Verónica Leticia del Castillo Contreras

Expediente 702/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
702/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
13/07/2023

Partes del expediente

  • Verónica Leticia del Castillo Contreras

Actuaciones

  1. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de julio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio firmado por el Actuario Judicial adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por medio del cual acusa de recibo de las constancias que le fueron enviadas en cumplimiento al proveído de treinta de junio de dos mil veintitrés, consistentes en el informe sobre materia de la queja, original y copia del escrito de expresión de agravios y original del juicio de amparo ********************, del índice de este órgano federal. Asimismo, informa que admitió el presente medio de impugnación, mismo que quedó registrado como recurso de queja********************, de su índice. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar, sin que del oficio de cuenta se advierta algún requerimiento a este juzgado de distrito. Notifíquese: por lista a las partes.

  2. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de junio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el correo electrónico procedente de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, por medio de cual remite papeleta de turno con motivo de la solicitud formulada en autos, relativa al recurso de queja interpuesto por Eduardo Arturo Galicia de la Cruz, autorizado de la quejosa Verónica Leticia del Castillo Contreras, en contra del auto de doce de junio de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo; papeleta de la que se advierte que el referido medio de impugnación correspondió conocer el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. Por consiguiente, previo cuaderno de antecedentes que se forme, REMÍTASE DE INMEDIATO a dicho tribunal la siguiente documentación: Original del juicio de amparo 702/2023-VI. Original y copia de escrito de expresión de agravios. Lo anterior, a efecto de que esté en aptitud de substanciar el citado medio de impugnación. Por tanto, se instruye a la Oficial Judicial "A" SISE, para que habilite la consulta del expediente electrónico relativo al cuaderno principal al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. Hecho lo anterior, deberá informar a dicho órgano federal, para confirmar la debida autorización. Asimismo, se instruye al coordinador de actuarios judiciales adscrito a este juzgado, para que digitalice todas las constancias necesarias para la debida integración del expediente electrónico. Hecho lo anterior, lo remita a dicho tribunal colegiado. Notifíquese: por oficio al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito; y por lista al resto de las partes.

  3. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por el que notifica el auto de dieciséis de junio del año en curso, dictado en el recurso de queja 647/2022, en el que dicho órgano colegiado tuvo por no interpuesto el recurso de queja presentado por el quejoso en contra la omisión de resolver el incidente por defecto en el cumplimiento a la suspensión de plano concedida en el juicio de amparo del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa. De lo anterior, este juzgado toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. Sin que del oficio de cuenta se advierta requerimiento alguno a este juzgado. Notifíquese: por lista a las partes.

  4. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, doce de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, quien solicita en amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades responsables y por el acto que enseguida se precisa: Autoridades responsables Gobernador Constitucional del ********************. Secretario General de Gobierno del ********************. Secretario del Medio Ambiente del ********************. Actos reclamados De las autoridades señaladas como responsables, en los numerales 1 y 3, en el ámbito de su competencia, reclama: La expedición, publicación y ejecución del Decreto del ejecutivo del Estado, por el que se modifica la declaratoria del ejecutivo del Estado por el que se establece el área natural protegida sujeta a conservación ambiental de las barrancas Río la Pastora, Río de la Loma y Río San Joaquín, ubicadas en el municipio de ********************, publicada en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el 16 de agosto de 1994, para denominarse parque estatal Barrancas Río la Pastor, Río de la Loma y Río San Joaquín, ubicado en los municipios de ******************** y Naucalpan de Juárez, ********************", publicado el 24 de abril de 2023 en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del ********************. De las autoridades señaladas como responsables, los numerales 1 y 2, en el ámbito de su competencia, reclama: La aprobación y expedición del artículo 177 del Reglamento del Libro Segundo del Código para la Biodiversidad del ********************, publicado el 22 de mayo de 2007 en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del ********************, contenido en el Decreto reclamado, publicado el 24 de abril de 2023 en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del ********************, como uno de los fundamentos para modificar el área natural protegida. RADICACIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA Fórmese expediente impreso y electrónico. Regístrese bajo el número de expediente que le corresponda. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO Previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por lo que es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los artículos 5 y 6 de la Ley de Amparo; y 107, fracción I, constitucional, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas de orden público que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: - - - I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada (...). De la interpretación armónica de dichos numerales se desprende que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En ese sentido, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado. Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. En tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, esto es, actos o resoluciones de naturaleza jurisdiccional, el quejoso sólo podrá invocar la existencia de un interés jurídico que lo legitima para acudir al juicio de amparo. Lo que implica que deberá demostrar: Que es titular de un derecho subjetivo. Que tal derecho le ha sido afectado de manera personal y directa. Por otra parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse: Que existe una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada. Que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva. Que el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Caber señalar que los citados elementos constitutivos son concurrentes, por lo que, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. En abundamiento, el interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.) del Pleno del Alto Tribunal, de rubro y contenido: INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas. De igual forma, en la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Asimismo, en lo conducente, en la jurisprudencia 1a./J. 168/2007 de la Primera Sala del Alto Tribunal que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". En el caso concreto, la quejosa acude al juicio de amparo reclamando los siguientes actos: La expedición, publicación y ejecución del Decreto del ejecutivo del Estado, por el que se modifica la declaratoria del ejecutivo del Estado por el que se establece el área natural protegida sujeta a conservación ambiental de las barrancas Río la Pastora, Río de la Loma y Río San Joaquín, ubicadas en el municipio de ********************, publicada en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el 16 de agosto de 1994, para denominarse parque estatal Barrancas Río la Pastor, Río de la Loma y Río San Joaquín, ubicado en los municipios de ******************** y Naucalpan de Juárez, ********************", publicado el 24 de abril de 2023 en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del ********************. La aprobación y expedición del artículo 177 del Reglamento del Libro Segundo del Código para la Biodiversidad del ********************, publicado el 22 de mayo de 2007 en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del ********************, contenido en el Decreto reclamado, publicado el 24 de abril de 2023 en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del ********************, como uno de los fundamentos para modificar el área natural protegida. Asimismo, la quejosa aduce tener interés legítimo al tener su domicilio en la calle ******************** Municipio de ********************, ********************, que colinda con la Barranca de la Pastora y beneficiarse de los servicios ambientales que proporciona el área natural protegida sujeta a conservación ambiental de las barrancas Río la Pastora, Río de la Loma y Río San Joaquín, ubicadas en el municipio de ********************. Sin embargo, la impetrante del amparo carece de interés jurídico para combatir los actos que refiere, por las razones siguientes. Mediante decreto publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del ********************, el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, se reformaron los numerales Primero, Tercero, los párrafos primero y segundo del numeral Quinto, y los numerales Sexto y Séptimo de la Declaratoria del Ejecutivo del Estado por la que se establece el Área Natural Protegida Sujeta a Conservación Ambiental de las Barrancas Río la Pastora, Río de la Loma y Río San Joaquín, ubicadas en el Municipio de ********************, publicada en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el 16 de agosto de 1994; reformas que entraron en vigor el veinticinco de abril siguiente, de conformidad con el artículo segundo transitorio del decreto referido. De tales disposiciones, cobra relevancia la fracción I del numeral 107 invocado, que redimensiona el principio de instancia de parte agraviada, para considerar como tal a toda persona que aduce ser titular de un derecho o un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la constitución y con ello se afecte su esfera jurídica sea de manera directa o de su especial situación frente al orden jurídico. De la fracción I del artículo 5 de la Ley de Amparo se obtiene que el quejoso es quien aduce ser titular de algún derecho subjetivo o interés legítimo (individual o colectivo) y, a su vez, plantea que alguna norma de observancia general, acto u omisión conculca algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los instrumentos internacionales suscritos por México en la materia, a condición de que se trate, desde luego, de alguna