Verónica Jeanette García Fregoso

Expediente 482/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
482/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Verónica Jeanette García Fregoso

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    RESULTADO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante demanda presentada el veintidós de abril de dos mil veintitrés, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (foja 14), por Abraham Alejandro Salazar García, a solicitud de Verónica Janette García Fregoso, en favor del menor J.J.T.G., compareció a la presente instancia a solicitar el amparo y protección de la justicia federal en los términos precisados en el escrito inicial de demanda. Asimismo, estimó que la omisión reclamada vulnera sus derechos contenidos en los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por auto de veintiuno de abril de dos mil veintitrés (foja 15), este órgano tuvo por recibida la demanda, ordenó su registró con el número 482/2023 y decretó la suspensión de plano en favor del menor quejoso de iniciales J.J.T.G., en los términos siguientes: "(.) En tal virtud, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA DE OFICIO LA SUSPENSIÓN DE PLANO, para el efecto de que se brinde al menor José Julián Téllez García, de inmediato la atención médica necesaria respecto de los padecimientos que le aquejan y para que se garantice su vida e integridad física y mental, ya que la inactividad y falta de intervención oportuna se pueden traducir en el avance de las molestias que le afectan e incluso en su desenlace fatal, con lo que resultaría imposible restituirlos en el disfrute al derecho humano de la salud y la vida, por lo que la medida cautelar se otorga para el efecto de que las autoridades responsables provean las diligencias necesarias para vigilar y garantizar que se le proporcione la asistencia médica necesaria y le suministren los medicamentos que requiere para dichos padecimientos. En la inteligencia que la medida cautelar que se concede, NO desconoce la autoridad de los médicos tratantes del quejoso para que conforme a la praxis médica y la lex artis ad hoc, otorguen la atención médica que requiere, atendiendo a su criterio, así como a los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica; entendiendo a la primera (praxis médica) como la facultad que tiene el experto de la salud en anunciar, prescribir, indicar o aplicar cualquier procedimiento directo o indirecto de uso en el diagnóstico, pronóstico y/o tratamiento de las enfermedades de las personas o la recuperación, conservación, y preservación de la salud de las mismas; el asesoramiento público o privado, así como las pericias que practican. Y por la segunda (lex artis ad hoc) como el conjunto de reglas para el ejercicio médico contenidas en la literatura universalmente aceptada, en las cuales se establecen los medios ordinarios para la atención médica y los criterios para su empleo; dicho concepto puede resumirse en el deber de ajustar la actuación a las reglas técnicas, normas legales y principios deontológicos, el deber de preparación adecuada para adaptar los conocimientos al progreso científico y a la experiencia profesional, y el deber de omitir acciones peligrosas, es decir, actos para los que no se está suficientemente capacitado, atendiendo a las circunstancias del estado de la ciencia, de tiempo y lugar; sobre todo porque en materia sanitaria, es el médico tratante quien responde por el acto médico que realice.1 Ahora, respecto de la omisión de suministrar el medicamento Spinraza (nusinersen) al menor quejoso para su padecimiento de "atrofia muscular espinal" a efecto de contar con mayores elementos para mejor proveer, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, en relación con del diverso 297, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la legislación en cita, este órgano jurisdiccional estima pertinente requerir a los médicos del instituto responsable, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, realicen lo siguiente: a. Revisen y certifiquen si es necesaria la aplicación del medicamento "Spinraza (nusinersen)" al menor quejoso José Julián Téllez García; al efecto, deberán certificar si el medicamento es el de mayor eficacia terapéutica, seguridad y eficiencia para el padecimiento del quejoso, comparado con otras alterativas que sí están incluidas en el Cuadro Básico o Compendio Nacional de Insumos para la Salud o en sus propios catálogos institucionales; b. En caso de resultar afirmativo y si la conclusión de ese análisis es que el medicamento solicitado es el mejor tratamiento para el paciente-quejoso, la institución debe otorgarlo de inmediato y para ello debe realizar los trámites para suministrar dicho medicamento; y, c. De no ser así, deberán comunicar su dictamen al paciente sobre su mejor tratamiento..(.)" De la misma forma, en el propio auto se ordenó requerir a la madre del menor quejoso para que manifestara si ratificaba o no, la demanda promovida a su favor por Abraham Alejandro Salazar García; lo que realizó ante la fe de la Actuaria de este Juzgado a través de video llamada de "WhatsApp" y ante quien manifestó expresamente que sí ratificaba la demanda de amparo. Por ello, el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, (foja 33) se admitió a trámite la demanda; se otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; se desechó la demanda respecto del acto reclamado al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y se requirió el informe justificado a las autoridad responsable y se fijó hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado consignado en el acta que antecede; y; CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de acuerdo con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2023, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que la omisión reclamada no requiere ejecución material y la demanda que dio origen al juicio en que se actúa fue presentada en esta ciudad en la cual este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, así como en observancia obligatoria de la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, registro: 192097, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena: 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados con antelación, los actos reclamados por Verónica Janette García Fregoso, en favor del menor J..J.T.G., consisten en: *La omisión de proporcionar el acceso total al derecho humano a la protección de la salud del menor quejoso, al no otorgarle el medicamento Spinraza (nusinersen) requerido para su padecimiento denominado "atrofia muscular espinal". *La omisión de destinar los recursos necesarios para el alojamiento y/o albergue a los padres del menor quejoso, quien se encuentra hospitalizado en el área de ventiladores, desde agosto del año pasado. Omisión que atribuyó a las autoridades siguientes: Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE. Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE en Michoacán. Director del Hospital Regional de Alta Especialidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE Morelia, Michoacán. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE, consistentes en la omisión de proporcionar el acceso total al derecho humano a la protección de la salud del menor quejoso, al no otorgarle el medicamento Spinraza (nusinersen) requerido para su padecimiento denominado "atrofia muscular espinal"; asimismo la omisión de destinar los recursos necesarios para el alojamiento y/o albergue a los padres del menor quejoso, quien se encuentra hospitalizado en el área de ventiladores, desde agosto del año pasado. Lo anterior, por dos aspectos, el primero porque la autoridad responsable al rendir su informe justificado manifestó expresamente la inexistencia de los actos a ellas atribuidos. Y el segundo aspecto descansa en que, para determinar la certeza o la inexistencia de las omisiones que se atribuyan a las autoridades responsables, en principio se debe identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica. Sustenta lo expuesto la tesis asilada 1a. XXIV/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, Pag. 53, Novena Época, registro 196080, de texto: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." En el caso, atendiendo a las facultades establecidas competencialmente a la autoridad precisada en esta consideración, deben tenerse inexistentes las omisiones que se le atribuye, pues al margen de que la parte quejosa aduzca en su demanda que su derecho a la salud debe de ser garantizado para determinar si dicha autoridad le corresponde el otorgamiento de los servicios de salud en el Estado de Michoacán, el suscrito toma en cuenta que el menor quejoso comparece a esta instancia de tutela constitucional como derechohabiente del citado Instituto, con número de cédula GAFV940928/70. Por su parte, los artículos 220 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, dispone lo siguiente: "Artículo 220. El Director General representará legalmente al Instituto y tendrá las obligaciones y facultades siguientes: I. Ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva del Instituto y representar a éste en todos los actos que requieran su intervención; II. Convocar a sesiones a los miembros de la Junta Directiva; III. Someter a aprobación de la Junta Directiva: a) El programa institucional; b) El programa de administración y constitución de Reservas; c) El programa operativo anual de acuerdo con lo establecido en la Ley de Planeación; d) El programa anual de préstamos; e) Los estados financieros del Instituto, y f) El informe financiero y actuarial; IV. Presentar a la Junta Directiva un informe anual del estado que guarde la administración del Instituto; V. Someter a la Junta Directiva los proyectos de estatuto orgánico y reglamentos previstos en esta Ley; VI. Expedir los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público así como las disposiciones y lineamientos normativos distintos a los reglamentos expedidos por el Titular del Ejecutivo Federal, necesarios para la operación del Instituto; VII. Proponer a la Junta Directiva el nombramiento y, en su caso, la remoción de los servidores públicos de primer nivel del Instituto y nombrar a los Trabajadores de base y de confianza de los siguientes niveles, sin perjuicio de la delegación de facultades para este efecto; VIII. Resolver, bajo su inmediata y directa responsabilidad, los asuntos urgentes a reserva de informar a la Junta Directiva sobre las acciones realizadas y los resultados obtenidos; IX. Formular el calendario oficial de actividades del Instituto y conceder licencias al personal, vigilar sus labores e imponer las correcciones disciplinarias procedentes conforme a las condiciones generales de trabajo, sin perjuicio de la delegación de facultades; X. Presidir las sesiones del Comité de Control y Auditoría; XI. Firmar las escrituras públicas y títulos de crédito en que el Instituto intervenga, representar al Instituto en toda gestión judicial, extrajudicial y administrativa, y llevar la firma del Instituto, sin perjuicio de poder delegar dichas facultades; XII. Informar bimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el incumplimiento en el pago de Cuotas y Aportaciones; XIII. Hacer pública, la información del incumplimiento de Cuotas y Aportaciones; XIV. Ejercitar y desistirse de las acciones legales; XV. Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo, así como los presupuestos del Instituto y presentarlos para su aprobación a la Junta Directiva; XVI. Establecer los mecanismos de evaluación de desempeño del Instituto; XVII. Establecer las medidas que aseguren la solidez financiera a largo plazo del Instituto; XVIII. Presidir las sesiones de la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda y del PENSIONISSSTE, facultad que podrá ser delegada en el Vocal Ejecutivo respectivo; XIX. Proponer a la Junta Directiva el nombramiento de los Vocales Ejecutivos del Fondo de la Vivienda y del PENSIONISSSTE, y XX. Las demás que le fijen las leyes o los reglamentos y aquellas que expresamente le asigne la Junta Directiva. El Director General tendrá las siguientes atribuciones: De igual forme el artículo 23 del Estatuto Orgánico de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, dispone: "Artículo 20.