cual dieron contestación al escrito de la quejosa de fecha I) veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Así como copia certificada del acuse de recibo vía electrónica, por el cual la parte quejosa quedó notificada el veinticinco de enero de dos mil veintidós. Constancias que adquieren valor probatorio pleno en términos de los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior evidencia la inexistencia de la omisión de acordar el escrito de Verónica Marilú Brena Ramos de I) veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, recibido el uno de diciembre siguiente, pues a la fecha de la presentación de la demanda en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en este municipio el once de marzo de dos mil veintidós, la responsable ya había acordado el citado escrito desde el veinticinco de enero de dos mil veintidós y notificado a dicha parte en la misma fecha. De ahí que no existe el acto reclamado por la quejosa Verónica Marilú Brena Ramos, consistente en la omisión de acordar su escrito de I) veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, dado que la existencia debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio respecto a la omisión de acordar el escrito de Verónica Marilú Brena Ramos de I) veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. En apoyo a lo anterior se invoca la tesis IV.3o.72 K, publicada en la página 254 del tomo XIII, Enero de 1994, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 213793, que dice: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." Cuarto. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables, 1) subdirector Médico del Hospital de la Niñez Oaxaqueña y 2) jefe del Departamento de Enfermería del Hospital de la Niñez Oaxaqueña, al rendir sus informes justificados, no negaron, ni aceptaron la existencia del diverso acto, consistente en la omisión de acordar su escrito de II) veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Sin embargo, en cumplimiento al requerimiento realizado por este Juzgado en proveído de once de abril del año en curso, manifestaron que al ser el mismo escrito que la quejosa presentó el I) veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, pues solo se cambió la fecha de suscripción, no se le dio contestación. Como se ve, con dichas documentales se acredita la existencia de la omisión reclamada respecto del citado escrito. Quinto. Causal de improcedencia. La improcedencia es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Bajo esa perspectiva, respecto al acto reclamado al 1) subdirector Médico del Hospital de la Niñez Oaxaqueña y 2) jefe del Departamento de Enfermería del Hospital de la Niñez Oaxaqueña, consistente en la omisión de acordar el escrito de II) veinte de diciembre de dos mil veintiuno, se advierte que se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". La causal de improcedencia prevista en esa disposición no establece un motivo concreto, pues requiere complementarse con otra norma jurídica o con la jurisprudencia del Pleno, de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito. En ese sentido, los artículos 1°, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. -- - - ...." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. ." Los preceptos transcritos establecen, el primero, que el objeto de estudio del juicio de amparo serán los ordenamientos generales o actos de autoridad que vulneren derechos humanos y, el segundo, que para efectos del juicio de amparo es autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado en forma unilateral y obligatoria. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS", señaló como autoridad responsable, para los efectos de la procedencia de este juicio, al ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; de ahí que autoridad es todo ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. De donde se sigue que el juicio de amparo sólo procede contra actos u omisiones de los poderes públicos o de particulares que emitan actos de autoridad en los términos relatados y, en ese sentido, para distinguir un acto de otro, se debe atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se haga justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En el caso, la parte quejosa, mediante escrito de II) veinte de diciembre de dos mil veintiuno (cuya omisión de acordar se duele), solicitó al subdirector Médico del Hospital de la Niñez Oaxaqueña la permanencia definitiva en una jornada de trabajo específica, como se advierte a continuación: Asimismo, precisa que es trabajadora regularizada de los Servicios de Salud de Oaxaca, adscrita al Hospital de la Niñez Oaxaqueña, desempeñándose como enfermera especializada, con un horario especial, desde hace catorce años, y que las autoridades responsables emitieron un oficio en el que la designan para trabajar en un diverso turno; por ello, en el escrito de petición solicita su permanencia indefinida en el horario que había estado trabajando desde hace catorce años. Bajo ese contexto, es dable concluir que los actos reclamados no tienen el carácter de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque derivan del punto de coordinación existente entre el Hospital de la Niñez Oaxaqueña y Verónica Marilú Brena Ramos, como trabajadora, que incide en el cambio de turno de su jornada laboral. Al respecto, el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo indica que es trabajador la persona física que presta a otra, física o jurídica, un trabajo personal subordinado. Los artículos 698 y 699 de la Ley Federal del Trabajo prevén que es competencia de los Tribunales de las entidades federativas conocer de los conflictos de trabajo que se susciten en términos de esa legislación. Así, como en el caso ocurre, cuando los funcionarios pertenecientes a una institución del Estado realizan actos positivos, negativos u omisivos que tengan su origen en una relación jurídica con el trabajador, están desprovistos de su carácter de autoridades, ya que se conducen bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que actúan en un mismo plano y cuyas controversias deben dilucidarse ante una autoridad laboral. Además, se le da el carácter de particular al mencionado funcionario, ya que puede ser demandado como tal ante la autoridad del trabajo competente y, por ello, no podría sujetársele al juicio de amparo, al reclamarles actos que podrían ser enjuiciados ante otra instancia. En ese sentido, lo que se reclama en esta instancia constitucional se trata de aspectos inherentes a la relación de trabajo que existe entre el Hospital de la Niñez Oaxaqueña -patrón- y la quejosa como trabajadora, regulada por el artículo 