Verónica Lucía Ibarra García
Expediente 1429/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1429/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/08/2019
Partes del expediente
- Verónica Lucía Ibarra García
Actuaciones
- Principal
Visto el escrito de cuenta signado por la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de veinticinco de julio de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Se rinde informe sobre la materia de la queja, en el sentido de ser cierto que este Juzgado de Distrito dictó el acuerdo recurrido. Ahora bien, tomando en consideración que el auto recurrido lo constituye la determinación que desechó la demanda, se estima innecesario otorgar plazo a la parte quejosa para que señale las constancias que en copia certificada deban remitirse para resolver el recurso de queja. En ese sentido, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en turno, el escrito de agravios original, así como copia certificada del expediente en que se actúa.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de julio de dos mil diecinueve. Se niega suspensión provisional. Apertura del incidente. Como está ordenado en esta fecha en el juicio de amparo ***, con dos copias de la demanda de amparo, fórmese y tramítese por duplicado el incidente de suspensión promovido por ***, por sí y en representación de los menores de iniciales *** por conducto de su apoderado ***, contra actos de la autoridad que señala como responsable. Informe previo. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 138, fracción III, y 140 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su correspondiente informe previo que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, y en el que expresará si son o no ciertos los actos que se le atribuye; de igual forma, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Asimismo, se requiere a la autoridad responsable, a fin de que proporcionen los datos que tengan a su alcance y que permitan a este órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes; para lo cual se les envía al efecto copia simple de la demanda. Se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de no cumplir con los mandatos establecidos en los párrafos anteriores, además de presumirse cierto el acto que de ellas se reclame, cuando así corresponda, se le impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo. También se informa a la autoridad responsable que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, está obligada a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirija, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, siempre que no exista duda y resulte evidente la existencia de las autoridades, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y se tendrá por hecha la notificación; en la inteligencia de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además de que se le(s) impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 245 de la Ley de Amparo. Audiencia incidental. Se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia incidental. Pruebas y cotejo. Se tienen por anunciadas las documentales adjuntas a la demanda de amparo, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia incidental, de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Amparo, aún sin que exista gestión expresa de parte interesada. Como se proveyó en el cuaderno principal, se ordena realizar la compulsa y certificación, de los documentos que adjuntó la parte quejosa en original y copia certificada a su demanda de amparo, para que conste en ambos cuadernos incidentales. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 7, tomo XXXII, septiembre de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97). De conformidad con los artículos 2o., 131, 150 y 151 de la Ley de Amparo, los Jueces de Distrito sólo pueden otorgar valor probatorio a aquellos elementos que obren en el expediente, pues los criterios de pertenencia de las pruebas a los autos de un asunto se establecen para que los juzgadores busquen la verdad material en el contexto de un debido proceso y de la equidad procesal, que no podría tutelarse si se permitiera la valoración libre de cualquier elemento sin importar si se encuentra o no en el expediente. Ahora, en aplicación extensiva del párrafo tercero del artículo 78 de la Ley de Amparo, se sigue que cuando con la demanda de garantías en la que se solicite la suspensión del acto reclamado, se ofrezca como prueba un documento original o en copia certificada y se acompañen dos o más copias simples, sin que se solicite expresamente su compulsa o certificación para que obren en el expediente incidental, el Juez de Distrito debe entender que las copias simples son para formar los cuadernos incidentales y, por tanto, al admitir la demanda, oficiosamente, debe ordenar su compulsa para que obren en el incidente y al resolver sobre la suspensión definitiva tengan valor probatorio. A igual conclusión se debe llegar cuando durante la secuela del juicio de amparo, ya sea en el expediente principal o en el incidente de suspensión (antes de la celebración de la audiencia constitucional o