Verónica Langle Hernández
Expediente 643/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 643/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 30/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Verónica Langle Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que de una búsqueda realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se obtuvo que mediante acuerdo de quince de agosto del año en curso, el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, radicó el juicio de amparo 443/2023, de su índice, en el que tuvo por recibido el oficio librado por este órgano jurisdiccional, a través del cual le fue remitido este expediente por incompetencia y manifestó compartir las consideraciones esgrimidas por este Juzgado de Distrito, avocándose a su conocimiento. Datos que se invocan como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°. Por tanto, tomando en consideración que no existen documentos originales exhibidos por las partes por devolver, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo el diverso numeral 19, fracción I, del Acuerdo en cita, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que en el presente asunto este Juzgado declinó competencia por territorio para conocer del juicio biinstancial; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del Acuerdo General en cita. Consecuentemente, una vez que transcurran SEIS MESES, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, procédase a la DESTRUCCIÓN del expediente principal, en términos de los artículos 19, antepenúltimo párrafo, 21, 22 y 23 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Se autoriza a la persona secretaria y/o actuaria de la adscripción a firmar el oficio que derive del presente asunto. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Incompetencia. En el caso, conviene establecer que la competencia constituye un presupuesto procesal que es de orden público, previamente, se debe considerar si la demanda de amparo da motivo para que este Juzgado continúe con su conocimiento, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable. De no hacerlo así, se violarían las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sirve de apoyo la Jurisprudencia I.2o.P. J/40, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 36, tomo 56, agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Al respecto conviene hacer alusión al contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual señala las reglas básicas para fijar la competencia por razón de territorio, a saber: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El precepto transcrito, fija la competencia por territorio en materia de amparo, atendiendo a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si requiere de ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo, y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. El análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula con éste. De acuerdo con el precepto invocado será competente para conocer de la demanda de amparo: a) El Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado (párrafo primero). b) El Juez de Distrito ante el que se presente la demanda, cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro (párrafo segundo). c) El Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material (párrafo tercero). En ese contexto, conforme al texto del artículo 37 de la Ley de Amparo, para determinar la competencia para conocer de la demanda, se debe precisar, en primer término, si los actos reclamados tienen ejecución o no. Para tal fin, importa mencionar que en relación con la naturaleza positiva o negativa de los actos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 176/2009, de la que derivó la jurisprudencia 2ª./J. 152/2009, determinó, en lo que aquí interesa, lo siguiente: ".En este sentido, un acto será de carácter positivo cuando consista en una conducta comisiva, es decir, en una acción de hacer. A su vez, estos actos se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea; b) actos de ejecución continuada o inacabada; y, c) actos de ejecución de tracto sucesivo. Por su parte, el acto será de naturaleza negativa cuando consista en una conducta omisiva o en una abstención de dejar de hacer lo que la ley ordena o en dejar de reconocer u otorgar lo que la norma impone. Estos actos negativos se subclasifican en: a) abstenciones; b) negativas simples; y, c) actos prohibitivos. Es importante poner de relieve que aunque los actos administrativos puedan expresarse en forma negativa, su naturaleza es positiva cuando entrañan la privación del ejercicio de un derecho o cuando en virtud de esa negativa la autoridad pueda actuar en forma positiva afectando la esfera jurídica del quejoso. Los actos negativos omisivos son abstenciones por parte de la autoridad no expresadas materialmente pero apreciables por la conducta apática o negligente de aquélla. Los actos negativos simples son los que se expresan mediante el rechazo de la autoridad acerca de lo pedido. Finalmente, los actos prohibitivos son aquellos que implican una orden o conducta positiva de la autoridad tendiente a impedir una conducta del particular afectado. Entonces, cualquiera que sea la forma de expresión que emplee la autoridad, sea concediendo o negando lo que se le pidió, sea ordenando o prohibiendo, para definir la naturaleza negativa del acto habrá que analizar en cada caso si el mismo redunda en una abstención de otorgar o reconocer al quejoso el derecho que le corresponde; o para definir su carácter positivo, habrá que advertir si impone al quejoso un carga a la que no se está obligado, o le priva o limita algún derecho que figura en su patrimonio jurídico.". Luego, del estado de autos se desprende que, la quejosa Veronica Langle Hernández, reclama de la autoridad responsable: La negativa y/o omisión de realizar el pago de pensión por viudez, que le corresponde como viuda de Julián Said Nahon Montellano, bajo el fundamento de incompatibilidad de pensión, previsto en el artículo 51, inciso c), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil siete y en concordancia con el artículo 12, fracción I, inciso a), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Decimo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), publicado el veintiuno de julio de dos mil nueve en el Diario Oficial de la Federación; misma que le fue notificado de manera verbal el ocho de junio de dos mil veintitrés. Lo antes relacionado, pone de manifiesto que el acto reclamado a la autoridad responsable, constituye abstención que se produce al no realizar el acto que la ley le ordena (acto declarado inconstitucional), por lo que constituye acto de naturaleza negativa; sin embargo, es factible considerar que éste tiene efectos y consecuencias positivos, pues, de manera directa, implican la privación del ejercicio de un derecho como es el de disfrutar de la pensión que le corresponde a la quejosa. Luego, es claro, que los