VERÓNICA LUISA PÉREZ GUTIÉRREZ y Otros.

Expediente 443/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 58 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
443/2019
Año
2019
Actuaciones
58
Última actuación
09/11/2023

Partes del expediente

  • Verónica Luisa Pérez Gutiérrez
  • VERÓNICA LUISA PÉREZ GUTIÉRREZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 58.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por hecha la certificación que precede, de la que se advierte que por decisión de los titulares de los órganos jurisdiccionales que se ubican en los Edificios sedes del Poder Judicial de la Federación, ubicados en Privada de Aldama número 106, en esta localidad, Avenida Juárez, número 709, y Avenida Independencia número 1608, Centro, Oaxaca, por causa de fuerza mayor, derivada del paro de labores organizado por las y los trabajadores de los órganos jurisdiccionales, a través del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, en atención a las acciones acordadas por los servidores públicos con el Sindicato, fueron declarados inhábiles los días dieciocho de octubre, del diecinueve al veinticuatro y del veinticinco al veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, determinándose la suspensión de labores y que no transcurrirían los plazos procesales en dicho periodo, a excepción del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo, por lo que respecta a los días mencionados en último término, a fin de salvaguardar los derechos procesales de las partes, en términos del Aviso de Suspensión Labores firmado electrónicamente por los Coordinadores de Magistrados de Circuito y de Jueces de Distrito, del Décimo Tercer Circuito; lo que se hace constar para todos los efectos legales a que haya lugar. Estado de autos En otro orden, visto el estado de autos, se advierte que en proveído de veintisiete de septiembre del año en curso, la Presidenta Ejecutora de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia del acuerdo de veintidós de septiembre de la presente anualidad, dictado en el juicio laboral 508/2006 (4), de su índice, actuación de la que se advirtió lo siguiente: Impuso multa a la autoridad demandada Servicios de Salud de Oaxaca, por conducto de su Director General, toda vez que no dio cumplimiento a lo ordenado en auto de treinta de junio de dos mil veintitrés. Requirió nuevamente a la demandada en el juicio de origen Servicios de Salud de Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días, informe y acredite con las documentales necesarias, el cumplimiento a lo establecido en los incisos b), c) y d) del laudo dictado en el aludido juicio laboral 508/2006 (4), de su índice, relativo a lo siguiente: al pago de b) sueldos y prestaciones legales a que la actora tiene derecho, correspondientes a la plaza de referencia, así como al pago de c) Los incrementos que se den por convenio o cualquier otra disposición de todas y cada una de las prestaciones señaladas en el inciso anterior y demás que se lleguen a asignar a la referida plaza, y al pago de d) Todas y cada una de las prestaciones que se deriven y que sean inherentes a la plaza demandada. Apercibió a la parte demandada que de no dar cumplimiento al requerimiento efectuado, se haría acreedor al medio de apremio establecido en la ley de la materia. Sin embargo, a la fecha, la aludida autoridad responsable no ha informado lo relativo al requerimiento que formuló a la parte demandada Servicios de Salud de Oaxaca, el veintidós de septiembre del presente año, en el juicio laboral 508/2006 (4) de su índice. En consecuencia, en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a Carmen López Montesinos Presidenta Ejecutora de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que reciba el comunicado respectivo, informe los términos en que la parte demandada Servicios de Salud de Oaxaca, dio cumplimiento a lo ordenado en auto de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral 508/2006 (4) de su índice, debiendo remitir copia certificada legible y completa que acredite lo anterior; toda vez que, en términos de la ejecutoria de amparo, debe proveer las medidas necesarias en el juicio laboral ***/2006 (4), de su estadística, con el objeto de dar cumplimiento de manera pronta y expedita a la totalidad del laudo emitido el ocho de julio de dos mil catorce, además, hacer uso para tal objeto, de todos los medios de apremio y apercibimientos a la parte perdidosa. La anterior precisión, se realiza en estricto acatamiento a la tesis de jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), aprobada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el seis de noviembre de dos mil catorce, publicada en la página 5, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, que es del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Apercibida expresamente que de no cumplir sin causa justificada (informe el impedimento legal o material que tenga para ello), se le impondrá a su titular una multa de cien unidades de medida y actualización, que es la cantidad equivalente a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, cero centavos ($10,374.00), a razón de 103.74 como valor diario, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se podrá remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. No se soslaya que el artículo 192 de la Ley de Amparo, párrafo tercero, establece que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquella para que le ordene cumplir con la ejecutoria y el numeral 194 de la propia ley dispone que se entiende por superior jerárquico de la autoridad responsable el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. Empero, en el caso, la Presidenta Ejecutora de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, al pertenecer a un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculada de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional, ya que aquél no podría ejercer poder o mando sobre dicho órgano que despliega una función jurisdiccional para que emita una determinación a fin de cumplir con una sentencia de amparo ni cumplir por sí mismo dicha sentencia, pues ello implicaría una invasión de esfera competencial; por tanto, dicha Presidenta carece de superior jerárquico, de ahí que el requerimiento al cumplimiento de la sentencia solo se realiza a ella. Se invoca en apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3515, Tomo 4, Libro IV, Enero de 2012, Materia Común, Laboral, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 2000099, de rubro y texto: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta Ejecutora de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, -previa certificación de la hora y fecha de su recepción con motivo de que se recibió vía correo electrónico oficial-, por