afectación real y actual en su esfera jurídica, sea de manera directa o indirecta con motivo de su especial situación frente al orden jurídico. La Segunda Sala señaló que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, al resolver la contradicción de tesis 111/2013, entre otras consideraciones, que el interés simple implica el reconocimiento de una legitimación para cualquier individuo, por el solo hecho de ser miembro de la comunidad, situación que comúnmente se ha identificado con las denominadas "acciones populares", es decir, dicho interés es el "concerniente a todos los integrantes de la sociedad, por lo que el grado de intensidad en la esfera jurídica no resulta cualificado, personal o directo". Mientras que el interés legítimo "requiere de una afectación a la esfera jurídica entendida en un sentido amplio", ya sea porque dicha intromisión es directa, o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene en el orden jurídico. Esto es, el interés legítimo "implica un vínculo entre una persona y una pretensión, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica", ya sea actual o futuro pero cierto. De ahí que esta titularidad potencial de una ventaja o utilidad jurídica, "requiere de un interés actual y real", no hipotético, pues ello se encontraría referido a un interés simple. Así, la Segunda Sala, destacó que el Pleno del Máximo Tribunal del País, determinó que, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de cierta afectación en la esfera jurídica de la persona, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, "el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse". Habida cuenta que el referido parámetro de razonabilidad se refiere a que "debe ser razonable la existencia de tal afectación". Por tanto, dicho término se refiere a la lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. Por ello, consideró que mediante el interés legítimo, l demandante "se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal", y si bien la misma es diferenciada al interés del resto de la sociedad, tal situación goza de una lógica jurídica propia e independiente de alguna conexión o derivación con derechos subjetivos. El Alto Tribunal señaló que aun cuando el interés legítimo se relaciona esencialmente con la protección de intereses colectivos y, por tanto, ha resultado adecuado para justificar la legitimación a entidades de base asociativa, lo cierto es que tal función no resulta exclusiva, sino que "la posición especial en el ordenamiento jurídico, también puede referirse a una persona en particular". Esto es, si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo y el interés legítimo, lo cierto es que "tal asociación no es absoluta e indefectible". Así, estimó posible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual, "existe un interés legítimo individual, en virtud de que la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no solo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo". Incluso, acotó, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. El concepto de interés legítimo ha sido moldeado en diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En términos generales pueden sintetizarse en los temas siguientes: El interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, en donde existe de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico a su favor derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio. Requiere la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad. Mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable en la que pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo, e incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. No supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo cual implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. El quejoso en el juicio de amparo deberá acreditarlo fehacientemente y no inferirlo con base en presunciones y para ello deberá acreditar que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente sea destinatario. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. Su existencia jurídica no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, pues no obstante una persona alegue una afectación jurídica por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por toda la población en general, y no se involucre un derecho colectivo, no puede dar lugar al nacimiento de un interés legítimo, por la imposibilidad lógica de identificar un agravio cualificado que surja de una especial situación del quejoso frente al orden jurídico. De la interpretación sistemática de los artículos 103 y 107, se desprende que una persona puede acudir al juicio de amparo cuando su oposición a la ley adquiera una concreción real, jurídicamente relevante y cualificada en el tiempo, lo que sucede cuando resienta una afectación que no sea hipotética o conjetural, es decir, cuando acudan a alegar afectaciones contemporáneas y definitivas, ello en virtud de que se debe delimitar el poder de revisión judicial de las leyes conforme al principio de división de poderes, para que sólo sea activable cuando esta función sea necesaria para resolver una controversia real, que involucre la suerte de un interés con relevancia jurídica de una persona, de acuerdo a un parámetro jurídico, ya que aquellos actos o afectaciones hipotéticas o condicionadas a un acto contingente pueden ser resueltos por los poderes políticos con legitimidad democrática. Con base