Veronica Lizbeth Hernandez Lopez

Expediente 615/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 14 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
615/2019
Año
2019
Actuaciones
14
Última actuación
07/08/2019

Partes del expediente

  • Veronica Lizbeth Hernandez Lopez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 615/2019-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el nueve de julio de dos mil diecinueve; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que en dicha sentencia determinó en el primer resolutivo sobreseer y en el segundo negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, agréguese a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de julio de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio signado por JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, DE CONTROL, JUICIO ORAL Y EJECUCIÓN DE SANCIONES DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, mediante el cual, remite la constancia de notificación de la sentencia dictada el nueve de julio del año en curso, realizada a los asesores jurídicos de la víctima adscritos a la Fiscalía Especializada contra el Secuestro y Extorsión de la Fiscalía General del Estado de Morelos; en consecuencia, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Tirado Ruiz, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/2127/2019 de fecha veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de julio de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio signado por la Directora General de Investigaciones y Procesos Penales Oriente, con sede en Cuautla, Morelos, mediante el cual, remite el oficio 20926/2019 dirigido al tercero interesado AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE INTERVIENE EN LA CAUSA PENAL JCC/671/2017 DEL ÍNDICE DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CONTROL, JUICIO ORAL Y EJECUCIÓN DE SANCIONES DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE MOELOS, toda vez que tiene su residencia en el domicilio ubicado en Boulevard Cuauhnáhuac número 103, Colonia Flores Magón de Cuernavaca, Morelos; en consecuencia, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Atento a lo anterior, se ordena notificar el oficio 20926/2019 que contiene la sentencia dictada el nueve de julio del año en curso, a la autoridad tercera interesada de referencia en el domicilio señalado, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Paulo Yair García Meza, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/2127/2019 de fecha veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de julio de dos mil diecinueve. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido de la sentencia de nueve de julio de dos mil diecinueve, a los terceros interesados ASESORES JURÍDICOS DE LA VÍCTIMA ADSCRITOS A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA CONTRA EL SECUESTRO Y EXTORSIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS y el menor FREDERIK CLARK RAMÍREZ JASSO representado por su madre LILIANA JASSO HERRERA, por las razones que en la misma expone. En mérito de lo anterior, se ordena girar oficio al Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones (Tomás Mateo Morales), con sede en Cuautla, Morelos, para que por su conducto notifique a los terceros interesados ASESORES JURÍDICOS DE LA VÍCTIMA ADSCRITOS A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA CONTRA EL SECUESTRO Y EXTORSIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, la sentencia dictada el nueve de julio de dos mil diecinueve, asimismo le corra traslado con la copia de la resolución de referencia; en el entendido que deberá remitir a este Juzgado constancia de dicha notificación a las veinticuatro horas siguientes que realice la encomienda; con el apercibimiento que, de no hacerlo así, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo. Por otra parte, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese al tercero interesado menor FREDERIK CLARK RAMÍREZ JASSO representado por su madre LILIANA JASSO HERRERA, la notificación de la sentencia dictada el nueve de julio del año en curso, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe. ...Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 615/2019-IV, promovido por VERÓNICA LIZBETH HERNÁNDEZ LÓPEZ por derecho propio; y RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el seis de mayo de dos mil diecinueve, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoctavo Circuito, remitido a este Juzgado el día siete de mayo siguiente, VERÓNICA LIZBETH HERNÁNDEZ LÓPEZ, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial, con residencia en la Ciudad de Cuautla, Estado de Morelos, los que hizo consistir en: 1. El auto de Vinculación a proceso dictado en fecha 9 de abril de 2019 en contra de la hoy quejosa en la causa penal JCC/671/2017. 2. La resolución emitida en audiencia de fecha 09 de abril del 2019 por cuanto hace a la solicitud de nulidad de las denuncias de las victimas indirectas de la carpeta de investigación FE/U ECS/2/197 /2017.". SEGUNDO. Una vez subsanada la prevención formulada, mediante auto de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Por conducto del Juez responsable se emplazó al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de origen y al asesor jurídico de la víctima (fojas 32 y 34). Y en diligencia de treinta de mayo de dos mil diecinueve, se emplazó a la víctima (fojas 57). Se continuó con la substanciación del juicio iniciándose la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 1°, fracción V, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo previsto en el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, dado que se reclama un acto de naturaleza penal atribuido a una autoridad en esa materia en la jurisdicción que corresponde a este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Son ciertos los actos reclamados al Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial, con residencia en la Ciudad de Cuautla, Morelos, ya que al rendir su informe justificado aceptó los actos que se le atribuyen, consistentes en la emisión del auto de vinculación a proceso, en la causa penal JCC/029/2018 contra VERÓNICA LIZBETH HERNÁNDEZ LÓPEZ por el hecho delictivo de secuestro agravado y la resolución relativa a la nulidad de actuaciones relativas las denuncias de las víctimas indirectas. (Fojas 25 a 26) Certeza que además se corrobora con el audio y video remitido en disco versátil digital que acompañó y del cual se observan las audiencias correspondiente, a los cuales se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Tal como lo establece la Jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, Página: 703, Registro electrónico 2004362, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.". TERCERO. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En tal orden de ideas, en relación con el acto reclamado consistente en la resolución relativa a la nulidad de actuaciones relativas las denuncias de las víctimas indirectas, pronunciada por el Juez responsable en la audiencia de nueve de abril de dos mil diecinueve, se considera que no procede entrar al estudio del fondo del asunto, en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo..." Excepciones que no se actualizan en el caso concreto, pues no se está ante actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni actos que afecten la libertad personal del quejoso, y el impetrante no se ostenta como tercero extraño al juicio de origen. Por lo expuesto, tenemos que la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo tiene como origen el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En ese orden de ideas, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. La causa de improcedencia se surte en razón de que, procede el recurso de revocación, esto es, el acto que reclama el promovente tiene forma de reparación, ya que puede ser revocado o confirmado, a través del recurso de revocación previsto por los artículos 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra dicen: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Artículo 466. Trámite El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta. Lo anterior es así, ya que el promovente señala