incidental), alguna de las partes exhiba una prueba documental original o en copia certificada con las copias suficientes, en cuyo caso el Juez de Distrito debe ordenar su compulsa para que obren en ambos cuadernos, y así al resolver puedan tomarse en cuenta con el valor probatorio que les corresponde. Por otro lado, en el caso de que el oferente omita acompañar las copias suficientes para que puedan ser compulsadas y agregadas, ya sea en el cuaderno principal o incidental, según sea el caso, debe entenderse que estimó que son prescindibles para resolver." Requisitos de la suspensión. Los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 138 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el Juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que la parte quejosa debe reunir para otorgar la suspensión del acto reclamado. En ese orden de ideas, conforme al artículo 128 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario que: a. La solicite el quejoso; y b. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva. Asimismo, el juzgador de amparo deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social; entendiendo lo primero, como el conocimiento superficial del asunto dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado; y el segundo, si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha definido lo que debe entenderse por interés social, cabe señalar que la apreciación de su existencia depende del caso concreto, el cual debe ser analizado por el juzgador al otorgar o no la suspensión de los actos reclamados. Precisión de actos reclamados. Ahora bien, con fundamento en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado esencialmente el siguiente: El acuerdo de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, mediante el cual se admitió a trámite el juicio privilegiado de derecho de visita y correspondencia ***, promovido por *** y se citó a las partes a una audiencia de avenencia. Por otra parte, el quejoso manifestó que solicita la suspensión del acto reclamado para los efectos siguientes: "INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Solicito la suspensión del acto reclamado, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que hasta ahora se encuentran, y no se obligue al quejoso a comparecer a la audiencia de avenencia ordenada para celebrarse el día veintisiete de marzo de dos mil diecinueve ante la Juez señalada como responsable, y para que en aras del superior interés de los menores FFJ, MAFJ y GFJ, no se les re victimice (sic), sometiéndolos al escrutinio de una autoridad que carece de competencia por las razones expuestas y se les exponga a la obligación de convivir con su progenitora, cuando ante Juez diverso, ya señalaron su voluntad de no querer que así sea." Al respecto, es oportuno precisar que este órgano jurisdiccional en atención al criterio derivado de la contradicción de tesis 4/2019 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede conceder la medida cautelar para efectos y consecuencias distintas de las propuestas por la parte quejosa, siempre y cuando se trate de los actos reclamados en el juicio de amparo. Presunción de certeza de los actos reclamados. Para resolver sobre la suspensión provisional, el Juez de Distrito debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Por ende, para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional solicitada, este órgano jurisdiccional atiende a las manifestaciones de la parte quejosa formuladas en la demanda, bajo protesta de decir verdad, pues son los únicos elementos con que se cuenta para resolver sobre la medida cautelar, los cuales constituyen una confesión expresa. Sirve de fundamento a lo anterior, la siguiente tesis jurisprudencial de la Segunda Sala del Alto Tribunal: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DE LA QUEJOSA RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones de la quejosa hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que la quejosa da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo." En cuanto a la comparecencia del quejoso a la audiencia de avenencia. Negativa de la medida cautelar. Ahora, se considera improcedente conceder la suspensión solicitada, para el efecto solicitado por el quejoso, consistente en que no se le obligue a comparecer a la audiencia de avenencia a la que se citó a las partes en el juicio familiar de origen. Lo anterior, ya que como se expuso en líneas precedentes, uno de los requisitos para otorgar la suspensión es que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Sobre el tema, debe señalarse que el artículo 129 de la Ley de Amparo establece, entre otros casos, cuándo se siguen esos perjuicios o se contravienen disposiciones de orden público, cuyo contenido dice: "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social." Sobre el particular, debe decirse que el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Así, por disposiciones de orden público deben entenderse las plasmadas en los ordenamientos legales que tengan como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. En vinculación con los razonamientos de