- La Junta puede constituir Comités Técnicos de Apoyo para el eficaz desarrollo de sus facultades. Éstos se integran por: I. El Secretario de la Junta, quien funge como asesor permanente; II. El titular de la Unidad Administrativa competente del Instituto, quien se desempeña como coordinador; III. Representantes del Estado; y IV. Un representante de cada una de las organizaciones de trabajadores que conformen la Junta. Los integrantes podrán designar a un suplente quien cubrirá las ausencias del primero. Los representantes del Estado son suplidos por un servidor público de rango inmediato inferior al propietario; los representantes de los trabajadores son suplidos por quienes designen las organizaciones de las cuales provengan, de acuerdo con las Bases expedidas por el Ejecutivo Federal. De lo que se sigue, que el Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE, tiene como atribuciones la de ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva, convocar a sesiones, presentar un informe anual del estado que guarda la administración del instituto, expedir manuales de organización, proponer nombramientos y su remoción, formular calendario oficial, presidir las sesiones del Comité, entre otras; por lo que las facultades de la citada autoridad son esencialmente de administración, organización y funcionamiento. Además, no tiene asignada alguna función o atribución de acceso o protección al derecho a la salud, ni tampoco al Derecho Humano a la atención médica y tratamiento especializado; dado que del estudio íntegro de la demanda se aprecia, que los actos que reclama, son esencialmente de naturaleza médica, y por tanto, ese órgano no tiene competencia para dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar u omitir, ninguno de los actos a que alude. Bajo el panorama expuesto, la atención de la quejosa en su carácter de derechohabiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE, con número de cédula GAFV940928/70, quien recibe atención médica en el Hospital Regional Morelia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, corresponde exclusivamente al Delegado y Director del citado Hospital. Consecuentemente, ante la inexistencia de los actos reclamados a la autoridad señalada en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, única y exclusivamente por lo que respecta a los actos reclamados al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Resulta aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 181, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común Sexta Época, registro 804176, que establece: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Certeza del acto reclamado. La Directora del Hospital Regional Morelia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), en el Estado de Michoacán, negó los actos que se le reclaman. Al margen de tales manifestaciones, deben tenerse como ciertos los actos que se atribuyen a dicha autoridad, lo anterior, en primer término, porque su simple afirmación sobre la inexistencia de esos actos, es insuficiente para revertir la carga probatoria, ya que no se trata de una negativa lisa y llana, sino que conlleva implícito un hecho positivo consistente en la prestación adecuada y eficiente del servicio médico; y, en el caso, el análisis que se realice respecto a la prestación del servicio médico brindado a la peticionaria de amparo, será materia de estudio en el apartado en el que se analice el fondo de este asunto. Sustenta lo expuesto la tesis aislada: IV.2o.A.23 A (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Pag. 2467, Décima Época, registro 2001893, que dice: "DERECHO HUMANO A LA SALUD. LA SIMPLE AFIRMACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SOBRE LA INEXISTENCIA DE LOS ACTOS EN SU INFORME JUSTIFICADO, RELATIVOS A OTORGAR INCAPACIDADES Y MEDICAMENTOS, ES INSUFICIENTE PARA REVERTIR LA CARGA DE LA PRUEBA Y, POR TANTO, DICHA ACTUACIÓN CONTRAVIENE AQUÉL. El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos coincidentemente, entre otros tratados internacionales, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, consagra el derecho humano a la salud, que se traduce en la obligación del Estado de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población, entendiéndose por tales servicios, las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona. Por tanto, si la quejosa demuestra ante la instancia constitucional, mediante los documentos relativos que ha presentado un padecimiento de salud que está siendo atendida en la institución de salud pública correspondiente, y le atribuye a ésta la negativa de otorgarle las incapacidades y medicamentos necesarios; entonces la simple afirmación de las autoridades responsables sobre la inexistencia de esos actos en su informe justificado, es insuficiente para revertir la carga probatoria, ya que no se trata de una negativa lisa y llana, sino que conlleva implícito un hecho positivo consistente en la prestación adecuada y eficiente del servicio médico, pues por estar de por medio el irreductible derecho humano a la salud del derechohabiente, la discrecionalidad en la prescripción de incapacidades y medicamentos a ella, no puede convertirse en una arbitrariedad libre de control de constitucionalidad. En tal virtud, si las citadas autoridades no esclarecen y justifican la constitucionalidad de la negativa que se les atribuye, no obstante que tienen a su alcance los medios documentales adecuados para ello, su actuación contraviene el referido derecho humano a la salud." En segundo término, porque cuando el juzgador de amparo advierta que la norma general, acto u omisión reclamada de la autoridad responsable vulnera derechos humanos del quejoso, debe abordar el estudio de esa violación, con independencia de que las partes invoquen o no, dicha infracción en sus conceptos de violación o agravios, pues de esa manera se favorece el acatamiento de los principios señalados y se resguarda el efecto útil del juicio de amparo como medio para proteger y garantizar los derechos fundamentales, sin soslayar, los presupuestos necesarios para suplir la deficiencia de argumentos, tales como que el juzgador tenga competencia, que el juicio sea procedente y que se respete la litis planteada. Aunado a ello, cuando los actos reclamados son de naturaleza omisiva, esto es, cuando implican un no hacer o abstención de las autoridades responsables, en perjuicio de los derechos fundamentales de la parte quejosa, su acreditamiento queda sujeto a que no obre en autos algún medio probatorio del que se advierta el hecho positivo que la desvirtúe. Así, en el caso sometido al conocimiento del suscrito, se advierte, específicamente, del documento denominado referencia-contrareferencia, expedido por el Hospital Regional Morelia, a nombre del quejoso J.J.T.G., con número de expediente GAFV940928, lo siguiente: "(.) Diagnóstico: ATROFIA ESPINAL TIPO 1, HIPOTRÓFICO MASCULINO DE UN AÑO DE EDAD, EL CUAL CURSA SU 4º, MES DE ESTANCIA HOSPIOTALARIA EN ESTA UNIDAD. ANTECEDENTES PERINETALES G3, C3, 32 SDG, NACIMIENTO VÍA CESÁREA POR PRECLAMPSIA, PERO 1200 FR, TALLA 38 CM, APGAR NO RECUERDA. INGRTESA A LA UCIN DURANTE SU NACIMIENTO, ESTANDO EN VENTILACIÓN MECÁNICA DURANTE UN MES APROXIMADAMENTE, SEPSIS NEONATAL MANEJADA CON ANTIMICROBUIAN CON SECUELA DE DISPLACIA BRONCOPULMONAR, MANEJADA CON DIURPÉTICOS Y OXÍGENO DOMICILIARIO, REGRESANDO EN VARIAS OCASIONES A URGENCIAS DE ESTE HOSPITAL, ESTANDO INTERNADO VARIAS VECES.ACTUALMENTE CON ESTANCIA MUY PROLONGADA. SU PRONOÓSTICO ES MALOP PARA LA FUNCIÓN DE LA VIDA, MANEJO ACTUAL CON PARÁMETROS BAJO DE VENTILADOR POR TRAQUEOTOMÍA ENTACIÓN ENTERAL POR GASTRONOMÍA, AMBAS FUNCIONALES. CRISIS CONVULSIVAS MANEJADAS CON LEVEEERTRACETAM 100 MG POR SG C/12. LACTULOSA O.7 MLCADA 12 HRS. SE ENVÍA PARA CONTINUAR TRATAMIENTO. PARÁMETRO DE VENTILADOR PPICO 15, PEEP 5, FTOTAL 30." De lo anterior, el que ahora resuelve, advierte una violación al derecho fundamental del menor quejoso (salud), que está obligado a estudiar, incluso aunque la peticionaria de amparo no hubiera esgrimido conceptos de violación al respecto; de ahí que, en el caso proceda tener como ciertos los actos reclamados a la autoridad precisada. Apoya lo expuesto, la tesis: I.3o.C.110 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Abril de 2011, Pag. 1195, Novena Época, registro 162441: "ACTOS RECLAMADOS DE NATURALEZA OMISIVA. SU ACREDITAMIENTO QUEDA SUJETO A QUE NO SE ALLEGUE AL JUICIO DE GARANTÍAS EL MEDIO PROBATORIO POR EL QUE SE ACREDITE EL HECHO POSITIVO QUE DESVIRTÚE LA OMISIÓN. En los actos reclamados de naturaleza positiva, esto es, los que implican un hacer de la autoridad, la carga de la prueba respecto de su existencia cierta y actual recae en la parte quejosa, ya que es ella quien afirma el perjuicio que le irrogan los mismos. En cambio, cuando los actos reclamados son de naturaleza omisiva, esto es, implican un no hacer o abstención de las autoridades responsables, en perjuicio de los derechos fundamentales de la parte quejosa, su acreditamiento queda sujeto a que no obre en autos algún medio probatorio del que se advierta el hecho positivo que la desvirtúe, esto es, la carga de la prueba se revierte a las contrapartes del quejoso, a efecto de que demuestren que las autoridades responsables no incurrieron en las omisiones que se les atribuyen." Finalmente, el Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Michoacán, fue omiso en rendir su informe justificado, por lo que con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumen los actos que se le atribuyen. Lo que se corrobora con el documento denominado referencia-contrareferencia, antes descrita, de la que se advierte que el menor quejoso es atendido en la Institución Hospitalaria con residencia en esta ciudad. Quinto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados, por ser preferente su estudio, se analiza en primer lugar la improcedencia del juicio, ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse antes de abordar el fondo del asunto, pues de actualizarse alguna hipótesis del diverso precepto 61 del mismo ordenamiento, deberá sobreseerse en el juicio constitucional sin juzgar la legalidad de los actos reclamados y mucho menos atender a los conceptos de violación. En el caso, este Juzgado de Distrito estima que respecto del acto reclamado consistente en la omisión de destinar los recursos necesarios para el alojamiento y/o albergue a los padres del menor quejoso, quien se encuentra hospitalizado en el área de ventiladores, desde agosto del año pasado, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que instituye que el juicio de amparo será improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, en la especie uno de los actos reclamados se hizo consistir en la omisión de destinar los recursos necesarios para el alojamiento y/o albergue a los padres del menor quejoso, quien se encuentra hospitalizado en el área de ventiladores, desde agosto del año pasado Por su parte, las autoridades responsables informaron que a los familiares del paciente, se les ha otorgado pase permanente a través del Servicio Social de trabajo social, pasa accesar al albergue "Hogar Emaus", que se encuentra a un costado del hospital, donde se brinda apoyo a familiares de pacientes de escasos recursos que requieren de un lugar en donde pernoctar, bañarse y se les ofrece alimentos. Lo que se corrobora con la propia manifestación de la parte quejosa en el sentido de que ".es cierto que el personal del hospital ha recomendado no hacer cobros en dicho albergue a los padres del menor quejoso, pero las necesidades de los familiares del quejoso son cubiertas por una fundación privada mediante solidaridad, y no por el sistema estatal de salud como un derecho humano." (foja 101). De lo que se sigue, que ha sido cubierto la satisfacción de su alojamiento / albergue para los padres del menor quejoso, en la misma "Ciudad Salud" -con independencia de quién se los brinda-, lo que trae como consecuencia que los actos reclamados cesen en sus efectos, de ahí que se ha dejado de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de los actos reclamados han desaparecido totalmente, sin que hayan dejado huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de especificar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando como en el caso, el acto reclamado sea de carácter positivo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 193758, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Consecuentemente, como en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con apoyo además, en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto de los actos consistentes en la omisión de destinar los recursos necesarios para el alojamiento y/o albergue a los padres del menor quejoso, quien se encuentra hospitalizado en el área de ventiladores, desde agosto del año pasado. Finalmente, dado que no existen más causas de improcedencia que las partes hayan hecho valer y este juzgador tampoco advierte de manera oficiosa, la existencia de alguna, por lo que procede es emprender el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado consistente en la omisión de proporcionar el acceso total al derecho humano a la protección de la salud del menor quejoso, al no otorgarle el medicamento Spinraza (nusinersen) requerido para su padecimiento denominado "atrofia muscular espinal". Sexto. