Veronica Ivonne Hernandez Ramirez

Expediente 10/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
10/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
28/07/2022

Partes del expediente

  • Veronica Ivonne Hernandez Ramirez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Ciudad de México, veintiocho de julio de dos mil veintidós. Vistas las certificaciones de cuenta, se advierte que por Circular SECNO/29/2020, emitida en sesión de cuatro de diciembre de dos mil veinte, se suspendieron los plazos y términos procesales en el presente asunto; y que por Circular SECNO/10/2021, emitida en sesión de trece de febrero de dos mil veintiuno por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, y de conformidad con los Acuerdos Generales 21/2020 y 9/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se está en condiciones de reanudar la secuela procedimental a partir del estado procesal en que se encuentre cada asunto; por tanto, se reanuda el procedimiento y se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del cinco de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, entre los cuales se encuentra el presente asunto. En consecuencia, por recibido el oficio número 3954/2022, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, con residencia en Aguascalientes, Aguascalientes, adjunto al cual remite copia del testimonio de la ejecutoria de amparo emitida en la sesión ordinaria celebrada en forma remota el dieciséis de junio de dos mil veintidós, en el toca del amparo en revisión 72/2018 N.E.U.N.: 22438808 del índice del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa y se devuelven en un tomo los autos originales del juicio de amparo 6122/2015 y sus acumulados 6137/2015, 6628/2015 y 6673/2015 del índice de este juzgado de Distrito. Sin que haya lugar a acusar el recibo correspondiente, dado que el mismo no se solicitó. Hágase del conocimiento de las partes que el Pleno del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en sesión ordinaria celebrada en forma remota el dos de junio de dos mil veintidós, en el toca del amparo en revisión 72/2018 N.E.U.N.: 22438808 de su índice, resolvió: "PRIMERO. Se revoca la resolución recurrida. SEGUNDO. Se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo indirecto 6122/2015, del índice del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en los términos precisados en el penúltimo considerando de la presente ejecutoria. TERCERO. Se declara sin materia el recurso de revisión adhesivo interpuesto por el Presidente de la República, por conducto de la Directora General Adjunta de Evaluación de Control Procedimental y de Amparos, por ausencia del Director General de Amparos contra Leyes, de la Directora General de Amparos contra Actos Administrativos y del Director General de Asuntos Contenciosos y Procedimientos, en suplencia del Subprocurador Fiscal Federal de Amparos, firmando en su representación la Directora General Adjunta de Evaluación de Control Procedimental y de Amparos. [.]." Ahora bien, en los fundamentos y motivos expuestos en la parte final del apartado VII de la ejecutoria de que se trata, el Tribunal Colegiado, puntualizó: "[.] CUARTO. Reposición del procedimiento. .". [.] [.] En las relatadas consideraciones, como la determinación sujeta a revisión carece del consentimiento individual de los funcionarios que participaron en ella y fue emitida de manera genérica en un cuaderno distinto al expediente de amparo, este Tribunal se encuentra impedido para reasumir jurisdicción al no existir un pronunciamiento válido en primera instancia, por ende, procede revocar la recurrida y ordenar la reposición del procedimiento, para que una vez subsanada la irregularidad advertida, se resuelva el asunto en su momento y conforme en derecho corresponda, respetando los principios de congruencia, exhaustividad, fundamentación y motivación que rigen el dictado de las sentencias, expresando además los datos que permitan individualizar la sentencia recurrida con el asunto que se resuelve. [.]." En esas condiciones, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, lo anterior, comuníquese a las partes, para su conocimiento para los efectos legales conducentes; glósense al cuaderno principal en que se actúa únicamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión de referencia, dado que se trata de constancias que obran en original en el cuaderno principal. En ese contexto, en estricto cumplimiento a lo resuelto por el Tribunal Colegiado, quedan subsistentes las etapas de 1) pruebas y 2) de alegatos del acta de la audiencia constitucional celebrada el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis y se deja insubsistente la etapa 3) de sentencia emitida el tres de noviembre de dos mil dieciséis. No es óbice a lo anterior, que en el segundo de los resolutivos de la ejecutoria, la superioridad haya indicado que la reposición debía realizarse sólo en el juicio de amparo 6122/2015, sin mencionar los diversos juicios que se encuentran acumulados a dicho expediente, a saber, 6137/2015, 6628/2015 y 6673/2015; sin embargo, debe tenerse en cuenta que Tribunal Colegiado auxiliar ordenó reponer el procedimiento y el dictado de una nueva sentencia, se debe a que, sostiene, la resolución agregada al juicio de amparo no puede considerarse como una sentencia en los términos de ley, ya que fue dictada en un cuaderno genérico y no en el propio expediente, aunado a que la obligación del órgano jurisdiccional es la de emitir una sentencia en cada uno de los asuntos que estén bajo su jurisdicción atendiendo a cada caso en particular, de conformidad con los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo; razón por la que el suscrito juzgador no podría estimar que una resolución que no cumplió con los requisitos esenciales de firma y de atender la litis concreta del caso subsista en un juicio, en el caso el acumulante 6122/2015 y en otros no, en el caso, los acumulados 6137/2015, 6628/2015 y 6673/2015. En consecuencia, atento a que la etapa relativa al dictado de la sentencia se ha dejado insubsistente, por lo que, una vez que obren en autos las constancias de notificación de la presente determinación judicial, previo acuerdo de turno, pásense las presentes actuaciones al área de proyecto, a efecto de que se proceda a formular el proyecto de la sentencia que en derecho proceda. SUGERENCIA PARA TRANSITAR A JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, se exhorta a la quejosa, para que, de ser posible transite de la tramitación del expediente físico hacia la actuación electrónica de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual se pueda acceder al expediente electrónico, recibir notificaciones por la misma vía, así como presentar promociones y/o recursos, siempre y cuando se tramite y/o se cuente con la firma electrónica vigente (FIREL) y se solicite autorización expresa en esos términos a este Juzgado Federal por medio de escrito electrónico y además se indique el nombre del usuario ligado a la firma electrónica. Adicionalmente se informa a las partes, que a fin de privilegiar las herramientas tecnológicas, facilitar la tramitación el línea de los juicios de amparo y evitar físicamente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación (Juzgados de Distrito), el Consejo de la Judicatura de la Federación puso a disposición del público en general la aplicación móvil (APP) para tramitar en línea la Firma Electrónica Certificada (FIREL, que se puede descargar buscando la palabra "FIREL" o "Firma Electrónica", y acceder, desde cualquier dispositivo móvil con sistema operativo "Android", o bien iniciar el proceso desde el Portal "www.firel.pjf.gob.mx" para el cual se necesita como identificación oficial la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE). Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, personalmente a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables.

