Verónica Juanillo Diego
Expediente 63/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 63/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Verónica Juanillo Diego
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de octubre de dos mil veinte. Causa ejecutoria sentencia. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada el nueve de septiembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por ************(única parte a quien puede afectar dicha determinación), sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2, de la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, y con fundamento en los artículos 18, 20 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental: Este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 21, inciso a), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de octubre de dos mil veinte. Vistas las actuaciones que integran este expediente, se advierte que se ordenó notificar por lista electrónica a la parte quejosa y agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la sentencia dictada el nueve de septiembre de dos mil veinte; sin embargo, de las constancias que integran el expediente electrónico relativo a este juicio, se aprecia que no fueron notificadas. Por tanto, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento y en obvio de mayores dilaciones, comisiónese al actuario que corresponda, a efecto de que, se realicen las notificaciones antes señaladas. Se instruye al actuario de la adscripción a fin de que vincule las notificaciones con los acuerdos respectivos. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA DE FECHA NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, fracción I, 73, 74, 75, 76 y 79 de la nueva Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por Verónica Juanillo Diego, contra la autoridad y por los actos que quedaron precisados en el resultando primero de esta sentencia y en los términos de los considerandos cuarto y quinto que anteceden. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable
- Principal
En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las diez horas con veintitrés minutos del nueve de septiembre de dos mil veinte, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional del juicio de amparo 63/2020, el licenciado Pedro Guerrero Trejo, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de la licenciada Ileana Patricia Infante Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional por videoconferencia, señalada para el día de hoy, sin asistencia de las partes, al no haberlo solicitado. Abierta la audiencia, la secretaria dio lectura a la demanda y demás constancias de autos; y certifica: Que no existe documento con el cual deba darse cuenta; asimismo, se hace constar que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, de conformidad con los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, de la Constitución Federal, 8, de la anterior Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Enseguida, el Juez acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes. II. Por cuanto a que las partes en este juicio de amparo, no se opusieron a la publicación de sus datos personales, resuélvase lo conducente al dictarse la sentencia. Abierto el período probatorio, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se hace constar que la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, exhibió diversas copias certificadas deducidas del expediente laboral 486/2004 (4). A lo que el Juez acuerda: en términos del numeral 119 de la ley de la materia invocada, se admite la prueba documental aportada por la citada parte (autoridad responsable); probanza que se tiene por desahogada en razón de su propia naturaleza, y será considerada al resolver este juicio de amparo. Acto continuo, se abre la fase de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon, n la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, formuló pedimento alguno; por tanto, se cierra este período y se procede a dictar la siguiente sentencia: VISTOS; los autos para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 63/2020, que promovió Verónica Juanillo Diego por propio derecho; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta localidad, el veintitrés de enero de dos mil veinte, y recibida en este órgano jurisdiccional el veinticuatro siguiente, por Verónica Juanillo Diego, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Presidenta de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Por auto de veintisiete de enero del año en curso, se registró en el libro de gobierno con el número 63/2020, y se previno a la parte quejosa para que manifestara cuál era el acto reclamado destacado en la demanda de amparo, por lo que mediante escrito presentado el seis de febrero del año en curso en la oficialía de partes de este juzgado, la quejosa Verónica Juanillo Diego, manifestó lo siguiente: ".La omisión de dictar acuerdo respectivo al escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve y presentado el veintinueve de enero de esa anualidad (2019), ante el Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado." Actos que estimó violatorios de los artículos 1, 17, 103, 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Mediante proveído de siete de febrero de dos mil veinte (fojas 10-12), se admitió la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. TERCERO. Levantamiento de plazos y términos. De conformidad con el Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de Salud Pública derivado del