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo, que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 164618, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". En este punto es preciso señalar que de conformidad con el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, en suplencia de la queja deficiente, verificará el estudio del auto reclamado, al margen de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. Lo anterior, porque constituye obligación del juzgador de amparo, de conformidad con el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, analizar las disposiciones legales aplicables y atender al mayor beneficio que pudiera corresponder al quejoso. El artículo 4°, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su última reforma, efectuada el ocho de mayo de dos mil veinte, respecto al derecho a la salud, establece: "Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social." Constitución cuyos artículos transitorios disponen: "Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. El Congreso de la Unión deberá armonizar el marco jurídico en la materia para adecuarlo al contenido del presente Decreto en un plazo que no excederá de 365 días a partir de la entrada en vigor del mismo, debiendo incluir disposiciones que determinen los alcances y permitan dar cumplimiento gradual conforme a lo que se apruebe en los presupuestos de egresos correspondientes, así como la concurrencia de los tres órdenes de gobierno para garantizar los derechos derivados del presente Decreto. Tercero. El monto de los recursos asignados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en el presupuesto de las entidades federativas del ejercicio fiscal que corresponda, para los programas de atención médica y medicamentos gratuitos, de apoyo económico para personas que tengan discapacidad permanente, de pensiones para personas adultas mayores, y de becas para estudiantes que se encuentren en condición de pobreza, no podrá ser disminuido, en términos reales, respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior." Disposiciones que le son aplicables, en favor de la parte quejosa, porque, la demanda de amparo, se presentó, el veintidós de abril de dos mil veintitrés, es decir, ya en la vigencia de las normas constitucionales invocadas -sustantivas-, de las que se advierte: Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud; La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Así, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece para toda persona la protección al derecho a la salud, pero también se advierte la participación de diversas dependencias que forman partes integrantes de ese derecho como lo es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Al respecto es de citar por analogía jurídica substancial la tesis aislada I.1o.A.71 A (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, materia común, Décima Época, registro 2006452, que dice: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA OMISIÓN O NEGATIVA DE SUMINISTRAR MEDICAMENTOS. Los actos del organismo descentralizado en su carácter de ente asegurador, por regla general, son inimpugnables mediante el juicio de amparo, ya que actúa en un vínculo de coordinación con los particulares, derivado de una relación contractual y en sustitución del patrón, que involucra diversos derechos, como los de jubilación, guarderías o licencias por enfermedad. Sin embargo, si se atiende al concepto amplio de autoridad establecido en el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, se concluye que, en los casos en los que el acto reclamado se hace consistir en la negativa u omisión del instituto de suministrar un medicamento a uno de sus asegurados, esa entidad sí tiene el carácter de autoridad, en virtud de que dicho instituto es responsable de proporcionar ese servicio, que forma parte integrante del derecho de acceso a la salud, consagrado en el artículo 4o. constitucional y, en consecuencia, la omisión o negativa de hacerlo constituye un acto que tiene las características atinentes a los actos de autoridad. Lo anterior se corrobora con la circunstancia de que, como el derecho de acceso a la salud, aunque forma parte del grupo de beneficios que comprende la seguridad social, está en un plano distinto a otros rubros del servicio que brinda el instituto, pues su entidad es superior debido a la relación que guarda con la preservación y calidad de vida de los gobernados en un ámbito sensible en su desarrollo, aunado a las nuevas reglas en el reciente diseño constitucional sobre la protección de derechos humanos y el enfoque que se asignó a los actos de particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, establecido en la Ley de Amparo, por lo que es necesario darle congruencia al sistema jurídico y permitir que impugnaciones de esa naturaleza, en que coincide con un organismo público, sean susceptibles de ser examinadas desde una perspectiva de que es precisamente el Estado el obligado de hacer realidad el derecho a la salud a quien se le atribuye la afectación, por lo que en estos casos, debe considerarse como autoridad para efectos del juicio de amparo, sin perjuicio de la demostración de diversa causa de improcedencia o del examen que se efectúe en el fondo." Antecedentes del caso J.J.T.G. por conducto de su progenitora Verónica Janette García Fregoso, presentó demanda de amparo indirecto en contra del Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE en Michoacán y de la Directora del Hospital Regional de Alta Especialidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE Morelia, Michoacán. *La omisión de proporcionar el acceso total al derecho humano a la protección de la salud del menor quejoso, al no otorgarle el medicamento Spinraza (nusinersen) requerido para su padecimiento denominado "atrofia muscular espinal". *La omisión de destinar los recursos necesarios para el alojamiento y/o albergue a los padres del menor quejoso, quien se encuentra hospitalizado en el área de ventiladores, desde agosto del año pasado. Causa de pedir. El menor quejoso nació el nueve de octubre de dos mil veintiuno. En data de dieciocho de abril de dos mil veintidós, ingresó al hospital del ISSSTE, por presentar desnutrición grado II, reflujo gastroesofágico, retraso en el neuro desarrollo, probable evento de bronco aspiración y micro aspiraciones previas, neumonía secundaria y crisis convulsivas secundarias. Egresó el quince de julio de dos mil veintidós con los diagnósticos de egreso de retraso global del neurodesarrollo, miopatía de paciente crítico, enfermedad por reflujo gastroesofágico, sepsis por Pseudomona remitida, neumonitis por broncoaspiración resuelta, estatus de gastronomía y traqueotomía funcionales, crisis convulsivas en tratamiento médico, desnutrición grave. Con fecha diecinueve de julio de dos mil veintidós dos mil veintidós, se recibió el documento de análisis de MLPA para genes SMNI SMN2 (producto sangre humana) para precisar la enfermedad genética específica que causa la sintomatología neurológica. Se confirmó con los estudios genéticos mencionados, atrofia muscular espinal, padecimiento congénito que causa discapacidad total y permanente para cualquier actividad física. El menor ha presentado recaídas frecuentes en su condición respiratoria que han condicionado infecciones respiratorias que ameritaron su reingreso hospitalario el día doce de agosto de dos mil veintidós, tiempo desde el cual se mantiene hospitalizado hasta la fecha actual, ya trasladado a esta ciudad de Morelia, Michoacán. El menor quejoso depende totalmente de apoyo de ventilador parea mantenerse respirando, razón de la necesidad del apoyo total de ambos padres. Durante el tiempo que el menor quejoso ha estado hospitalizado, diversos médicos de los hospitales donde se ha internado, así como médicos privados, han señalado la existencia del medicamento de denominación distintiva "Spinraza" y denominación genérica nusinersen, el cual podría traer mejoras significativas al paciente en su condición neurológica. Que sin embargo, debido al alto costo del medicamento, no le ha sido indicado; que actualmente no se cuenta con un medicamento equivalente al nusinersen dentro del cuadro básico de medicamentos de la autoridad responsable, lo que limita el acceso a ese tratamiento a pacientes como al menor quejoso, quien requiere de él para su mejor calidad de vida. Que la expectativa de vida de un menor con la enfermedad diagnosticada es de dos años, por lo que la determinación de lo solicitado es apremiante. Argumentos de autoridad. Los cuales se advierten de las manifestaciones realizadas en cumplimiento a la suspensión de plano, al rendir el informe justificado y en atención a diversos requerimientos formulados, que obran a fojas 44, 83, 104, 117, 281, y 284: Que como se desprende de las constancias que integran el expediente clínico del menor, desde su nacimiento en el Hospital, se le ha proporcionado la atención médica necesaria para su padecimiento, con carácter multidisciplinaria por los servicios de infectología, neuropediatría, cirugía pediátrica y rehabilitación, como lo hacía constar la Doctora Iris Marisol Solís Corza, Médico pediatra y Coordinadora de Servicio de pediatría, en el resumen clínico que anexaba para mejor proveer, en el que señala, que con la finalidad de brindar una mejor atención al paciente, este fue presentado al "Centro Médico Nacional 20 de Noviembre" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, al servicio de genética "clínica de errores innatos de metabolismo", quien indicó que "se debe de continuar con tratamiento de soporte" ya que para la patología de atrofia muscular espinal, no se cuenta con tratamiento específico. Que a los familiares del paciente se les ha otorgado pase permanente a través del Servicio de Trabajo Social, para accesar al albergue "Hogar Emaús", que se encuentra a un costado del hospital, donde se brinda apoyo a familiares de pacientes de escasos recursos que requieren de un lugar en donde pernoctar, bañase y se les ofrece alimentos. Que el caso médico del menor quejoso, fue sesionado en el Comité de Bioética del Hospital, el cual realiza las recomendaciones a las cuales se les ha dado seguimiento, como son acompañamiento con tanatología, acompañamiento por trabajo social en cuanto dinámica familiar, acompañamiento por psicología, fortalecer relación médico paciente, sensibilizar a los padres sobre el encarnizamiento terapéutico, anexando las recomendaciones: En presentación del caso del paciente J.J.T.G., con diagnóstico de Atrofia Muscular Espinal, al centro nacional "20 de noviembre", al servicio de neuropediatría, refiere que en este momento no hay manejo adicional que ofrecer al paciente del que ya se ofrece actualmente en esa Unidad Médica como cuidados paleativos y medidas de soporte. El paciente se encuentra con múltiples afecciones al sistema nervioso, dependiente de ventilador para mantener mecánica ventilatoria, continúa con vigilancia sintomática y cuidados generales, pronóstico malo para la función y la vida, se informa a familiares. Que los medicamentos que le han prescrito los médicos tratantes, se le han suministrado de manera establecida, por lo que no ha existido negativa a otorgar servicio médico y/o medicamentos. Que en respuesta a la necesidad de la aplicación del medicamento "Spinraza" (nusinersen) al menor quejoso, mediante oficio de veinticinco de abril de la anualidad que transcurre, se informó que se realizó reunión con médicos pediatras del hospital, en la que se concluyó: ".1. Revisar si es necesaria la aplicación del medicamento denominado "Spinraza" (nusinersen) al menor quejoso José Julián Téllez García. A lo que se informa lo siguiente: al ser paciente desde su nacimiento de este servicio como seguimiento del protocolo para atrofia muscular se realiza análisis de MLPA para genes SMN1 y SMN2 resultando positivo para atrofia muscular espinal, por lo que se solicitó valoración por telemedicina al Hospital 20 de Noviembre al servicio de medicina Interna, la cual se realizó el 5 de agosto de 2022, indicando su envío para seguimiento por consulta externa de medicina Interna, sin embargo el paciente se hospitaliza por cuadro de neumonía Adquirida en la comunidad el 12 de agosto de 2022, remitiendo cuadro de neumonía, sin embargo continua hasta la fecha hospitalizado ya que no se ha logrado destete de ventilador, por patología de base, cabe mencionar que el Médico Pediatra no es el especialista capacitado para tal indicación por lo que se solicitó valoración por el Servicio de Neuropediatria de este hospital, quien sugirió referencia al 20 de Noviembre para conocer otras posibilidades terapéuticas, concertado cita con el servicio de Genética (Clínica de errores innatos del Metabolismo) la cual se realizó el 24 de noviembre del 2022, en donde de manera dirigida se preguntó sobre alternativas terapéuticas para el paciente y se nos comentó que no contaban con tratamiento específico para Atrofia Muscular Espinal, que el medicamento Spinraza (nusinersen) se encontraba en una etapa de estudio y que cuando en el Hospital 20 de Noviembre tienen pacientes con esta misma patología les brindan tratamiento de soporte y apoyo en cuidados paliativos, sugiriéndonos lo mismo y que se sesionará en de Bioética. Se realiza sesión del comité de bioética el 14 de diciembre del 2022, de la cual se anexa copia. 