  2. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Ciudad de México, cinco de julio de dos mil veintidós. Visto el estado actual de los autos, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de ocho de junio de dos mil veintidós y dado que ya se cuenta con las constancias de notificación a las partes del mismo, túrnese el presente asunto para el proyecto de resolución a fin de que se dicte la sentencia que en derecho corresponda. Notifíquese en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Ciudad de México, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta procedente del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, por el que devuelve los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, así como el testimonio dictado en sesión de uno de junio de dos mil veintidós, en el expediente auxiliar 147/2018 de su índice, derivado del amparo en revisión 448/2017 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito. Acúsese el recibo correspondiente. Hágase del conocimiento de las partes que el referido órgano colegiado determinó lo siguiente: "Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Queda firme la parte de la sentencia de amparo, en la cual se sobreseyó en parte, y en otra se concedió la protección de la justicia federal, contenidos en los resolutivos primero y tercero de la sentencia recurrida. SEGUNDO. En la materia de la revisión se confirma la sentencia de seis de diciembre de dos mil dieciséis, dictada en el juicio de amparo indirecto 5627/2015 y sus acumulados 5693/2015, 5718/2015 y 5719/2015 del índice del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a las quejosas: *****, respecto de las disposiciones legales reclamadas, precisadas en el resolutivo segundo de la sentencia recurrida." Realícense las anotaciones respectivas, estese a lo resuelto por dicho tribunal y hágase del conocimiento a las demás partes. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Ahora bien, se advierte que los efectos del fallo constitucional fueron los siguientes: "DÉCIMO TERCERO. Revisión Electrónica. (.) En ese orden de ideas, este juzgador considera que el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, violan el derecho fundamental de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional, ya que en la preliquidación constituye una propuesta de pago para el caso de que el contribuyente decida ponerse al corriente de sus obligaciones fiscales, mas no un requerimiento de pago cuya inobservancia de lugar a sus ejecución inmediata, a más de que se priva al contribuyente de sus bienes, derechos o posesiones, sin darle previamente la oportunidad de ofrecer en el recurso de revocación, los medios de prueba, que por cualquier circunstancia, no exhibió ante la autoridad fiscalizadora para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos. (.) En ese sentido, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente." SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO RESPECTO DEL ARTÍCULO 53- B FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Atento lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, al respecto se provee: Cabe señalar, que no ha lugar a requerirles el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, a las autoridades responsables, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de los actos que en el ámbito de su competencia legislativa se les atribuyeron en esta instancia constitucional, consistentes en el proceso legislativo del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015; debido a que el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligarlas a derogar o dejar sin efectos dichos actos. Al respecto, tiene aplicación la tesis 2° CXV/97 (número de registro digital 197512), de la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, octubre de 1997, página 414, de rubro y texto siguientes: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVA O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del Presidente de la República las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo". Contrario a lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Jefa del Servicio de Administración Tributaria, obligada a acatar la ejecutoria de amparo, y a la diversa autoridad Secretario de Hacienda y Crédito Público, en su calidad de superior jerárquico, para que en el plazo de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, cumplan con los efectos de la ejecutoria de amparo y remitan copia certificada de las constancias que así lo acrediten. En el entendido de que del análisis del último considerando de la sentencia dictada en el presente juicio se desprende que la concesión del amparo fue para los siguientes efectos: "DÉCIMO TERCERO. Revisión Electrónica. (.) En ese orden de ideas, este juzgador considera que el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, violan el derecho fundamental de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional, ya