Veronica Jamín Cruz Melo
Expediente 706/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 706/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Veronica Jamín Cruz Melo
- Todas las Partes
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, trece de junio de dos mil veintidós. Se tienen por recibidos los oficios en que la Subdirectora de Amparos Administrativos en suplencia de la Fiscal General y la Coordinadora General de Administración de Justicia y de la Directora General Jurídica Consultiva y de Implementación del Sistema de Justicia Penal y Dirección General de Recursos Humanos, todas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informan las gestiones tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, hace del conocimiento que solicitó ante la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto que otorgue la suficiencia presupuestal para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós, por lo que solicita una prórroga para estar en aptitud de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos los oficios de mérito para tomando conocimiento de su contenido; y en atención a lo solicitado por la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud, toda vez que no remite constancia fehaciente que demuestre que solicitó la suficiencia presupuestal para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós, a favor del quejoso o que se encuentra realizando las gestiones correspondientes para tal efecto. En consecuencia y vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que feneció el plazo de tres días otorgado el nueve de mayo de dos mil veintidós, a las autoridades Director General de Programación, Organización y Presupuesto y Directora General de Recursos Humanos, ambos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a efecto de que realizaran, en el ámbito de sus atribuciones, lo siguiente: - Haber solicitado y otorgado la suficiencia presupuestal por la cantidad líquida que se le debe devolver a la parte quejosa, que asciende a $*****, por concepto de diferencias de aguinaldo de dos mil diecinueve. Sin embargo, de las constancias que integran el juicio en que se actúa se advierte que la autoridad directamente responsable, así como su superior jerárquico, no han acreditado el cumplimiento a dicho requerimiento; no obstante lo ordenado en autos de dieciocho de abril, doce de mayo y treinta y uno de mayo del año en curso. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, por lo que en términos de lo dispuesto por los artículos 193 párrafo primero, 237 fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, únicamente se les impone a las personas físicas que ostentan los cargos de Director General de Programación, Organización y Presupuesto y Directora General de Recursos Humanos, ambos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, UNA MULTA DE CIEN veces la unidad de medida actualizada vigente en la Ciudad de México. En virtud de lo anterior, hágase del conocimiento del Director General de Programación, Organización y Presupuesto y Directora General de Recursos Humanos, ambos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que tiene el plazo razonable de tres días, para que demuestren haber cumplido con la ejecutoria en los términos precisados. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 49/2003, cuyo rubro es: MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. COMPETE HACERLAS EFECTIVAS A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE (Jurisprudencia 2a./J. 49/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos veintiséis (226), del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Junio de dos mil tres (2003) Lo anterior, en términos de lo dispuesto en la jurisprudencia P./J.54/2014 (10 a), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Tomo I, Noviembre 2014, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. Por lo que transcurrido dicho término, se abrirá el incidente de inejecución de sentencia, que establecen los artículos 193, primer párrafo, en relación con el diverso 196, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 59/2014 (10a.), de texto siguientes: CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. (Registro: 2007911, Décima Época, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página: 5) Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
En la Ciudad de México, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Por recibido el oficio signado por el Apoderado General para la Defensa Jurídica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por medio del cual informa del cumplimiento de la ejecutoria dictada en autos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia del oficio de cuenta y oficio 12219 y anexo, se da vista a la parte quejosa en el presente juicio, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, en relación con las manifestaciones que vierte la autoridad oficiante de haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías, apercibida que en caso de no hacerlo así, este Juzgado de Distrito en el momento procesal oportuno, procederá a hacer el pronunciamiento respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, tomando en cuenta los elementos que obren en el expediente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia número 2ª./J.26/2000, cuyo rubro es el siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). (No. Registro: 192,174, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Marzo de 2000, Página: 243.) Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