como acto reclamado la resolución relativa a la nulidad de actuaciones relativas las denuncias de las víctimas indirectas, pronunciada por el Juez responsable en la audiencia de nueve de abril de dos mil diecinueve, la cual se considera de mero trámite, dado que previamente a la emisión de dicha resolución reclamada se había resuelto la situación jurídica del quejoso, además en la interposición de la nulidad no se indicaron los efectos para los que se solicitó, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 259 del Código Nacional de Procedimientos Penales los antecedentes de la investigación recabados con anterioridad al juicio carecen de valor probatorio para fundar la sentencia definitiva, de ahí que se considere de mero trámite, pues los efectos que esta determinación produce en dicho estudio, todavía puede ser reclamado en la etapa de depuración de pruebas. En consecuencia, dado que el recurso de revocación constituye un medio de defensa respecto del cual el impetrante tiene obligación de agotar en su calidad de parte, ello en estricta observancia al principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, medio de defensa susceptible de revocar o nulificar el acto reclamado, al no haberlo hecho, el acto reclamado carece de definitividad y por ello no es procedente el juicio de amparo. Sirve de sustento a la anterior consideración la jurisprudencia VI.1o. J/85, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 51, tomo 67, Julio de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro dice: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO." De igual forma, cobra aplicación la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, dictada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Novena Época, página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del rubro siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.". Por lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer en el presente juicio respecto de la resolución de la nulidad de actuaciones relativas las denuncias de las víctimas indirectas, pronunciada por el Juez responsable en la audiencia de nueve de abril de dos mil diecinueve. CUARTO.- Al no existir causal de improcedencia hecha valer por alguna de las partes o que este Juzgado de Distrito advierta de oficio, se procede a realizar el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del auto de vinculación reclamado. Aún suplidos en su deficiencia con fundamento en el artículo 79, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, los conceptos de violación formulados, son fundados pero inoperante por una parte y en la restante infundados para otorgar el amparo y protección de la justicia federal por los motivos que se explicaran más adelante. Se advierte que el quejoso citó el artículo 1°. de la Constitución; y aunque no formula conceptos de violación respecto de dicho artículo; se hace la precisión que el principio pro persona contemplado en ese artículo, reconoció que no necesariamente implica que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de derechos alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Ahora bien, resulta pertinente destacar que en el caso, no hubo transgresión a los artículos 14, 16, 17 y 20 apartado B fracciones I y II de la Carta Magna; no obstante que en sus conceptos de violación señaló que se habían violado los derechos fundamentales contenidos en dichos numerales, razón por la cual este Juzgador procede a su análisis. En este orden de ideas, del análisis a la resolución combatida se advierte que no se contravino el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud que de las constancias de autos se constata que se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento, en efecto, de la audiencia inicial de cuatro de abril de dos mil diecinueve, se advierte: Que la formulación de imputación hecha por el Ministerio Público se realizó con las formalidades y requisitos legales que prevé el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, además de que por los mismos hechos la Fiscalía solicitó la vinculación a proceso. Se le dio oportunidad a la imputada de declarar y externó su negativa de hacerlo. Además el juez de control explicó a la imputada los momentos en los cuales podía resolverse su situación jurídica, en términos del artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El Agente del Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso después de formulada la imputación y de que el imputado tuvo oportunidad de contestar el cargo. Asimismo, el Agente del Ministerio Público solicitó vincular a proceso al imputado, por lo que le hizo saber a la imputada y a su defensa los datos de prueba que existen en su contra, en acatamiento a la jurisprudencia 120/2017 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Posterior a la reseña de los antecedentes de prueba expresados por la Agente del Ministerio Público el Juez preguntó a la imputada si su deseo era que se resolviera su situación jurídica en esa misma audiencia o en diversa dentro del plazo de setenta y dos horas o dentro del plazo ampliado de ciento cuarenta y cuatro horas, a lo cual la imputada solicitó el plazo ampliado. También se aprecia que el juez de control que presidió la audiencia de formulación de imputación es el mismo que resolvió la vinculación a proceso De igual forma, se advierte que se respetaron los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, estuvo asistida por una defensora permitiéndosele aportar datos y medios de prueba antes de que se resolviera su situación jurídica. También, debe decirse que conforme a la grabación que contiene la continuación de la audiencia inicial, en la parte que el Juez responsable emite el auto de vinculación a proceso reclamado, se aprecia que acató lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 16 de la Ley Fundamental y si bien el artículo citado prevé que el acto de molestia debe constar por escrito, no es necesario que la determinación del Juez de control en la que expresará la fundamentación y motivación de su acto en tratándose de una determinación emitida al resolver la vinculación a proceso de un imputado a que se refiere el arábigo 19 constitucional deba plasmarse por escrito, sino lo relevante es que exista un registro para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación, a fin de garantizar su derecho a una debida defensa; lo que en el particular acontece. Por tal razón, en el caso del nuevo proceso penal acusatorio y oral, puede considerarse válidamente que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia en la que se dictó el auto de mérito, pues el hecho que los actos de molestia deban constar por escrito en términos del numeral 16 en comento, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución en papel. Razón por la que se estima correcta la actuación de la responsable en el aspecto de no emitir una resolución escrita del auto combatido, sino únicamente la videograbación de la audiencia, sobre cuyo análisis versará esta resolución. Fundamenta lo anterior la Jurisprudencia de la Primera Sala de Justicia de la Nación 1ª/J.34/2017 (10ª.