2.En caso de resultar afirmativo y si la conclusión de ese análisis es que el medicamento solicitado es el mejor tratamiento para el paciente, la institución deberá entregar el medicamento. No aplica. 3. De no ser así, debería de comunicar su dictamen al paciente (familiares) sobre su mejor tratamiento. Se notificó a los padres lo concluido en el comité de bioética en donde se indicó la intervención de tanatología para atención del proceso de duelo de los padres del paciente. " Dicha respuesta también se hizo en del conocimiento en oficio de tres de julio de dos mil veintitrés, en el que se envió la revisión enviada por la Coordinadora de pediatría de treinta de junio de dos mil veintitrés, en la que se añadió: ".2. En caso de resultar afirmativo y si la conclusión de ese análisis es que el medicamento solicitado es el mejor tratamiento para el paciente, la institución deberá entregar el medicamento. Asimismo se le notifica que para la patología solo existe tratamiento de soporte y apoyo de cuidados paliativos. Se cocientiza al familiar de los riesgos de repetición de la condición médica por tratarse de una enfermedad autosómica recesiva. 3. De no ser así, debería comunicar su dictamen al paciente (familiares) sobre su mejor tratamiento. Se notificó a los padres lo concluido en el Comité de Bioética en donde se indico la intervención de tanatología para atención del proceso de duelo de los padres del paciente." En presentación del caso del paciente J.J.T.G., con diagnóstico de Atrofia Muscular Espinal, al centro médico Nacional "20 de Noviembre", al servicio de Neuropediatría, refiere que en este momento no hay manejo adicional que ofrecer al paciente del que ya se ofrece actualmente en esta Unidad Médica como cuidados paliativos y medidas de soporte. Que el paciente se encuentra con múltiples afecciones al sistema nervioso, dependiente de ventilador para mantener mecánica ventilatoria, continúa con vigilancia sintomática y cuidados generales, pronóstico malo para la función de vida, se informa a familiares. Litis Constitucional. Establecido lo anterior, el debate central en esta contienda constitucional, estriba en determinar si es un tema de recursos limitados la negativa para la aplicación del medicamento denominado "Spinraza" (nusinersen) al menor quejoso J.J.T.G., debido a su alto costo y a que no se encuentra en el cuadro básico. Para determinar lo anterior, en principio, debe señalarse que Constitucionalmente los derechos a la vida y a la salud se encuentran consagrados en los artículos 1° y 4°, que dicen: "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas." "Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia." Jurisprudencialmente se ha establecido también que el derecho a la salud, al tratarse de un derecho prestacional de los denominados DECS (derechos económicos, sociales y culturales), ha sido desarrollado paulatinamente a través de los criterios jurisprudenciales y de tesis emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Por ello, conviene tener en cuenta lo resuelto en la ejecutoria relativa al amparo en revisión 173/2008, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que al tenor de lo dispuesto en el artículo 4o. constitucional, determinó que "toda persona tiene derecho a la protección de la salud". Indicó que, el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población; y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Por su parte, la Enciclopedia Jurídica Mexicana del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Tomo XII, página siete, define el derecho a la salud como "el conjunto de normas de derecho público que regulan las actividades de las instituciones del Estado y los sujetos públicos, privados y sociales que tengan por objeto común proteger la salud.". Por tanto, ese derecho subjetivo implica un cúmulo de facultades de los órganos estatales cuyo ejercicio permite, entre otras cosas, garantizar las condiciones necesarias para que la salud de los gobernados esté protegida a través de la emisión y aplicación de reglas de carácter general. Sirve de apoyo, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cuatrocientos cincuenta y siete del Tomo XXVIII, Julio de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que sostiene: "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Este Alto Tribunal ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así, lo anterior es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", según el cual toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud". Asimismo, la tesis aislada P. XV/2011, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, Pag. 31, registro 161331, Novena Época, que dice: "DERECHO A LA SALUD. SU NATURALEZA NORMATIVA. Nuestro país atraviesa una etapa de intensa transformación en la manera de identificar la sustancia normativa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus consecuencias para la mecánica del funcionamiento del juicio de amparo. Una de las manifestaciones específicas de este fenómeno es la alteración de la comprensión, hasta ahora tradicional, de derechos como el relativo a la salud o a la educación. Esto es, a pesar de su consagración textual en la Carta Magna, estos derechos han sido tradicionalmente entendidos como meras declaraciones de intenciones, sin mucho poder vinculante real sobre la acción de ciudadanos y poderes públicos. Se ha entendido que su efectiva consecución estaba subordinada a actuaciones legislativas y administraciones específicas, en cuya ausencia los Jueces Constitucionales no podían hacer mucho. Ahora, en cambio, se parte de la premisa de que, aunque en un Estado constitucional democrático el legislador ordinario y las autoridades gubernamentales y administrativas tienen un margen muy amplio para plasmar su visión de la Constitución y, en particular, para desplegar en una dirección u otra las políticas públicas y regulaciones que deben dar cuerpo a la garantía efectiva de los derechos, el Juez Constitucional puede contrastar su labor con los estándares contenidos en la propia Ley Suprema y en los tratados de derechos humanos que forman parte de la normativa y vinculan a todas las autoridades estatales." Así como la jurisprudencia: P./J. 136/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Octubre de 2008, Pag. 61, Novena Época, registro 168549, que dice: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4o., TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL. La Ley General de Salud, reglamentaria del citado precepto constitucional, precisa que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en: a) servicios públicos a la población general, que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando éstos carezcan de recursos para cubrirlas; b) servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, que son los prestados a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado conforme a sus leyes, así como los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios; c) servicios sociales y privados, los primeros se prestan por los grupos y organizaciones sociales a sus miembros y beneficiarios de los mismos, directamente o mediante la contratación de seguros individuales y colectivos, y privados, los que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, sujetos a las leyes civiles y mercantiles, los cuales pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o colectivos y, d) otros que se presten de conformidad con la autoridad sanitaria, como lo son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los propios beneficiarios mediante cuotas familiares que se determinarán atendiendo a las condiciones socioeconómicas de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la carencia de éste sea limitante para acceder a dicho sistema. Lo anterior permite advertir que el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud y que en virtud de que ésta es una responsabilidad que comparten el Estado, la sociedad y los interesados, el financiamiento de los respectivos servicios, no corre a cargo del Estado exclusivamente, pues incluso, se prevé el establecimiento de cuotas de recuperación a cargo de los usuarios de los servicios públicos de salud y del sistema de protección social en salud, que se determinan considerando el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas de los usuarios, eximiéndose de su cobro a aquellos que carezcan de recursos para cubrirlas, de ahí que la salud sea una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso." Así, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de los Estados de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con la salud proporcionados por terceros; velar porque la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios de atención de la salud; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia. Señaló que el derecho a la salud, entre varios elementos, comprende el disfrute de servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como que sean apropiados médica y científicamente, esto es, que exista personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, y condiciones sanitarias adecuadas. Además, puntualizó que el derecho a la salud garantiza pretensiones en términos de disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud y refiere que los poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con él. Algunas de estas obligaciones son de cumplimiento inmediato y otras de progresivo, lo cual otorga relevancia normativa a los avances y retrocesos en el nivel de goce del derecho. Por ejemplo las de garantizar que el derecho a la salud sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar medidas para su plena realización, que deben ser deliberadas y concretas. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada P. XVI/2011, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, Pag. 29, Novena Época, registro 161333, que dice: "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN. Del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual toda persona tiene derecho a la salud, derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. El Estado Mexicano ha suscrito convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho, y existen documentos que esclarecen su contenido y alcance jurídico mínimo consensuado. Así, la Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, dispone que el derecho a la salud garantiza pretensiones en términos de disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud y refiere que los poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con él. Algunas de estas obligaciones son de cumplimiento inmediato y otras de progresivo, lo cual otorga relevancia normativa a los avances y retrocesos en el nivel de goce del derecho. Como destacan los párrafos 30 y siguientes de la Observación citada, aunque el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que representa la limitación de los recursos disponibles, también impone a los Estados obligaciones de efecto inmediato, como por ejemplo las de garantizar que el derecho a la salud sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar medidas para su plena realización, que deben ser deliberadas y concretas. Como subraya la Observación, la realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Al igual que ocurre con los demás derechos enunciados en el Pacto referido, continúa el párrafo 32 de la Observación citada, existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud." Además, con relación a la obligación de adoptar medidas apropiadas para el caso de derechos económicos, sociales y culturales, la primera Sala de nuestro más alto Tribunal, al resolver el amparo en revisión 226/2020, consideró indispensable tomar en cuenta aquellos componentes que la modulan, y su garantía, al siguiente tenor: "88.