en lo anterior, la Segunda Sala del Alto Tribunal al resolver el amparo en revisión 211/2016, estimó que la naturaleza especial del derecho a un medio ambiente sano, de manera alguna puede traducirse en una apertura absoluta para que, por cualquier presunta violación a dicha prerrogativa subjetiva pública, se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante. Asimismo, señaló que esta última consideración se adiciona con diversas reglas especiales contenidas en el resto de fracciones de la misma norma constitucional y con las reglas establecidas por el legislador secundario en la Ley de Amparo. Así, las causales de improcedencia y sobreseimiento que impiden el análisis del fondo de un asunto, delimitan el poder de los jueces constitucionales sólo para resolver casos o controversias reales, y no aquellas afectaciones generales e hipotéticas que pueda corresponder a los órganos políticos. De ahí que, para poder impugnar acciones u omisiones estatales que puedan considerarse como violatorias al derecho a un medio ambiente sano, la Segunda Sala de la Suprema Corte consideró que el particular deberá contar con un interés cualificado que se distinga del que tiene el resto de la población respecto a la exigencia general de sujetar al Estado a la obligación constitucional de cumplimentar con la plena eficacia del referido derecho fundamental, esto es, para el acceso al referido recurso efectivo es necesaria la existencia de una verdadera afectación a la esfera jurídica, ya sea directa (interés jurídico) o en virtud de la especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo), pero siempre real y jurídicamente relevante, ya sea de índole profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Que para cualquier ciudadano tiene especial relevancia que el Estado mexicano lleve a cabo todas las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos, para cumplimentar con el derecho a un medio ambiente sano, en tanto de ello depende poder contar con un verdadero estado de bienestar completo, sin embargo, conforme al criterio expresado del Alto Tribunal, a menos de que cuente con alguna afectación que lo distinga y cualifique al resto de la población, tal interés simple es insuficiente para acceder al juicio de amparo. Por consiguiente, fijó que, en estos casos el juzgador deberá determinar si las acciones u omisiones imputadas al Estado impactan al quejoso o grupo colectivo, sea o no destinatario de las mismas, en un grado suficiente para afirmar que genera una afectación jurídicamente relevante; lo cual implica un escrutinio de razonabilidad y no sólo de mera probabilidad, es decir, que conforme a las particularidades del caso, y sin perjuicio de que en las etapas subsecuentes del juicio se pueda acreditar la violación al derecho humano al medio ambiente y el alcance de la afectación concreta al particular o grupo colectivo, mediante el material probatorio respectivo, considere si resulta razonable la existencia de tal afectación, de tal suerte que la eventual concesión del amparo se traduzca en un beneficio determinado. Por ello, la Segunda Sala coligió que el eventual incumplimiento por parte del Estado a sus obligaciones de promover la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente, no es motivo suficiente para que cualquier persona o grupo pueda acceder al juicio de amparo para reclamar esas violaciones, ya que debe acreditarse un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. El surtimiento del interés legítimo (tratándose de la impugnación de normas, actos u omisiones no provenientes de tribunales) se requiere acreditar, por un lado, porque el juicio de amparo es improcedente contra actos inexistentes, futuros o de realización incierta y, por otro, porque aunque exista la norma, acto u omisión materia del reclamo, no basta con tener un interés simple para acudir al amparo, por ser condición necesaria demostrar, objetivamente, alguna afectación real y actual (no futura o de realización incierta) en la esfera jurídica del quejoso, en tanto que si no es cierta, real y actual, el examen de constitucionalidad versaría sobre un análisis abstracto de constitucionalidad que es ajeno al objeto y fin del amparo, porque en éste se requiere acreditar, forzosamente, la afectación jurídica en función de la existencia de la materia reclamada, a causa de la cual se plantee el perjuicio cierto, real y actual en la esfera de derecho. Para la procedencia del juicio de amparo, el interés simple o jurídicamente irrelevante es el que se puede tener acerca de lo dispuesto en alguna norma, actuación u omisión reclamable en amparo, pero que en realidad no afecta a la esfera jurídica o alguna situación especial del particular frente al orden jurídico cuestionado. De ahí que contra normas, actos u omisiones que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el interés legítimo para la procedencia del juicio de amparo, si bien no exige la existencia de algún agravio personal y directo, sí es condición el acreditamiento de cierta afectación real y actual en la esfera jurídica de quien lo promueve, aunque sea indirecta. En la especie, la quejosa considera que el decreto que reclama afecta su interés legítimo, al tener su domicilio en la calle ******************** Municipio de ********************, ********************, que colinda con la Barranca de la Pastora y beneficiarse de los servicios ambientales que proporciona el área natural protegida