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, septiembre de 2017, Tomo I, Décima Época, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS).". Así, el auto de vinculación combatido se encuentra debidamente fundado y motivado, al invocarse los fundamentos de derecho que estimó aplicables al caso, particularmente los que contienen la descripción típica del hecho considerado delito por la ley atribuido al peticionario de amparo, siendo éste el delito de secuestro agravado previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, inciso a) y 10 fracción I, incisos a), b), c) y e) de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de Secuestro; refiriendo los motivos que lo condujeron a estimar idóneos los datos de prueba aportados; exponiendo además las causas, motivos o razones que tuvo en consideración para concluir que se encontraban demostrados los elementos del hecho delictivo anteriormente indicado que se atribuyó a la accionante del amparo así como la probabilidad de su responsabilidad en la comisión del mismo; advirtiendo este juzgador que existe adecuación entre los fundamentos de derecho invocados y los motivos expuestos, concluyendo que tampoco existe violación al artículo 16 de la Constitución. Ello, en atención a la jurisprudencia con registro 394216, identificada con el número 260, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en la página ciento setenta y cinco, Primera Parte, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Materia Común, Séptima Época, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.". Así también, este Juzgador estima que el Juez de control, al emitir el auto de vinculación a proceso no vulneró en perjuicio de VERÓNICA LIZBETH HERNÁNDEZ LÓPEZ, las garantías contenidas en el numeral 19 de la Ley Fundamental, al advertirse, que existen datos y medios de prueba suficientes, para establecer razonablemente que se ha cometido un hecho determinado que la ley señala como delito, y que existe la probabilidad de que el imputado participó en su comisión. En efecto, se estima que el auto de vinculación combatido, es legal, porque basó su resolución en las reglas de valoración de los datos de prueba establecidos en los artículos 356 y 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que las referencias formuladas al juzgador del contenido de los datos de prueba aún no desahogados ante la presencia de éste, y de los medios de prueba debidamente valorados como acertadamente lo estimó la responsable, se advirtieron idóneos, pertinentes y, en su conjunto, suficientes para establecer razonadamente la existencia del hecho delictuoso, así como demostrada la probable participación de la imputada, conduciendo al conocimiento que existe la probabilidad de que el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, VERÓNICA LIZBETH HERNÁNDEZ LÓPEZ, de manera probable en su calidad de coautora en la ejecución del ilícito participó en la privación de la libertad del menor víctima al hacer salir de su domicilio a A.J.H. madre del menor F.C.R.J. víctima del ilícito, para que se dirigiera al lugar donde se encontraba la imputada, en tanto que al momento de regresar a su casa A.J.H., en compañía de su menor hijo, diversos coacusados privaran de la libertad a dicho menor afecto de pedir un millón de pesos por su liberación. En este sentido, es menester precisar que el primer párrafo del artículo 19 constitucional, textualmente dispone: "Artículo 19.- Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión..". Por su parte, los diversos 313, 315 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen lo siguiente: Artículo 313. Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso. Después de que el imputado haya emitido su declaración, o manifestado su deseo de no hacerlo, el agente del Ministerio Público solicitará al Juez de control la oportunidad para discutir medidas cautelares, en su caso, y posteriormente solicitar la vinculación a proceso. Antes de escuchar al agente del Ministerio Público, el Juez de control se dirigirá al imputado y le explicará los momentos en los cuales puede resolverse la solicitud que desea plantear el Ministerio Público. El Juez de control cuestionará al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación a proceso en esa audiencia dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicita la ampliación de dicho plazo. En caso de que el imputado no se acoja al plazo constitucional ni solicite la duplicidad del mismo, el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que considera que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El Juez de control otorgará la oportunidad a la defensa para que conteste la solicitud y si considera necesario permitirá la réplica y contrarréplica. Hecho lo anterior, resolverá la situación jurídica del imputado. Si el imputado manifestó su deseo de que se resuelva sobre su vinculación a proceso dentro del plazo de setenta y dos horas o solicita la ampliación de dicho plazo, el Juez deberá señalar fecha para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso dentro de dicho plazo o su prórroga. La audiencia de vinculación a proceso deberá celebrarse, según sea el caso, dentro de las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas siguientes a que el imputado detenido fue puesto a su disposición o que el imputado compareció a la audiencia de formulación de la imputación. El Juez de control deberá informar a la autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el imputado si al resolverse su situación jurídica además se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva o si se solicita la duplicidad del plazo constitucional. Si transcurrido el plazo constitucional el Juez de control no informa a la autoridad responsable, ésta deberá llamar su atención sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, deberá poner al imputado en libertad. Artículo 315. Continuación de la audiencia inicial. La continuación de la audiencia inicial comenzará con la presentación de los datos de prueba aportados por las partes o, en su caso, con el desahogo de los medios de prueba que hubiese ofrecido y justificado el imputado o su defensor en términos del artículo 314 de este Código. Para tal efecto, se seguirán en lo conducente las reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en primer término al Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima y luego al imputado. Agotado el debate, el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso. En casos de extrema complejidad, el Juez de control podrá decretar un receso que no podrá exceder de dos horas, antes de resolver sobre la situación jurídica del imputado. Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. De la interpretación sistemática de los preceptos antes transcritos, se aprecia que para el dictado de un auto de vinculación a proceso deben converger los siguientes requisitos: a) Que se haya formulado imputación; b) Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo; y, c) Que de los antecedentes de la investigación realizada, se desprendan datos suficientes que establezcan que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. d) Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Por su parte, el delito de secuestro que se imputó a la quejosa está contemplado en los artículos 9, fracción I, inciso a) y 10 fracción I, incisos a), b), c) y e) de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de Secuestro que disponen: "Artículo 9. Al que prive de la libertad a otro se le aplicarán: I. De cuarenta a ochenta años de prisión y de mil a cuatro mil días multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de: a) Obtener, para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio."; "Artículo 10. Las penas a que se refiere el artículo 9 de la presente Ley, se agravarán: I. De cincuenta a noventa años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa, si en la privación de la libertad concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes: a) Que se realice en camino público o en lugar desprotegido o solitario; b) Que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas; c) Que se realice con violencia; (..) e) Que la víctima sea menor de dieciocho años o mayor de sesenta años de edad, o que por cualquier otra circunstancia no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo."; Ahora bien, se hace la precisión que a este Juzgado de Distrito, corresponde analizar en esta sede, la legalidad y la constitucionalidad del auto de vinculación, a la luz de los razonamientos y consideraciones esgrimidos por la autoridad jurisdiccional responsable en la audiencia respectiva por ser quien está en aptitud de apreciar si los mismos resultan idóneos, porque el ejercicio de ponderación de datos y medios de prueba corresponde llevarlo a cabo al Juez de control, al tener contacto directo con el dato o medio de prueba aportados, idóneos y pertinentes para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado, bajo el método de la libre apreciación. Lo anterior es así, ya que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que para la emisión del auto de vinculación a proceso, no se exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, sino que es suficiente con que el Juez de control encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, con independencia de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, a fin de fijar la materia de la investigación complementaria y el eventual juicio; por tanto al apreciar que mediante la oralidad, consagrada en el arábigo 20 constitucional se materializan en el procedimiento, entre otros, los principios de contradicción e inmediación, y por ello el Juez de control debe resolver de forma verbal los conflictos que le sean planteados por los intervinientes, en todo caso exponiendo el sentido de sus resoluciones de forma fundada y motivada, en cumplimiento al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que quedará registrado mediante la videograbación de la audiencia en la que se dictó el auto aludido. Ello tiene como consecuencia que en el juicio de amparo indirecto, en respeto irrestricto de los principios constitucionales que regulan al sistema acusatorio penal, habrá de analizarse en sede constitucional la determinación emitida oralmente; y privilegiando que la valoración de los datos o medios de prueba aportados corresponde llevarla a cabo al Juez de control, al ser quien tiene contacto directo con el dato o medio de prueba para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado, bajo su libre apreciación y a este Juzgador atañe analizar la legalidad y constitucionalidad de su dictado, únicamente a partir de tal apreciación, pues resulta inconcuso que de emprender el análisis sobre la pertinencia o idoneidad de aquellas, así como de admitir probanzas en el controvertido de amparo, tendría por efecto desnaturalizar y contravenir el orden constitucional reglado para la substanciación de dichos procedimientos penales acusatorios, actuación que está vedada, precisamente al ejercer funciones directas de garantes y protectores de la Norma Fundamental. Robustece lo anterior, la Tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a. CCLI/2011 (9a.), pág.270, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, Décima Época, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD, NO PUEDE CONSIDERAR DATOS NO OFRECIDOS NI DESAHOGADOS EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE.", así como la tesis del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal Del Primer Circuito, I.7°.P.83 P (10ª.), página 986, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, julio de 2017, tomo II, décima época del rubro siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL RECLAMARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EL JUEZ DE DISTRITO SÓLO DEBE CONSTATAR SU LEGALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD, SIN PONDERAR LOS DATOS DE PRUEBA QUE PERMITIERON SU DICTADO PUES, DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE CONTRADICCIÓN E INMEDIACIÓN, ELLO CORRESPONDE AL JUEZ DE CONTROL." En este orden de ideas, en el caso concreto se aprecia que el juez responsable para resolver la vinculación a proceso, correctamente establece los datos de identificación de la carpeta administrativa, precisando el nombre de la imputada, el hecho delictuoso que se le atribuye, la persona agraviada y los fundamentos legales en los que está previsto y sancionado. Después, indica los preceptos legales que le dan competencia para conocer de los hechos, destacando la razones por las cuales se actualiza respecto a materia y territorio; y señala de forma pormenorizada las bases legales que sustentan el dictado de su determinación, además de explicar a las partes el fundamento constitucional y procesal de sus derechos y garantías, así como el plazo para pronunciarse y los requisitos de fondo y forma de dicha determinación. Enseguida, hace una relación de los antecedentes de la investigación, en concreto la fecha de formulación de imputación, en tanto que en el desarrollo de la audiencia respectiva, hizo referencia a que los dos primeros requisitos para dictar el auto de vinculación, se encontraban colmados, ya que en la audiencia de cuatro de abril de dos mil diecinueve, el Agente del Ministerio Público de la Federación formuló la imputación, por los mismos hechos delictivos por los que se le dicta auto de vinculación y en la misma audiencia se le preguntó al imputado si deseaba rendir su declaración, a lo que se abstuvo, solicitando además la prórroga del plazo constitucional. Posteriormente, determinó que el artículo 9 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que "al que prive de la libertad a otro se le aplicarán conforme la fracción I del precepto primero citado de cuarenta a ochenta años de prisión y de mil a cuatro mil días multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de a) obtener, para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio; en tanto que el artículo 10 señala que "las penas a que se refiere el artículo 9 de la presente Ley, se agravarán: I. De cincuenta a noventa años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa, si en la privación de la libertad concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes: a) Que se realice en camino público o en lugar desprotegido o solitario; b) Que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas; c) Que se realice con violencia; e) Que la víctima sea menor de dieciocho años o mayor de sesenta años de edad, o que por cualquier otra circunstancia no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo; Así, estableció que los elementos del tipo penal que integran el delito de secuestro en el caso, se encuentra integrado por los siguientes elementos: La privación de la libertad del sujeto pasivo por el sujeto activo. Que el activo tenga el ánimo de obtener un rescate o cualquier otro beneficio para sí o para un tercero. (minuto 56:37) Y que las agravantes son las siguientes: a) Que se realice en camino público b) Que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas; c) Que se realice con violencia; e) Que la víctima sea menor de dieciocho años o mayor de sesenta años de edad, o que por cualquier otra circunstancia no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo; (minuto 53:37 al 57:34) Después, el Juez estableció que procedería a examinar si los datos de prueba que proporcionó el Agente del Ministerio Público los que estimó eran suficientes para acreditar la existencia del ilícito (sic); así estableció que los datos de prueba aportados por el Agente del Ministerio Público son los siguientes: 1.- Denuncia de la madre del menor víctima de L.J.H de uno de septiembre de dos mil diecisiete. 2.- Ampliación de denuncia de la madre del menor víctima de L.J.H de uno de septiembre de dos mil diecisiete. 3.-Comparencicia de la madre del menor víctima de L.J.H de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, en la que exhibe el acta de naciomiento. 4.- Testimonio del padre o padrastro de la víctima L.F.C.I. de uno de septiembre de dos mil diecisiete. 5.- Ampliación de L.F.C.I. de tres de septiembre de dos mil diecisiete. 6.- Testimonio del menor víctima F.C.R.J. de siete de septiembre de dos mil diecisiete. 7.-Informe de la Policía de Investigación Criminal de dos de septiembre de dos mil diecisiete, a cargo de Bianca Adriana. 8.- Testimonio de Antonio Arellano Bucio de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete. 9.- Testimonio de Gabriela López Arenasas (sin fecha). 10.- Oficio de Plataforma México de uno de septiembre de dos mil diecisiete, quien proporcionó datos acerca de una licencia y un domicilio en la Ciudad de México. 11.- Oficio de Plataforma México de dos de septiembre de dos mil diecisiete, a través del cual se proporcionó datos de un vehículo y su propietario. 12.- Informe de la Policía de Investigación Criminal a nombre de Emilia Morales Diego de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete el cual hace referencia a una red telefónica geo referenciada. 13.- Informe de puesta a disposición de tres de septiembre de dos mil diecisiete en el que se hace referencia a la detención de tres personas por el delito de secuestro del menor víctima. 14.-Informe de la Policía de Investigación Criminal a cargo de Héctor Germán García Báez con relación a la existencia de un inmueble y un vehículo. 15.-Informe generado por la Directora de Comunicación y Cómputo de dos de septiembre de dos mil diecisiete. 