mérito, se considera que el orden público y el interés social se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Bajo ese contexto, por lo que respecta al hecho de que en el acuerdo reclamado se haya ordenado citar al quejoso para que comparezca a la audiencia de avenencia señalada en el juicio familiar de origen, debe considerarse que no procede otorgar la suspensión, ya que el otorgamiento de la suspensión ocasionaría la paralización del procedimiento en lo principal, contraviniéndose así disposiciones de orden público, y se dice que el procedimiento judicial es de orden público, ya que la sociedad tiene interés en que se resuelvan pronta y debidamente los litigios, en razón de que afectan el orden social si se prolongan indefinidamente, además de que el otorgamiento de dicha suspensión implicaría también contravenir el criterio que ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no debe otorgarse la suspensión del acto reclamado en el amparo cuando ella tienda a detener el procedimiento judicial, sin que por ello sea factible la aplicación de otras disposiciones legales diferentes a la Ley de Amparo, para la suspensión del acto reclamado. Cobra aplicación a la consideración vertida, la Tesis Aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 2482, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo CV, Quinta Época, cuyos rubros y texto son del tenor siguiente: "PROCEDIMIENTO JUDICIAL, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE DEL. La tesis marcada con el número 834 en el Apéndice al Tomo XCVII del Semanario Judicial de la Federación, según la cual el procedimiento judicial es de orden público, por lo que es inconducente conceder la suspensión que tienda a detenerlo, no es inaplicable por la circunstancia de que se trate de un amparo en materia civil, en que se versan intereses de particulares, y no se afecta el interés público, ya que la misma, al referirse al procedimiento, no hace distinción alguna entre el procedimiento civil y el procedimiento penal, y el hecho de que en un juicio sucesorio no haya contienda judicial, no significa la ausencia del procedimiento judicial, y si existe este procedimiento, aunque sea en la vía voluntaria, no debe ser paralizado." Asimismo, la Tesis Aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5936, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXVII, Quinta Época, de rubro y texto siguiente: "JUICIOS SUCESORIOS, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE TRATÁNDOSE DE. Si lo que pretende el quejoso es que se paralice el procedimiento de un juicio sucesorio, mientras se decide en el amparo, si procede el incidente penal surgido en el propio juicio, no obstante que la autoridad responsable juzgó pertinente esa continuación, como la paralización del expresado juicio afectaría el interés general, que está vinculado estrechamente con que los juicios sucesorios se terminen rápidamente, para que se establezca en definitiva la verdadera situación de los bienes que corresponden a los herederos, debe decirse que no estando satisfecho el requisito de la fracción II, del artículo 124, de la Ley de Amparo, no es procedente dicha suspensión." Asimismo la negativa de la medida cautelar se patentiza si se pondera que la paralización del procedimiento también afectaría a los menores quejosos, pues el juicio natural versa sobres las visitas y convivencias con su progenitora, lo cual constituye un derecho fundamental de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño, por el cual el Estado Mexicano debe garantizar que los menores no sean separados de su entorno familiar contra su voluntad, excepto cuando tal separación sea necesaria y sea ordenada por autoridad judicial; y para el caso de estar separados de uno o de ambos padres, que puedan mantener relaciones personales y contacto directo con ambos de modo regular, salvo que sea contrario al interés superior de la niñez. Sobre el tema, es aplicable la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 600, Libro 11, octubre de 2014, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS MENORES DE EDAD. El derecho a las visitas y convivencias de los padres con los hijos menores es un derecho fundamental de éstos que se encuentra contemplado en el artículo 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño e implícitamente en el artículo 4o. constitucional, toda vez que está vinculado directamente con el interés superior del menor, principio que sí está contemplado expresamente en el citado precepto constitucional. En este sentido, es evidente que cuando haya separación del menor de alguno de los padres, como ocurre en los casos en los que sólo uno de ellos detenta su guarda y custodia, debe prevalecer el interés superior del niño, lo que significa que se tomen las medidas necesarias que le permitan un adecuado y sano desarrollo emocional, lo cual sólo puede lograrse si se mantienen los lazos afectivos con el padre no custodio." Confirma lo anterior el siguiente criterio jurisprudencial sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito: "VISITA Y CONVIVENCIA DE LOS MENORES CON SUS PROGENITORES. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL QUE TIENDE A PROTEGER EL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS SIENDO, POR TANTO, DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Conforme a los artículos 635 y 636 del Código Civil para el Estado de Puebla, la convivencia de los menores con sus padres y con la familia de ambos, permite el sano desarrollo de aquéllos, pues conlleva al conocimiento y trato directo que tienen los infantes con sus ascendientes y demás parientes a fin de lograr su cabal integración al núcleo familiar y obtener identidad plena al grupo social al que pertenecen. En tal virtud, el desarrollo normal de un menor se produce en el entorno de éste y su armonía con la familia y grupo social al que pertenece, que le permite y otorga la posibilidad en atención a sus capacidades físicas y mentales, para su preparación a una vida independiente en sociedad, con la percepción de respeto en razón a los derechos que les asisten a los demás; lo cual se logra alcanzar cuando se garantizan sus derechos a la vida, integridad física y mental, salud, identidad, familia y fundamentalmente la convivencia con los padres, en tanto que ello no le resulte más perjudicial que benéfico. En esos términos, el artículo 637 de la aludida codificación categóricamente establece: "No podrán impedirse, sin justa causa, las relaciones personales ni la convivencia entre el menor y sus parientes, ni siquiera cuando la patria potestad o la guarda corresponda a uno de ellos, por lo que en caso de oposición a la solicitud de cualquiera de ellos o incumplimiento del convenio en que las partes hubieren fijado el tiempo, modo y lugar para que los ascendientes que no tengan la guarda del menor lo visiten y convivan con él, el Juez de lo familiar resolverá lo conducente, en atención al interés superior del menor. ...". Por ello el tribunal contará con los medios eficaces que considere necesarios para decretar la convivencia en el modo y forma que beneficie a los menores y en caso de incumplimiento parcial o total podrá decretar las medidas de apremio que concede la ley o dar vista al Ministerio Público si del comportamiento de quien deba permitir la convivencia se desprende algún delito; y que sólo por mandato judicial expreso y fundado en causa justa podrá impedirse, suspenderse o perderse el derecho de convivencia a que se refiere dicho dispositivo legal. Atento a lo cual, el derecho de visita y convivencia con sus progenitores, debe catalogarse como un derecho fundamental del menor porque es tendente a proteger su interés superior, siendo éste por tanto de orden público y de interés social, y sólo se impedirá esa convivencia con alguno de sus padres cuando se estime razonadamente que resultaría más perjudicial que benéfico al menor. Por lo que, ante tal situación, en aras de ese supremo derecho que tienen los niños a ser amados y respetados, sin condición alguna, por regla general sus progenitores deben ejercer tanto la guarda y custodia, como el derecho de visita y convivencia, en un ambiente de comprensión y respeto para con sus hijos, procurando en todo momento su pleno desarrollo físico y mental. Y, concatenadamente, la autoridad judicial se encuentra obligada a que los menores puedan gozar de ese máximo principio de convivir con ambos padres y las familias de éstos, para lo cual debe tomar las medidas necesarias a fin de proteger ese interés superior." Respecto al escrutinio de los menores quejosos. Por otra parte, en cuanto al otorgamiento de la suspensión para el efecto de que no se revictimice a los menores quejosos, no se les someta a un escrutinio del Juez responsable y no se les obligue convivir con su progenitora, debe destacarse que para que proceda la medida cautelar, entre otros requisitos, los actos deben ser de realización inminente -naturaleza del acto-. No obstante, en la especie no se colma el requisito en cuestión, ya que si bien en el acuerdo reclamado se admitió a trámite un juicio relacionado con las visitas y convivencias de los niños con su madre, en el cual eventualmente se podría solicitar la comparecencia de los menores para que fueran escuchados o se desahogue alguna prueba para determinar su estado emocional o si es conveniente o no que convivan con su progenitora -como podría ser una pericial en psicología-, lo cierto es que hasta este momento esa es una cuestión futura e incierta, pues dependerá del desarrollo del procedimiento, pues incluso podría darse el supuesto de que los padres de los niños llegaran a un acuerdo en la audiencia de avenencia y culminara el juicio, lo que impediría que los menores fueran sometidos a algún escrutinio. Por tanto, es evidente que la instauración del juicio natural por sí solo no se traduce en que se someta a los niños quejosos a una escrutinio ni que se determine que convivan con su madre, pues si bien es una posibilidad, hasta este momento se reitera que es un acto futuro e incierto, entendiéndose como tal aquél cuya realización es remota, esto es, que depende de alguna actividad previa de la parte quejosa o de que la autoridad decida ejercer o no