(1) la progresividad de la plena efectividad de los derechos; (2) la limitación de las medidas a adoptar a los recursos disponibles; y (3) la obligación de acudir a la asistencia y cooperación internacional, especialmente económica y técnica: Progresividad. Implica la obligación del Estado de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia la plena efectividad de los derechos sociales; y la prohibición de adoptar medidas regresivas (prohibición de regresividad), es decir, la prohibición de adoptar medidas deliberadas que supongan el empeoramiento del nivel de goce de un derecho social. Sobre este aspecto, el Comité DESC ha definido que cuando un Estado adopta medidas deliberadamente regresivas está obligado a demostrar que se han aplicado tras el examen más exhaustivo de todas las alternativas posibles y, además, tiene la carga de probar que esas medidas están debidamente justificadas por referencia a la totalidad de los derechos enunciados en el Pacto en relación con la plena utilización de los recursos máximos disponibles del propio Estado. La limitación de las medidas a adoptar a los recursos disponibles. La "medida de los recursos disponibles" se identifica con el "máximo de los recursos de los que disponga el Estado", no menos. En este sentido, el Comité DESC ha establecido que, en caso de incumplimiento de las obligaciones mínimas esenciales correspondientes a cada uno de los derechos del Pacto, para probar que ello se debe a una falta de recursos, el Estado debe demostrar que ha realizado todo un esfuerzo para utilizar todos los recursos que están a su disposición. Así, para determinar si las medidas adoptadas son "adecuadas" o "razonables", se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones: Hasta qué punto las medidas adoptadas fueron deliberadas, concretas y orientadas al disfrute de los derechos sociales. Si el Estado ejerció sus facultades discrecionales de forma no discriminatoria y no arbitraria. Si la decisión del Estado de no asignar recursos disponibles se ajustó a las normas internacionales de derechos humanos. En caso de que existan varias opciones en materia de normas, si el Estado se inclinó por la opción que menos limitaba el derecho social. El marco cronológico en que se adoptaron las medidas. Si las medidas se adoptaron teniendo en cuenta la precaria situación de las personas y grupos desfavorecidos y marginados, si no fueron discriminatorias, y si se dio prioridad a las situaciones graves o de riesgo. La obligación de acudir a la asistencia y cooperación internacional, especialmente económica y técnica. Conforme a la Observación General No. 2 del Comité DESC, se sostiene que recae sobre el Estado, en caso de falta de recursos, la demostración de que hizo esfuerzos para acudir a la cooperación internacional y que, aun así, no logró la obtención de los recursos necesarios para la satisfacción del derecho social en cuestión." ".128 Asimismo, en adhesión al criterio Universal e Interamericano, la Segunda Sala de este Alto Tribunal ha considerado que el derecho a la salud debe garantizarse en términos de su disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad. Lo cual implica, entre otras garantías, que el Estado: cuente con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la salud, cuya naturaleza dependerá particularmente de su nivel de desarrollo; que tales establecimientos estén al alcance de la población, en especial los grupos vulnerables o marginados, y; que además de resultar aceptables desde el punto de vista cultural deberán ser apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad. Ahora, cierto es que para su garantía se necesitan recursos, pues se trata de un derecho económico, social y cultural, sin embargo, esta Sala comparte el criterio de que, para su efectiva garantía, el Estado tiene la carga de la prueba de demostrar que realizó todo esfuerzo para utilizar todos los recursos que están a su disposición en un esfuerzo por satisfacer, con carácter prioritario, esas obligaciones mínimas requeridas en materia de salud. De modo que, aunque se demuestre que los recursos disponibles son insuficientes, siempre seguirá en pie la obligación de que el Estado se empeñe en asegurar el disfrute más amplio posible de los derechos pertinentes dadas las circunstancias reinantes; más aún, de ninguna manera se eliminan, como resultado de las limitaciones de recursos, las obligaciones de vigilar la medida de la realización, o más especialmente de la no realización, de los derechos económicos, sociales y culturales y de elaborar estrategias y programas para su promoción, como cuando de la protección del derecho a la salud se trata. Finalmente, en la citada ejecutoria, preciso los criterios que debían tomar en cuenta para garantizar el derecho humano a la salud, a saber: ". En esa línea de pensamiento, cuando se trata de brindar asistencia médica y tratamiento a los pacientes con alguna enfermedad, las autoridades responsables de prestar ese servicio han de garantizar el derecho humano a la salud mediante la valoración de los criterios siguientes: Subjetivo. De acuerdo con este criterio, el Estado deberá actuar con el propósito de procurar el tratamiento terapéutico y farmacéutico del paciente, ya sea para lograr su reversibilidad o curación; o, de ser diagnosticado con una enfermedad crónico y/o degenerativa, procurar la garantía del tratamiento necesario para el control de su sintomatología, así como el control del deterioro de su integridad física y psíquica. Es decir, tomando en cuenta el estado de salud del paciente, así como sus requerimientos clínicos y médicos. Objetivo. De acuerdo con éste, el Estado deberá garantizar que el tratamiento sea adecuado, de modo que, si el paciente requiere algún medicamento, éste contenga las sales originales o genéricas que conserven la biodisponibilidad y bioequivalencia de las sales originales para su efectividad. Temporal. De conformidad con este criterio, el Estado deberá garantizar que el tratamiento que necesite el paciente se garantice de forma oportuna, permanente y constante. Institucional. Finalmente, conforme a éste, el Estado debe de garantizar que las unidades médicas o instituciones de salud que se encarguen de la garantía del tratamiento lo hagan de acuerdo con los estándares más altos de tecnología y especialización médica. De la citada ejecutoria, surgieron las tesis aisladas, Tesis: 1a. XV/2021 (10a.) y 1a. XIV/2021 (10a.), visibles en el Libro 84, Marzo de 2021, Tomo II, página 1224 y 1222 respectivamente, Décima Época, Materias(s): Constitucional de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registros digitales: 2022889 y 2022888, que dicen: "DERECHO HUMANO A LA SALUD. EL ESTADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE ADOPTAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS HASTA EL MÁXIMO DE LOS RECURSOS DE QUE DISPONGA PARA LOGRAR PROGRESIVAMENTE SU PLENA EFECTIVIDAD. Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto en contra de la omisión de un Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de entregarle oportunamente el medicamento que requiere para el control de la enfermedad que padece el cual, por su parte, se limitó a justificar esa falta de entrega por la inexistencia física del medicamento. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en aras de garantizar el derecho humano a la salud, el Estado debe adoptar las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, su plena efectividad. En esa tesitura, tiene la carga de la prueba de demostrar que realizó el esfuerzo para utilizar todos los recursos que están a su disposición para satisfacer, con carácter prioritario, sus obligaciones mínimas requeridas en materia de salud. Justificación: Lo anterior, en virtud de la diferencia entre la "incapacidad" y la "renuencia" del Estado a cumplir con dicha garantía, en atención a que la "incapacidad" del Estado para garantizar el derecho humano a la salud parte de su obligación de adoptar las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos de que disponga, o bien, justificar que se ha hecho todo lo posible por utilizar todos los recursos de que dispone para garantizar ese derecho; mientras que la "renuencia" del Estado se presenta cuando no está dispuesto a utilizar el máximo de los recursos de que disponga para dar efectividad al derecho a la salud, violando entonces las obligaciones que ha contraído en virtud del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De ahí que las violaciones del derecho a la salud pueden producirse por no adoptar las medidas necesarias que emanan de las obligaciones legales, como no contar con políticas o legislación que favorezca el nivel más alto de salud posible, o no hacer cumplir las leyes existentes en la materia. "DERECHO HUMANO A LA SALUD. CRITERIOS QUE DEBEN VALORARSE PARA SU EFECTIVA GARANTÍA (OBJETIVO, SUBJETIVO, TEMPORAL E INSTITUCIONAL). Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto en contra de la omisión de un Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de entregarle oportunamente el medicamento que requiere para el control de la enfermedad que padece. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que las autoridades responsables de prestar asistencia médica y tratamiento a los pacientes usuarios de alguna institución que integre el Sistema Nacional de Salud, deben garantizar el derecho humano a la salud mediante la valoración de los criterios siguientes: 1) subjetivo, de acuerdo con el cual el Estado deberá actuar con el propósito de procurar el tratamiento terapéutico y farmacéutico del paciente, ya sea para lograr su reversibilidad o curación o, de ser diagnosticado con una enfermedad crónico y/o degenerativa, procurar la garantía del tratamiento necesario para el control de su sintomatología, así como el control del deterioro de su integridad física y psíquica, es decir, tomando en cuenta el estado de salud del paciente, así como sus requerimientos clínicos y médicos; 2) objetivo, conforme al cual el Estado deberá garantizar que el tratamiento sea adecuado, de modo que si el paciente requiere algún medicamento, éste contenga las sales originales o genéricas que conserven la biodisponibilidad y bioequivalencia de las sales originales para su efectividad; 3) temporal, conforme al cual el Estado deberá garantizar que el tratamiento del paciente se garantice de forma oportuna, permanente y constante; y, 4) institucional, de acuerdo con el cual el Estado debe garantizar que las unidades médicas o instituciones de salud que se encarguen de la garantía del tratamiento lo hagan de conformidad con los estándares más altos de tecnología y especialización médica. Justificación: Los criterios aludidos deben evaluarse en la medida en que se trata de la garantía del derecho humano a la salud; derecho económico, social y cultural, cuyo cumplimiento es progresivo, y cuya efectividad depende de los medios de los que disponga el Estado para su satisfacción, reconocido en los artículos 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 11 y 12 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Adicionalmente, es útil para la resolución del asunto que nos ocupa, la Ley General de Salud, reglamentaria del artículo 4 de la Constitución, la cual, para lo que aquí interesa dispone: "ARTICULO 1o. Bis.- Se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. "ARTICULO 2o.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades: I.- El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; II.- La prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana; III.- La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social; IV.- La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud; V.- El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población. Tratándose de personas que carezcan de seguridad social, la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados; VI.- El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud; VII.- El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud, y VIII.- La promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. ARTICULO 27.- Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a: I.- La educación para la salud, la promoción del saneamiento básico y el mejoramiento de las condiciones sanitarias del ambiente; II.- La prevención y el control de las enfermedades transmisibles de atención prioritaria, de las no transmisibles más frecuentes, sindemias y de los accidentes; III.- La atención médica integral, que comprende la atención médica integrada de carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias. Para efectos del párrafo anterior, la atención médica integrada de carácter preventivo consiste en realizar todas las acciones de prevención y promoción para la protección de la salud, de acuerdo con la edad, sexo y los determinantes físicos, psíquicos y sociales de las personas, realizadas preferentemente en una sola consulta. En el caso de las personas sin seguridad social, deberá garantizarse la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados; IV.- La atención materno-infantil; V.- La salud sexual y reproductiva; VI.- La salud mental; VII.- La prevención y el control de las enfermedades bucodentales; VIII.- La disponibilidad de medicamentos, dispositivos médicos y otros insumos esenciales para la salud; IX.- La promoción de un estilo de vida saludable; X.- La asistencia social a los grupos más vulnerables y, de éstos, de manera especial, a los pertenecientes a las comunidades indígenas, y XI.- La atención médica a las personas adultas mayores en áreas de salud geriátrica. ARTICULO 33.- Las actividades de atención médica son: I.- Preventivas, que incluyen las de promoción general y las de protección específica; II.- Curativas, que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno; III.- De rehabilitación, que incluyen acciones tendientes a optimizar las capacidades y funciones de las personas con discapacidad, y IV.- Paliativas, que incluyen el cuidado integral para preservar la calidad de vida del paciente, a través de la prevención, tratamiento y control del dolor, y otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo profesional multidisciplinario. De la normativa antes inserta, resalta: Que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El derecho a la protección de la salud tiene, entre otros objetivos, el bienestar físico y mental de la persona para contribuir al pleno ejercicio de sus capacidades, la prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana, así como el disfrute de servicios de salud que satisfagan oportunamente las necesidades de la población, los que se prestarán de manera gratuita a las personas. Se consideran servicios básicos de salud los relativos a la atención médica integral, así como la disponibilidad de medicamentos, dispositivos médicos y otros insumos. La atención médica integral, entendida como el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo con el fin de proteger, promover y restaurar la salud, comprende acciones preventivas, curativas, de rehabilitación y paliativas. Las preventivas, tienen incluyen las de promoción general y las de protección específica. Las curativas, que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno. Las de rehabilitación, que incluyen acciones tendientes a optimizar las capacidades y funciones de las personas con discapacidad. Las paliativas, que incluyen el cuidado integral para preservar la calidad de vida del paciente, a través de la prevención, tratamiento y control del dolor, y otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo profesional multidisciplinario. Marco convencional. Los derechos que conforman el contenido del derecho a la salud han sido reconocidos por normas internacionales contenidas en tratados sobre derechos humanos, imponen al Estado una serie de obligaciones en torno a la realización del derecho a la salud y, bajo ciertas condiciones, tienen una fuerza normativa similar a la de las normas constitucionales; de ahí, la importancia metodológica del concepto de "bloque de constitucionalidad", que se define como el conjunto de normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes por cuanto han sido normativamente integrados al texto constitucional por mandato de la propia Constitución. Teniendo en cuenta lo anterior, el bloque de constitucionalidad del derecho a la salud lo conforman, además de los artículos de la Constitución, múltiples normas consagradas en los siguientes tratados internacionales: Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Convención Americana sobre Derechos Humanos Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador" Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura Sistema Universal de Derechos Humanos: Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad Sistema Universal de Derechos Humanos: Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial Convención sobre los Derechos del Niño Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer Convención sobre el Estatuto de los Refugiados Convención sobre el Estatuto de los Apátridas Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares El contenido de esta norma constitucional y la interpretación que de ésta, ha realizado la Suprema Corte, son compatibles con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, tal y como se observa: Del párrafo 1o. del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios); Del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y que los Estados deberán adoptar las medidas a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho); Del artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador" (toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social); De lo establecido por la Comisión de Derechos Humanos, así como también en la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993 y en otros instrumentos internacionales. De esos instrumentos normativos internacionales, tiene especial importancia el artículo 26, incluido en el Capítulo III de la CADH, como regulador de los "Derechos Económicos, Sociales y Culturales", al disponer que: "Artículo 26. Desarrollo Progresivo. Los estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados. La importancia de dicho numeral estriba en que la inclusión del derecho a la salud en el artículo 26 de la CADH, lo hace un derecho exigible y justiciable en la esfera jurisdiccional, así lo ha entendido el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, al puntualizar que: "La adopción de una clasificación rígida de los derechos económicos, sociales y culturales que los sitúe, por definición, fuera del ámbito de los tribunales sería, por lo tanto, arbitraria e incompatible con el principio de que los dos grupos de derechos son indivisibles e interdependientes. También se reduciría drásticamente la capacidad de los tribunales para proteger los derechos de los grupos más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad." Al respecto, Sergio García Ramírez dispone que el artículo 26 contempla derechos y que: ".los derechos (.) contenidos en el Pacto San José de Costa Rica y aceptados por los estados (.) se hallan sujetos al régimen general de supervisión y decisión, o dicho de otra manera, a los "medios de protección." Son útiles también en el marco convencional las decisiones asumidas por los tribunales internacionales sobre los temas de salud, en particular lo resuelto en el Caso Villagrán Morales y otros Vs. Guatemala la Corte IDH interpretó el concepto de "vida digna" como integrante del artículo 4 de la CADH, al puntualizar que: (.) el derecho fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a condiciones que le garanticen una existencia digna. Los estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieren para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él.(.) En los Casos Ximenes Lopez Vs. Brasil; Albán Cornejo Vs. Ecuador; Furlan Vs. Argentina y Suárez Peralta Vs. Ecuador, el derecho a la salud se analiza en los fundamentos de vulneraciones al derecho a la vida o a la integridad física: (.) el derecho a la vida es un derecho humano fundamental cuyo goce pleno constituye una condición para el ejercicio de todos los derechos. La integridad personal es esencial para el disfrute de la vida humana. A su vez, los derechos a la vida y a la integridad personal se hallan directa e inmediatamente vinculados con la atención de la salud humana. (.)" De la misma forma, quien resuelve estima conveniente traer a cuenta en este apartado, el marco convencional relativo al derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes que tomó en cuenta la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la ejecutoria 684/2022, las cuales son las que se insertan: ".136. El derecho a la salud de las niñas, niños y adolescentes se reconoce en los artículos 4, párrafo cuarto y noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12.1 y 12.2 incisos a) y c) del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 137. Así, el artículo 4, párrafo noveno, de la Constitución Federal, prevé el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades, entre otras, de salud. Por su parte, el artículo 12, párrafo segundo, apartado a), establece que los Estados partes deben adoptar medidas para asegurar la reducción de la mortalidad infantil y el sano desarrollo de los infantes; lo cual debe entenderse -de conformidad con la Observación General No. 14 multicitada- como la adopción de medidas para mejorar la salud infantil y materna, los servicios de salud sexuales y genésicos, la atención anterior y posterior al parto, los servicios obstétricos de urgencia, así como los recursos necesarios para actuar con arregle a la información. Adicionalmente, la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce ese derecho en el artículo 24, pues contempla que tienen derecho "al disfrute más alto nivel posible de salud y a los servicios para el tratamiento de enfermedades y la rehabilitación de su salud", al prever que los Estados parte deben, entre otras cuestiones: Dar acceso a una amplia gama de instalaciones, bienes, servicios y condiciones que ofrezcan a cada niña y niño igualdad de oportunidades para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Esforzarse por asegurar que ningún infante sea privado del derecho a disfrutar de los servicios sanitarios. Cuando se refiere a los servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud, las y los niños tienen derecho a servicios sanitarios de calidad, incluidos servicios de prevención, promoción, tratamiento, rehabilitación y atención paliativa. Asegurar que la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud. Asegurar la plena aplicación del derecho y adoptar las medidas para reducir la mortalidad infantil y en la niñez, instando especial atención a la mortalidad neonatal porque constituye una proporción cada vez mayor de niños menores de cinco años; igualmente, prestar atención a las complicaciones de los partos prematuros, la asfixia al nacer, el peso bajo, infecciones neonatales, neumonía, diarrea, sarampión, subnutrición, malaria, entre otros. Fortalecer los sistemas sanitarios para facilitar las intervenciones de todas las niñas y niños en el contexto de un proceso ininterrumpido de atención en materia de salud reproductiva, materna, del recién nacido y del niño, incluyendo detección de defectos congénitos, servicios de parto seguros y atención del recién nacido. Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres, ya que durante el embarazo, parto y los periodos prenatal y posnatal pueden surgir situaciones de riesgo que repercutan a corto y largo plazo en la salud de la madre y los infantes; que todos los sectores de la sociedad conozcan los principios básicos de la salud y nutrición de infantes, ventajas de lactancia materna, higiene, saneamiento ambiental y medidas de prevención de accidentes. Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y servicios en materia de planificación de la familia. Abolir prácticas tradicionales perjudiciales para la salud de los menores. Promover y alentar la cooperación internacional para lograr progresivamente la plena realización del derecho a la salud. Así, en la Observación General No. 15, el Comité de los Derechos del Niño señaló que el estudio de la salud infantil desde la óptica de los derechos del niño se entiende con la particularidad de que todas las niñas y niños tienen derecho a oportunidades de supervivencia, crecimiento y desarrollo en un contexto de bienestar físico, emocional y social máximo de sus posibilidades; partiendo de lo anterior, el Comité estima que el derecho a la salud debe garantizarse y es un elemento esencial para el desarrollo integral, y fijó los principios que deben atender los Estados consistentes en: (i) indivisibilidad e interdependencia de los derechos del niño; (ii) derecho a la no discriminación; (iii) el interés superior del niño; (iv) derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo y factores que determinan la salud del niño; (v) derecho a ser escuchado; y (vi) evolución de las capacidades y trayectoria vital del niño. Cúmulo probatorio Ahora, las autoridades responsables aportaron los siguientes medios de convicción: Resumen clínico de veintitrés de abril de dos mil veintitrés (foja 45-47). El oficio CB015/2022, de catorce de diciembre de dos mil veintidós, suscrito por la Presidenta del Comité Hospitalario de Bioética, del Hospital Regional Morelia (foja 48). Oficio de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, suscrito por la Coordinación de pediatría, en el que se informa la reunión con médicos pediatras para revisar la aplicación del medicamento denominado "Spinraza" (nusinersen) (foja 88). Expediente clínico del menor quejoso José Julián Téllez García (fojas 128-206) Solicitud de referencia y contra referencia del menor (foja 176). Constancia médica de tres de abril de la anualidad que transcurre (foja 189). Resumen médico de tres de abril de dos mil veintitrés, expedido por el Supervisor Médico del Hospital Regional de Morelia (foja 190). Oficio de treinta de junio de dos mil veintitrés, en el que se notifica que para la patología solo existe tratamiento de soporte y apoyo de cuidados paliativos y se concientiza al familiar de los riesgos de repetición de la condición médica por tratarse de una enfermedad autosómica recesiva (foja 235). Oficio de diecisiete de julio de dos mil veintitrés (foja 282) Decisión. El menor quejoso, padece de Atrofia Muscular Espinal (AME), que es un grupo de trastornos de las neuronas motoras (células motoras). Estos trastornos se transmiten de padres a hijos (hereditarios) y pueden aparecer en cualquier etapa de la vida. El trastorno lleva a debilidad y atrofia muscular; los síntomas en un bebé, son dificultad respiratoria con falta de aliento y respiración forzada, que lleva a falta de oxígeno; dificultad para la alimentación (el alimento puede irse a la tráquea en vez del estómago); bebé flácido (poco tono muscular); ausencia de control de la cabeza; poco movimiento; debilidad que empeora. Asimismo, como quedó establecido anteriormente, el debate central de esta contienda constitucional, estriba en determinar si es un tema de recursos limitados la negativa para la aplicación del medicamento denominado "Spinraza" (nusinersen) al menor quejoso J.J.T.G., debido a su alto costo y a que no se encuentra en el cuadro básico. Lo anterior, bajo la consideración esencial aducida por la parte quejosa, en el sentido de que diversos médicos de hospitales en donde ha sido internado el menor, así como médicos privados, han señalado la existencia del citado medicamento, el cual podría traer mejoras significativas al paciente en su condición neurológica. Sin embargo, no obstante que de las páginas que obran en internet, constituye un hecho notorio que el precio del medicamento "Spinraza" (nusinersen), es de aproximadamente $3,575,585.82 (tres millones quinientos setenta y cinco mil quinientos ochenta y cinco pesos 82/100 M.N), de acuerdo a diversas notas periodísticas, sin que exista una página oficial de la marca en el que aparezca su precio; debe decirse, que de las manifestaciones realizadas por la Institución Hospitalaria, como de las pruebas que obran en autos, no se advierte que la negativa para proporcionar el medicamento, derive de su costo o de que no se encuentra en el cuadro básico, sino que atiende a que no obra receta médica de algún médico especialista (pediatra neurólogo) que la hubiese prescrito, de acuerdo a la salud actual del menor y sus requerimientos clínicos y médicos. En efecto, la Institución Hospitalaria, señaló esencialmente lo siguiente: Que desde su nacimiento, se le ha proporcionado la atención médica necesaria para su padecimiento, con carácter multidisciplinaria por los servicios de infectología, neuropediatría, cirugía pediátrica y rehabilitación, lo que se advertía del expediente clínico respectivo. Que con la finalidad de brindarle una mejor atención, fue presentado al "Centro Médico Nacional 20 de Noviembre" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, al servicio de genética "clínica de errores innatos de metabolismo", quien indicó que "se debe de continuar con tratamiento de soporte" ya que para la patología de atrofia muscula espinal, no se cuenta con tratamiento específico y que no hay manejo adicional que se pueda ofrecer al paciente como cuidados paleativos y medidas de soporte. Que el caso médico del menor quejoso, fue sesionado en el Comité de Bioética del Hospital, el 14 de diciembre del 2022, el cual realizó diversas recomendaciones a las que se les ha dado seguimiento, como son acompañamiento con tanatología, acompañamiento por trabajo social en cuanto dinámica familiar, acompañamiento por psicología, fortalecer relación médico paciente, sensibilizar a los padres sobre el encarnizamiento terapéutico. Que el paciente se encuentra con múltiples afecciones al sistema nervioso, dependiente de ventilador para mantener mecánica ventilatoria, continúa con vigilancia sintomática y cuidados generales, pronóstico malo para la función y la vida. Que en respuesta a la necesidad de la aplicación del medicamento "Spinraza" (nusinersen) mediante oficios de veinticinco de abril y treinta de junio de la anualidad que transcurre, se informó que se realizó reunión con médicos pediatras del hospital, en la que se concluyó: que al ser paciente desde su nacimiento de este servicio como seguimiento del protocolo para atrofia muscular se realiza análisis de MLPA para genes SMN1 y SMN2 resultando positivo para atrofia muscular espinal, por lo que se solicitó valoración por telemedicina al Hospital 20 de Noviembre al servicio de medicina Interna, la cual se realizó el 5 de agosto de 2022, indicando su envío para seguimiento por consulta externa de medicina Interna, sin embargo el paciente se hospitaliza por cuadro de neumonía Adquirida en la comunidad el 12 de agosto de 2022, remitiendo cuadro de neumonía, sin embargo continua hasta la fecha hospitalizado ya que no se ha logrado destete de ventilador, por patología de base, cabe mencionar que el Médico Pediatra no es el especialista capacitado para tal indicación por lo que se solicitó valoración por el Servicio de Neuropediatria de este Hospital, quien sugirió referencia al 20 de Noviembre para conocer otras posibilidades terapéuticas, concertado cita con el servicio de Genética (Clínica de errores innatos del Metabolismo) la cual se realizó el 24 de noviembre del 2022, en donde de manera dirigida se preguntó sobre alternativas terapéuticas para el paciente y se nos comentó que no contaban con tratamiento específico para Atrofia Muscular Espinal, que el medicamento Spinraza (nusinersen) se encontraba en una etapa de estudio y que cuando en el Hospital 20 de Noviembre tienen pacientes con esta misma patología les brindan tratamiento de soporte y apoyo en cuidados paliativos. Que para la patología solo existe tratamiento de soporte y apoyo de cuidados paliativos; que se concientizó al familiar de los riesgos de repetición de la condición médica por tratarse de una enfermedad autosómica recesiva. Atento a lo anterior se obtiene, que las autoridades hospitalarias nunca han señalado un criterio económico que le impida se le administre al menor el medicamento denominado "Spinraza" (nusinersen). De igual forma, si bien señalan que el medicamento que nos ocupa se encuentra en etapa de estudio, ya que para la patología de atrofia muscular espinal no se tiene tratamiento específico. Que contrario a ello, de la página de internet de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), deriva que el medicamento con Denominación Distintiva: SPINRAZA, cuenta con número de registro 183501EL870002, con fecha de expedición /vencimiento: 30 de noviembre de 2018/ 30 de noviembre de 2020, con Estado de Registro: Vigente. Ello no implica, que deba ser suministrado al menor, dado que no obra constancia que acredite que fue prescrito por un profesionista capacitado para indicarlo (neuropediatra), atento a su estado de salud y requerimientos clínicos y médicos actuales. Sin que fuese necesario llevar a cabo el desahogo de prueba pericial, dado que en el expediente clínico de J.J.T.G., obra lo siguiente: El resumen clínico de veintitrés de abril de dos mil veintitrés, del que se observa que es derechohabiente de la Institución señalada como responsable, con cédula GAFV940928, paciente masculino de 1 un año 6 seis meses de edad, que se encuentra cursando el día 252 de estancia intrahospitalaria, que cuenta con los siguientes antecedentes: De la respuesta a solicitud de intervención del Comité Hospitalario de Bioética, de catorce de diciembre de dos mil veintidós, en la que se generaron las siguientes sugerencias: Solicitar la intervención de personal de tanatología para atención del proceso de duelo de los padres del paciente Solicitar la valoración por parte de trabajo social, sobretodo dinámica familiar y redes de apoyo Hacer un enlace con la Unidad de Zamora para involucrarlos en el caso del paciente y comenten lo que se puede ofrecer, valorando si se encuentran en condiciones de brindar el apoyo que se requiere para la atención del paciente Continuar con el apoyo y acompañamiento de los padres en psicología 5. Seguir conservando una relación médico paciente adecuada, concientizando en medida de lo posible a los padres de la gravedad del paciente, haciendo énfasis e hincapié en el pronóstico y la sobrevida. Sensibilizar a los padres y personal de salud sobre el concepto de encarnizamiento terapéutico entendido como: "Prolongamiento del proceso de muerte, a través de tratamientos que apenas prolongan la vida biológica del paciente. Ella es sin calidad de vida y sin dignidad". Concientizar riesgos de repetición de la condición médica por tratarse de una enfermedad autosómica recesiva. Considerar una segunda intervención del comité. Del oficio de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, suscrito por la Coordinación de pediatría, en la que se informó a la Directora del Hospital Regional Morelia, la reunión con médicos pediatras del hospital para: Copia del expediente clínico del menor del que se advierte como antecedentes personales patológicos: "Cronicodegenerativas: Atrofia espinal. Antecedente hospitalización: 2, la primera al nacimiento por bajo peso y prematurez. La segunda por Broncoaspiración. Quirúrgicos: gastrostomía 20 de mayo y Traqueotomía 5 de mayo. Además de las notas de evolución durante la estancia en el hospital se destaca: Múltiples afecciones del sistema nervioso, dependiente de ventilador para mantener mecánica ventilatoria, continua en vigilancia sintomática y cuidados generales (foja 120). Pronóstico malo para la función y la vida (fojas 120-175). Broncoespasmo, convulsiones (foja 123, 140) Alta morbimortalidad debido a su condición neurológica y dependencia prolongada de ventilador avanzada (foja 126 vuelta). Alta morbimortalidad, un pronóstico funcional malo y altas posibilidades de repetidas recaídas infecciosa a diferentes niveles, particularmente nivel particular (130 vuelta). Solicitud de referencia y contrareferencia de nueve de diciembre de dos mil veintidós (foja 176) de la que deriva el resumen clínico siguiente: "ATROFIA ESPINAL TIPO 1, HIPOTRÓFICO MASCULINO, DE UN AÑO DE EDAD, EL CUAL CURSA SU 4º MES DE ESTANCIA HOSPITALARIA EN ESTA UNIDAD. ANTECEDENTES PERINATALES G3, C3, 32 SDG, NACIMIENTO VIA CESÁREA POR PRECLAMPSIA, PESO 1200 GR, TALLA 38 CM, APGAR NO RECUEDA.INGRESA A LA UCIN DURANTE SU NACIMIENTO, ESTANDO EN VENTILACIÓN MECÁNICA DURANTE 1 MES APROXIMADAMENTE, SEPSIS NEONATAL MANEJADA CON ANTIMICROBUIAN CON SECUELA DE DISPLASIA BRONCOPULMOMAR, MANEJADA CON DIURETICOS Y OXIGENO DOMICILIARIO, REGRESANDO EN VARIAS OCASIONES A URGENCIAS DE ESTE HOSPITAL, ESTANDO INTERNADO VARIAS VECES. ACTUALMENTE CON ESTANCIA MUY PROLONGADA. SU PRONÓSTICO ES MALO PARA LA FUNCIÓN DE LA VIDA, MANEJO ACTUAL CON PARÁMETROS BAJO DE VENTILADOR POR TRAQUEOSTOMÍA ENTACIÓN ENTERAL POR GASTROSTOMÍA, AMBAS FUNCIONALES. CRISI CONVULSIVAS MANEJADAS CON LEVETIRACETAM 100 MG POR SG C/12.". Oficio de treinta de junio de dos mil veintitrés, suscrito por la Coordinadora de pediatría, dirigido a la madre del menor quejoso, en el que se aduce: Medios