Verónica Maldonado Dávila
Expediente 447/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 21 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 447/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 14/08/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Verónica Maldonado Dávila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no se inconformó con el acuerdo de veintiocho de julio de dos mil quince (fojas 107 a 111), en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, toda vez que le ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que interpusiera el recurso de revisión contra dicho proveído. Sin que sea necesario computar el término para la interposición el recurso de revisión a las autoridades señaladas como responsables en este juicio, toda vez que no les produce agravio el sentido del proveído de referencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia XX. J/74, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página ochenta y cuatro, Tomo ochenta y tres, del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, o bien en el IUS2003 bajo el número de registro 209890, cuyo rubro es: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ". En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2° y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, se declara que el auto que decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo, ha causado estado. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y se ordena archivar el presente, como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que resulta innecesaria la permanencia en este Juzgado, del toca penal 22/2015, y del duplicado del proceso penal 44/2015, así como de las copias certificadas de este último proceso, que motivaron la apertura del tomo I, II y III de pruebas relativo al presente juicio, devuélvase al Magistrado del Tercer Tribunal de Distrital en el Estado, el toca penal 22/2015 y el duplicado del proceso penal 44/2015, y a la Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, las copias certificadas de la causa penal 44/2015, que enviaron como complemento a su informe justificado. Asimismo, respecto al cuaderno original del incidente de suspensión relativo al presente sumario, toda vez que es susceptible de destrucción, conforme lo dispone la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, manténgase por separado en el estado en que se encuentre, quedando sin efecto las providencias decretadas; así también, el duplicado del citado incidente, el cual de conformidad con el Acuerdo General Conjunto antes mencionado, se procederá a su desintegración material en el término de seis meses, a partir de la única o última resolución interlocutoria que se haya dictado. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
Del estado procesal que guardan los autos se advierte la actualización de una causal de improcedencia, que conduce al sobreseimiento en el juicio de amparo. En el presente asunto, la parte quejosa señaló como actos reclamados, el monto que le fue por el Magistrado del Tercer Tribunal de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Monclova, dentro de los autos del toca penal 22/2015, como garantía para obtener su libertad provisional bajo caución en la causa penal 44/2015, que se le instruye por el delito de abigeato. Por otra parte, de lo dispuesto por los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo vigente, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia prevista en el artículo 61 de dicha ley, la cual, conduce al sobreseimiento en el juicio de amparo. En efecto, la causal de improcedencia a que se hace referencia, es la que se encuentra contemplada en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica del quejoso, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Así, a manera de ejemplo se obtiene que, bien puede ocurrir que en el supuesto de instaurarse una demanda de garantías contra una clausura por tiempo indefinido practicada por una autoridad administrativa respecto de un local comercial, substanciado el amparo, la responsable advirtiera la inconstitucionalidad del acto y decidiera motu proprio levantar el estado de clausura reclamado, a fin de evitar mayores daños y perjuicios al quejoso, caso en el que cobra aplicación el supuesto jurídico en examen; o también pudiera actualizarse, de darse el caso que la ley que contemplaba la disposición incumplida que conllevó a la clausura o la norma que faculta a la autoridad administrativa a imponer esa sanción se derogue. De manera que por cualquiera de los citados supuestos, se llega a la conclusión de que han cesado los efectos del acto reclamado de manera total e incondicional y por consecuencia, se restituye al quejoso en la esfera jurídica de sus garantías, como si se le hubiera concedido el amparo. Como ilustración de los supuestos en que se actualiza causal analizada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus resoluciones ha pronunciado diversos criterios entre los cuales se tiene, el siguiente: Igualmente, sirve de ejemplo la tesis del rubro y texto siguientes: Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que la cesación de efectos, también puede devenir a causa de una reforma legal (como se comentó), lo cual es patente acorde al texto de la siguiente tesis: La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales del quejoso, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación nunca se hubiera realizado. Sustenta lo anterior, la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Asimismo, es ilustrativa al caso la tesis 2a./J. 59/99, del rubro y texto siguientes: Ahora bien, no debe confundirse la cesación de los actos reclamados, con la consumación de éstos, dado que ésta, implica la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuya diferencia reside en que si bien, ambas son semejantes en cuanto a que durante la secuela del juicio de amparo desaparece el acto reclamado, el distintivo de