Verónica Leticia Mendoza Cancino
Expediente 112/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 18 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 112/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 29/11/2021
Partes del expediente
- Verónica Leticia Mendoza Cancino
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Incidental
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vista; la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que para hoy está señalada la audiencia incidental y a la fecha no obra el informe previo requerido a la autoridad responsable, ni constancia de la notificación del oficios por medios del cual se les requirió en auto de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Al efecto, se acuerda: En atención a que la audiencia incidental se rige por los principios de indivisibilidad, continuidad y celeridad procesal, ante la referida causa no imputable a la autoridad responsable; con apoyo en el artículo 141 y los diversos numerales 138 a 140 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia incidental fijada para hoy, procediéndose a fijar en su lugar, las once horas con treinta y tres minutos del OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 137/2017 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2015318 de la Segunda Sala del más alto tribunal, de rubro: "AUDIENCIA EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU DIFERIMIENTO TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES LOCALES O FORÁNEAS." Sin necesidad de notificar a través de oficio este acuerdo a las autoridades responsables, toda vez que aún no ha sido emplazada aquélla señalada con motivo de la ampliación a la demanda; por tanto, se ordena notificarlas por medio de lista. Sirve de apoyo, la jurisprudencia del rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Víctor Hugo Albores Hernández, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Visto; el oficio signado por la secretaria del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, por medio del cual, en atención a lo solicitado mediante oficio 22207, librado en auto de once de noviembre de dos mil veintiuno, remite copia certificada del cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo número 52/2021, de su índice, toda vez que los autos originales fueron remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por la autorizada de la parte quejosa. Al efecto se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, glósense a los autos el oficio y anexo de cuenta. Se tiene al juzgado oficiante remitiendo las copias del citado juicio de amparo solicitadas por este juzgado. Ahora, del análisis de las constancias remitidas por el Juez Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, atendiendo a los artículos 45, fracción II, 46, fracciones II, y IV, penúltimo y último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince,1 reformado y adicionado por el diverso publicado en el mismo órgano oficial de difusión el catorce de marzo de dos mil dieciséis, conforme al cual, los asuntos se turnarán mediante el sistema computarizado de forma relacionada, cuando al capturar los datos de registro del asunto, el sistema computarizado arroje un antecedente que lo vincule con otro registrado anteriormente y se turnará al mismo órgano jurisdiccional que conoce o conoció de aquél; o cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime es a otro al cual corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos al juzgado que considere debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido, éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo. Lo anterior, con base en ser criterio general de relación, para el turno de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos de un expediente jurisdiccional, el hecho de que determinado órgano jurisdiccional haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de ese asunto; por lo cual, desde luego, debe asignársele. Para precisar lo expuesto, en el caso particular, es importante destacar que el juicio de amparo 52/2021, radicado en el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, con fecha veintiséis de enero de dos mil veintiuno, se reclamó el acta de audiencia de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, celebrada por la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dentro del procedimiento administrativo número SSPyTM/CSPSHJ/PA/061/2020, así como todo lo actuado en el mismo, y su ejecución. En esa tesitura, seguido el juicio de amparo en sus etapas correspondientes, el Juzgado Primero de Distrito en mención, resolvió negar el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno la protección de la Justicia Federal a la quejosa, como se aprecia de las constancias anexas; inconforme contra la misma, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, motivo por el cual dicho juicio de amparo fue remitido al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad. Por otra parte, de las constancias del presente juicio de amparo, se evidencia que la quejosa Verónica Leticia Mendoza Cancino, instauró demanda de amparo indirecto el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno en el que reclamó la orden de baja como elemento de Seguridad Pública Municipal por faltas de asistencias dentro del procedimiento administrativo número SSPyTM/CSPSHJ/PA/061/2020; la cual con fecha veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite. Seguido el juicio el treinta de abril de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional resolvió sobreseer el presente juicio de amparo; inconforme la quejosa con lo anterior, promovió recurso de revisión, del cual el Tribunal de Circuito, ordenó reponer el procedimiento. En cumplimiento al fallo emitido por la Superioridad este Juzgado de Distrito, repuso el procedimiento en este sumario, a partir del auto