de convicción de los que se observa, que la salud del menor ha sido valorada mediante el criterio subjetivo, dado que fue presentado al "Centro Médico Nacional 20 de Noviembre", en donde se indicó que se debía continuar con tratamiento de soporte. También, fue sesionado en el Comité de Bioética del Hospital, que sugirió sensibilizar a los padres y personal de salud sobre el concepto de encarnizamiento terapéutico, entendido como "prolongamiento del proceso de muerto, a través de tratamientos que apenas prolongan la vida biológica del paciente. Ella es sin calidad de vida y sin dignidad". De igual manera se aprecia, que el menor en la actualidad, padece múltiples afecciones al sistema nervioso, epilepsia, enfermedad pulmonar crónica, desnutrición, convulsiones, depende de ventilador para mantener mecánica ventilatoria y tiene un pronóstico malo para la función y la vida. Asimismo, para su tratamiento, se le ha practicado gastrostomía, traqueotomía, se le ha proporcionado ventilador para mantener mecánica ventilatoria y tratamientos de soporte y cuidados paliativos. Por ello, debe decirse que opuesto a lo aducido por la parte quejosa, la Institución no ha vulnerado el derecho a la salud del menor; por el contrario, de acuerdo a la valoración del criterio subjetivo que deben realizar las autoridades responsables que prestan asistencia médica y tratamiento con alguna enfermedad -que estriba en que, de ser diagnosticado con una enfermedad crónico y/o degenerativa, el Estado deberá procurar la garantía del tratamiento necesario para el control de su sintomatología, así como el control del deterioro de su integridad física y psiquica- ha tomado en cuenta su salud actual, así como sus requerimientos clínicos y médicos, otorgando tratamientos de soporte y apoyo de cuidados paliativos, de conformidad con lo previsto en el artículo 33 de la Ley General de Salud. En este sentido, la actividad médica concerniente a los tratamientos paliativos como atención médica integral, incluyen el cuidado para preservar la calidad de vida del paciente, a través de la prevención, tratamiento y control del dolor, y otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo profesional multidisciplinario. Además la medicina paleativa, por su gran componente humanitario y por su defensa al respeto a la vida y a la dignidad de la persona, constituye la forma de asistencia más eficaz para los pacientes que se encuentran en situación de enfermedad como el menor, ya que la filosofía en la que se basa, garantiza, entre otras cosas, una aplicación estricta y sistemática de los principios bioéticos fundamentales. La medicina paleativa, por definición, debe procurar mejorar la calidad de vida del enfermo, debe luchar por conseguir el mayor bienestar posible, debe evitar actuaciones innecesarias que provoquen sufrimiento. En apoyo a lo anterior, es de citar la tesis XVII.1o.P.A.33 A (10a.), Libro 4, Agosto de 2021, Tomo V, página 4854. Undécima Época, Materia Constitucional, Administrativa, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro digital: 2023479, que dice: "DERECHO HUMANO A LA SALUD. PARA GARANTIZARLO EN PACIENTES CON ENFERMEDADES TERMINALES, EL ESTADO DEBE ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS BAJO LA PREMISA DEL MÁXIMO GASTO POSIBLE, A TRAVÉS DE TRATAMIENTOS PALIATIVOS QUE ASEGUREN SU DIGNIDAD Y LES EVITEN DOLOR. Hechos: La quejosa, en representación de sus hijos menores de edad, promovió juicio de amparo indirecto contra la omisión del Instituto Chihuahuense de la Salud de otorgarles los servicios de salud que satisfagan de manera eficaz y oportuna el tratamiento prescrito por el médico especialista en genética, consistente en la ministración de Cerliponasa Alfa, solución inyectable por infusión de uso intracerebroventricular, la cual es necesaria para estabilizar y desacelerar la progresión de la enfermedad diagnosticada como Lipofuscinosis neuronal ceroidea tipo 2 (CLN2). El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio, al considerar que los actos habían cesado, pues aquéllos fueron atendidos por su médico tratante; inconforme, la quejosa interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que para garantizar el derecho humano a la salud en pacientes con enfermedades terminales, el Estado debe adoptar las medidas necesarias bajo la premisa del máximo gasto posible de los recursos de que disponga para lograr progresivamente su plena efectividad, a través de tratamientos paliativos que aseguren su dignidad y les eviten dolor. Justificación: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1a. XV/2021 (10a.), sostuvo que el Estado debe adoptar las medidas necesarias hasta el máximo de los recursos de que disponga para satisfacer sus obligaciones mínimas en materia de salud. Al respecto, la medicina paliativa constituye la forma de asistencia más eficaz para los pacientes que tienen enfermedades terminales, ya que la filosofía en la que se basa garantiza, entre otras cosas, una aplicación estricta y sistemática de los principios bioéticos fundamentales de beneficencia, no-maleficencia y autonomía, añadiendo el principio de justicia, donde se ubica el de dignidad, el cual, para su total y adecuado cumplimiento conlleva para el Estado el deber de planificar, desarrollar y gestionar de forma eficiente las políticas sanitarias para lograr la máxima cobertura posible y así evitar discriminaciones en este campo. Bajo aquél panorama, si por una parte tomamos en consideración que no obra constancia que acredite que el medicamento "Spinraza" (nusinersen) fue recetado al menor por algún médico especialista capacitado para indicarlo; y por otra, que el estado de salud actual del menor es delicado, por lo que se ha determinado otorgarle los tratamientos de soporte y paliativos necesarios, es indudable que no existe vulneración a su derechos de salud. En las condiciones apuntadas, ante lo infundado de los conceptos de violación propuestos, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de proporcionar el acceso total al derecho humano a la protección de la salud del menor quejoso, al no otorgarle el medicamento Spinraza (nusinersen) requerido para su padecimiento denominado "atrofia muscular espinal", lo que se impone es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por Verónica Janette García Fregoso, en favor del menor J.J.T.G., toda vez que no demostró que el acto reclamado infrinja en su perjuicio, los derechos fundamentales consignados en los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Séptimo. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Verónica Janette García Fregoso, en favor del menor J.J.T.G., en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el resultando primero que antecede, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta determinación. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Verónica Janette García Fregoso, en favor del menor J.J.T.G., contra el acto reclamado al Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE en Michoacán y al Director del Hospital Regional de Alta Especialidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE Morelia, Michoacán, por los motivos expresados en el considerando sexto de este fallo. Tercero. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente y mediante oficio a las responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy quince de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que a las nueve horas con cincuenta minutos del veintiuno de agosto de dos mil veintitrés se celebró la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías. Ahora bien, con fundamento en el artículo 270 del Código Federal de Procedimientos Civiles, agréguese sin mayor pronunciamiento el pedimento de la agente del Ministerio Público Federal Adscrita a este juzgado, dado que el veintiuno de agosto del presente año, se celebró la audiencia constitucional. Una vez que se dicte sentencia glósese el presente cuadernillo sin mayor proveído al juicio principal. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con cincuenta minutos del veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 482/2023. Enseguida, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales allegada por la autoridad responsable Directora del Hospital Regional Morelia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado [ISSSTE] en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que la parte quejosa formuló alegatos. El Juez acuerda: Se tiene a la quejosa formulándolos y al resto de las partes les precluye su derecho para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia. Maestro en Amparo José Ramón Rocha González Juez Séptimo de Distrito en el Estado (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) Licenciada Karla Martínez Arenas Secretaria de Juzgado (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguense a los autos los oficios signados por la Directora del Hospital Regional Morelia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado [ISSSTE], con residencia en esta ciudad, por los cuales, en atención al requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional en auto de catorce de julio actual, informa lo siguiente: 1. La atrofia muscular espinal es un grupo de enfermedades musculares hereditarias que causan degeneración y debilidad muscular progresiva. Es causada por la pérdida de células nerviosas especializadas, llamadas neuronas motoras, en la médula espinal y la parte del cerebro que está conectado a la médula espinal. 2. La atrofia muscular espinal se clasifica en diferentes tipos, de acuerdo con la edad de inicio de la enfermedad. Atrofia muscular espinal tipo I: Es una forma bastante severa que se manifiesta como debilidad muscular grave antes de los seis meses de edad. Los bebes afectados nacen con muy poco tono muscular, músculos débiles, incapacidad de control de la cabeza, poco movimiento espontaneo, al igual que con problemas respiratorios y de alimentación. De igual manera, la responsable refiere que la Coordinadora de Pediatría Dra. María Cristina García Nájera, informa en su escrito de fecha diecisiete de los corrientes, respecto del paciente José Julián Téllez García, que en el mes de agosto de dos mil veintidós, solicito al Centro Médico Nacional "20 de Noviembre" referencia del citado paciente toda vez que resultó positivo al MLPA, por sus siglas en inglés, [multiplex ligation-dependent probe amplification] para genes SMN1SMN2; sin embargo, el paciente fue hospitalizado por neumonía (Anexo) Una vez que el paciente fue presentado al Centro Médico Nacional "20 de Noviembre" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al servicio de Genética "Clínica de Errores Innatos del Metabolismo", quién indico que se debía continuar con tratamiento soporte", ya que para la patología de atrofia muscular espinal, no se cuenta con tratamiento específico. Finalmente, la Coordinadora de Pediatría, menciona en su escrito de diecisiete de julio actual que no existió retraso en la notificación a los padres del menor, acerca de la enfermedad y/o diagnóstico y tratamiento. En virtud a lo anterior, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase a la parte quejosa para que en el término de tres días computado a partir de que surta efectos la notificación que se le practique del presente auto, informe lo que a su interés le convenga, o bien, informe el impedimento legal o material que tenga para ello, apercibido que de no hacerlo dentro del plazo que se le concede para tal efecto este juzgado proveerá conforme a derecho corresponda; lo anterior, toda vez que las autoridades responsables han informado que en relación al medicamento denominado "spinraza", no cuenta con él, toda vez que aún se encuentra en etapa de estudio, y en lo que respecta a la patología atrofia muscular espinal, no cuentan con tratamiento específico, por lo que continúan brindándole contratamiento soporte. En virtud a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y en su lugar se fijan para su verificativo las nueve horas con cincuenta minutos del veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con motivo del primer periodo vacacional correspondiente al año dos mil veintitrés, autorizado al titular, en sesión celebrada el tres de julio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial y comunicado en oficio CCJ/ST/3982/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente, y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", y quien actúa con el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.Jjg

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