16.- Informe de la Policía de Investigación Criminal a cargo de Emilia Morales Diego de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, respecto de la red telefónica de los teléfonos asegurados. 17.-Informe pericial en materia de informática a cargo de David Palma Moreno de fecha once de septiembre de dos mil diecisiete. 18.-Técnica de investigación número 446/2017-2 autorizada por el Juez Segundo de Control adscrito al Centro Nacional de Justicia Especializada en Control de Técnicas, Arraigos e Intervención de Comunicaciones de tres de septiembre de dos mil diecisiete. 19.- Resolución de cinco de septiembre de dos mil diecinueve por el Juez Sexto de Control adscrito al mismo Centro Nacional en el que autoriza la intervención de comunicaciones según técnica 459/2017. 20.-Informe de tres de septiembre de dos mil diecisiete, realizado por el médico legista Pedro Alberto Vázquez Vallejo quien clasificó las lesiones del menor F.C.R.J.. 21.-Informe pericial en materia de criminalística de campo de uno de septiembre de dos mil diecisiete realizado por Joe Ponce Mendoza, en el lugar de los hechos. 22.- Informe pericial en materia de criminalística de campo de tres de septiembre de dos mil diecisiete relativo al rastreo dactiloscópico y búsqueda de elementos pilosos en el vehículo asegurado. 23.- Informe de tres de septiembre de dos mil diecisiete en materia de psicología realizado por Maya Ávila Cabrera realizado a la menor víctima 24.- Informe en materia de psicología de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, realizado por Maya Ávila Cabrera realizado a la menor víctima. 25.- Informe de tres de septiembre de dos mil diecisiete, realizado por el perito Concepción Aguirre Antúnez en materia de fotografía de las lesiones del menor. (Minuto 57:48 a 1:06:40) En seguida procedió a la valoración de cada uno de los datos de prueba aportados por la fiscalía al tenor de los artículos 326, 356 y 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como de los principios de la lógica y máximas de la experiencia, la sana crítica y los conocimientos científicos que posee como Juzgador, estableciendo las razones por las que les otorgó valor probatorio y el hecho que dada uno de ellos demostró (Minuto 1:06:40 a 1:27:00). A continuación el Juez responsable estableció que se encontraba acreditado el primero de los elementos del ilícito relativo a la privación de la libertad del sujeto pasivo a través de los siguientes datos de prueba: La referencia a la entrevista de la madre del menor quien relató que el día treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, aproximadamente a las veintidós horas, se encontraba en su domicilio en la colonia Iztaccíhuatl, que recibió un mensaje de "WhatsApp", el cual provenía del número telefónico 5581544220, que se trataba de Verónica Lizbeth Hernández López, que dicho mensaje lo recibió a su número telefónico 735 1124186, que le indicó que acudiera a la casa de Verónica porque su esposo quería platicar con ella para ponerse de acuerdo con relación a unos animales, como ya era noche la víctima indirecta le dijo que no podía ir; sin embargo, le siguió insistiendo para que acudiera, por un lado, porque tenía un regalo para su hijo y aún y cuando le decía que ya era noche que no podía ir, la imputada nuevamente le insistió diciéndole que ya no podía quedarse más porque al día siguiente se iría la ciudad de México, circunstancias que consideró el Juez responsable, que trajeron como consecuencia que la víctima indirecta acudiera al domicilio a donde se encontraba Verónica Lizbeth Hernández López, en la calle Bugambilias de la colonia Iztaccíhuatl de Cuautla, Morelos. Que a ese lugar llegó a las veintidós horas con quince minutos después de que estuvo dialogando con la misma y de que Verónica por teléfono le comunicó a su esposo José Iván con quien dialogó la víctima indirecta en relación a la venta de unos cachorros para el patrón de José Iván, lo que refirió la responsable coincide con lo que manifestaron los señores Antonio Arellano Bucio y Gabriela López Arenasas padrastro y madre de la imputada, quienes estuvieron presentes en la misma casa; una vez que concluyó el diálogo y la imputada entregó el regalo al menor víctima que era una playera, la madre del menor salió de esa casa y siendo las veintidós horas con treinta minutos, cuando caminaba por la calle Tabachines esquina con la carretera México-Oaxaca de la colonia Iztaccíhuatl se dio cuenta que estaba estacionada una camioneta "Ben", y dos personas, las cuales describió, que el primero de los sujetos se acercó a ella para preguntarle por un "talachero" después de ello le roció el rostro con un gas con lo cual la dejó sin posibilidad de generar cualquier defensa y el segundo sujeto tomó a su menor hijo para enseguida subirlo al vehículo y el primero de los sujetos le indicó que querían un millón de pesos; por tanto, señaló el Juez responsable que a partir de ese momento comenzó a consumarse el delito, para evitar que el menor se resistiera o gritara le pusieron lo correspondiente (sic) que fue lo que le generó las lesiones en la cara. Asimismo, el Juez tomó en consideración que el menor en su entrevista refirió que cuando despertó estaba en una casa, señaló la forma en que lo trataron lo que le dieron de comer, que se vio al espejo y se vio quemado de la cara, relató todo lo que sucedió en su cautiverio; por tanto, señaló el Juez responsable, a partir de las veintidós horas con treinta minutos del treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, fue cuando empezó a privarlo de la libertad y fue liberado el dos de setiembre de dos mil diecisiete, a las veintitrés horas con quince minutos, es decir, estuvo privado de la libertad un poco más de cuarenta y ocho horas. También estableció el Juez responsable que en el caso se trata de un delito de consumación permanente conforme al artículo 16 fracción II del Código Penal del Estado porque su consumación se prolonga en el tiempo. De la misma manera, señaló el Juez responsable que lo anterior se confirmó con el dicho del padrastro del menor L.F.C.J. quien estuvo recibiendo diversas llamadas telefónicas de los secuestradores siempre del teléfono 7352006032 que le indicaron que ellos tenían algo que él quería pero que también él tenía algo que ellos querían, es decir se referían al menor víctima. Lo anterior estableció el Juez responsable se confirma con el informe de puesta a disposición de tres de setiembre de dos mil diecisiete, a través del cual pusieron a disposición a tres sujetos relacionados con el ilícito a quienes detuvieron de manera flagrante cuando estaban sacando el menor del lugar en el que lo tuvieron en cautiverio, lo que sucedió el dos de setiembre de dos mil diecisiete, en la delegación Iztapalapa de la ciudad de México. Asimismo, añadió el Juez que el propio menor víctima refirió lo que pasó en ese lapso de tiempo en que lo tuvieron privado de su libertad. Con dichos datos de prueba el juez responsable tuvo por acreditado el primero de los elementos del ilícito. En cuanto al segundo de los elementos consistente en que esa privación sea con el propósito de obtener un rescate o un beneficio para sí o para otros; en el caso, señaló el Juez responsable se trata de un rescate que de acuerdo a lo que señaló la víctima indirecta L.J.H. desde el primer momento el sujeto que le arrojó gas en la cara le refirió que iban querer un millón de pesos lo cual implica la intencionalidad de obtener lo que estaba pretendiendo a cambio de la liberación del menor. Asimismo el propio padrastro de la imputada, Antonio Arellano Bucio, hizo referencia que el día uno de setiembre de dos mil diecisiete, fue quien recibió la primera llamada diciéndole que le comunicará al padre del menor víctima que querían un millón de pesos y por ello dio aviso a su compadre, padrastro del menor víctima, incluso le llevó el aparato celular para que se comunicarán con él. De igual forma, el padrastro de la víctima relató las llamadas de los secuestradores y las que le exigieron que reuniera la cantidad de un millón de pesos, que después de las negociaciones se concluyó en que se entregaría la cantidad de ochenta