alguna de sus atribuciones para que exista. En ese contexto, es importante resaltar que la suspensión en el juicio de amparo es procedente contra actos futuros pero de inminente realización, los cuales derivan de manera directa y necesaria de otro acto ya existente, de modo que pueda asegurarse que se ejecutarán en breve. Cabe precisar que dicho concepto no debe entenderse referido exclusivamente en relación con aquellos actos que en un momento y tiempo específicos aún no se han realizado, sino que debe analizarse a la luz de su indeterminación, incertidumbre, así como la probabilidad o posibilidad de que se produzcan. Los elementos antes destacados permiten diferenciar a los actos futuros inciertos, de los inminentes; pues los últimos, son aquellos que aun cuando no se han materializado, se tiene la certeza de que se producirán, como lo ilustra la tesis siguiente: "ACTOS FUTUROS. Los actos futuros contra los cuales es improcedente el amparo, son aquellos que tienen el carácter de futuros e inciertos; pero si se tiene la certeza de que se ejecutarán, el amparo procede contra ellos, en los términos de la ley." Consecuentemente, el elemento que permite diferenciar los actos futuros respecto de los inminentes es la certeza de su realización. Estos principios, aplicados a la hipótesis en estudio, permiten establecer que no existe certeza respecto a que se vaya a someter a los menores quejosos a algún escrutinio por parte del Juez responsable, ni que se les vaya a determinar que convivan con su madre, pues se insiste que eso solo es una posibilidad de realización incierta, Con base en lo expuesto, se tiene en cuenta que la suspensión temporal de la ejecución del acto reclamado tiene el carácter de acto futuro e incierto y, por tanto, resulta improcedente conceder la medida suspensional solicitada, pues no se advierte que sea un acto preexistente o de inmediata realización. No se soslaya que para verificar la certeza de los actos reclamados, tratándose de la suspensión provisional, el juzgador de amparo deberá atender a las manifestaciones que, bajo protesta de decir verdad, realiza el quejoso; sin embargo, en el caso que nos ocupa del contenido integral de la demanda, no se advierte alguna afirmación que permita asegurar que el Juez responsable emitió a alguna orden para que se realice algún tipo de prueba a los menores quejosos, que se les vaya a entrevistar o que se les obligue a convivir con su madre, lo que se patentiza con el instructivo de notificación del acuerdo admisorio del juicio natural -acto reclamado-, en donde no se determinó alguna de esas circunstancias, lo que revela que su realización no es segura. Sirve de apoyo a la anterior, por identidad de razones, la jurisprudencia 2a./J. 14/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 141, Tomo XXXI, Febrero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA EJECUCIÓN DEL APERCIBIMIENTO DE IMPOSICIÓN DE UNA MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE UN LAUDO LABORAL, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO. Conforme al criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por regla general sólo los actos futuros de inminente realización y no los futuros e inciertos son susceptibles de suspenderse, entendiéndose por los primeros los que derivan de manera directa y necesaria de otro ya preexistente, de modo que pueda asegurarse que se ejecutarán en breve, y por los segundos, aquellos cuya realización es remota, ya que su existencia depende de la actividad previa del quejoso o de que la autoridad decida ejercer o no alguna de sus atribuciones. En ese tenor, resulta improcedente conceder la suspensión contra la ejecución del apercibimiento al quejoso con la imposición de una multa en caso de no cumplir con un laudo laboral, pues constituye un acto futuro e incierto, en virtud de que su realización no es segura, por depender de la conducta que aquél asuma en relación con ese mandato judicial." Por tanto, se NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL solicitada por la parte quejosa. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa. Autorizados. Se tiene como autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones y para que se impongan de los autos a *** por así solicitarlo la parte quejosa. Se habilitan días y horas inhábiles. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. *** Obligación de recibir oficios. Se informa a la(s) autoridad(es) responsable(s) que conforme al artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo está(n) obligada(s) a recibir los oficios que en relación con este juicio se le(s) dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, siempre que no exista duda y resulte evidente la existencia de la(s) autoridad(es), el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y se tendrá(n) por hecha(s) la(s) notificación(es), en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá(n) por hecha(s); además de que se le(s) impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 245 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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