de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, a efecto de notificar personalmente a la parte quejosa y prevenirle conforme a lo previsto en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, si es su deseo ampliar o no su demanda y señalar como acto reclamado el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo número SSPYTM/CSPCHJ/PA/061/2020, de fecha veinticinco de noviembre de dos mil veinte y como autoridad responsable a los integrantes de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En ese tenor, la parte quejosa dio cumplimiento a lo anterior, por lo que este Juzgado de Distrito mediante acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, admite a trámite la ampliación hecha valer. Bajo ese contexto, se consideran cumplidos los requisitos establecidos en los dispositivos 45, fracción II, 46, fracciones II y IV, penúltimo y último párrafos, del citado Acuerdo General, para que este juicio sea resuelto por el juzgado que conoció con antelación ese asunto; es decir, el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, pues, por acuerdo de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, admitió a trámite la demanda promovida por la quejosa contra el contenido íntegro de la acta de audiencia de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, celebrado por la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dentro del procedimiento administrativo número SSPyTM/CSPSHJ/PA/061/2020, así como todo lo actuado en el mismo y su ejecución. Por tanto, si bien es cierto en el presente juicio en un principio se reclamó la orden de baja de la quejosa, también es cierto que dicha promovente en cumplimiento a lo solicitado por este juzgado, ahora reclama el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo SSPYTM/CSPCHJ/PA/061/2020, de veinticinco de noviembre de dos mil veinte y como autoridad responsable a los integrantes de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lo que se admitió a trámite en auto de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. En consecuencia, se advierte que la parte quejosa ahora impugna actos que por conocimiento anterior tuvo el Juzgado Primero de Distrito de referencia, en el diverso juicio de amparo 52/2021, incluso, las partes son las mismas (la quejosa en ambos juicios de amparo indirecto es Verónica Leticia Mendoza Cancino). Y si bien, este órgano jurisdiccional concurre en igualdad de facultades competenciales en razón de grado, materia y territorio, tampoco pasa desapercibido que la aplicación del Acuerdo General de cuenta, tiene como fin reenviar un expediente a un órgano jurisdiccional en específico por haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el asunto, utilizando sus consideraciones y aprovechando ese conocimiento previo de sus antecedentes; lo cual, en la especie se actualiza. Por identidad jurídica, es aplicable la jurisprudencia: COMPETENCIA POR TURNO. EL ACUERDO GENERAL 48/2008 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, SÓLO ES APLICABLE PARA DECIDIR RESPECTO AL TURNO DE ASUNTOS COMPETENCIA DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES RESIDENTES EN EL MISMO CIRCUITO JUDICIAL. A partir del 9 de septiembre de 2008 entró en vigor el Acuerdo General 48/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica el artículo 9 del diverso Acuerdo General 13/2007, que regula el funcionamiento, supervisión y control de las Oficinas de Correspondencia Común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, instaurando nuevamente el turno de asuntos mediante el sistema de relación, con la obligación de que, previamente a su asignación aleatoria, los jefes de las indicadas Oficinas verifiquen si el asunto debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos: a) Provenir de un expediente administrativo, jurisdiccional o averiguación previa, identificado con el mismo número de índice y autoridad que otro ya asignado; b) Tratarse de cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo que ya haya sido del conocimiento de algún Tribunal Colegiado de Circuito, en cualquier vía; y, c) Cuando las demandas de amparo, recursos o medios de impugnación, se refieran a una misma averiguación previa o acto de autoridad, aunque promuevan diversas partes, excepto los casos en que solamente se impugnen disposiciones generales. Sin embargo, el ordenamiento aludido resulta aplicable cuando tiene que decidirse respecto al turno que deba darse a asuntos competencia de órganos jurisdiccionales residentes en el mismo circuito judicial, quienes concurren en igualdad de facultades competenciales, en razón de grado, materia y territorio, y tienen una misma Oficina de Correspondencia Común que debe atender al sistema aleatorio y al de conocimiento previo que se describe en los acuerdos generales de referencia, pues la aplicación de estos últimos únicamente tiene como fin dirigir o reenviar un expediente a un órgano jurisdiccional en específico por haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el negocio relativo, utilizando sus consideraciones y aprovechando ese conocimiento previo de los antecedentes del expediente respectivo, evitando el dictado de resoluciones contradictorias, sin que pueda hacerse extensiva su aplicación a un ámbito competencial diverso al que es propio del órgano jurisdiccional originariamente competente, ya que dichos acuerdos no pueden soslayar las diversas disposiciones que delinean la potestad de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación por razón de materia, grado o territorio.2 Por todo lo anterior; remítase el expediente en que se actúa al Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, para los efectos legales conducentes, solicitándole comedidamente el acuse de recibo respectivo. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. NOTIFÍQUESE POR LISTA; Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA.