sujeta a conservación ambiental de las barrancas Río la Pastora, Río de la Loma y Río San Joaquín, ubicadas en el municipio de ********************. Sentado lo anterior, cabe señalar que dicho decreto consiste en lo siguiente: DECRETO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL QUE SE MODIFICA LA DECLARATORIA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO, POR LA QUE SE ESTABLECE EL ÁREA NATURAL PROTEGIDA SUJETA A CONSERVACIÓN AMBIENTAL DE LAS BARRANCAS RÍO LA PASTORA, RÍO DE LA LOMA Y RÍO SAN JOAQUÍN, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL "GACETA DEL GOBIERNO" EL 16 DE AGOSTO DE 1994, PARA DENOMINARSE PARQUE ESTATAL BARRANCAS RÍO LA PASTORA, RÍO DE LA LOMA Y RÍO SAN JOAQUÍN, UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE HUIXQUILUCAN Y NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los numerales Primero, Tercero, los párrafos primero y segundo del numeral Quinto, y los numerales Sexto y Séptimo de la Declaratoria del Ejecutivo del Estado por la que se establece el Área Natural Protegida Sujeta a Conservación Ambiental de las Barrancas Río la Pastora, Río de la Loma y Río San Joaquín, ubicadas en el Municipio de ********************, publicada en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el 16 de agosto de 1994, para quedar como sigue: PRIMERO. Se crea el Parque Estatal Barrancas Río La Pastora, Río de la Loma y Río San Joaquín, ubicado en los municipios de ******************** y Naucalpan de Juárez, ********************. TERCERO. El área natural protegida tendrá una superficie total de 124.366965 hectáreas, ubicadas en los municipios de Naucalpan de Juárez (13.548497 hectáreas) y ******************** (110.818468 hectáreas), su delimitación se precisa a partir de coordenadas "X" "Y" del Sistema Universal Transversa de Mercator (UTM), WGS 84, Zona 14 N, que se describen en los planos y cuadro de construcción que forman parte del presente Decreto. QUINTO. Los lineamientos del Programa de Manejo del Área deberán contener los siguientes criterios ecológicos: a) a c) . El uso de suelo y aprovechamiento de los elementos naturales dentro del Área Natural Protegida se ajustará a las siguientes definiciones y normas: Zona Núcleo: Derivado del análisis geoespacial del Parque Estatal Barrancas Río La Pastora, Río de la Loma y Río San Joaquín, se identificó que la mayor parte de la superficie protegida se encuentra urbanizada y no cuenta con las características naturales que permitan su conservación, por lo que no se considera la existencia de una Zona Núcleo y en su totalidad el Área Natural Protegida se encuentra en Zona de Amortiguamiento. Zona de Amortiguamiento: Tiene como función principal orientar las actividades de aprovechamiento que ahí se lleven a cabo, hacia el desarrollo sustentable, creando las condiciones necesarias para lograr la conservación de los ecosistemas a largo plazo, se clasifica en las subzonas siguientes: Subzona de Aprovechamiento: Son aquellas superficies en las cuales los recursos naturales pueden ser aprovechados de tal manera que contribuyan a la conservación a largo plazo del ecosistema, las actividades que se desarrollen se deberán llevar a cabo mediante esquemas de aprovechamiento sustentable. En general esta zona es la que presenta un mayor contacto con la mancha urbana, por ello, los cambios en la dinámica de crecimiento urbano afectan en primera instancia a la misma. La vegetación presente se caracteriza por contener individuos dispersos de encinos, entremezclados con árboles que fueron plantados durante la ejecución de Programas de Reforestación y se intercala con construcciones, principalmente casas habitacionales de altos ingresos. Subzona de Protección: Son aquellas superficies que con motivos de protección y conservación de los ecosistemas están restringidas a cualquier tipo de aprovechamiento o uso, salvo las relativas a su recuperación, monitoreo e investigación científica que no implique la extracción o traslado de especímenes ni la modificación del hábitat, se ubica a lo largo de toda el Área Natural Protegida ya que coincide con la parte más baja y plana de las barrancas. Por su localización del Área Natural Protegida, en medio de la mancha urbana, los ecosistemas de la zona de protección son relevantes y frágiles que requerían un cuidado y manejo especial para asegurar su conservación y recuperación a largo plazo, vinculándolas a la hidrodinámica y el entorno de los afluentes de las barrancas, así como condiciones topográficas de "riesgo", asociadas a pendientes pronunciadas o inestabilidad de taludes, o por su contacto directo con suelo urbano. Subzona de Restauración: Se caracteriza por presentar procesos acelerados de deterioro ambiental como contaminación, erosión y deforestación, para lo que es necesario realizar acciones de recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y la continuidad de los procesos naturales, precisando que la restauración debe dirigirse a recuperar y mejorar el ecosistema con fines de conservación. SEXTO. La autorización para exploración, explotación o aprovechamiento de recursos y realización de obras en el Área Natural Protegida estará sujeta al Programa de Manejo del área aprobado por la Secretaría del Medio Ambiente. SÉPTIMO. La Secretaría del Medio Ambiente en coordinación con la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las acciones correspondientes para el logro de los objetivos de esta declaratoria. TRANSITORIOS PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". TERCERO. La Secretaría del Medio Ambiente, por conducto de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, inscribirá el presente Decreto en el Instituto de la Función Registral del ********************, dentro de los 30 días hábiles posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto. CUARTO. La Secretaría del Medio Ambiente, por conducto de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, formulará el Programa de Manejo de conformidad con lo establecido en los artículos 2.116 y 2.117 del Código para la Biodiversidad del ******************** y 181 del Reglamento del Libro Segundo del Código para la Biodiversidad del ********************. De lo anterior, se advierte que en dicho decretó esencialmente se determinó la creación del parque estatal Barrancas Río La Pastora, Río de la Loma y Río San Joaquín, ubicado en los municipios de ******************** y Naucalpan de Juárez, ********************, se indicó la superficie que integra dicho parque; se establecieron diversas definiciones para el uso de suelo y aprovechamiento de los elementos naturales dentro del Área Natural Protegida; se indicó que la autorización para exploración, explotación o aprovechamiento de recursos y realización de obras en el Área Natural Protegida estará sujeta al Programa de Manejo del área aprobado por la Secretaría del Medio Ambiente; y que la Secretaría del Medio Ambiente en coordinación con la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las acciones correspondientes para el logro de los objetivos de esa declaratoria. Atendiendo a las anteriores consideraciones, así como al escrito de demanda, no se advierte que las anteriores disposiciones, afecten al interés legítimo de la parte quejosa. Lo anterior es así, ya que el promovente del amparo aduce en forma general que las reformas contenidas en el decreto mencionado, le afectan, ya que como consecuencia de su recategorización como parque estatal, se disminuye el grado de protección al ecosistema y fuentes hídricas que conforman las Barrancas Río La Pastora, Río de la Loma y Río San Joaquín, ubicado en los municipios de ******************** y Naucalpan de Juárez, ********************. Sin embargo, en el caso no se advierte que el decreto reclamado haya ordenado alguna acción tendente a disminuir el grado de protección de esa zona como reserva ecológica. Ciertamente, pues en dicho decreto esencialmente se determinó la creación del parque estatal Barrancas Río La Pastora, Río de la Loma y Río San Joaquín, ubicado en los municipios de ******************** y Naucalpan de Juárez, ********************; se indicó la superficie que integra dicho parque; se establecieron diversas definiciones para el uso de suelo y aprovechamiento de los elementos naturales dentro del Área Natural Protegida; se indicó que la autorización para exploración, explotación o aprovechamiento de recursos y realización de obras en el Área Natural Protegida estará sujeta al Programa de Manejo del área aprobado por la Secretaría del Medio Ambiente; y que la Secretaría del Medio Ambiente en coordinación con la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las acciones correspondientes para el logro de los objetivos de esa declaratoria. Lo cual, no revela la afectación que refiere el quejoso, por ello, atendiendo a los parámetros expuestos, definidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este juzgador considera que el interés que la hoy quejosa dice tener no resulta calificado, pues si bien aduce ser habitante y vecino de ********************, ********************, que los ordenamientos reclamados afectan su derecho a un medio ambiente sano, a la salud, así como al acceso, disposición y saneamiento de agua, lo cierto es que no se aprecia que se encuentre en una especial situación frente al derecho que cuestiona, en tanto alega una defensa a los referidos derechos fundamentales de manera abstracta, respecto de un decreto que no se advierte que los afecte, con un interés genérico de obligar a las autoridades para que cumplan con los mandatos constitucionales específicamente en materia de salud, acceso al agua y ambiental; así como a vivir en asentamientos humanos saludables y seguros, sin que el decreto reclamado tenga disposición alguna que modifique dichos derechos. En efecto, la pretensión que se plantea no se refiere a una defensa específica que se encuentra estrechamente relacionada con la esfera jurídica de la parte quejosa, sino a la protección abstracta del derecho a un medio ambiente sano, a la salud, así como al acceso, disposición y saneamiento de agua, tal y como lo pudiese hacer valer cualquier miembro de la sociedad en general, respecto de un decreto que no advierte que deje de considerar a las Barrancas Río La Pastora, Río de la Loma y Río San Joaquín, como una zona natural protegida. Es decir, no se advierte que la parte quejosa cuente con un interés cualificado que lo distinga del resto de la población para impugna el decreto reclamado por las razones que refiere, y así cumplir con la exigencia general de sujetar al Estado a la obligación constitucional de cumplimentar con la plena eficacia del derecho a un medio ambiente sano, así como derechos conexos a éste, como a la salud y al acceso, disposición y saneamiento de agua; de ahí que en el presente caso se actualice únicamente un interés simple. Aunado a lo anterior, tampoco se aprecia