Verónica Leguizamo Vargas
Expediente 243/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 243/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Verónica Leguizamo Vargas
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, en razón de que la parte promovente no recurrió, en queja, el auto de tres de marzo del año que transcurre , por medio del cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara firme. archívese el presente expediente como asunto concluido. hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno que devolver a las partes.
- Principal
---- Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ---, por derecho propio y ostentándose albacea de la sucesión a bienes de ---, contra actos del Juez Mixto del Distrito Judicial de Chalco, con residencia en Ixtapaluca, Estado de México, por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos constitucionales que refiere. Creación de expediente. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos con el número 243/2022-III; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente S.I.S.E-. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en la secretaría de este juzgado. El cuaderno impreso que se forme en este asunto contendrá las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que se reciban y generen tanto en forma física como electrónica. Determinación que se adopta sin que pase inadvertido que el artículo 3, fracción III y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, establece que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente tiene validez legal suficiente y constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso, el cual contendrá únicamente las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación que se generen de la misma manera. Sin embargo, la anterior determinación se adopta con el objeto de garantizar en forma efectiva a las partes el acceso a las constancias que integran este expediente, tomando en consideración que del séptimo transitorio del citado Acuerdo General se advierte que se estableció un plazo de cuatro meses para la instalación de dispositivos electrónicos que permitan la consulta de expedientes y la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, y dado que a la fecha no se cuenta con ellos, las partes aún no están en posibilidad de consultar por los medios previstos en dicho Acuerdo las constancias de autos. En el entendido que los documentos presentados en formato físico con los que se formen cuadernos auxiliares y que no se agreguen al expediente principal físico, tampoco deberán integrarse al expediente electrónico. Los cuadernos auxiliares estarán a disposición de las partes y podrán ser consultados físicamente con las salvaguardas respectivas si se trata de información reservada o confidencial. Decisión sobre la instancia constitucional. De la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama: El auto de siete de febrero de dos mil veintitrés, en el que se previno a la quejosa a efecto de que proporcionara la denominación y el domicilio de la institución donde se debería girar el oficio relativo al desahogo de la prueba que ofreció dentro del incidente de liquidación de intereses, tramitado en el juicio ejecutivo mercantil ***/2023, del índice del Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Chalco, con residencia en Ixtapaluca, Estado de México, seguido en contra de RAG, cuya sucesión, está a cargo de la aquí promovente, quien se ostenta como su albacea. Establecido el acto reclamado, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. --- Este juzgado advierte la existencia de una causa de improcedencia, respecto del acto reclamado señalado, por lo siguiente. Por su parte, el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia consigna lo siguiente: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Además, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, dispone que: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendiendo al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" (Lo resaltado es propio) Los citados dispositivos establecen una de las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto, en que tratándose de actos de ejecución de sentencia, únicamente podrá promoverse el juicio de amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, lo cual implica que tratándose de las resoluciones intermedias no podrá promoverse el juicio de amparo, sino que en todo caso, éstas podrán reclamarse como violaciones procesales cuando se combata la última resolución. En ese sentido, la regla genérica contenida en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, no indica si los actos intermedios dictados durante un procedimiento sustanciado en esa etapa -después de concluido el juicio- pueden atacarse de manera inmediata mediante la acción de amparo biinstancial, o si ello debe hacerse junto con la resolución que decide en definitiva dicho procedimiento. Ahora bien, conforme a la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procederá cuando se trata de actos de ejecución, contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o los que ordenan el archivo, lo que en el caso, no acontece. De igual forma, como última resolución debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o en su defecto aquélla en que se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento Ello es así, ya que la razón de limitar la procedencia de juicio de garantías a la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución de sentencia, tiene como propósito evitar que se entorpezca la ejecución de la sentencia, ya que ello se considera de orden público. Entonces, el amparo indirecto procederá excepcionalmente en la etapa de ejecución siempre y cuando los actos reclamados en ésta sean de imposible reparación. --- Sentado lo anterior, en el presente caso, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados fueron emitidos después de dictada la sentencia en el juicio de origen y tienen por objeto el desahogo de una prueba ofrecida dentro del incidente de liquidación de intereses, tramitado en el juicio ejecutivo mercantil ***/2023, del índice del Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Chalco, con residencia en Ixtapaluca, Estado de México, seguido en contra de René Avendaño Grande, cuya sucesión, está a cargo de la aquí promovente, quien se ostenta como su albacea. En ese orden, conforme a lo narrado, se desprende que la peticionaria de garantía reclama un acto de un tribunal judicial pronunciado dentro de un procedimiento de ejecución de sentencia, que en sí, atendiendo a la naturaleza del juicio de origen, no constituye la última resolución dictada en aquélla fase ejecutiva, pues es claro que en ella no se reconoce el cumplimiento total de la sentencia ni declara la imposibilidad material o jurídica para ese cumplimiento; ni tampoco se trata de la resolución que concluya con un procedimiento autónomo que se dé en esta etapa, circunstancia que hace improcedente la tramitación del juicio de protección constitucional. En efecto, en el caso en particular el acto reclamado es una determinación encaminada a dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia, por ende, no representa la última resolución dictada