- Incidental
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. I. Trámite. Como está ordenado en el cuaderno principal, con fundamento en los artículos 125, 128, 138 y 140 de la Ley de Amparo, con dos copias de la demanda de amparo promovida por Verónica Leticia Mendoza Cancino, contra actos que reclama de los Integrantes de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,; fórmese por duplicado el incidente de suspensión 112/2021-IX. II. Audiencia. Se fijan las once horas con cuarenta y dos minutos del VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. III. Informe. Pídase a la autoridad responsable el informe previo, que deberá rendir en el término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de que reciba el oficio correspondiente, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá en la suspensión definitiva, multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), en términos del numeral 260, fracción I, en relación con el 238 de la Ley de Amparo. IV. Precisión del acto reclamado. En acato al principio de congruencia que debe imperar en toda resolución judicial y a lo establecido por los artículos 146, fracción I, y 157 de la Ley de Amparo, se precisa que en la especie la parte quejosa reclama: ? El acuerdo de inicio de procedimiento administrativo SSPYTM/CSPCHJ/PA/061/2020, de veinticinco de noviembre de dos mil veinte. V. Efectos para los cuales solicita la suspensión. ? La parte quejosa solicito la suspensión del acto reclamado para los efectos siguientes: ". solicito la suspensión provisional del acto reclamado y en su oportunidad también la suspensión definitiva, a efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan, en tanto se resuelve el fondo del presente asunto." (sic) Por tanto, se procederá al pronunciamiento de la medida solicitada con base en sus propias manifestaciones. VI. DETERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN. Con fundamento en el artículo 128, aplicado en sentido contrario de la Ley de Amparo, se provee respecto de la suspensión provisional solicitada por Verónica Leticia Mendoza Cancino, para los siguientes efectos: Tomando en cuenta la quejosa manifestó que por faltar a sus labores, por razones de salud, se le inició procedimiento para darle de baja de su cargo y toda vez que el acto reclamado deriva de un procedimiento administrativo instruido en su contra; en consecuencia, la suspensión del acto reclamado por la quejosa debe quedar en los términos siguientes: 1) Si se tratare de una suspensión temporal emitida como medida preventiva o sanción durante la sustanciación del procedimiento administrativo, por la investigación de una conducta no grave, que no ameritará la destitución o que la ley o reglamento correspondiente establezcan la posibilidad de una sanción menor, con fundamento en el artículo 128, de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL del acto reclamado por Verónica Leticia Mendoza Cancino, para el efecto de que se le reincorpore en el puesto que ocupaba en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez y siga desempeñándolo, con todas las percepciones, emolumentos, derechos y obligaciones, así como recibir atención y asistencia médica ante la institución que brinde dicho servicio atendiendo a la naturaleza de su cargo. 2) Si se tratare de una suspensión temporal decretada como medida preventiva o sanción durante la sustanciación de un procedimiento administrativo, por la investigación de una conducta grave y que sea susceptible de trascender en la continuación de la prestación del servicio público; con apoyo en el artículo 128, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL a Verónica Leticia Mendoza Cancino, únicamente por cuanto hace a su reincorporación, pues si el procedimiento administrativo se sigue por una causa grave y trascendental, ello evidencia un peligro para el interés público y pone de manifiesto la incompatibilidad de la continuación de la prestación del servicio; sin embargo, atendiendo al principio de presunción de no responsabilidad, se concede la suspensión provisional a la quejosa, para el efecto de que no se le prive del derecho que tiene a recibir las percepciones, emolumentos, derechos y obligaciones, así como recibir atención y asistencia médica ante la institución que brinde dicho servicio atendiendo a la naturaleza del cargo que ostentaba, mientras se determina su responsabilidad. 