123 constitucional; ello conlleva, por tanto, a determinar que lo reclamado no deriva de un acto de autoridad. Lo anterior es así, porque aun cuando la parte quejosa mencione que se viola su derecho de petición al no contestar la autoridad su escrito, lo cierto es que del mismo se advierte que todo lo solicitado a la autoridad responsable deriva del cambio de turno de su jornada laboral, como trabajadora adscrita a dicho hospital. Por ello, es evidente que la omisión reclamada no constituye acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo; de ahí que aquel resulta notoriamente improcedente. Es aplicable, al respecto, las jurisprudencias de rubros y textos siguientes: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." (Jurisprudencia P./J. 42/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Abril de 2001, página 126, Novena Época). "ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO CONSTITUYE LA OMISIÓN DE UN FUNCIONARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ DE DAR RESPUESTA A UNA PETICIÓN DE UNO DE SUS TRABAJADORES SOBRE EL PAGO DE DIFERENCIAS DE SU AGUINALDO, FORMULADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL. La omisión de un funcionario de una dependencia como la Secretaría de Educación de Veracruz, de dar respuesta al escrito de uno de sus empleados sobre el pago de diferencias de aguinaldo, no puede ser violatoria del derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que tal acto queda comprendido en la relación patrón-empleado que los vincula, regulada por ordenamientos de derecho laboral. Lo anterior se explica porque en este supuesto, la posición del quejoso frente a la autoridad educativa no es la de un gobernado, aunque en su solicitud invoque la referida norma constitucional, pues esto no cambia la naturaleza del acto ni la relación jurídica existente, que no emerge del imperio que corresponde a la secretaría como parte de la administración pública local en la prestación de un servicio a cargo del Estado, como lo es la educación pública, sino que su origen se encuentra en el derecho que tiene todo empleado a recibir su aguinaldo completo, conforme a la ley que rige este tipo de relaciones laborales, es decir, el reclamo surge con base en las fracciones IV y VI del apartado B del artículo 123 constitucional, en relación con el diverso 87 de la Ley Federal del Trabajo (el derecho al aguinaldo), lo cual debe dirimirse en sede ordinaria ante el tribunal de trabajo competente y no en el juicio de amparo. (Tesis VII.2o.T.9 L (10a.) de los Tribunales Colegiados de Circuito de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo IV, página 3436, Décima Época). Sexto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, además en los artículos 1, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por Verónica Marilú Brena Ramos y Juan Carlos Contreras Cruz, contra los actos reclamados al 1) subdirector Médico del Hospital de la Niñez Oaxaqueña y 2) jefe del Departamento de Enfermería del Hospital de la Niñez Oaxaqueña, consistente en la omisión de acordar los escritos de I) veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, recibido el uno de diciembre siguiente y II) veinte de diciembre de dos mil veintiuno, respectivamente; en términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintinueve de abril de dos mil veintidós en que lo permitieron las labores del juzgado.

  3. Principal

    pral 320/2022 mesa 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de abril de dos mil veintidós. 1. Diferimiento de la audiencia constitucional Vistos los autos, se advierte que en proveído de ocho de abril de dos mil veintidós se dio vista a las partes con los informes justificados, de las autoridades responsables 1) jefe del Departamento de Enfermería, y 2) subdirectora médica, ambos del Hospital de la Niñez Oaxaqueña "Doctor Guillermo Zarate Mijangos", en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, el cual se notificó por lista a las partes en esta fecha; lo que denota que no ha transcurrido el plazo de ocho días a que se refiere dicho normativo. En consecuencia, no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha; por tanto, se difiere y se fijan las diez horas con veinticuatro minutos del veintiocho de abril de dos mil veintidós, para su celebración. 2. Requerimiento a las responsables. Vistos los informes justificados y anexos, se advierte que las autoridades responsables manifestaron que en fecha de veinticinco de enero de dos mil veintidós dieron contestación al escrito de la quejosa ***, de fecha veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, anexando el acuse de recibo respectivo. Sin embargo, respecto del diverso escrito de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, no remitieron constancias, pues lo único que precisaron fue que la parte quejosa realizó las mismas solicitudes que su escrito anterior; sin que remitieran constancias en las cuales se advierta que dieron contestación al citado escrito. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria, de conformidad con el artículo 2º de la ley invocada, se solicita a las autoridades responsables 1) jefe del Departamento de Enfermería, y 2) subdirectora médica, ambos del Hospital de la Niñez Oaxaqueña "Doctor Guillermo Zarate Mijangos", para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que reciban el oficio que con transcripción de este acuerdo se les envíe, remitan copia certificada del oficio por el cual le dieron contestación al escrito de la quejosa de veinte de diciembre de dos mil veintiuno o, en su caso, manifiesten si aún no han dado contestación a dicho escrito. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    pral 320/2022 mesa 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de abril de dos mil veintidós. 1. Se agrega oficio. Agréguese el oficio firmado electrónicamente por la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, por el cual remite los oficios*** y *** y anexos; lo anterior para los efectos procedentes. 2. Informes justificados. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo agréguense los oficios*** y *** firmados por el 1) jefe del Departamento de Enfermería, y 2) subdirectora médica, ambos del Hospital de la Niñez Oaxaqueña "Doctor ***", mediante el cual rinden su informe justificado; con el mismo dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. 3. Prueba documental. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se les tiene ofreciendo como prueba documental de su parte las que anexan a su oficio de cuenta; misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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