Verónica León Contreras
Expediente 1256/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 27 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1256/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 11/04/2018
Partes del expediente
- Verónica León Contreras
- VERÓNICA LEÓN CONTRERAS y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficios y anexos signados por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad (fojas 134 a 136 y 153 a 155), manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de veintitrés de marzo del año que transcurre (foja 156), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: ***Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el cinco de septiembre dos mil diecisiete (fojas 73 a 88), se determinó por una parte sobreseer y por otra conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los dispositivos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en el ámbito de sus competencias devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad de $9,931.68 (Nueve mil novecientos treinta y un pesos 68/100 moneda nacional), entre otros, por concepto de "INSCR. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO"; "INSCRIP. PRESTAMO HIPOTECARIO" (fojas 9 a 11), así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit", pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo actuado con apoyo en el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó a la solicitante del amparo. y 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." De lo anterior se colige, que el acto que debía realizar la autoridad responsable Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: A). Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete; esto es, en relación con los preceptos 12, 13 y 14 de la citada ley, para que las autoridades responsables no aplicaran en el presente y ni en el futuro, tales preceptos legales; y B). Devolver a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), respecto de la cantidad de $9,931.68 (nueve mil novecientos treinta y uno 68/100 moneda nacional), que pagó, por concepto de de "INSCR. DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO"; "INSCRI. PRÉSTAMO HIPOTECARIO", así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit", C). 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. Luego, a través de los oficios y anexos presentados por la autoridad responsable Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas (fojas 134 a 136), informó a este juzgado federal la forma en que dió cumplimiento al fallo protector, del cual se advierte que efectuó la devolución a la parte quejosa por medio de cheque de caja el dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete (foja 135), por la cantidad de $9,507.68 (nueve mil quinientos siete pesos 68/100, moneda nacional), con motivo de la inconstitucionalidad de los artículos aplicados materia de reclamo y la cantidad debidamente actualizada; sin embargo, dicha cantidad no estaba debidamente actualizada, de conformidad con el artículo 35 del CÓDIGO Fiscal del Estado de Nayarit, en los términos que se precisaron en el proveído de trece de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 137 a 138). En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el siete de junio y el dieciséis de noviembre, ambos de dos mil diecisiete, se efectúo la devolución mediante cheque, por la cual la autoridad responsable pretendió devolver las contribuciones reclamadas en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de mayo a octubre de dos mil diecisiete. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de mayo de dos mil diecisiete entre el índice para el mes de octubre de la misma anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de mayo de dos mil diecisiete fue 126.091; y para el mes de octubre 128.717. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.02082. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $9,705.62 (nueve mil setecientos cinco pesos 62/100, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $197.94 (ciento noventa y siete pesos 94/100, moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la ejecutoria en análisis se encuentra cumplida en sus términos, pues la autoridad devolvió a la quejosa la cantidad total de $9,805.75 (nueve mil ochocientos cinco pesos 75/100, moneda nacional), lo que pone en evidencia el cumplimiento total de la ejecutoria de amparo. No pasa inadvertido que el monto que el recaudador responsable debía devolver al quejoso era de $9,705.62 (nueve mil setecientos cinco pesos 62/100, moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $9,805.75 (nueve mil ochocientos cinco pesos 65/100, moneda nacional), es decir, reintegró un excedente de $100.13 (cien pesos 13/100 moneda nacional), pero dicho excedente no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de obtenerla, así como los que efectué el quejoso, a fin de entregar dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Juzgado Federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficios y anexos signados por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad (fojas 134 a 136 y 153 a 155), manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de veintitrés de marzo del año que transcurre (foja 156), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: ***Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el cinco de septiembre dos mil diecisiete (fojas 73 a 88), se determinó por una parte sobreseer y por otra conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los dispositivos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en el ámbito de sus competencias devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad de $9,931.68 (Nueve mil novecientos treinta y un pesos 68/100 moneda nacional), entre otros, por concepto de "INSCR. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO"; "INSCRIP. PRESTAMO HIPOTECARIO" (fojas 9 a 11), así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit", pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo actuado con apoyo en el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó a la solicitante del amparo. y 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." De lo anterior se colige, que el acto que debía realizar la autoridad responsable Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: A). Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete; esto es, en relación con los preceptos 12, 13 y 14 de la citada ley, para que las autoridades responsables no aplicaran en el presente y ni en el futuro, tales preceptos legales; y B). Devolver a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), respecto de la cantidad de $9,931.68 (nueve mil novecientos treinta y uno 68/100 moneda nacional), que pagó, por concepto de de "INSCR. DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO"; "INSCRI. PRÉSTAMO HIPOTECARIO", así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit", C). 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. Luego, a través de los oficios y anexos presentados por la autoridad responsable Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas (fojas 134 a 136), informó a este juzgado federal la forma en que dió cumplimiento al fallo protector, del cual se advierte que efectuó la devolución a la parte quejosa por medio de cheque de caja el dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete (foja 135), por la cantidad de $9,507.68 (nueve mil quinientos siete pesos 68/100, moneda nacional), con motivo de la inconstitucionalidad de los artículos aplicados materia de reclamo y la cantidad debidamente actualizada; sin embargo, dicha cantidad no estaba debidamente actualizada, de conformidad con el artículo 35 del CÓDIGO Fiscal del Estado de Nayarit, en los términos que se precisaron en el proveído de trece de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 137 a 138). En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el siete de junio y el dieciséis de noviembre, ambos de dos mil diecisiete, se efectúo la devolución mediante cheque, por la cual la autoridad responsable pretendió devolver las contribuciones reclamadas en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de mayo a octubre de dos mil diecisiete. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de mayo de dos mil diecisiete entre el índice para el mes de octubre de la misma anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de mayo de dos mil diecisiete fue 126.091; y para el mes de octubre 128.717. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.02082. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $9,705.62 (nueve mil setecientos cinco pesos 62/100, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $197.94 (ciento noventa y siete pesos 94/100, moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la ejecutoria en análisis se encuentra cumplida en sus términos, pues la autoridad devolvió a la quejosa la cantidad total de $9,805.75 (nueve mil ochocientos cinco pesos 75/100, moneda nacional), lo que pone en evidencia el cumplimiento total de la ejecutoria de amparo. No pasa inadvertido que el monto que el recaudador responsable debía devolver al quejoso era de $9,705.62 (nueve mil setecientos cinco pesos 62/100, moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $9,805.75 (nueve mil ochocientos cinco pesos 65/100, moneda nacional), es decir, reintegró un excedente de $100.13 (cien pesos 13/100 moneda nacional), pero dicho excedente no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de obtenerla, así como los que efectué el quejoso, a fin de entregar dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Juzgado Federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta, signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, mediante el cual manifiesta haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con el ocurso y anexo de cuenta, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, exprese lo que a su interés legal convenga, apercibida que de no hacerlo, este Juzgado de Distrito con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obren en el presente sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VENITIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexos que acompaña, a través de los cuales, en cumplimiento al fallo protector concedido, refiere que la parte quejosa no ha comparecido a recoger el cheque expedido a su favor, no obstante de habérsele notificado tal circunstancia desde el quince de los cursantes, como lo acredita con las copias certificadas que acompaña. En consecuencia, al tenor del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, dése vista a la parte quejosa, con el comunicado de mérito y anexos que acompaña, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga y en su caso, comparezca ante la autoridad exactora a recoger el título de crédito expedido a su favor; con apercibimiento de que en caso de no hacer expresión alguna al respecto, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás constancias que obran en autos, se hará pronunciamiento en relación con el cumplimiento de referencia, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. Resulta aplicable por analogía, la tesis III.3º.A.52 A, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página mil cuatrocientos cincuenta y cinco, Tomo XXI, correspondiente al mes de mayo del dos mil cinco, Materia Administrativa, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: ***
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