virus COVID-19, se advierte que fueron suspendidas en su totalidad las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación a partir del dieciocho de marzo hasta el diecinueve de abril de dos mil veinte, por lo que a consecuencia de dicha suspensión de labores, se determinó que no correrían plazos ni términos procesales. Posteriormente, mediante Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se otorgó la pauta a los órganos jurisdiccionales para dar continuidad a las medidas tendentes para evitar la concentración de personas y propagación del virus; así como, para reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, a efecto de continuar con el trámite y en su caso dictar las resoluciones correspondientes en los asuntos tramitados tanto físicamente como los "juicios en línea", del período de seis al treinta y uno de mayo de dos mil veinte. Ahora, en el juicio de amparo en estudio se advierte que la demanda de amparo que promovió Verónica Juanillo Diego se presentó de forma física, previo al periodo de suspensión de plazos y términos decretado a partir del dieciocho de marzo de dos mil veinte, por ende, al no estar en los supuestos de los expedientes de los cuales se debía continuar con su tramitación, por acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veinte se reanudo el trámite del juicio de amparo, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48, 49 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el diverso 59/2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de dos mil diecinueve; por tratarse de un asunto de naturaleza laboral, que corresponde a la jurisdicción de este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Oportunidad de presentación de la demanda. Atendiendo al acto reclamado, se estima que la demanda de amparo, se encuentra promovida dentro del término a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues la violación al diverso artículo 17 Constitucional, puede combatirse en cualquier tiempo; como así lo ilustra la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la página 332, tomo X, del Semanario Judicial de la Federación, julio de 1992, correspondiente a la Octava Época, con el rubro siguiente: "ACTO NEGATIVO. CONTRA EL, NO CORRE EL TÉRMINO PREVISTO POR EL ARTICULO 21, DE LA LEY DE AMPARO." TERCERO. Fijación del acto reclamado. Previamente, por técnica jurídica y con la finalidad de analizar con propiedad el tema jurídico que nos ocupa, es imperativo precisar el acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a efecto de determinar lo pedido por el quejoso y así poder resolver, analizando en su integridad la demanda constitucional, y la información que obra en el expediente en que se actúa, tal como lo establece la tesis número P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril 2004, materia común, página 255, con número de registro 181810, de rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este contexto, debe indicarse que el acto reclamado en esta vía lo constituye: ".La omisión de dictar acuerdo respectivo al escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve y presentado el veintinueve de enero de esa anualidad (2019), ante el Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado." CUARTO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable: Presidenta de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, al rendir su informe justificado, convino en la existencia del acto que se les atribuye. QUINTO. Improcedencia. Previo al estudio del fondo de este asunto, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En atención a lo anterior, este Juzgado advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos de la omisión combatida por la parte quejosa. La parte quejosa se duele en esencia, de la omisión de la autoridad responsable de dictar el acuerdo respectivo al escrito de dieciocho de enero de dos mil diecinueve y presentado el veintinueve de enero de dos mil diecinueve, ante la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Sin embargo, de las constancias que remitió la autoridad responsable relativas al expediente laboral natural controvertido 486/2004 (4), las que tienen valor probatorio pleno que le otorgan los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el dos de marzo de dos mil veinte; fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo (veintitrés de enero de dos mil veinte), dictó un acuerdo en el que, entre otras circunstancias, acordó el referido escrito de dieciocho de enero de dos mil diecinueve y presentado el veintinueve de enero de dos mil diecinueve; de lo que se tiene que cesaron los efectos de la omisión reclamada; toda vez que los alcances por los que se hubiera llegado a otorgar la protección constitucional, en su caso, se delimitarían en función del acto reclamado, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias. Cabe agregar que el no sobreseer en este procedimiento, implicaría desconocer que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes de la creación del acto reclamado, pues resultaría contrario a la naturaleza del mismo que fuese seguido sin ninguna finalidad práctica, como si se tratara sólo de un ejercicio intelectual o de una actividad simplemente especulativa, razón por la cual resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Es aplicable al caso el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999, Tesis 2a./J. 59/99, visible en la página 38, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, el criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de