Verónica Leticia López Villarreal
Expediente 466/2020 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 466/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/01/2021
Partes del expediente
- Verónica Leticia López Villarreal
Actuaciones
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado actual que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se desprende que su trámite se suspendió del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, ello con motivo de la circular CAP/3/2020, emitida por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, al haberse aprobado por la Comisión Especial el punto de acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". En ese contexto, con fundamento en la fracción II, puntos 1 y 2 de la diversa Circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en relación al punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia COVID-19", se levanta la suspensión de plazos y términos decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, por lo cual, se reanuda el procedimiento en el punto en el que quedó pausado, con efectos a partir del doce de enero del presente año. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión previsto por el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada ley reglamentaria, en contra de la sentencia emitida el doce de noviembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo 466/2020-I, promovido por Verónica Leticia López Villarreal; con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente, el presente expediente es susceptible de depuración, ya que se negó la protección constitucional solicitada; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito deberá iniciar el procedimiento de depuración, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, por lo que, en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas a la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, y, la determinación que otorga autoridad de cosa juzgada, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental. Finalmente, toda vez que en el presente juicio de amparo se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en este último para dar cumplimiento al mencionado Acuerdo General en sus artículos 18, fracción I, inciso a) y 20, fracción II, inciso b). Notifíquese.
- Incidental
Matamoros, Tamaulipas, veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los presentes autos y atendiendo a lo ordenado en el proveído de esta misma fecha, dictado en el juicio de amparo 466/2020-I, en el que se ordenó acordar lo conducente al archivo y depuración de los presentes cuadernos incidentales, en seguida se provee: De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración el original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar (suspensión provisional) respecto de los actos reclamados atribuidos a las autoridades señaladas como responsables; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito deberá iniciar el procedimiento de depuración, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, por lo que, en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de las medidas cautelares o su violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el suscrito, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental. Por otra parte, toda vez que el presente incidente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de éste a partir del treinta de julio de dos mil veintiuno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), y párrafo tercero, del mencionado Acuerdo General. Finalmente, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, nueve de octubre de dos mil veinte. Visto para resolver el juicio de amparo 466/2020-I, promovido por la parte quejosa Verónica Leticia López Villarreal, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, y de otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común, el cinco de agosto de dos mil veinte, y posteriormente turnada el seis de ese mismo mes y año, ante este Juzgado Federal, Verónica Leticia López Villarreal promovió juicio de amparo indirecto, en contra de los actos y autoridades que a continuación se mencionan: AUTORIDADES RESPONSABLES: Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial. Ambos con sede en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS: ".EL INDEBIDO E ILEGAL ORDEN DE DESALOGO GIRADO EN CONTRA DEL SUSCRITO PARA DESPORJARME DE MI VIVIENDA." Asimismo, narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes, y señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. SEGUNDO. En auto de siete de agosto de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito registró la demanda bajo el número 466/2020-I; la admitió a trámite; dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; asimismo, señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual una vez integrado este expediente, tuvo verificativo según el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del peticionario de garantías, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal invocado. Apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de dos mil, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del estudio integral de la demanda de amparo, se desprende que el acto que reclama la quejosa Verónica Leticia López Villarreal, es la orden de desalojo de su vivienda ubicada en calle Santa Cruz, número 32, entre Santa Cecilia y Santa Teresita, en el fraccionamiento Villas de Santa Anita, del plano oficial de esta ciudad, girada por los Jueces Primero y Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad. TERCERO. Las autoridades responsables Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, y Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, ambos con sede en esta ciudad, al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos que se les reclamaron. La parte quejosa Verónica Leticia López Villarreal no desvirtuó esas negativas con prueba en contrario; consecuentemente en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de garantías. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las Responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." El suscrito juzgador no soslaya que de autos se advierta que mediante acuerdo admisorio se ordenó emplazar a la presente contienda constitucional al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas; sin embargo, tomando en consideración que la finalidad primordial de notificar a la parte tercero interesada en el juicio biinstancial, es con el objeto de que esté en aptitud de comparecer e intervenir en defensa de sus derechos procesales, siempre y cuando no se advierta que habrá de sobreseerse o negarse el amparo solicitado, como sucede en el presente caso, que se ha procedido a sobreseer en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y en este sentido, es una determinación que no lesiona sus intereses. Razón por la que, este órgano de control constitucional considera innecesario insistir en el emplazamiento de la parte tercero interesada de mérito, en atención a que el sobreseimiento decretado en el asunto que nos ocupa, no variaría si se llamara a juicio a la nombrada tercera. En efecto, por regla general el juzgador debe emplazar a todas y cada una de las partes que tengan el carácter de terceros interesados en una contienda constitucional, pues de lo contrario, se consideraría como violación a las normas fundamentales que rigen el procedimiento en el juicio de amparo; sin embargo, existe una excepción a esa regla, la cual estriba precisamente cuando la violación procesal tiene que ver con la constitucionalidad del acto reclamado, empero si en el juicio de amparo se decretó el sobreseimiento por causal diversa, no ameritaría reponer el procedimiento por no haber trascendido al resultado del fallo, lo cual acontece en el caso específico, dado que, como se adelantó, a nada práctico llevaría emplazar a dicha tercero, pues como se dijo, el sobreseimiento se actualiza con independencia de su intervención o no en el juicio de amparo en que se actúa; de ahí que, se insiste, la falta de llamamiento al juicio no trasciende en el resultado de la presente sentencia. Se invoca en su aspectos conducentes, las tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultables respectivamente en las fojas 575 y 1119, de los tomos XIV, julio de 1994 y XXI, marzo de 2005, Octava y Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que en su orden dicen: "EMPLAZAMIENTO, FALTA DE. REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO IMPROCEDENTE CUANDO SE SOBRESEE EN EL JUICIO. La finalidad perseguida por el artículo 91, en su fracción IV, de la Ley de Amparo, de reponer el procedimiento al advertirse que en forma indebida no fue oída alguna de las partes que tuviera derecho de intervenir conforme a la ley, como lo es el tercero perjudicado, debe entenderse en el sentido de que en un juicio constitucional no queden firmes las irregularidades procesales que pudieran lesionar los intereses e alguna de las partes, lo que no sucedería en el caso de sobreseimiento decretado por el juez federal pues no perjudica a dicho tercero y, por ende, no puede producirle beneficio alguno la reposición del procedimiento." "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI EN LA REVISIÓN EL TRIBUNAL ADVIERTE QUE NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE LA FECHA EN QUE ÉSTE SE VERIFICÓ Y AQUELLA EN QUE SE CELEBRÓ LA AUDIENCIA, DEBE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO SIEMPRE Y CUANDO ADVIERTA QUE NO HABRÁ DE SOBRESEERSE O NEGARSE EL AMPARO SOLICITADO. A efecto de que el tercero perjudicado esté en aptitud de comparecer al juicio de garantías en defensa de sus derechos procesales, es menester que entre la fecha del emplazamiento y aquella en que se celebre la audiencia constitucional, medie por lo menos el plazo de ocho días, similar a aquel que exige el artículo 149, primer párrafo, segunda parte, de la Ley de Amparo, como anticipación para que, con relación a la audiencia de ley, sean dados a conocer a las partes los informes justificados que rindan las autoridades responsables. Tal postura obedece, en principio, al cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento de amparo cuya observancia es obligatoria para los tribunales de control constitucional; y, en segundo término, a la oportunidad de defensa que debe darse al tercero al acudir al juicio de garantías. Así, si en el amparo indirecto se emplazó al tercero perjudicado sin la mencionada anticipación de al menos ocho días, a la fecha en que se desahogó la audiencia constitucional, es inconcuso que no se le concedió la oportunidad de acudir en defensa de sus derechos; por ende, el Tribunal Colegiado que conozca de la revisión debe mandar reponer el procedimiento a fin de que el Juez de Distrito le otorgue, al menos, el plazo enunciado para comparecer al juicio de amparo; siempre y cuando no advierta que habrá de sobreseerse o negarse el amparo solicitado." Asimismo, es aplicable al caso el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 69/98, consultable en la página 366 del tomo VIII, septiembre de 1998, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que en su rubro y texto dice: "PROCEDIMIENTO. SÓLO DEBE REPONERSE CUANDO LA VIOLACIÓN AL MISMO TRASCIENDA AL RESULTADO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA. Es cierto que conforme al artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, si en la revisión de una sentencia definitiva apareciere una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, o bien, que se incurrió en alguna omisión que hubiere dejado sin defensa al recurrente o que pudiera influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva, se deberá ordenar la reposición del procedimiento; sin embargo, tal disposición debe interpretarse en el sentido de que la reposición únicamente cabe decretarla cuando la violación relativa efectivamente trascienda al resultado de la sentencia definitiva y cause perjuicio a la parte recurrente, pues, de lo contrario, se llegaría al extremo de retardar el trámite y solución de los juicios de amparo sin ningún resultado práctico." Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 62, 63, fracción IV, 74, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Verónica Leticia López Villarreal. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario con quien actúa y da fe.
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