Verónica Janet Radilla Fierro

Expediente 319/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
319/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
28/03/2019

Partes del expediente

  • Verónica Janet Radilla Fierro

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de catorce de marzo de dos mil diecinueve (fojas 38 a 41 vuelta), mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa lo siguiente 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción II del referido acuerdo. 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA I RADICACIÓN. Se tiene por recibida la demanda de amparo a través del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (S.I.S.E.), promovida por * apoderado legal de la parte quejosa **, personalidad que acredita con la carta poder de seis de noviembre de dos mil diecisiete la cual manifiesta bajo protesta de decir verdad que es copia íntegra e inalterable de dicho documento, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo tanto impreso como electrónico y regístrese en el libro de gobierno como amparo indirecto 319/2019-I. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, establece "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En ese sentido, es necesario precisar que el acto reclamado materia de este asunto, esencialmente, se hace consistir en La omisión de la responsable de pronunciarse respecto la admisión de pruebas dentro del expediente 942/2017. En ese sentido, toda vez que el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, a continuación se analiza la que se actualiza, esto es, la contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, del propio ordenamiento, ambos interpretados en sentido contrario; preceptos legales que se citan a continuación "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. - - - Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. - - - En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]" La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción IV, de la legislación de la materia. Por su parte, la fracción IV del numeral 107 antes referido establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en tratándose de ejecución de sentencia el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución, y excluir, por ende, la procedencia del juicio constitucional contra las violaciones que anteriormente se hayan cometido durante ese mismo procedimiento, no es otro que el de impedir el abuso del amparo, evitar que se obstruya el curso del procedimiento, porque de otra suerte sería imposible llegar a culminar la ejecución de las sentencias. Siendo ésa la intención de la norma, es claro que en ésta no pueden quedar comprendidas las resoluciones que tiendan a negar, obstaculizar, entorpecer o retardar la ejecución, porque esto implicaría un fraude a la ley, en el que se incurre cuando so pretexto de respetar la letra se viola su espíritu. Sin embargo, si en un caso la resolución reclamada tiende a obstaculizar o dificultar la ejecución de la sentencia, debe concluirse que no se está en la hipótesis de improcedencia del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; de modo que una interpretación en sentido contrario lleva a la conclusión de que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos en ejecución de sentencia que no violen derechos sustantivos o que no entorpezcan o dilaten excesivamente el cumplimiento del laudo. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción 294/2018, el nueve de enero de dos mil diecinueve, consideró lo siguiente de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Federal, el cual establece que "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." - - - No obstante todo lo anterior, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral, cuyo trámite y resolución se ha procurado agilizar por virtud de las recientes reformas legales en la materia, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, que la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador, en los siguientes términos (REFORMADO, D.O.F. 30 DE NOVIEMBRE DE 2012) Artículo 772. Cuando, para continuar el trámite del juicio en los términos del artículo que antecede, sea necesaria promoción del trabajador y éste no la haya efectuado dentro de un lapso de cuarenta y cinco días naturales, el Presidente de la Junta deberá ordenar que se le requiera personalmente para que la presente, apercibiéndolo de que, de no hacerlo, operará la caducidad a que se refiere el artículo siguiente Si el trabajador está patrocinado por un Procurador del Trabajo, la Junta notificará el acuerdo de que se trata al trabajador y a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, para los efectos correspondientes. Si no estuviera patrocinado por la Procuraduría, se le hará saber a ésta el acuerdo, para el efecto de que intervenga ante el trabajador y le precise las consecuencias legales de la falta de promoción, así como para que le brinde asesoría legal en caso de que el trabajador se la requiera." De lo dispuesto en el precepto anterior se observa que el legislador federal ya estableció en la ley un lapso preciso (45 días naturales) para que la Junta oficiosamente provea lo necesario a fin de que el juicio continúe con su trámite, bajo la condición de que si no se activa éste por la parte actora, la sanción procesal será la caducidad; periodo que evidentemente tiene el propósito de que los juicios no queden indefinidamente paralizados, y resulta un referente útil, por identidad de razones, para determinar cuándo debe considerarse que se ha configurado una dilación excesiva que se traduce en una paralización del procedimiento.". Sobre tales premisas, debe considerarse que el acto que por esta vía se reclama, consiste en la omisión de la responsable de pronunciarse respecto la admisión de pruebas dentro del expediente 942/2017; debido que no ha transcurrido el plazo de CUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIÓ PRONUNCIARSE EL ACUERDO RESPECTIVO que debió recaer al escrito presentado ante la junta responsable, por lo que no se satisface el requisito de procedibilidad de la acción constitucional establecido en la fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo. Lo anterior, debido a que con esa dilación procesal no se afecta materialmente, de manera directa e inmediata, algún derecho sustantivo de la parte quejosa, al no constituir una dilación procesal presuntamente excesiva; lo anterior, considerando que la dilación reclamada, por más que cause, en mayor o menor grado, una molestia en la parte quejosa en la ejecución del proceso de origen, por sí misma no justifica la procedencia del amparo indirecto, dado que sus efectos y consecuencias únicamente se traducen en el caso, en un retardo menor en el juicio de origen; sin embargo, ese término no es excesivo en los términos precisados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, la dilación reclamada por su alcance y contenido natural, no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; ello en atención al concepto de dilación presuntamente excesiva, antes mencionado. Rige a lo anterior la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción 294/2018, el nueve de enero de dos mil diecinueve de rubro y texto "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador.". De ahí que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista en la fracción XXIII en el artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, del propio ordenamiento, ambos interpretados en sentido contrario; por lo que debe desecharse de plano la demanda de amparo, promovida por ** contra actos del **, por notoriamente improcedente; con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En términos del ordinal 3° de la legislación de amparo se autoriza la consulta del expediente electrónico al usuario que refiere y se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado federal a fin de que las notificaciones de las determinaciones que se dicten en el presente juicio se realicen a la peticionaria de amparo de manera electrónica, por así haberlo solicitado. Se tienen por autorizados en términos de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala, por así haberlo solicitado expresamente. UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En otro punto, En relación con los medios electrónicos, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite la utilización de éstos para obtener la reproducción de las constancias que obren agregadas en este expediente, pero se les informa que deberán conducirse con lealtad procesal y que no podrán reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal; lo anterior, sin que implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados; con excepción de la información que se haya remitido por las autoridades responsables clasificada como reservada o confidencial, la cual no podrá ser objeto de reproducción, en términos de lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. TRANSPARENCIA. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Se toma conocimiento de la solicitud de la parte quejosa, en el sentido de que se opone a la publicación de sus datos personales, por tanto, se instruye al Oficial del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y a los Actuarios de este Juzgado de Distrito, que tomen las medidas encaminadas a acatar dicha petición. Notifíquese, y vía electrónica a la parte queja.

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