VERÓNICA LÓPEZ DE LA CRUZ y Otros.

Expediente 246/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 62 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
246/2022
Año
2022
Actuaciones
62
Última actuación
08/12/2023

Partes del expediente

  • VERÓNICA LÓPEZ DE LA CRUZ y Otros.
  • Victoriano Rodríguez Zurita
  • Verónica López de la Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 62.

  1. Principal

    Ciudad de México, ocho de diciembre de dos mil veintitrés. Glósese el oficio suscrito por la Directora Ejecutiva de Supervisión, Control Regional y Asistencia Jurídica de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, por medio del cual en atención al requerimiento efectuado el treinta de octubre último, informa lo siguiente "(.) esta Coordinación General de Servicios Periciales, si cuenta con peritos en materia de telecomunicaciones y electrónica; (.)". Ahora bien, tomando en consideración que la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular del Equipo de Investigación y Litigación FEIDDF-IV, de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, Fiscalía de Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, ha manifestado en reiteradas ocasiones que han resultado infructuosas las gestiones que ha realizado con el fin de lograr el desahogo del segundo peritaje de extracción de información del teléfono del directo agraviado, solicitado por la quejosa, hágasele del conocimiento que en dicha Fiscalía General de la República sí se cuenta con peritos en Materia de Telecomunicaciones y electrónica. Por ello, remítase en copia simple el oficio que en esta data se recibe a la autoridad ministerial responsable, a efecto de que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir del siguiente al en que se le notifique la presente determinación, gestione las acciones tendentes al desahogo de ese segundo peritaje de extracción de información del teléfono del directo agraviado, solicitado por la quejosa. Asimismo, en ese lapso deberá remitir copia certificada, legible, de forma clara y ordenada, de las constancias con las que acredite su dicho. Lo anterior, en la inteligencia que subsiste el apercibimiento decretado mediante proveído de nueve de octubre del presente año. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Ciudad de México, uno de diciembre de dos mil veintitrés. Glósense los oficios suscritos por la Directora de Asistencia Técnico Jurídica en Materia Pericial de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, por medio de los cuales informa su supuesta imposibilidad para dar cumplimiento al requerimiento efectuado el treinta de octubre último, y remitir el listado que contiene el nombre de los peritos en materia de telecomunicaciones y electrónica con que cuenta. Al respecto, refiere que se trata de información clasificada como reservada y que "(.) se encontró un dictamen en materia de Telecomunicaciones y Electrónica, marcado con el número de folio ***********de fecha 13 de julio de 2022, relacionado con la técnica de investigación **********.". En ese sentido, es menester informarle a la autoridad oficiante que: 1. El ocho de febrero del año en curso, se tuvo a la quejosa informando que había solicitado un segundo peritaje de extracción de información del teléfono del directo agraviado, a cargo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México o institución diversa que contara con el experto requerido para su realización, por lo que se dio vista a la autoridad ministerial responsable a efecto de que proveyera la conducente. 2. Posteriormente, el trece de febrero siguiente, la autoridad ministerial responsable informó que giró el diverso Oficio ***********, por el que solicitó colaboración a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que designe un perito oficial en materia de telecomunicaciones y electrónica, con la finalidad de realizar una segunda intervención en la extracción de información contenida en el equipo telefónico del directo buscado. 3. Así, el veintidós de marzo de la misma anualidad, la autoridad responsable remitió la contestación dada al oficio *************, en el que se advierte la imposibilidad de dicha institución a proporcionar un especialista en la materia por los motivos que precisa. 4. Posteriormente, en auto de diecisiete de abril del mismo año, informó que mediante oficios ************, de fechas diez y once del año en curso, solicitó la colaboración del Fiscal General del Estado de Morelos, Guerrero y Estado de México, para designar un perito oficial en materia de telecomunicaciones y electrónica. 5. En auto de tres de mayo, se tuvo por recibido el oficio signado por la agente del ministerio público responsable, en el cual informó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, se encontraba imposibilitada a efecto de designar un perito. 