el que, en vías de cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, y en atención al requerimiento formulado, remite copia del auto de veintidós de septiembre del presente año, dictado en el juicio laboral *****/2006 (4), de su índice, del que se desprende lo siguiente: Impuso multa a la autoridad demandada Servicios de Salud de Oaxaca, por conducto de su Director General, toda vez que no dio cumplimiento a lo ordenado en auto de treinta de junio de dos mil veintitrés. Requirió nuevamente a la demandada en el juicio de origen Servicios de Salud de Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días, informe y acredite con las documentales necesarias, el cumplimiento a lo establecido en los incisos b), c) y d) del laudo dictado en el aludido juicio laboral *****/2006 (4), de su índice, relativo a lo siguiente: al pago de b) sueldos y prestaciones legales a que la actora tiene derecho, correspondientes a la plaza de referencia, así como al pago de c) Los incrementos que se den por convenio o cualquier otra disposición de todas y cada una de las prestaciones señaladas en el inciso anterior y demás que se lleguen a asignar a la referida plaza, y al pago de d) Todas y cada una de las prestaciones que se deriven y que sean inherentes a la plaza demandada. Apercibió a la parte demandada que de no dar cumplimiento al requerimiento efectuado, se haría acreedor al medio de apremio establecido en la ley de la materia. De lo anterior, se toma conocimiento. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de cuatro de julio del actual, la Presidenta Ejecutora de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia del acuerdo de treinta de junio de la presente anualidad, dictado en el juicio laboral ******/2006 (4), de su índice, actuación de la que se advirtió lo siguiente: Impuso multa a la autoridad demandada Servicios de Salud de Oaxaca, toda vez que no dio cumplimiento a lo ordenado en auto de diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Requirió nuevamente a la demandada en el juicio de origen Servicios de Salud de Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días, informe y acredite con las documentales necesarias, el cumplimiento a lo establecido en los incisos b), c) y d) del laudo dictado en el aludido juicio laboral *****/2006 (4), de su índice, relativo a lo siguiente: b) al pago de sueldos y prestaciones legales a que la actora tiene derecho, correspondientes a la plaza de referencia, así como c) al pago de Los incrementos que se den por convenio o cualquier otra disposición de todas y cada una de las prestaciones señaladas en el inciso anterior y demás que se lleguen a asignar a la referida plaza, y d) al pago de todas y cada una de las prestaciones que se deriven y que sean inherentes a la plaza demandada. Apercibió a la parte demandada que de no dar cumplimiento al requerimiento efectuado, se haría acreedor al medio de apremio establecido en la ley de la materia. Sin embargo, a la fecha, la aludida autoridad responsable no ha informado lo relativo al requerimiento que formuló a la parte demandada Servicios de Salud de Oaxaca, el treinta de junio del presente año, en el juicio laboral *****/2006 (4) de su índice, tal como se le requirió en autos de veintiséis de julio y veintiuno de agosto del año en curso, notificados el siete y veintidós de agosto pasado. En tales condiciones, en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, por la anotada circunstancia, antes de imponer las multas correspondientes e iniciar el procedimiento de inejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito, y con la finalidad de otorgar un plazo razonable a la autoridad responsable para que voluntariamente cumpla con la ejecutoria de amparo; por esta ocasión, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a ****** Presidenta Ejecutora de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que reciba el comunicado respectivo, informe los términos en que la parte demandada Servicios de Salud de Oaxaca, dio cumplimiento a lo ordenado en auto de treinta de junio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral ******/2006 (4) de su índice, debiendo remitir copia certificada legible y completa que acredite lo anterior; toda vez que, en términos de la ejecutoria de amparo, debe proveer las medidas necesarias en el juicio laboral *****/2006 (4), de su estadística, con el objeto de dar cumplimiento de manera pronta y expedita a la totalidad del laudo emitido el ocho de julio de dos mil catorce, además, hacer uso para tal objeto, de todos los medios de apremio y apercibimientos a la parte perdidosa. La anterior precisión, se realiza en estricto acatamiento a la tesis de jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), aprobada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el seis de noviembre de dos mil catorce, publicada en la página 5, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, que es del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Apercibida expresamente que de no cumplir sin causa justificada (informe el impedimento legal o material que tenga para ello), se le impondrá a su titular una multa de cien unidades de medida y actualización, que es la cantidad equivalente a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, cero centavos ($10,374.00), a razón de 103.74 como valor diario, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se podrá remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. No se soslaya que el artículo 192 de la Ley de Amparo, párrafo tercero, establece que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquella para que le ordene cumplir con la ejecutoria y el numeral 194 de la propia ley dispone que se entiende por superior jerárquico de la autoridad responsable el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. Empero, en el caso, la Presidenta Ejecutora de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, al pertenecer a un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculada de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional, ya que aquél no podría ejercer poder o mando sobre dicho órgano que despliega una función jurisdiccional para que emita una determinación a fin de cumplir con una sentencia de amparo ni cumplir por sí mismo dicha sentencia, pues ello implicaría una invasión de esfera competencial; por tanto, dicha Presidenta carece de superior jerárquico, de ahí que el requerimiento al cumplimiento de la sentencia solo se realiza a ella. Se invoca en apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3515, Tomo 4, Libro IV, Enero de 2012, Materia Común, Laboral, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 2000099, de rubro y texto: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Notifíquese.