mil pesos. También de acuerdo al informe de la policía de investigación criminal Bianca Adriana se fotografió el dinero. Además el padrastro de la víctima relató que siguió las instrucciones para entregar el dinero en Chalco, Estado de México, el día dos de setiembre de dos mil diecisiete, en la noche y cuando se encontraba en el centro de Chalco le fue informado que su hijo había sido liberado. Asimismo de las intervenciones telefónicas autorizadas se estableció que el número de que provenían las comunicaciones del rescate es 7352006032. Con los datos de prueba reseñados el Juez responsable tuvo por acreditado el segundo elemento del delito. En cuanto a la primera agravante relativa a que el hecho se realizó en camino público el Juez la tuvo por acreditada con el dicho de la víctima indirecta L.J.H. quien refirió que la privación de la libertad ocurrió en la calle Tabachines esquina con la carretera México-Oaxaca colonia Iztaccíhuatl, de Cuautla Morelos y el perito Joe López Mendoza describió que se trata de un lugar público de una arteria vehicular, es decir, un camino público, lo que se confirma con el dicho de Antonio Arellano Bucio y de Gabriela López Arenasas quienes señalaron que la víctima indirecta salió de su casa hacia la calle. Asimismo, en relación a la segunda de las agravantes relativa a que se lleve a cabo por un grupo de dos o más personas la víctima L.J.H. refirió que intervinieron dos sujetos y el menor víctima indicó que se lo llevaron tres hombres. En relación a la tercera agravante relativa a que se realice con violencia se acreditó con el dicho de la madre de la víctima y del menor en el sentido de que le lanzaron algo blanco (gas pimienta) a la cara de la madre de la víctima lo que implica el uso de violencia física, ya que la alteró su salud. También al menor le colocaron una substancia en la cara para dormirlo lo que le causó lesiones en la cara que fueron valoradas por el médico legista. En cuanto a la cuarta agravante, relativa a que la víctima sea menor de dieciocho años se acreditó con el dicho de la víctima indirecta L.J.H., del menor víctima y con el acta de nacimiento que acreditó que en el momento del hecho tenía ocho años. Por las razones referidas el Juez consideró acreditado el hecho delictivo de secuestro agravado. En cuanto a la probabilidad de que Verónica Lizbeth Hernández López, hubiese intervenido en su calidad de coautor material en la comisión del hecho delictivo de secuestro agravado el juez responsable analizó los argumentos de la defensa quien señaló que se habló del mensaje que le imputada envió al teléfono de la madre de la víctima el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, y que no existe el aparato celular y que el mismo no fue analizado, en relación a dicho argumento el juez responsable señaló que le asiste la razón a la defensa porque no hay ningún dato de prueba que pueda indicar la existencia del aparato celular y por ello no se describe la existencia de ese mensaje; sin embargo, el aparato celular que llevaba en el momento del hecho le fue arrebatado, por lo tanto, es de entenderse que no exista o se pueda obtener información de ese aparato celular y, por lo tanto, la fiscalía podría ampliar la investigación con las compañías telefónicas ya que contaba con los números de los teléfonos; sin embargo, señaló el juez responsable, que se quedó con el dicho de la víctima indirecta; sin embargo, consideró que existieron los mensajes porque de no existir, la víctima no hubiese acudido al domicilio donde se encontraba Verónica Lizbeth Hernández López. Además los testigos Antonio Arellano Bucio y Gabriela López Arenasas ubicaron a las víctimas en el domicilio, lo que confirmó lo que dijo la víctima y para este momento procesal es creíble lo que dijo la víctima. También está acreditado que la imputada no vivía en el domicilio al que acudió la víctima con el dicho de Antonio Arellano Bucio y Gabriela López Arenasas sino vivía en un departamento propiedad de Antonio Arellano Bucio en la ciudad de México, esto es andador Santos Degollado, edificio once, departamento quinientos uno, en el cuarto nivel, Unidad Habitacional Guelatao Benito Juárez Dos Delegación Iztapalapa en la ciudad de México. En cuanto al argumento de la defensa en el sentido de que la imputada no tuvo ninguna intervención en el hecho delictivo, el juez señaló que para que se llevara a cabo el delito se requiere de varias acciones no es solo una sola como lo argumentó la defensa, sino son diversas intervenciones las que se requieren ya de acuerdo al experiencia a los conocimientos que posee el juzgador sobre ese tipo de delitos no podría ser secuestrada una persona si no se le conoce, ya que sería ilógico que se secuestrara a alguna persona al azar ya que el sujeto activo siempre elige a su víctima, máxime que en este tipo de delitos el objetivo es obtener un rescate, por ello debe conocer a la víctima. Asimismo señaló el Juez responsable que para el ejecución del hecho delictuoso era necesario sacar a la madre con el menor de su domicilio en ese aspecto es donde considera que participa la imputada. La madre de la víctima pudo salir sola, sin embargo, la imputada indicó que tenía un regalo para su hijo lo que fue un aliciente para que lo llevara, pues pudo ser al contrario, es decir que la imputada se trasladara al domicilio de las víctimas puesto que entre ambos domicilios existe una distancia aproximada de cien metros. Por lo que consideró el Juez responsable que es relevante que la madre de la víctima dijo que no podía salir porque ya era tarde, esto después del primer mensaje en el que de manera textual le dijeron "puedes venir a la casa de mi mamá porque mi esposo quiere hablar contigo sobre las aves" y en otro le dijo "también quiero darle un regalo a tu hijo" y Verónica Lizbeth Hernández López, insiste en que acudiera y luego le dijo que "el día de mañana me regreso la ciudad de México"; sin embargo, señaló el Juez responsable, hubiese sido tan fácil que le hubiera proporcionado a la madre de la víctima el número de su marido para que se comunicaran. Por ello consideró la autoridad responsable que se evidencia la probabilidad de la intervención de la imputada en cuanto a apoyar al resto de los sujetos activos para sacar de su casa a las víctimas para que el resto pudiera hacerlo correspondiente. Señaló el juez responsable que "pudiera considerarse mera coincidencia"; sin embargo, el esposo de la imputada es José Iván Hernández Sánchez, la mamá y el padrastro de la imputada refirieron que había llegado un día antes porque José Iván realizaría un trabajo fuera de la ciudad de México y por ello la imputada llegó a la ciudad de Cuautla, por tanto, resalta el juez responsable que apenas había llegado el día treinta, luego indicó que se regresaría al día siguiente lo cual incrementa la probabilidad de su participación. De acuerdo al informe de puesta a disposición por elementos de la Policía de Investigación Criminal de tres de setiembre de dos mil diecisiete, en el que se indicó cómo se liberó a la menor víctima y la detención de los tres sujetos, ello ocurrió cuando salieron del domicilio ubicado en andador Santos Degollado, edificio once, departamento quinientos uno, en el cuarto nivel, Unidad Habitacional Guelatao Benito Juárez Dos Delegación Iztapalapa en la ciudad de México. Además el vehículo Honda Odyssey color gris pertenece a José Iván Hernández Sánchez. Consecuentemente, señaló el Juez responsable, el domicilio donde mantuvieron cautivo a la víctima es propiedad de Antonio Arellano Bucio padrastro de la imputada lo que incrementa la probabilidad de su intervención en la comisión de ese hecho delictivo. Asimismo señaló el Juez responsable que no es necesario que todos los activos priven de la libertad a la víctima para que exista coautoría, si no es menester que exista reparto de actividades en atención a que es un delito que se consuma de manera permanente; por lo que expuso que le asistiría la razón a la defensa si el delito se consumará de manera instantánea. Si bien las víctimas indirecta y directa hacen referencia a dos y tres hombres, sin embargo este delito debe prepararse y ejecutarse en el tiempo por lo que estimó