la fracción XXI, que el tildado de inconstitucional, se agota o consuma por virtud de haber transcurrido su vigencia o el tiempo de su validez, lo que entonces ocasiona que se deje de lesionar los intereses del particular, sin resarcirlo en sus derechos pues se dan como irreparables las afectaciones padecidas. Es decir, si el acto cuya constitucionalidad se controvierte, implica una sanción o restricción vigente al momento en que se promueve el juicio o éste se encuentra en trámite y, la vigencia de la medida reclamada o de la sanción se cumple en sus términos dando fin al acto y deja de irrogar un perjuicio alguno, con la diferencia que estos se consuman en perjuicio del quejoso, a diferencia de la cesación de efectos, el resultado de esta causal no devuelve las cosas al momento en que se encontraba hasta antes de la violación, quedando sin reparación alguna, contrario a la analizada causal que arriba al sobreseimiento. En el caso, del estado procesal del presente juicio de amparo, se advierte que por auto de diecisiete de julio de dos mil quince, se tuvo a la Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, remitiendo las constancias relativas a la libertad de la impetrante de amparo y que obran en el proceso penal 44/2015 de origen, de las que se desprende, en la parte que interesa, lo siguiente: Por acuerdo de ocho de junio de dos mil quince, se decretó la apertura del incidente no especificado, con la finalidad de obtener la reducción de la caución exigida para obtener la libertad provisional de la quejosa Verónica Maldonado Dávila. Posteriormente, el veintitrés de junio de dos mil quince, tuvo lugar la audiencia incidental correspondiente, en la que se tuvo a las partes haciendo los alegatos de su intención y se ordenó poner los autos en estado de resolución. Así, el veinticuatro de junio de dos mil quince, se resolvió el incidente de reducción de caución para obtener la reducción de la caución exigida para obtener la libertad provisional de la quejosa Verónica Maldonado Dávila, en el que se declaró procedente y fundado, y se le fijó como garantía, la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional). Con motivo de lo anterior, en proveído de esa misma fecha se tuvo al licenciado Miguel Tinajero Martínez, en su carácter de defensor particular de la quejosa Verónica Maldonado Dávila, exhibiendo la caución que le fue fijada en el incidente de referencia, y se ordenó su inmediata libertad (foja 102). A dichas documentales se le atribuye eficacia probatoria plena, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su ordinal 2°, por haber sido expedidas por funcionario en ejercicio de sus funciones. Al respecto, es aplicable la tesis de jurisprudencia doscientos veintiséis, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento cincuenta y tres, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, Materia Común, registro número 394182, bajo el rubro y texto siguientes: Con lo anterior, se actualiza de manera indudable de las causal de improcedencia en estudio, la cual se invoca previamente a la celebración de la audiencia constitucional, atendiendo al criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor es el siguiente: Se reitera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, dado que se encuentra probado en autos que con motivo de la promoción y resolución del incidente de reducción de caución para obtener la reducción de la caución exigida para obtener la libertad provisional de la quejosa Verónica Maldonado Dávila, cesaron los efectos del acto reclamado, pues la garantía que le había sido exigida para obtenerla fue sustituida por otra, con la cual estuvo conforme. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a. /J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pagina treinta y ocho, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, del Seminario Judicial de la Federación, con rubro y contenido siguientes: En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el 63, fracción V, del invocado ordenamiento. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con cincuenta minutos del treinta y uno de julio de dos mil quince.
- Principal
Vista la cuenta, agréguense a los autos para los efectos legales a que haya lugar, el oficio 1520/2015, signado por la Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila, y anexos que acompaña, en atención a su contenido, se provee: Téngase dando cumplimiento al requerimiento realizado le hizo mediante auto de uno de julio del año en curso, y al efecto remite copias certificadas de las constancias que obran dentro del proceso penal 44/2015, por el delito de abigeato; por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable, las documentales que acompañan a su oficio; probanzas que se admiten y se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional.
- Principal
Vista la cuenta; agréguense a los autos para los efectos legales a que haya lugar, el oficio 1163/2015, signado por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, y anexo que acompaña; en atención a su contenido se provee: Téngase a dicha autoridad remitiendo sin diligenciar el despacho 173/2015-FM, del índice de este Juzgado de Distrito, por los motivos que exponen en las razones actuariales de seis de julio del año en curso. Por tanto, acúsese recibo del despacho de cuenta, y dése de baja en Libro de Gobierno correspondiente, para los efectos estadísticos y legales procedentes. Ahora bien, de las constancias que integran el despacho de que se trata, se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario adscrito al Juzgado Civil de referencia, para emplazar al presente juicio a los terceros interesados Héctor Damián Torres Castro, y Osvaldo Romo Flores. Atento a ello, se reserva proveer lo conducente, hasta en tanto de contestación el Juez de referencia, al requerimiento efectuado en proveído de siete de julio de este año.
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