3) Si se trata de destitución o separación definitiva del cargo, impuesta como una sanción, en la resolución final de algún procedimiento administrativo, con fundamento en el artículo 128, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, SE NIEGA a Verónica Leticia Mendoza Cancino, la suspensión provisional solicitada, porque en este supuesto el interés de la sociedad se vería afectado en la medida de que dicho interés se encuentra salvaguardado por la destitución del servidor; esto es, por el impedimento formal de que desempeñe el cargo que ostentaba, debido a la conducta indebida, pues de concederse la medida cautelar y a la postre negarse el amparo, implicaría que el interés público personificado en el servicio público, se vería afectado, ya que se permitiría a un grave infractor de las leyes del servicio público, continuar en su función; pues en esta hipótesis está latente la protección del interés público, que es superior a los daños que pudieran causarse a la hoy recurrente. Es aplicable al caso, por las razones que informa, la jurisprudencia del tenor siguiente: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SÓLO PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA SANCIÓN DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE SERVIDORES PÚBLICOS, NO ASÍ EN RELACIÓN CON EL CESE, PUES EN ESTE ÚLTIMO CASO SE AFECTA EL INTERÉS PÚBLICO. La sanción que se impone al aplicar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en la suspensión temporal en el cargo, no tiene por objeto salvaguardar el servicio de manera directa, de ahí que sea patente que el interés público no se ve afectado al otorgarse la suspensión provisional del acto, pues de cualquier manera, una vez ejecutada la sanción, aquél se reincorporará a sus funciones en las mismas condiciones en que venía prestando el servicio, aunado a que en esta hipótesis, de no otorgarse la medida cautelar y permitir que la suspensión temporal se ejecute, se causarían al servidor público daños y perjuicios de difícil reparación, pues su imagen se vería desacreditada, aspecto que no se repararía, ni aun obteniendo sentencia favorable en el juicio de amparo."1 Así como, la tesis del siguiente rubro y texto: "SUSPENSION, ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA EN CONTRA DE LA BAJA O CESE DE UN SERVIDOR PUBLICO, PORQUE NO SE SATISFACE EL REQUISITO PREVISTO EN LA FRACCION II DEL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, procederá la suspensión siempre que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Así, por interés social se entienden aquellos intereses que deben ser protegidos legalmente por ser de orden público y que es necesario que prevalezcan o subsistan aun cuando se afecten intereses particulares. De esta manera, la baja o cese de un servidor público es un acto de interés social y público en contra del cual no procede otorgar la suspensión provisional, porque involucra el bienestar del orden social de la población en materia de seguridad pública. Esto es, la sociedad está interesada en que los servidores públicos cumplan eficazmente y con lealtad las disposiciones de orden público para poder salvaguardar la seguridad y el bienestar de la comunidad, por ello, se requiere que existan, en tratándose de servidores públicos, la confianza no sólo de sus superiores, sino de la población. En estas condiciones, si el cese de un servidor público presupone la falta de confianza para que continúe en el desempeño de sus funciones, es improcedente otorgar la suspensión provisional, porque de concederla se contravendría el interés social, ya que la sociedad está interesada en que los servidores públicos cumplan debidamente con las funciones que tienen encomendadas, que dada su naturaleza tienen como finalidad desempeñar una actividad pública del Estado, en el caso, como miembro de la policía auxiliar, de proteger y cuidar la seguridad pública de los habitantes del Distrito Federal."2 Así como la diversa: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LOS PROCEDIMIENTOS DE SEPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. SI ÉSTOS YA SE RESOLVIERON, ES IMPROCEDENTE CONCEDER DICHA MEDIDA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, en las jurisprudencias 2a./J. 76/2012 (10a.) y PC.I.A. J/52 A (10a.), de rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. TRATÁNDOSE DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE UN POLICÍA DE SU CARGO PREVISTO EN LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PROCEDE CONCEDERLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 138, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO." y de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE OTORGARLA CONTRA LA SEPARACIÓN PROVISIONAL DE LOS ELEMENTOS DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA REGIDOS POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUJETOS A UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE BAJA, PARA EL EFECTO DE QUE SE CONTINÚEN PAGANDO LOS EMOLUMENTOS QUE LES CORRESPONDEN.", respectivamente, consideraron procedente el otorgamiento de la suspensión contra los procedimientos de separación de los elementos de los cuerpos de seguridad pública, únicamente para que no se dicte la resolución correspondiente, mientras se decide el juicio de amparo en el fondo. Por tanto, cuando ya se pronunció aquélla, deja de existir el bien jurídicamente protegido justificante de la concesión de la medida cautelar, derivado del principio de presunción de inocencia, en su aspecto de regla de trato; de ahí que resulte improcedente concederla pues, de hacerlo, se violarían disposiciones de orden público, por la prohibición de reincorporarlos al servicio, prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."3 Atento a lo anterior, tomando en consideración que en el caso concreto no se advierte la existencia de tercero interesado, no ha lugar a exigir garantía a la quejosa, por concepto de reparación del daño e indemnización de los perjuicios que con motivo del otorgamiento de la suspensión provisional pudiera causarse, ni de otra medida administrativa para que surta sus efectos la suspensión de los actos reclamados en los dos supuestos señalados; esto es, tratándose de la suspensión temporal de la quejosa como medida preventiva durante un procedimiento disciplinario, por la investigación de una conducta no grave, y si la suspensión temporal aludida deriva de una sanción impuesta en la resolución final del procedimiento. Es aplicable al caso, por las razones que informa, la tesis del tenor siguiente: "TERCERO PERJUDICADO. CARECE DE TAL CARÁCTER EL PROMOVENTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA EN CONTRA DE UN SERVIDOR PÚBLICO, QUE CULMINA CON LA RESOLUCIÓN QUE SE RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS Y, POR ENDE, DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER LA REVISIÓN ADHESIVA. El artículo 5o. de la Ley de Amparo señala como una de las partes en el juicio de amparo, al tercero o terceros perjudicados y que pueden intervenir con ese carácter, entre otros, la persona o personas que hayan gestionado en su favor el acto contra el que se pide amparo, cuando se trate de providencias dictadas por autoridades distintas de la judicial o del trabajo; o que, sin haberlo gestionado, tengan interés directo en la subsistencia del acto reclamado. Ahora bien, tratándose de la actuación de un servidor público, como parte de la estructura judicial, su régimen de responsabilidad administrativa, no reconoce ni tutela intereses particulares, pues su único objetivo es garantizar a la colectividad en general, el desarrollo correcto y normal de la función pública de impartición de justicia y, en esa medida la resolución de una queja administrativa no representa un beneficio o perjuicio directo para quien la promovió, en virtud de que la actuación de los servidores públicos atañe al interés general y no al de un sólo individuo. Por tanto, el hecho de que una persona tenga derecho a denunciar y exigir la sanción de las faltas en que incurra un funcionario público en ejercicio de sus funciones, no implica que tenga interés jurídico para intervenir como tercero perjudicado en el juicio de garantías que se promueva en contra de la resolución con que culmina su queja, ni está legitimado para interponer el recurso de revisión adhesiva en contra de la sentencia que se dicte en dicho juicio."4 VII. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. XI. Transparencia y acceso a la información. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE POR LISTA; Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Visto; el escrito de cuenta, signado por la quejosa Verónica Leticia Mendoza Cancino, con el cual desahoga la vista de once de noviembre de dos mil veintiuno y amplía su demanda de amparo, respecto de la autoridad responsable, Integrantes de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de quien reclama el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo SSPYTM/CSPCHJ/PA/061/2020, de veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el escrito de cuenta. Con fundamento en los artículos 111 y 115, de la Ley de Amparo, se tiene por ampliada la demanda de amparo respecto al acto reclamado