el Juez responsable que la intervención de la imputada fue momentos antes de que se privara de la libertad al menor y consistió en insistir a efecto de que la madre y el menor salieran de su casa y fueran al domicilio donde se encontraba dicha imputada y saliendo de éste privaran de la libertad al menor. Asimismo señaló el Juez responsable que el hecho de que la imputada pidió las llaves a su padrastro o si el padrastro le ofreció el Departamento de la ciudad de México es irrelevante porque lo relevante es que la imputada y su marido José Iván Hernández son los que estaban en posesión de ese inmueble y por lo tanto los únicos que podían disponer del mismo y por ello debe entenderse que los únicos que podían acceder a ese inmueble eran precisamente la imputada y su marido José Iván Hernández Sánchez. Además, indicó el Juez, de acuerdo al informe sobre las comunicaciones de los teléfonos de la imputada y de José Iván Hernández, que hizo Emilia Morales Diego, Policía de Investigación Criminal, el teléfono de la imputada siendo 5581544220 y el de José Iván el 5569846136, ambos números telefónicos el día treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, es decir, el día de los hechos, estuvieron cercanos ya que fue la misma antena la que captó la señal de ambos aparatos y una antena celular mínimamente son seiscientos metros a la redonda que puede captar la señal de los aparatos celulares y por ello estaban en el mismo radio de acción. Además señaló el juez responsable que el vehículo en el que privaron de la libertad al menor es la Odyssey que pertenece a José Iván Hernández Sánchez esposo de la imputada. También indicó la autoridad responsable que quedó sustentado el hecho de que la comunicación se generó antes del hecho y luego continuaron en comunicación ambas personas hasta las veintitrés horas con cinco minutos, además la antena que captó los teléfonos estaba en la misma colonia. De igual manera de acuerdo a la información que se recibió de comunicaciones se advierte que el vehículo en que se privó de la libertad al menor después de que salió de la ciudad de Cuautla pasó por el arco lector en la carretera federal hacia la ciudad de México a la altura del poblado de Coajomulco a las once horas con un minuto lo que señala el trayecto del vehículo. También tomó en consideración el testimonio de Gabriela López Arenasas en cuanto a que manifestó que ese mismo día llegó Iván le dejó dinero a Verónica y le pidió las llaves del departamento, en consecuencia si ese mismo día Iván se estaba yendo a otro lugar no sería creíble que al día siguiente se regresará Verónica Lizbeth Hernández López. También señaló la autoridad responsable que el teléfono con el que se realizaron las llamadas del secuestro tuvo comunicación con el teléfono de la imputada el día dos de setiembre de dos mil diecisiete a las siete cincuenta de la noche y la tenía registrada como "cortana" Consideraciones con las que tuvo por acreditada la probabilidad en la intervención del ahora quejosa VERÓNICA LIZBETH HERNÁNDEZ LÓPEZ, en la comisión del delito de secuestro agravado. Agregando que no existió en el caso alguna excluyente de incriminación o causa de extinción de la acción penal que le pueda favorecer a la imputada. Razón por lo cual, al tenor de los artículos 20 fracción I, 313, 315, 316, 326, 356 y 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como 16, 19 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dictó auto de vinculación a proceso, en contra de la ahora quejosa VERÓNICA LIZBETH HERNÁNDEZ LÓPEZ, por su probable intervención en la comisión del hecho delictivo de secuestro agravado, previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, inciso a) y 10, fracción I, incisos a), b), c) y e) de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que no le asiste razón al quejoso para afirmar que la responsable violó los derechos fundamentales dispuestos en los artículos 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución federal, porque emitió el acto reclamado de conformidad con los preceptos recién citados, de forma fundada, motivada, respetando las formalidades esenciales del procedimiento, dictando el auto de vinculación con el rigor establecido para la etapa procesal y respetando los principios del sistema acusatorio y oral, así como los derechos del imputado. Contrario a ello, ha quedado evidenciado que la resolución reclamada no solo está fundada y motivada, sino que además se considera acertada en atención a que, efectivamente, hasta ese estadio procesal, los datos de prueba, resultan idóneos y pertinentes para evidenciar que se cometió un hecho que la ley señala como delito, y que existe la posibilidad de que el imputado intervino en su comisión. Sirve de apoyo a las consideraciones anteriores, la interpretación al artículo 19 de la Constitución, efectuada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 35/2017, derivada de la resolución de contradicción de tesis 87/2016, publicada en la página 360, del Tomo I, Libro 45, Agosto de 2017, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.". En ese orden ideas, como se precisó al inicio de esta considerando los conceptos de violación resultan fundado pero inoperante e infundados por las siguientes consideraciones jurídicas: En el primer concepto de violación argumentó que en la audiencia de vinculación a proceso arguyó que en la carpeta de investigación no existía un solo dato de prueba que pudiera acreditar o que se refiriera al menos a la existencia de la línea telefónica 7351124186 aparentemente propiedad de la víctima indirecta, madre de la víctima directa, es decir, con dicho argumento la defensa hizo valer ante el juzgador que la representación social no contaba con ningún dato en la carpeta de investigación que diera la certeza de que al menos ese número telefónico existe o existió; sin embargo sostiene la quejosa el Juez responsable al resolver se refirió a la falta del aparato celular, lo cual es violatorio de sus derechos humanos porque la defensa siempre se refirió al número telefónico y jamás al aparato en si, pues jamás hizo ningún argumento respecto al aparato telefónico. En fundado pero inoperante dicho concepto de violación. Es fundado porque se advierte que los argumentos que la defensora enderezó fue en relación a la existencia de la línea telefónica no así en relación al aparato telefónico; sin embargo, es inoperante dado que, la participación de la imputada en la comisión del hecho delictuoso no deriva de la existencia de la línea telefónica de la víctima, sino de que fue quien realizó las gestiones necesarias para que la madre de la víctima en compañía del menor salieran de su casa y se dirigieran al domicilio donde se encontraba la imputada, para que la madre hablara con el esposo de la imputada y la quejosa le diera un regalo al menor; hechos que están confirmados con las declaraciones de la madre y padrastro de la imputada Gabriela López Arenasas y Gustavo Arellano Bucio, quienes refirieron que la madre de la víctima y el menor, el día de los hechos llegaron a su casa y que la imputada comunicó a la víctima indirecta con José Ivan y que después le dio al menor un regalo, lo cual confirma la declaración de la madre del menor víctima y por ende la existencia de los mensajes de "WhatsApp" a que hizo referencia, de ahí que el hecho de que el Juez responsable no se hubiese ocupado del argumento planteado por la quejosa, resulte inoperante dado que no sería suficiente para destruir el demás caudal probatorio que señaló el Juez responsable para tener por acreditada su participación como coautora del hecho delictivo ya que ésta queda incomlumne y por sí mismo, sería suficiente para acreditar su probable intervención en los hechos delictuosos. Apoya a la anterior conclusión por identidad de razones jurídicas la jurisprudencia IV.3o.A. J/4, de la Novena Época, con número de registro 178786, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, materia Común, página 1138 del rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA. Resultan inoperantes los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo directo que no controvierten todas las consideraciones y fundamentos torales