En la Ciudad de México, doce de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en cumplimiento a lo ordenado en auto de nueve de mayo de dos mil veintidós, el suscrito procede a proveer lo conducente respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo con base en los elementos que obran en el expediente y con las constancias aportadas por la responsable. Se impone destacar que el amparo y la protección de la justicia federal, se otorgó para los efectos siguientes: ".procede conceder la protección federal solicitada, para el efecto de que, en el término de diez días, la autoridad responsable integrantes del Consejo de Honor y Justicia de la Policía de Investigación de la Ciudad De México, deje insubsistente el acuerdo reclamado acuerdo inicio de procedimiento administrativo de fecha uno de octubre de dos mil veintiuno en el expediente 149/2020, así como todo lo subsecuente al mismo; y de considerarlo procedente, en su lugar emita otro con plenitud de jurisdicción pero debidamente fundado y motivado, ponderando las probanzas que obren en el expediente, atendiendo a lo resuelto en esta sentencia y determine lo que conforme a derecho corresponda sin agravar la situación del quejoso." De esta forma, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, las obligaciones de la autoridad responsable para cumplir la ejecutoria de amparo, consisten en: ? Dejar insubsistente el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo de fecha uno de octubre de dos mil veintiuno en el expediente 149/2020, así como todo lo subsecuente al mismo. ? De considerarlo procedente, en su lugar emitir otro con plenitud de jurisdicción debidamente fundado y motivado, ponderando las probanzas que obren en el expediente, y determine lo que conforme a derecho corresponda sin agravar la situación del quejoso. Para mejor resolver sobre el cumplimiento del fallo protector, resulta oportuno imponerse de algunas de las consideraciones medulares, por las cuales se decretó la inconstitucionalidad del acto reclamado, las cuales son las siguientes: "No obstante lo anterior, debe decirse que la responsable no motivó el acto que en esta vía se reclama como a continuación se demostrará, ello en razón de que en el acuerdo reclamado, la responsable únicamente refirió lo siguiente: "(.) De lo expuesto, se desprende que la (sic) C. PABLO ROBLES MENDOZA, Agente de la Policía de Investigación de la Ciudad de México, No Aprobó el proceso de evaluación de control de confianza al que fue sometido; tan es así que obtuvo un resultado integral, único y definitivo de "No Aprobado"."; sin establecer en qué consistieron dichas evaluaciones, cuál fue el resultado de cada una de ellas, y sin determinar qué elementos se obtienen de ellas para poder acreditar, al menos de manera presunta, que el aquí quejoso incurrió en el incumplimiento del requisito de permanencia establecido en el artículo 55, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Además en el referido acuerdo, la autoridad pretende sustentar su imputación respectiva en el oficio número 702/04241/2020, de ocho de junio de dos mil veinte, emitido por la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a través del cual remite el diverso oficio número IFP/505/CG/0425/03-20, suscrito por la Encargada del Despacho de la Coordinación General del Instituto de Formación Profesional de la referida Fiscalía, a través del cual le informa el contenido del SSC/SDI/DGCEyCC/01027/2020, de once de febrero de dos mil veinte, del que se advierte el resultado integral de evaluación que concluyó "NO APROBADO", sin precisar los resultados de manera particular y como aquellos incidieron de manera en el resultado de no aprobado, del mismo no se advierte que el proceso de evaluación de control de confianza que le fueron aplicados al quejoso, sino únicamente la leyenda de no aprobado. Máxime, que no precisa de que conductas o requisitos de permanencia, cómo se valoraron éstas, qué elementos se obtienen de ellas para sustentar tal determinación y cómo se llega a la conclusión de que se incumplió el requisito de permanencia, por ello se considera que es necesario que se dé inicio al procedimiento administrativo, dé a conocer y precisar los hechos o conductas infractoras que se le atribuyan al investigado, a fin de que el gobernado esté en posibilidad de realizar una adecuada defensa de sus intereses. Por tanto, en los casos en que el procedimiento administrativo de separación se instruya con motivo de la no aprobación de los exámenes de control de confianza, es necesario que la autoridad informe con toda precisión de los hechos o conductas que den origen a tal procedimiento, esto es, los exámenes que no aprobó, sin que baste que informe que el servidor público resultó no aprobado en el proceso de evaluación." De lo anterior se obtiene que, los vicios de ilegalidad advertidos en la sentencia de amparo, consistieron en que, al emitir el acuerdo del inicio de procedimiento en contra del quejoso, la autoridad responsable no estableció en qué consistieron las evaluaciones de control de confianza que se le practicaron; cuál fue el resultado de cada una de ellas, ni determinó qué elementos se obtuvieron de ellas para poder acreditar que el quejoso incurrió en el incumplimiento al requisito de permanencia que se le imputa; también se determinó que la responsable no precisó los resultados de manera particular y como aquellos incidieron de manera en el resultado de no aprobado. Por lo anterior, se concluyó que del acuerdo de inicio de procedimiento reclamado, no se advertían las pruebas fehacientes y objetivas con las que se acreditara, aun de manera presuntiva, las imputaciones que se le atribuían, aunado a que no existía una debida valoración de las probanzas que se adjuntaron en la solicitud de inicio del procedimiento en contra del quejoso. Corolario de lo anterior, se obtiene que para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en caso de que la responsable decidiera emitir un nuevo acuerdo de inicio de procedimiento, tenía la obligación de subsanar los vicios de ilegalidad advertidos en la sentencia de amparo. Ahora, con la finalidad de cumplir el fallo protector, mediante oficio recibido el veintiocho de abril de dos mil veintidós, el Consejo de Honor y Justicia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, remitió copia certificada del acuerdo de cumplimiento de uno de abril de dos mil veintidós, dictado en el expediente 149/2020, en el que dejaron insubsistente el acuerdo de inicio de uno de octubre de dos mil veintiuno y, dictaron uno nuevo. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con las cuales se dio vista a la quejosa, en proveído de veintiocho de abril de dos mil veintidós, la cual, fue desahogada en el sentido de que no se encuentra cumplida en su totalidad. En ese sentido, si bien es cierto que, la autoridad responsable Consejo de Honor y Justicia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dejó insubsistente el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo de uno de octubre de dos mil veintiuno; lo cierto es que al dictar el nuevo acuerdo no subsanó las ilegalidades detectas en la sentencia dictada por este juzgado, por las cuales se resolvió declarar la inconstitucionalidad del acto reclamado. Lo anterior es así, pues en el nuevo acuerdo de inicio de procedimiento de separación, nuevamente la autoridad responsable se limita a sustentar el inicio de dicho procedimiento con la prueba consistente en "reporte integral único del proceso de evaluación de control y confianza", se determinó que el aquí quejoso obtuvo como resultado "NO APROBADO". Sin embargo, no estableció: a) En qué consistieron las evaluaciones de control de confianza que se le practicaron; b) Cuál fue el resultado de cada una de las evaluaciones de control de confianza que se le practicaron. c) Qué elementos se obtuvieron de las evaluaciones de control de confianza que se le practicaron para poder acreditar que el quejoso incurrió en el incumplimiento al requisito de permanencia que se le imputa; d) Tampoco precisó los resultados de manera particular y como aquellos incidieron de manera en el resultado de no aprobado. Lo que hace patente que la autoridad no cumplió con todas las obligaciones que le fueron impuestas en la ejecutoria de amparo. Corolario de lo anterior, se determina que hay UN DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO; de ahí que no puede tenerse cumplida la ejecutoria; en consecuencia, con fundamento en los artículos 192, 194 y 196, de la Ley de Amparo, se REQUIERE a la autoridad responsable, Integrantes del Consejo de Honor y Justicia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que en el término de TRES DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, subsane el defectuoso cumplimiento de la ejecutoria de amparo, para lo cual, debe: ? Emitir un nuevo acuerdo de inicio de procedimiento de separación, debidamente fundado y motivado en el que subsane los vicios de legalidad advertidos en la sentencia de amparo. En adición a lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo REQUIÉRASE al Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, para que en su calidad de superior jerárquico de los Integrantes del Consejo de Honor y Justicia de dicha Fiscalía, los conmine a cumplir con el fallo protector y remitan a éste órgano jurisdiccional, dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, las constancias con las que acredite haber ordenado a la responsable al cumplimiento del presente requerimiento, o bien, haber dado cumplimiento por sí misma a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Es aplicable a lo anterior, la tesis número 2ª. VIII/2014(10ª.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, difundida en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de 2014, Tomo II, Página: 1520, cuyo rubro es el siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. ANTE UN CUMPLIMIENTO EXCESIVO O DEFECTUOSO, EL ÓRGANO JUDICIAL DEBE REQUERIR SE SUBSANEN ESAS DEFICIENCIAS.". Con el apercibimiento a todas las autoridades requeridas de que en caso de no hacerlo así, sin causa justificada se hará efectivo el diverso apercibimiento decretado en el auto de veintiuno de abril de dos mil veintidós. Finalmente, en cuanto a las manifestaciones de la parte quejosa en el sentido de que no se encuentra cumplida la ejecutoria, toda vez las autoridades no remitieron las constancias de la evaluación de control y confianza, dígase que la remisión de constancias que refiere, no forma parte de los efectos para los cuales se concedió la ejecutoria de amparo; sin embargo deberá estarse a lo acordado en párrafos precedentes, donde se requirió a las responsables a efecto de que tomen en cuenta dichas constancias para el dictado del inicio de procedimiento. Notifíquese; y electrónicamente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 40/2022-VI, promovido por Mauricio William Maximiliano Madriaga, por propio derecho, contra actos de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México y otra autoridad; y,... Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 77, fracción I, 124, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Mauricio William Maximiliano Madriaga, en contra de los actos señalados en el considerando segundo de esta sentencia, para los efectos precisados en el último considerando Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco Javier García Hernández, con quien actúa y da fe. Doy fe.
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