  4. Principal

    MESA VI B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de cuatro de julio del actual, la Presidenta Ejecutora de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia del acuerdo de treinta de junio de la presente anualidad, dictado en el juicio laboral ******/2006 (4), de su índice, actuación de la que se advirtió lo siguiente: Impuso multa a la autoridad demandada Servicios de Salud de Oaxaca, toda vez que no dio cumplimiento a lo ordenado en auto de diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Requirió nuevamente a la demandada en el juicio de origen Servicios de Salud de Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días, informe y acredite con las documentales necesarias, el cumplimiento a lo establecido en los incisos b), c) y d) del laudo dictado en el aludido juicio laboral *****/2006 (4), de su índice, relativo a lo siguiente: b) al pago de sueldos y prestaciones legales a que la actora tiene derecho, correspondientes a la plaza de referencia, así como c) al pago de Los incrementos que se den por convenio o cualquier otra disposición de todas y cada una de las prestaciones señaladas en el inciso anterior y demás que se lleguen a asignar a la referida plaza, y d) al pago de todas y cada una de las prestaciones que se deriven y que sean inherentes a la plaza demandada. Apercibió a la parte demandada que de no dar cumplimiento al requerimiento efectuado, se haría acreedor al medio de apremio establecido en la ley de la materia. Sin embargo, a la fecha, la aludida autoridad responsable no ha informado lo relativo al requerimiento que formuló a la parte demandada Servicios de Salud de Oaxaca, el treinta de junio del presente año, en el juicio laboral ****/2006 (4) de su índice, tal como se le requirió en auto de veintiséis de julio de la presente anualidad, y notificado el siete de agosto siguiente. En consecuencia, en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a ****** Presidenta Ejecutora de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que reciba el comunicado respectivo, informe los términos en que la parte demandada Servicios de Salud de Oaxaca, dio cumplimiento a lo ordenado en auto de treinta de junio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral ****/2006 (4) de su índice, debiendo remitir copia certificada legible y completa que acredite lo anterior; toda vez que, en términos de la ejecutoria de amparo, debe proveer las medidas necesarias en el juicio laboral ****/2006 (4), de su estadística, con el objeto de dar cumplimiento de manera pronta y expedita a la totalidad del laudo emitido el ocho de julio de dos mil catorce, además, hacer uso para tal objeto, de todos los medios de apremio y apercibimientos a la parte perdidosa. La anterior precisión, se realiza en estricto acatamiento a la tesis de jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), aprobada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el seis de noviembre de dos mil catorce, publicada en la página 5, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, que es del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Apercibida expresamente que de no cumplir sin causa justificada (informe el impedimento legal o material que tenga para ello), se le impondrá a su titular una multa de cien unidades de medida y actualización, que es la cantidad equivalente a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, cero centavos ($10,374.00), a razón de 103.74 como valor diario, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se podrá remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. No se soslaya que el artículo 192 de la Ley de Amparo, párrafo tercero, establece que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquella para que le ordene cumplir con la ejecutoria y el numeral 194 de la propia ley dispone que se entiende por superior jerárquico de la autoridad responsable el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. Empero, en el caso, la Presidenta Ejecutora de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, al pertenecer a un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculada de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional, ya que aquél no podría ejercer poder o mando sobre dicho órgano que despliega una función jurisdiccional para que emita una determinación a fin de cumplir con una sentencia de amparo ni cumplir por sí mismo dicha sentencia, pues ello implicaría una invasión de esfera competencial; por tanto, dicha Presidenta carece de superior jerárquico, de ahí que el requerimiento al cumplimiento de la sentencia solo se realiza a ella. Se invoca en apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3515, Tomo 4, Libro IV, Enero de 2012, Materia Común, Laboral, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 2000099, de rubro y texto: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Notifíquese.

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