del fallo reclamado, cuando, por sí solos, pueden sustentar el sentido de aquél, por lo que al no haberse controvertido y, por ende, no demostrarse su ilegalidad, éstos continúan rigiendo el sentido de la resolución combatida en el juicio constitucional. De ahí que los conceptos de violación resulten inoperantes por insuficientes, pues aun de resultar fundados no podrían conducir a conceder la protección constitucional solicitada." En el segundo concepto de violación argumentó que en la audiencia de vinculación a proceso expresó que no había lugar a la vinculación ya que en la formulación de imputación el Agente del Ministerio Público señaló el grado de participación de la quejosa como coautor material ya que realizó el hecho por si misma o en codominio funcional del hecho fundando su argumento en el artículo 18 del Código Penal, lo cual es una ambigüedad pues el representante social vierte dos supuestos totalmente distintos por una parte, al argumentar que la quejosa lo realizo por si misma o en un codominio funcional del hecho. Que no es facultad del juzgador optar por una u otra para la vinculación a proceso, además el artículo 18 del Código Penal del Estado de Morelos, mismo que establece siete tópicos diferentes entre autoría y participación; máxime que durante el desarrollo de la resolución le solicitó al Juez se pronunciara con respecto a las argumentaciones vertidas a lo que textualmente el juez responde que ya se hizo cargo de dichas argumentaciones y que ya se pronunció con respecto al codominio funcional del hecho ante tal pronunciamiento refiere la quejosa resulta a todas luces evidente que de manera totalmente parcial y excediendo las facultades de su envestidura de manera arbitraria decide subsanar la deficiencia del ministerio público, y vincular a proceso por una participación que de manera unilateral y violatoria de las garantías de la hoy quejosa él decide. Es infundado el sintetizado concepto de violación en virtud de que se advierte que durante el debate el Agente del Ministerio Público precisó que el fundamento de la participación de la quejosa en el hecho delictuoso encontraba en el artículo 18, fracción I, del Código Penal del Estado de Morelos, y por otra parte, no es exacto que el Juez hubiese actuado parcialmente subsanando las deficiencias del ministerio público, dado que el Agente del Ministerio Público, al solicitar la vinculación a proceso también indicó que la participación era como coautora en la ejecución del hecho delictuoso, lo cual retomó el Juez responsable; siendo el caso que si bien, el Ministerio Público al solicitar la vinculación a proceso lo hace sin mencionar la fracción I del artículo 18 del Código Penal del Estado; también resulta verídico que si fue claro en referir la participación de la aquí quejosa como coautora. De ahí que resulte acertado y no violatorio de las prerrogativas, que el Juez responsable en uso de sus facultades señaló la hipótesis normativa aplicable al caso, que en la especie es en términos del artículo 18 fracción I, del Código punitivo en mención, como coautora material, sin corregir la pretensión ministerial al no variar los hechos. En el tercer concepto de violación se argumenta que el Agente del Ministerio Público y el asesor de la víctima señalaron en la audiencia de formulación de imputación y de vinculación a proceso que la quejosa, es quien pide las llaves del inmueble en donde aparentemente se encontraba el menor victima a lo que la defensa argumentó que de la declaración de Gustavo Arrellanos Bucio se advierte que él ofreció dichas llaves para que pudieran darle baños de sol a su menor hijo, y que en ninguna declaración existe la supuesta petición de la quejosa para obtener las llaves del inmueble; en relación a lo anterior el juzgador estimó que a su criterio se trataba de un hecho totalmente irrelevante lo cual considera la parte quejosa resulta inverosímil toda vez que es parte de la formulación de imputación más aun en atención al principio de contradicción ya que la defensa solicitó en repetidas ocasiones la solicitud al Agente del Ministerio Público así como al Asesor Jurídico para que indicaran en que parte de la declaraciones de los atestes se encuentra vertida dicha información. Deviene infundado, dado que el Juez responsable no solamente refirió que era irrelevante el argumento de la defensa sino que señaló que el hecho de que si la imputada pidió las llaves a su padrastro o si el padrastro le ofreció el Departamento de la ciudad de México era irrelevante para efecto de vincularlo a proceso, porque lo significativo fue que la imputada y su marido José Iván Hernández sí estaban en posesión de ese inmueble y por lo tanto los que podían disponer y acceder al mismo; por tanto, se advierte que el Juez responsable proporcionó las razones por las que consideró irrelevante el dato a que se refiere la defensa y tales argumentos no son controvertidas en esta instancia constitucional. En el cuarto concepto de violación se arguye que el juez vulnero el principio de presunción de inocencia ya que refirió "que simple y sencillamente si el mensaje y la línea telefónica no hubieran existido la víctima no hubiese salido de su casa", ya que el juzgador decide de manera subjetiva y parcial dar por hecha una proposición fáctica del Agente del Ministerio Público de un hecho que además no existe un dato de investigación tendiente a corroborar; es decir el juzgador da por hecho que la imputada envió ese mensaje y que la línea telefónica de la víctima así como el mensaje de whatsapp existieron. Son infundados los sintetizados argumentos dado que el Juez responsable no vulneró el principio de presunción de inocencia, pues en su resolución solo emitió una conclusión derivado de los datos de prueba que valoró y relacionó, estableciendo una conclusión, pues estimar lo contrario llevaría al extremo de que por el hecho de tener por acreditado el hecho delictuoso o la participación del imputado sin la existencia de una prueba material y objetiva, el Juez estaría actuando de manera parcial violentando el principio de presunción de inocencia, pues dicho principio en materia procesal penal impone la obligación de arrojar la carga de la prueba al acusador, es un derecho fundamental que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza en general, cuyo alcance trasciende la órbita del debido proceso, lo cual no se ha vulnerado en perjuicio de la aquí quejosa. Ello es así, pues como se observa de la resolución emitida oralmente, el Juez responsable con fundamento en los artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, dictó auto de vinculación a proceso de la adminiculación y concatenación de los datos de prueba y pruebas aportadas en la audiencia de que se trata, a partir de los cuales llegó al convencimiento de que éstas acreditaban la existencia de un hecho catalogado como delito y que aportaba datos que corroboraban la probabilidad de que la imputada participó en su comisión; valoración probatoria que como indicó resultó apegada a derecho y se estima que no transgrede garantía alguna. Por tanto al observar que la responsable contó con elementos suficientes, con el rigor probatorio requerido en el estado procesal del expediente de origen para resolver vincular a proceso a la quejosa, se aprecia que dicha actuación no trasgrede el principio de presunción de inocencia invocado. En este orden de ideas, dado lo fundado pero inoperante e infundado de los conceptos de violación planteados y al no advertirse queja deficiente que suplir, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO respecto de la resolución relativa a la nulidad de actuaciones relativas las denuncias de las víctimas indirectas, reclamada al Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a VERÓNICA LIZBETH HERNÁNDEZ LÓPEZ, contra el auto de vinculación a proceso reclamado al Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial, por las razones expuestas en el último considerando. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Sergio Arturo Godínez Vega Gómez, que autoriza y da fe hasta hoy nueve de julio de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron

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