consistente en el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo SSPYTM/CSPCHJ/PA/061/2020, de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, atribuido a los Integrantes de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. INTERVENCIÓN DE LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA Con fundamento en lo previsto en el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, con copia del escrito de ampliación a la demanda, dese la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Dígasele a la supracitada autoridad señalada como responsable que se encuentran señaladas las diez horas del CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. SE SOLICITA INFORME JUSTIFICADO En términos del artículo 117, de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado respecto de la ampliación a la demanda, que deberá rendir dentro del término de quince días, siguientes al en que reciba el oficio de notificación, y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, apercibidas que si el informe no se rinde en el término señalado, y si esta circunstancia trae como consecuencia que se llegue a diferir la audiencia constitucional, se les impondrá en la sentencia respectiva, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con independencia de lo anterior, a falta de éste, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1º, de la ley de la materia. Requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, conforme con el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, remita copia autorizada, legible y completa de las constancias que tomó en consideración para emitirlo, apercibida que de no hacerlo así, se le impondrá, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución. INCIDENTE DE SUSPENSION Tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión relativo. PREVENCIONES Relativa a la obligación de informar la actualización de causa de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes que si ocurre alguna causa de sobreseimiento están obligadas a informarlo de inmediato y, de ser posible, deberán acompañar las constancias que la acrediten, de no hacerlo, se les impondrá multa de treinta días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), de conformidad con el artículo 64, en relación con los diversos 238 y 251, de la Ley de Amparo. Recepción de oficio y apercibimiento. Para la eficacia de las notificaciones en el juicio de amparo en que se actúa, hágase del conocimiento de la autoridad responsable señalada en la ampliación a la demanda, que, de conformidad con el artículo 28, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, en caso de negarse a recibir los oficios que se le giren, bajo el argumento de que su denominación es incorrecta, imprecisa o incompleta, pero se advierta que materialmente sí es a quien se dirige el oficio, se tendrá hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento del proveído o resolución que el oficio contenga. Sobre el cambio de denominación de la autoridad responsable. En el caso de que la denominación de la autoridad a la que se dirige el oficio materia de la ampliación a la demanda ha cambiado, será motivo insuficiente para negarse a recibirlo, ya que al rendir su informe deberá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su nombramiento; lo que se tomará en consideración por este Juzgado al realizar las notificaciones subsecuentes. Se apercibe a la autoridad que de no dar cumplimiento a lo anterior, se impondrá multa de cien días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), conforme al artículo 245 de la Ley de Amparo. Los anteriores requerimientos tienen como finalidad cumplir con los artículos 1° y 17, de la Constitución, que imponen a todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, el deber de velar por el respeto a los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano; entre los que se encuentra el derecho público subjetivo que toda persona tiene -dentro de los plazos y términos que fijen las leyes y el cumplimiento de ciertas formalidades- para acceder de manera expedita, esto es, sin obstáculos, a la tutela jurisdiccional. NOTIFÍQUESE POR LISTA; PERSONALMENTE A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ASCRITA; Y POR OFICIO A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio número CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta su organización y funcionamiento, ante Víctor Hugo Albores Hernández, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe.
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