que la presunta afectación ambiental a la que hace referencia el peticionario del amparo, en relación con su derecho al medio ambiente, derecho a la salud, y al acceso, disposición y saneamiento de agua, tenga un impacto actual o futuro, de realización inminente, en su esfera jurídica, dada su circunstancia personal, pues únicamente basa su argumentación en violaciones lejanamente derivadas o genéricas de sus derechos fundamentales. De esa forma, este juzgador no logra identificar, bajo un parámetro de razonabilidad, un vínculo concreto entre el derecho cuestionado a un medio ambiente, derecho a la salud, y al acceso, disposición y saneamiento de agua, con el decreto reclamado, y la parte quejosa, por el contrario, los menciona de manera genérica, tal y como lo tendría cualquier ciudadano interesado en verificar la constitucionalidad de una norma general. Además, aun considerando la existencia de un vínculo entre los referidos derechos y los gobernados, lo cierto es que tampoco se logra identificar un agravio diferenciado, sino que, se reitera, se observa un interés similar al de cualquier otro ciudadano, consistente en llevar a cabo una defensa abstracta de la legalidad en el actuar de las autoridades, respecto de sus deberes medioambientales. En ese sentido, el admitir la demanda y su caso se llegara a dar una eventual concesión del amparo, no generaría un beneficio en su esfera jurídica respecto de la posición que aduce frente al derecho a un medio ambiente, derecho a la salud, y al acceso, disposición y saneamiento de agua, en primer lugar, porque no la tiene y, en segundo lugar, aun teniéndola, no puede considerarse que cuente con un interés cualificado, sino uno de carácter genérico; ya que como se mencionó el decreto reclamado, en ningún momento ordena disminuir el grado de protección al ecosistema y fuentes hídricas que conforman las Barrancas Río La Pastora, Río de la Loma y Río San Joaquín, ubicado en los municipios de ******************** y Naucalpan de Juárez, ********************. En efecto, si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 111/2013, resuelta en sesión de cinco de junio de dos mil catorce, señaló que interés legítimo e interés difuso o colectivo no son lo mismo, pues el primero se refiere al grado de afectación, mientras que el segundo al número de personas que la resienten, y destacó que, si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible, también es verdad que, en el presente caso, la posición que la parte quejosa aduce, frente al resto de los gobernados, no se encuentra justificada. Ciertamente, debió haber acreditado su calidad de vecino del Área Natural Protegida Sujeta a Conservación Ambiental de las Barrancas Río la Pastora, Río de la Loma y Río San Joaquín, ubicadas en el Municipio de ********************; y de igual manera, acreditar que la recategorización del área protegida, actualmente denominada "Parque Estatal Barrancas Río La Pastora, Río de la Loma y Río San Joaquín", en el Municipio de ********************, ********************, le genera una afectación de manera inminente e irreparable a sus derechos, precisando la parte del decreto que le genera el impacto que ella directamente reclama, y no de forma general. Sin que sea óbice, la protesta de decir verdad que realiza en su escrito de demanda, pues la misma es insuficiente para considerar que con la ejecución del acto impugnado se le estén causando perjuicios de imposible reparación. En efecto, la parte quejosa no exhibe algún medio de convicción que acredite de forma indiciaria que con la recategorización del área protegida, actualmente denominada "Parque Estatal Barrancas Río La Pastora, Río de la Loma y Río San Joaquín", en el Municipio de ********************, ********************, se podrán generar daños de imposible reparación al medio ambiente, ni que se le este violentado su derecho a la salud o al acceso, disposición y saneamiento de agua. Esto es así, pues la parte quejosa pretendió demostrar su interés legítimo con las siguientes documentales que adjuntó digitalizadas a saber: 1. Copia de predial. 2. Escritura pública dos mil cuatroscientos noventa y ocho, de que contiene el contrato de compraventa que celebran ******************** y ********************. 3. Impresión del Decreto del Ejecutivo del Estado por el que se modifica la declaratoria del ejecutivo del Estado, por la que se establece el área natural protegida sujeta a conservación ambiental de las barrancas Río la Pastora, Río de la Loma y Río San Joaquín, ubicadas en el municipio de ********************, publicada en el periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el 16 de agosto de 1994, para denominarse Parque Estatal Barrancas Río la Pastora, Río de la Loma y Río San Joaquín, ubicado en los municipios de ******************** y Naucalpan de Juárez, ********************; 4. Impresión de Gaceta de Gobierno de veinte de diciembre de dos mil veintidos. 