que en la preliquidación constituye una propuesta de pago para el caso de que el contribuyente decida ponerse al corriente de sus obligaciones fiscales, mas no un requerimiento de pago cuya inobservancia de lugar a sus ejecución inmediata, a más de que se priva al contribuyente de sus bienes, derechos o posesiones, sin darle previamente la oportunidad de ofrecer en el recurso de revocación, los medios de prueba, que por cualquier circunstancia, no exhibió ante la autoridad fiscalizadora para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos. (.) En ese sentido, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente." Por lo que las autoridades responsables deberán informar sí a las quejosas les fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación. Precisado lo anterior, en relación con la concesión del amparo contra el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, el amparo se concedió para el efecto de que en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no hubiere ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tomará en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito se declare insubsistente. En su caso, si dicho procedimiento se efectuó durante la vigencia de la norma contra la cual se concedió el amparo, es decir, hasta antes del treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis; y, De haber instaurado el procedimiento de revisión electrónica, especifique si dicho procedimiento culminó con la ejecución del crédito fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución, derivado del supuesto específico de que el contribuyente fue omiso en aportar pruebas o realizar manifestaciones para desvirtuar los hechos y omisiones contenidos en la resolución provisional y el oficio de preliquidación, adjuntando las constancias respectivas. Cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los efectos del amparo contra el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación se circunscriben a las revisiones electrónicas efectuadas por la autoridad administrativa durante la vigencia de la citada norma, lo que se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 161/2016 (10ª), la cual establece: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." En el entendido de que: La autoridad responsable y su superior jerárquico deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito. APERCIBIMIENTOS POR INCUMPLIR LA SENTENCIA DE AMPARO. En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, sin causa justificada, se les apercibe que se realizará lo siguiente: Se les impondrá a cada autoridad, una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de este juzgado la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. Se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se les hace del conocimiento que aun cuando dejen sus respectivos puestos seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. Infórmese a la autoridad responsable el Registro Federal de Contribuyentes de las quejosas, a fin de que pueda dar cumplimiento al requerimiento formulado en este auto. QUEJOSA ***** DEVOLUCIÓN DEL TOCA RA(P-5/2013).-448/2017. Finalmente, se ordena notificar a las partes la ejecutoria dictada en el Cuaderno Auxiliar 147/2018, del índice del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, y con fundamento en el punto nueve de la circular CAR 06/CCNO/2017 emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cuente con las constancias de notificación, previa copia certificada que se deje en autos, glósense copia certificada de las mismas al expediente original relativo al recurso de revisión del Tribunal Colegiado de Circuito, y sin ulterior acuerdo, remítase al Tribunal de Alzada que tramitó el recurso, a fin de que provea lo conducente, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese; y personalmente a las quejosas y en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal

  4. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Ciudad de México, veintidós de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito enviado vía electrónica por Moisés Inda González , quejoso en el presente juicio de amparo, por medio del cual manifiesta su voluntad de desistirse de esta instancia judicial; atento su contenido, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud, toda vez que el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, se dictó la sentencia correspondiente, en la que se determinó sobreseer el juicio de amparo; asimismo, en auto de veinticinco de octubre de ese año, causo ejecutoria la mencionada resolución. Hecho lo anterior y en razón de que en auto de uno de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo en el presente asunto; devuélvase el presente cuaderno al archivo de este juzgado para su resguardo. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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