actos reclamados se asemejan por su forma de expresión a abstenciones u omisiones, sin embargo, por sus efectos se deduce que en realidad tienen naturaleza positiva y como tal deben tratarse. Cierto, si bien la omisión de que se trata -por su forma de expresión-, no produce un cambio material, no obstante, sus efectos o consecuencias mediatos son positivos, por ende, ejecutable y se relaciona con la determinación del reconocer el derecho que tiene la quejosa de disfrutar de la pensión que le corresponde, de ahí que, atendiendo al criterio competencial a que se refiere el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, resulta competente para conocer de la demanda de amparo el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar en donde los actos reclamados tienen consecuencias materiales en el ámbito privado de la parte quejosa, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resienta su ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2ª./J. 152/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro digital 166109, de rubro y texto: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado." Conforme a dicho criterio jurisprudencial, la indebida cuantificación del pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligada al domicilio del beneficiario, por ser razonablemente el lugar en el que cuantifica, cobra y disfruta, consideraciones que trasladadas al presente caso, y resultan aplicables, ya que los efectos del acto reclamado van encaminados a la realización del pago de pensión. Criterio que es acorde con la voluntad de la quejosa, acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta la agraviada para ocurrir al juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En el mismo sentido lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, al resolver el conflicto competencial 9/2022. Bajo ese panorama, es importante precisar que de las documentales que allegó la parte quejosa a esta instancia constitucional, se advierte que ésta tiene su domicilio particular en calle 2, Manzana 13, edificio 3, casa B, Fraccionamiento Tagolaba, del Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca. En ese orden de ideas, se impone señalar lo establecido en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitario de Circuito y de los Juzgados de Distrito; el cual señala que: "Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo." De lo transcrito se desprende que Santo Domingo Tehuantepec, municipio en donde tiene su domicilio particular la quejosa se encuentra dentro de los municipios que expresamente establece el citado Acuerdo General 3/2013, en los que ejercen jurisdicción territorial los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz; por tanto, se encuentra fuera del ámbito territorial de competencia de este Juzgado. Por lo tanto, es claro que conforme a la regla establecida en el párrafo primero, del artículo 37 de la Ley de Amparo, resulta competente para conocer de la demanda de amparo, el Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con sede en Salina Cruz. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase la demanda de amparo origen del presente juicio de que se trata así como el escrito aclaratorio, al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, en turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, a fin de que provea lo que conforme a derecho proceda respecto del conocimiento del presente asunto Asimismo, se solicita de la manera más atenta, tenga a bien informar a este órgano jurisdiccional sobre la aceptación o no de la competencia planteada. Fórmese cuaderno de antecedentes. Sin efectos audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional (once horas con veintitrés minutos de cinco de septiembre de dos mil veintitrés). Anotaciones. Efectúense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, se autoriza a la secretaria y/o actuaria judicial adscrita para que firme los oficios correspondientes. Notifíquese personalmente a las partes y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEBOSA/ TERCERO INTERESADO, EL AUTO DE...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Incompetencia. En el caso, conviene establecer que la competencia constituye un presupuesto procesal que es de orden público, previamente, se debe considerar si la demanda de amparo da motivo para que este Juzgado continúe con su conocimiento, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de siete de julio del año en curso, se admitió a trámite el presente juicio, y, en lo que interesa, mediante oficio 14247/2023, se requirió informe justificado a la responsable Subdelegado de Prestaciones, Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Oaxaca. Asimismo, se aprecia que dicho comunicado se notificó el once de julio de la presente anualidad, por lo que el término de quince días a que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, transcurrió del doce de julio al uno de agosto del año actual, sin que a la fecha lo hayan rendido. Por tanto, a fin de integrar debidamente el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su artículo 2º, mediante oficio que al efecto se libre, requiérase a la responsable Subdelegado de Prestaciones, Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Oaxaca, para que dentro del término de tres días, contado legalmente, remita copia certificada de las constancias relacionadas con los actos aquí reclamados, a fin de poder resolver el juicio de amparo en que se actúa, o en su caso informe el impedimento legal con que cuente para ello. Apercibida que de no remitir las referidas constancias o informar el impedimento legal con que cuenta -dentro del término concedido-, al dictarse sentencia se le impondrá multa, con fundamento en el artículo 17, de la Constitución Federal, en relación con los artículos 237, fracción I, 238, 259 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, por el monto de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, cero centavos ($10,374.00) moneda nacional, equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; atendiendo al valor de ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos ($103.74) moneda nacional. En la inteligencia de que, los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a la ahora Unidad de Medida y Actuaciones, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformados y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por tanto, dado el sentido del presente acuerdo, se difiere la audiencia constitucional programada para este día y se señalan las ONCE HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Sin que haya lugar a notificar personalmente a las autoridades señaladas como responsables el diferimiento de la audiencia constitucional, ello es así, en virtud que no existe disposición alguna en la Ley de Amparo que imponga tal obligación. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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