la Nación, publicado en la página 86, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Segunda Sala, Volumen LXVIII, Tercera parte, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que establezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el numeral 61, fracción XXI ambos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Apoya lo anterior, la tesis aislada sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 3750, tomo LXIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con el rubro y texto siguientes: "DENEGACIÓN DE JUSTICIA, CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO QUE LA CONSTITUYE. Si el quejoso reclama en el amparo, el acto consistente en la violación del artículo 17 constitucional, por haber dictado el Juez, con demora, el proveído relativo a una petición que le hizo, debe estimarse que cesaron los efectos de ese acto, desde el momento en que se proveyó a la misma petición, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 73 de la Ley de Amparo, y debe sobreseerse en el juicio de garantías, de conformidad con la fracción III, 74 de la misma ley." En el entendido que, en este juicio de amparo, sólo se atiende a lo solicitado en la demanda de amparo, esto es, la omisión de dictar acuerdo al escrito de dieciocho de enero de dos mil diecinueve y presentado el veintinueve de enero de dos mil diecinueve, en el expediente laboral 486/2004 (4); de ahí que no se atiende a alguna subsecuente omisión o dilación que pudiera actualizarse con posterioridad al dictado en esta sentencia; porque las mismas constituirían omisiones futuras, inciertas e indeterminadas, contra las cuales resulta improcedente este juicio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia con los datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2005150 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Página: 732 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Además cabe señalar que, la etapa de ejecución del laudo, se rige por el principio de impulso procesal de las partes, por lo cual, es evidente que la autoridad responsable ha acordado respecto de la omisión reclamada; sin que en el caso deba resolverse el fondo de este juicio de amparo, ya que de conceder a la quejosa la protección de la Justicia Federal, el efecto del amparo no podría ser el de velar por el total cumplimiento del laudo, pues para ello, resulta necesario que las partes soliciten a la autoridad el cumplimiento y en ese supuesto, el juez de amparo únicamente debe observar lo que se reclama en la demanda. Máxime que al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 339/2011, determinó que en esa etapa, es necesaria la intervención del ejecutante para su continuación y por lo tanto depende el impulso procesal del ejecutante. La jurisprudencia en comento, es localizable con los siguientes datos: "Época: Décima Época Registro: 2000025 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4 Materia(s): Laboral Tesis: 2a./J. 16/2011 (10a.) Página: 2772 PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." SEXTO. Oposición a los datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, de conformidad con los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la anterior Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, fracción I, 73, 74, 75, 76 y 79 de la nueva Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por Verónica Juanillo Diego, contra la autoridad y por los actos que quedaron precisados en el resultando primero de esta sentencia y en los términos de los considerandos cuarto y quinto que anteceden. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable.En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las diez horas con veintitrés minutos del nueve de septiembre de dos mil veinte, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional del juicio de amparo 63/2020, el licenciado Pedro Guerrero Trejo, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de la licenciada Ileana Patricia Infante Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional por videoconferencia, señalada para el día de hoy, sin asistencia de las partes, al no haberlo solicitado. Abierta la audiencia, la secretaria dio lectura a la demanda y demás constancias de autos; y certifica: Que no existe documento con el cual deba darse cuenta; asimismo, se hace constar que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, de conformidad con los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, de la Constitución Federal, 8, de la anterior Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Enseguida, el Juez acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes. II. Por cuanto a que las partes en este juicio de amparo, no se opusieron a la publicación de sus datos personales, resuélvase lo conducente al dictarse la sentencia. Abierto el período probatorio, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se hace constar que la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, exhibió diversas copias certificadas deducidas del expediente laboral 486/2004 (4). A lo que el Juez acuerda: en términos del numeral 119 de la ley de la materia invocada, se admite la prueba documental aportada por la citada parte (autoridad responsable); probanza que se tiene por desahogada en razón de su propia naturaleza, y será considerada al resolver este juicio de amparo. Acto continuo, se abre la fase de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon, n la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, formuló