6. Posteriormente, en proveído de doce de mayo siguiente, la autoridad responsable hizo de conocimiento que la Fiscalía General del Estado de Guerrero, tampoco se encontraba en posibilidad de coadyuvar con el peritaje de marras. 7. Así, mediante oficios recordatorios ***********, solicitó a la Fiscalía General del Estado de Morelos, un perito oficial en materia de telecomunicaciones y electrónica. 8. Así el veintiséis de septiembre actual, a través del oficio que se provee, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, informó que tampoco le era posible la designación de un perito. Como se ve, el suscrito se encuentra requiriendo a la oficiante, toda vez que la parte quejosa solicitó un segundo peritaje de extracción de información del teléfono del directo agraviado, lo cual se encuentra gestionando, sin que a la data haya prosperado desde el trece de febrero de dos mil veintitrés (fojas 474 a 475). Atento a lo anterior, REQUIÉRASELE de nueva cuenta para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe a este órgano de control constitucional el listado que contenga el nombre de los peritos oficiales en materia de telecomunicaciones y electrónica, con que cuenta. Lo anterior, en la inteligencia que subsiste el apercibimiento decretado mediante proveído de nueve de octubre del presente año. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Ciudad de México, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Glósese el oficio suscrito por la Directora de Asistencia Técnico Jurídica en Materia Pericial de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, por medio del cual reitera su alegada imposibilidad para dar cumplimiento al requerimiento efectuado el treinta de octubre último, y remitir el listado que contiene el nombre de los peritos en materia de telecomunicaciones y electrónica con que cuenta. Al respecto, refiere que se trata de información clasificada como reservada y que "(.) la designación de personal por parte del departamento de Telecomunicaciones de esta Unidad Administrativa se realiza considerando la disponibilidad de personal al momento de que se reciben los indicios para su análisis; por lo que en el caso, sin conceder, de que se proporcionara a su Señoría el listado solicitado, no se garantizaría el hecho de que pudiera elegir a un perito de dicho listado, pues la disponibilidad de personal es muy variable, atendiendo a las cargas de trabajo que experimenta la especialidad de informática y Telecomunicaciones.". Ahora bien, por cuanto hace a la confidencialidad, reitéresele por última ocasión, que con lo ordenado por el suscrito no se pone en riesgo la reserva ni confidencialidad que deben guardar los datos requeridos, pues la autoridad ministerial puede y debe adoptar las precauciones necesarias para asegurar ese resguardo y no vulnerar derechos de terceros; tal es así que deberá remitir ese listado en sobre cerrado, así como implementar cualquier otra medida que considere oportuna para salvaguardar el sigilo de dicha información; verificando que sea legible y entendible. En otro aspecto, la autoridad requerida de manera equivocada presupone que tal requerimiento tiene por objeto que el suscrito elija un perito de dicho listado; premisa que resulta en una apreciación subjetiva e inexacta de la autoridad. En cambio, la finalidad de tal requerimiento es corroborar la existencia de personal especializado en materia de informática y Telecomunicaciones dentro de dicha institución, derivado de que personal adscrito a la diversa Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, Fiscalía de Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, de la propia Fiscalía General de la República, lleva aproximadamente ocho meses y medio argumentando que no se cuenta en dicha institución con un perito en materia de telecomunicaciones y electrónica. Atento a lo anterior, REQUIÉRASELE de nueva cuenta para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe a este órgano de control constitucional el listado que contenga el nombre de los peritos oficiales en materia de telecomunicaciones y electrónica, con que cuenta. Lo anterior, en la inteligencia que subsiste el apercibimiento decretado mediante proveído de nueve de octubre del presente año. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Ciudad de México, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio a través del cual se informa que el Director de Amparo, en suplencia por ausencia del Director General de Control de Juicios de Amparo, por suplencia del Fiscal General de la República, instruyó al Titular de la Agencia de Investigación Criminal, a efecto de que dé cumplimiento al requerimiento realizado por este juzgado, mediante proveído de nueve de octubre del presente año; lo que se toma del conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, glósese el oficio suscrito por la Directora de Asistencia Técnico Jurídica en Materia Pericial de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, por medio del cual manifiesta su imposibilidad para dar cumplimiento al requerimiento efectuado el nueve de octubre último, para remitir el listado que contiene el nombre de los peritos en materia de telecomunicaciones y electrónica con que cuenta; según refiere, por tratarse de información clasificada como reservada. Al respecto, dígasele que con lo ordenado por el suscrito no se pone en riesgo la reserva ni confidencialidad que deben guardar los datos requeridos, pues es claro que la autoridad ministerial puede y debe adoptar las precauciones necesarias para asegurar ese resguardo y no vulnerar derechos de terceros; tal es así que deberá remitir ese listado en sobre cerrado, así como implementar cualquier otra medida que considere oportuna para salvaguardar el sigilo de dicha información; verificando que sea legible y entendible. Es oportuno citar en apoyo de lo anterior, por las razones que informan, las Jurisprudencias y tesis siguientes: "COPIAS Y DOCUMENTOS EN EL AMPARO, OBLIGACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES PARA EXPEDIRLAS (INTERPRETACION DEL ARTÍCULO 152 DE LA LEY DE AMPARO). Conforme a lo dispuesto por el artículo 152 de la Ley de Amparo, la obligación de autoridades y funcionarios de expedir las copias o documentos que les soliciten las partes para ser rendidas como pruebas en la audiencia constitucional, debe entenderse referida a cualquier autoridad o funcionario, no únicamente a las señaladas en la demanda como responsables. A esta conclusión se arriba de la interpretación relacionada de los numerales 150 de la Ley de Amparo, que establece la posibilidad de que en el juicio puedan ofrecerse toda clase de pruebas, salvo la de posiciones y las que sean contra la moral o contra el derecho; el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el amparo, el cual dispone que el juzgador para conocer la verdad puede valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, cualquier cosa o documento ya sea que pertenezcan a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos y el 129 y 133 de la misma legislación procesal que definen como pruebas tanto a los documentos públicos como los privados, ambos susceptibles de ser expedidos por autoridades distintas de las responsables, de modo que si existe la facultad de servirse de un documento en poder de un tercero, entonces la obligación a que se refiere el artículo 152 de la Ley de Amparo debe entenderse referida a cualquier autoridad o funcionario, y no únicamente a las señaladas como responsables.". "AVERIGUACIÓN PREVIA. SI LAS CONSTANCIAS QUE LA INTEGRAN CONTIENEN INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA, CONFIDENCIAL O QUE DEBA MANTENERSE EN SECRETO, EL SUJETO OBLIGADO PARA RESGUARDARLA EN LAS COPIAS QUE ACOMPAÑE AL INFORME JUSTIFICADO QUE SE LE REQUIERA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE (MINISTERIO PÚBLICO), LO SERÁ ÉSTA O EL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO QUE TENGA A SU CARGO DICHA INDAGATORIA. De acuerdo con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando un documento o expediente contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos obligados, a través de sus áreas, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una versión pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, fundando y motivando su clasificación. Bajo este contexto, cuando se requiera a un órgano ministerial investigador señalado como autoridad responsable, la remisión de copias certificadas de una averiguación previa que sustente la emisión o existencia del acto que se le reclama, es quien se constituye en el sujeto obligado para llevar a cabo, u ordenar en su escala de jerarquía a quien corresponda, el resguardo en términos de ley de la información clasificada como confidencial o reservada que pueda contenerse en dicha indagatoria y no el Juez de Control constitucional requirente, al ser quien puede saber cuáles son los datos sensibles y de investigación que deben guardar o contener la confidencialidad y/o secrecía necesaria, para no ser conocidos por quien no deba o sea ajeno a la averiguación previa.". "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. TRATÁNDOSE DE LAS QUE SE OFREZCAN PARA DEMOSTRAR POSIBLES ACTOS DE TORTURA, NO ES EXIGIBLE OBSERVAR LAS FORMALIDADES PROCESALES PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 75 Y 121 DE LA LEY DE AMPARO PARA SU ADMISIÓN, NI DEBEN ADUCIRSE RESTRICCIONES RELACIONADAS CON LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA, SI SE ESTIMA QUE SON NECESARIAS PARA INDAGAR SOBRE ACTOS QUE LESIONEN GRAVEMENTE LA DIGNIDAD HUMANA, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LAS RESERVAS ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE. Hechos: Un Juez de Distrito determinó que no había lugar a proveer de conformidad la prueba de videos de vigilancia del centro penitenciario donde se encuentra recluido el quejoso, ofrecida con la finalidad de acreditar que sufrió actos de tortura, por considerar que la información contenida en dichos videos es de carácter confidencial. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la restricción de confidencialidad del acceso a la información no opera tratándose de las pruebas que tengan como finalidad acreditar la existencia de actos de tortura contra los justiciables, ni es exigible que hayan sido ofrecidas ante la autoridad responsable o que el quejoso acredite haber realizado la solicitud ante ésta para que entregue las pruebas o documentos, dentro de los cinco días previos a la audiencia constitucional. Justificación: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sentencia dictada en el recurso de queja 56/2019, que dio origen a la tesis aislada 1a. XCII/2019 (10a.), de título y subtítulo: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS QUE SE OFREZCAN PARA DEMOSTRAR UN POSIBLE ACTO DE TORTURA DEBEN ADMITIRSE Y NO DESECHARSE DE PLANO POR FALTA DE IDONEIDAD (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE AMPARO).", estableció que el tema de la tortura en cualquier asunto de orden jurisdiccional debe ser tratado bajo el entendimiento de las obligaciones contraídas por el Estado Mexicano, lo que conlleva abrir el ofrecimiento de pruebas que tengan como finalidad demostrar la violación a derechos humanos, lo cual implica que las reglas relativas a su desahogo se dispensen, dada la naturaleza de los actos reclamados. Por tanto, con el objeto de preservar el derecho de defensa, se considera que debe seguirse la teleología del Alto Tribunal al interpretar el artículo 75 de la Ley de Amparo y, por ende, hacer extensivas las consideraciones de la tesis aislada referida a fin de dispensar las formalidades procesales previstas en el diverso artículo 121 de la citada legislación, cuando se trata de ofrecer una prueba documental (videograbación), tendente a acreditar actos de tortura. Además, si bien es cierto que en los artículos 6o., apartado A, fracción I, constitucional y 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se prevé la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información, entre otras causas, por motivos de seguridad nacional, defensa nacional o, como acontece en el particular, la seguridad pública, también lo es que no es válido jurisprudencial ni legalmente que el Juez de Distrito negara la admisión de la prueba ofrecida con el propósito antes señalado, porque el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (abrogada) prevé que no puede alegarse el carácter de reservado cuando se investiguen hechos constitutivos de violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad; además, en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 121/2014, de la que derivó la tesis de jurisprudencia P./J. 26/2015 (10a.), de título y subtítulo: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA.", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que: "con el objeto de no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información considerada reservada o confidencial en el informe justificado rendido por la autoridad responsable, puede permitir el acceso a aquella que considere esencial para la defensa de las partes bajo su más estricta responsabilidad."; de ahí que ante tal situación, el juzgador se encuentra facultado para admitir pruebas, porque en términos de los artículos 1o., 6o., apartado A, fracción I y 20 de la Constitución General, debe privilegiarse el derecho de defensa del justiciable, aunado a que el Estado Mexicano debe velar por la investigación, sanción y reparación de la violación a los derechos humanos relacionados con la integridad personal, como lo es la tortura.". "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo.". Así, REQUIÉRASELE de nueva cuenta para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe a este órgano de control constitucional el listado que contenga el nombre de los peritos oficiales en materia de telecomunicaciones y electrónica, con que cuenta. Lo anterior, en la inteligencia que subsiste el apercibimiento decretado mediante proveído de nueve de octubre del presente año. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

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