5. Informe técnico ambiental elaborado por la firma Green Business Partnes. Sin embargo, se estima que dichas documentales no resultan idóneas para acreditar que las normas reclamadas, repercutirán en el medio ambiente en donde aduce el quejoso habita es vecino. De lo anterior, que no se acredite el interés legítimo con el que aduce la parte quejosa cuenta. Lo anterior se corrobora si se atiende a que, como lo consideró el Pleno del Alto Tribunal, en la citada contradicción de tesis, "(.) para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse". En este orden de ideas, al no señalarse en la demanda la existencia de una afectación al medio ambiente específica, ni al derecho a la salud, y al acceso, disposición y saneamiento de agua, con motivo de las normas reclamadas, no existe parámetro alguno por el cual pudiera estimarse, razonablemente, para dar trámite a la demanda, ante una afectación real y actual o inminente en su esfera jurídica, por lo que el perjuicio que se aduce, se limita a una mera posibilidad, igual a la que podría sufrir cualquier otro habitante del país y, por ende, no goza de un interés legítimo, sino simple, ya que no se encuentra demostrada la existencia de un vínculo concreto entre los derechos cuestionados a un medio ambiente sano, vivienda digna, salud y el perjuicio que sufriría la parte quejosa. Ciertamente, pues en el decreto reclamado solo se determinó la creación del parque estatal Barrancas Río La Pastora, Río de la Loma y Río San Joaquín, ubicado en los municipios de ******************** y Naucalpan de Juárez, ********************; se indicó la superficie que integra dicho parque; se establecieron diversas definiciones para el uso de suelo y aprovechamiento de los elementos naturales dentro del Área Natural Protegida; se indicó que la autorización para exploración, explotación o aprovechamiento de recursos y realización de obras en el Área Natural Protegida estará sujeta al Programa de Manejo del área aprobado por la Secretaría del Medio Ambiente; y que la Secretaría del Medio Ambiente en coordinación con la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las acciones correspondientes para el logro de los objetivos de esa declaratoria. Por lo tanto, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos legales 5°, fracción I, y 6°, párrafo primero, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, y conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo planteada, al no acredita la parte quejosa contar con interés legítimo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, de rubro y texto: INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable. DOMICILIO Toda vez que la quejosa solicita que las notificaciones se le practiquen de manera electrónica, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones personales el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, se comisiona a los actuarios adscritos a este juzgado a fin de que le practiquen las subsecuentes notificaciones de carácter personal por dicho medio, a través de los usuarios ********************. En el entendido, que le recae la obligación a la parte quejosa de ingresar al sistema electrónico todos los días y obtener la constancia de la consulta realizada al expediente digitalizado en el plazo que señala la norma respectiva, de conformidad a lo previsto en los artículos 3, 30, fracción II, y 31, fracción III, todos de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS En cuanto a las personas que menciona, se tiene por autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, si a la fecha del dictado del presente acuerdo tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; en caso contrario, para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé en su parte final el segundo párrafo del numeral en cita. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En relación a la solicitud de que se le permita la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, vía internet, a través de los usuarios ********************, se tiene por autorizada su solicitud, siempre y cuando se encuentren registrados en la página relativa al "sistema de consulta de expediente electrónico". Por tanto, se instruye a la Oficial Judicial "A" SISE adscrita a este juzgado, para que lleve a cabo el registro de los usuarios en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. MEDIOS TECNOLÓGICOS De conformidad con la circular 12/2009, de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza para que tome las fotografías de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, con los medios tecnológicos que indica la circular referida. EXHORTO PARA SEGUIR LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO VÍA LÍNEA. Con fundamento en el artículo 263, fracción II, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes que no lo hubieran hecho con anterioridad para que hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea". MEDIOS ALTERNATIVOS DE CONTACTO Con fundamento en el artículo 257, fracción I, del citado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que proporcionen un medio alternativo de contacto (número telefónico y/o cuenta de correo electrónico), para entablar comunicaciones no procesales, cuando así lo considere necesario este órgano jurisdiccional. En ese tenor, se tiene como medio alternativo de contacto la cuenta de correo electrónico que proporciona el quejoso. OPOSICIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Cabe indicar a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. En ese sentido, téngase al promovente manifestando su oposición para que se publiquen sus nombres y datos personales al momento en que, en su caso, se haga pública la sentencia que se dicte en este asunto. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso el emplazamiento de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente Notifíquese: vía electrónica a la quejosa.

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