pedimento alguno; por tanto, se cierra este período y se procede a dictar la siguiente sentencia: VISTOS; los autos para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 63/2020, que promovió Verónica Juanillo Diego por propio derecho; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta localidad, el veintitrés de enero de dos mil veinte, y recibida en este órgano jurisdiccional el veinticuatro siguiente, por Verónica Juanillo Diego, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Presidenta de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Por auto de veintisiete de enero del año en curso, se registró en el libro de gobierno con el número 63/2020, y se previno a la parte quejosa para que manifestara cuál era el acto reclamado destacado en la demanda de amparo, por lo que mediante escrito presentado el seis de febrero del año en curso en la oficialía de partes de este juzgado, la quejosa Verónica Juanillo Diego, manifestó lo siguiente: ".La omisión de dictar acuerdo respectivo al escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve y presentado el veintinueve de enero de esa anualidad (2019), ante el Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado." Actos que estimó violatorios de los artículos 1, 17, 103, 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Mediante proveído de siete de febrero de dos mil veinte (fojas 10-12), se admitió la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. TERCERO. Levantamiento de plazos y términos. De conformidad con el Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de Salud Pública derivado del virus COVID-19, se advierte que fueron suspendidas en su totalidad las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación a partir del dieciocho de marzo hasta el diecinueve de abril de dos mil veinte, por lo que a consecuencia de dicha suspensión de labores, se determinó que no correrían plazos ni términos procesales. Posteriormente, mediante Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se otorgó la pauta a los órganos jurisdiccionales para dar continuidad a las medidas tendentes para evitar la concentración de personas y propagación del virus; así como, para reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, a efecto de continuar con el trámite y en su caso dictar las resoluciones correspondientes en los asuntos tramitados tanto físicamente como los "juicios en línea", del período de seis al treinta y uno de mayo de dos mil veinte. Ahora, en el juicio de amparo en estudio se advierte que la demanda de amparo que promovió Verónica Juanillo Diego se presentó de forma física, previo al periodo de suspensión de plazos y términos decretado a partir del dieciocho de marzo de dos mil veinte, por ende, al no estar en los supuestos de los expedientes de los cuales se debía continuar con su tramitación, por acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veinte se reanudo el trámite del juicio de amparo, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48, 49 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el diverso 59/2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de dos mil diecinueve; por tratarse de un asunto de naturaleza laboral, que corresponde a la jurisdicción de este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Oportunidad de presentación de la demanda. Atendiendo al acto reclamado, se estima que la demanda de amparo, se encuentra promovida dentro del término a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues la violación al diverso artículo 17 Constitucional, puede combatirse en cualquier tiempo; como así lo ilustra la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la página 332, tomo X, del Semanario Judicial de la Federación, julio de 1992, correspondiente a la Octava Época, con el rubro siguiente: "ACTO NEGATIVO. CONTRA EL, NO CORRE EL TÉRMINO PREVISTO POR EL ARTICULO 21, DE LA LEY DE AMPARO." TERCERO. Fijación del acto reclamado. Previamente, por técnica jurídica y con la finalidad de analizar con propiedad el tema jurídico que nos ocupa, es imperativo precisar el acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a efecto de determinar lo pedido por el quejoso y así poder resolver, analizando en su integridad la demanda constitucional, y la información que obra en el expediente en que se actúa, tal como lo establece la tesis número P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril 2004, materia común, página 255, con número de registro 181810, de rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este contexto, debe indicarse que el acto reclamado en esta vía lo constituye: ".La omisión de dictar acuerdo respectivo al escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve y presentado el veintinueve de enero de esa anualidad (2019), ante el Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado." CUARTO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable: Presidenta de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, al rendir su informe justificado, convino en la existencia del acto que se les atribuye. QUINTO. Improcedencia. Previo al estudio del fondo de este asunto, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En atención a lo anterior, este Juzgado advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos de la omisión combatida por la parte quejosa. La parte quejosa se duele en esencia, de la omisión de la autoridad responsable de dictar el acuerdo respectivo al escrito de dieciocho de enero de dos mil diecinueve y presentado el