en dicho procedimiento de ejecución. De ahí que por su propia naturaleza, el desahogo de pruebas dentro de un incidente de liquidación de intereses, no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera tácita o expresa el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva a la realización de actos tendentes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo. Resultando incuestionable que el peticionario del juicio de control constitucional reclama actos de órganos jurisdiccionales pronunciados dentro de un procedimiento de ejecución de una sentencia, que en sí, no constituyen la última resolución dictada en aquélla fase ejecutiva, ya que la materia del juicio natural versó precisamente en la entrega del inmueble referido, al dilucidarse una acción real; por lo que es claro que, con dicha diligencia en etapa de ejecución, no se reconoce el cumplimiento total de la sentencia ni declaran la imposibilidad material o jurídica para ese cumplimiento; ni tampoco se trata de la resolución que concluya con un procedimiento autónomo que se dé en esta etapa circunstancia que hace improcedente la tramitación del juicio de protección constitucional, entendido como una serie de actos concatenados entre sí, que culminará con determinación que establezca cumplida la sentencia y que las violaciones durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, a efecto de no entorpecer su tramitación deben combatirse, cuando se reclame la resolución que le ponga fin al mismo, ya que de demostrarse que hubo la infracción legal y que se dejó sin defensa a la quejosa, tendría que reponerse el procedimiento del procedimiento de ejecución en cuestión a partir de esa violación, y con ello no se habría obstaculizado su prosecución, ni desde luego el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio natural, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de garantías, que no permite ser utilizado como instrumento que dilate la administración de justicia. Por tanto, el acto que combate en esta vía el quejoso, consistente en el auto de siete de febrero de dos mil veintitrés, en el que se previno a la quejosa a efecto de que proporcionara la denominación y el domicilio de la institución donde se debería girar el oficio relativo al desahogo de la prueba que ofreció dentro del incidente de liquidación de intereses, tramitado en el juicio ejecutivo mercantil ***/2023, del índice del Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Chalco, con residencia en Ixtapaluca, Estado de México, seguido en contra de René Avendaño Grande, cuya sucesión, está a cargo de la aquí promovente, quien se ostenta como su albacea, forma parte de la etapa de ejecución cuya naturaleza es lograr la ejecución de la sentencia emitida en la controversia de origen. Dicha regla tratándose de actos después de concluido el juicio también rige respecto de aquellos actos autónomos al procedimiento de ejecución. De tal modo que respecto de dichos actos constituye una condición para la procedencia del amparo indirecto que tengan efectos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada. --- En tales condiciones, se encuentra actualizada en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia antes citada, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, respecto del acto en cita. Es aplicable la tesis jurisprudencial 734, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, página 1204 que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114 fracción III de la Ley de Amparo." --- -- En consecuencia, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha la presente demanda de garantías, por el segundo de sus actos. Intervención a las partes en el juicio de amparo. 1. Parte quejosa. a). Domicilio. En atención a que no señala como domicilio para oír y recibir notificaciones, se tienen las listas, de conformidad con el artículo 27 fracción III de la Ley de Amparo. Autorizados. Se tienen por autorizados en términos amplios del numeral 12 de la normativa aplicable, a los profesionistas que menciona siempre y cuando tengan registrada la cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, la cual en su momento será localizada, esto es, cuando lleguen a ejercer su mandato. Correo electrónico. Se tiene por señalado el correo electrónico, únicamente como una forma especial y expedita de contacto no procesal, para la lograr la práctica de notificaciones y desahogo de las diligencias que se ordenen en este asunto; cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Lo anterior, en aras de agilizar el trámite de este asunto, acorde a lo establecido en el artículo 17 constitucional, sin que dicha dirección de correo electrónico pueda considerarse como un medio para oír y recibir notificaciones. Se exhorta para tramitación de juicio en línea. Atendiendo al contenido del artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en cuanto a que los órganos jurisdiccionales deben de adoptar como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que: - Opten por documentos, servicios y procesos digitales de forma preferente a aquéllos realizados en papel, salvo en casos cuya excepción sea debidamente justificada. - Soliciten la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual, habrán de tramitar su firma electrónica. O bien, podrán solicitar, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico; y, - Soliciten la práctica de notificaciones electrónicas, proporcionando para ello el usuario previamente registrado en dicho portal. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. Copias y reproducción de constancias. a) Solicitudes de expedición de copias. Hágase del conocimiento a las partes que no será necesario que soliciten la expedición copias de las constancias que integren el expediente electrónico y/o físico. Para el caso de las constancias que integren el expediente electrónico, podrán obtener por sí, copias simples de las que no incluyan la evidencia criptográfica y copias certificadas de las que cuenten con dicha evidencia. Lo anterior, de conformidad al artículo 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, que establece que las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyen la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. Sólo en casos excepcionales que se requieran certificaciones de documentos electrónicos impresos, aplicará el proceso de certificación para documentos físicos, es decir, se deberá incorporar el texto de certificación y firma autógrafa correspondiente. Por lo que, a efecto de agilizar el trámite de este asunto, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, se ordena la expedición a las partes, hasta en un tanto, de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin que sea necesario que medie promoción por escrito, previa petición verbal al secretario y toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal: ellos por conducto de las personas que cuenten con facultades para ello, pues solo a éstas les serán entregadas. b) Reproducción electrónica de constancias. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de medios electrónicos, es decir, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada. NOTIFÍQUESE
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