veintinueve de enero de dos mil diecinueve, ante la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Sin embargo, de las constancias que remitió la autoridad responsable relativas al expediente laboral natural controvertido 486/2004 (4), las que tienen valor probatorio pleno que le otorgan los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el dos de marzo de dos mil veinte; fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo (veintitrés de enero de dos mil veinte), dictó un acuerdo en el que, entre otras circunstancias, acordó el referido escrito de dieciocho de enero de dos mil diecinueve y presentado el veintinueve de enero de dos mil diecinueve; de lo que se tiene que cesaron los efectos de la omisión reclamada; toda vez que los alcances por los que se hubiera llegado a otorgar la protección constitucional, en su caso, se delimitarían en función del acto reclamado, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias. Cabe agregar que el no sobreseer en este procedimiento, implicaría desconocer que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes de la creación del acto reclamado, pues resultaría contrario a la naturaleza del mismo que fuese seguido sin ninguna finalidad práctica, como si se tratara sólo de un ejercicio intelectual o de una actividad simplemente especulativa, razón por la cual resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Es aplicable al caso el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999, Tesis 2a./J. 59/99, visible en la página 38, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, el criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de la Nación, publicado en la página 86, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Segunda Sala, Volumen LXVIII, Tercera parte, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que establezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el numeral 61, fracción XXI ambos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Apoya lo anterior, la tesis aislada sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 3750, tomo LXIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con el rubro y texto siguientes: "DENEGACIÓN DE JUSTICIA, CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO QUE LA CONSTITUYE. Si el quejoso reclama en el amparo, el acto consistente en la violación del artículo 17 constitucional, por haber dictado el Juez, con demora, el proveído relativo a una petición que le hizo, debe estimarse que cesaron los efectos de ese acto, desde el momento en que se proveyó a la misma petición, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 73 de la Ley de Amparo, y debe sobreseerse en el juicio de garantías, de conformidad con la fracción III, 74 de la misma ley." En el entendido que, en este juicio de amparo, sólo se atiende a lo solicitado en la demanda de amparo, esto es, la omisión de dictar acuerdo al escrito de dieciocho de enero de dos mil diecinueve y presentado el veintinueve de enero de dos mil diecinueve, en el expediente laboral 486/2004 (4); de ahí que no se atiende a alguna subsecuente omisión o dilación que pudiera actualizarse con posterioridad al dictado en esta sentencia; porque las mismas constituirían omisiones futuras, inciertas e indeterminadas, contra las cuales resulta improcedente este juicio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia con los datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2005150 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Página: 732 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Además cabe señalar que, la etapa de ejecución del laudo, se rige por el principio de impulso procesal de las partes, por lo cual, es evidente que la autoridad responsable ha acordado respecto de la omisión reclamada; sin que en el caso deba resolverse el fondo de este juicio de amparo, ya que de conceder a la quejosa la protección de la Justicia Federal, el efecto del amparo no podría ser el de velar por el total cumplimiento del laudo, pues para ello, resulta necesario que las partes soliciten a la autoridad el cumplimiento y en ese supuesto, el juez de amparo únicamente debe observar lo que se reclama en la demanda. Máxime que al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 339/2011, determinó que en esa etapa, es necesaria la intervención del ejecutante para su continuación y por lo tanto depende el impulso procesal del ejecutante. La jurisprudencia en comento, es localizable con los siguientes datos: "Época: Décima Época Registro: 2000025 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4 Materia(s): Laboral Tesis: 2a./J. 16/2011 (10a.) Página: 2772 PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." SEXTO. Oposición a los datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, de conformidad con los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la anterior Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, fracción I, 73, 74, 75, 76 y 79 de la nueva Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por Verónica Juanillo Diego, contra la autoridad y por los actos que quedaron precisados en el resultando primero de esta sentencia y en los términos de los considerandos cuarto y quinto que anteceden. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable.Así lo resolvió y firma el licenciado Pedro Guerrero Trejo, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, hoy, ante la licenciada Ileana Patricia Infante Martínez, secretaria que autoriza y da fe.
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