Verónica Ivette Espinosa Narvaez
Expediente 1339/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1339/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Verónica Ivette Espinosa Narvaez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que actualmente guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que mediante proveído de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, se tuvo a la autoridad responsable Jueza Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con sede en Altamira, Tamaulipas, en vías de dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto. Ahora bien, toda vez que de las constancias que obran agregadas a los autos, se aprecia que la Jueza responsable, dictó el auto de once de octubre del año en curso, en el juicio ejecutivo mercantil 654/2004, de su índice, por el que señaló las once horas del once de diciembre del presente año, para la celebración de la audiencia de remate en primera almoneda del bien inmueble que se indica en dicha determinación (foja 725). En consecuencia, requiérase a la citada autoridad responsable, para que en el término de tres días legalmente computado, informe respecto al cumplimiento de la sentencia de amparo; apercibida que de no hacerlo en dicho término, se le sancionará con multa de cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), acorde con el artículo 258 a la Ley de Amparo. Por otra parte, si la ejecutoria no queda cumplida en el plazo fijado, además de la multa que se le imponga, se remitirán los presentes autos al Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito competente, lo cual será notificado a la autoridad responsable, en términos del numeral 193 de la citada ley. Cabe señalar, que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, como lo establece el artículo 193, párrafo primero, de la Ley de Amparo.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE PROMOVENTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE: Vista la demanda de amparo formulada por ***, por su propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil, con residencia en Altamira, Tamaulipas; fórmese el expediente respectivo, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese en el libro de gobierno, con el número de juicio 1339/2019-Vl-A. DESECHAMIENTO En primer término, a efecto de proveer respecto de la demanda propuesta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo el cual establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado precepto impone, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia cuyo rubro es : DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así las cosas, en acatamiento a lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD , se obtiene que, en la especie, la parte quejosa reclama del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil, con residencia en Altamira, Tamaulipas y otra autoridad, lo siguiente: La resolución interlocutoria de veinte de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el Juicio Ejecutivo Mercantil ***, de su índice, que resolvió el incidente de nulidad de actuaciones respecto de la diligencia de emplazamiento. Sobre esa base, y en atención a que el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, dada su naturaleza de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la que se actualiza en el presente asunto. En ese sentido, en el presente caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, de la Ley de Amparo, dichas normas jurídicas establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; De los preceptos anteriores se colige que el juicio de amparo deviene improcedente cuando la causa relativa resulte de alguna disposición de la ley, y que la vía indirecta se surte cuando se reclaman actos emitidos dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Asimismo, se tiene que el legislador definió tales actos, como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, por tanto, el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre los derechos de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, como lo es cuando producen una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia P./J. 24/92, de rubro siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Sobre los actos de ejecución de imposible reparación la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquéllos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió, sino que una vez actualizadas aún con la obtención de un fallo favorable queden irreparablemente consumadas. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación se caracterizan porque la afectación respectiva solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos al gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que no se obtenga un fallo favorable por parte de quien sufrió afectación a sus derechos fundamentales, está en condiciones de hacerlas valer como tales en el recurso que promueva o eventualmente en el amparo directo que se intente contra la sentencia que ponga fin al juicio. Es aplicable al caso la tesis, cuyo título es del tenor siguiente: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia IV.2o.C. J2 10a., de rubro siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." De las consideraciones expuestas se obtiene que los actos dentro de juicio susceptibles de ser impugnados mediante el juicio de amparo indirecto son aquellos que tienen una ejecución de imposible reparación, lo que se actualiza cuando: a) Afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo; y, b) Esa afectación no desaparece ni aún en el supuesto de que el particular obtenga sentencia favorable a sus intereses. Ahora bien, en la especie el acto que se reclama a la autoridad responsable Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil, con residencia en Altamira, Tamaulipas, consiste en la resolución interlocutoria de veinte de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el Juicio Ejecutivo Mercantil 627/2018, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil, con residencia en Altamira, Tamaulipas, que resolvió el incidente de nulidad de actuaciones respecto de la diligencia de emplazamiento. En ese tenor, resulta claro que la aludida resolución no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, que afecte materialmente derechos sustantivos, toda vez que sólo entraña una posible infracción a sus derechos adjetivos que únicamente produce efectos de carácter formal; es decir, meramente procesales, lo que hace improcedente el juicio de amparo indirecto solicitado en su contra. Por tanto, las violaciones que en un momento dado llegaren a cometerse con la actuación de la que se duele la parte quejosa, al constituir únicamente una posible infracción a las leyes del procedimiento, puede quedar subsanada con posterioridad, si seguidos los trámites procesales respectivos, la autoridad responsable dicta una sentencia que resulte finalmente favorable a sus intereses, y aun cuando no sea así, podrá reclamar las violaciones aquí aducidas, en el amparo directo que, sin prejuzgar sobre su procedencia, que en su caso, promueva contra la sentencia, en la medida en que dicha infracción adjetiva trascienda al resultado del fallo, acorde a lo dispuesto por el artículo 172, fracción I, de la Ley de Amparo. No es óbice a lo anterior, que el debido proceso pueda considerarse como un derecho sustantivo, pues bajo esta línea de argumentación, se podría llegar a considerar que cualquier violación procesal afectaría ese derecho y, por ende, sería procedente el juicio de amparo contra cualquier acto intraprocesal que afecte el curso normal del procedimiento, como el desechamiento de todos los elementos de convicción ofertados por las partes, dado que ello incide de una u otra forma en su curso normal; extremos que se estima resultan jurídicamente improcedentes, al tenor del contenido del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo que se analiza, que postula que el juicio de control constitucional, sólo procede contra actos que afecten derechos sustantivos, bajo los cuales, no puede considerarse la resolución del juez de primera instancia que resolvió el incidente de nulidad de actuaciones (emplazamiento) promovido por la parte demandada en el juicio de origen, pues de las propias manifestaciones de la parte promovente, específicamente de los antecedentes del acto reclamado, se advierte que la aquí quejosa es parte en el juicio de origen; por tanto, los efectos y consecuencias de alguna trasgresión que pudiere ocasionarse, pueden desaparecer con motivo del dictado de una sentencia favorable. La anterior consideración tiene sustento por analogía, en la jurisprudencia del rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO." Por tanto, resulta notoria y manifiesta la causa de improcedencia de la demanda de amparo contenida en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el precepto legal 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, habida cuenta que no se está en presencia de aquéllos actos que puedan considerarse de imposible reparación, que trasgredan derechos sustantivos, y por el contrario, se considera una violación al procedimiento que afecta la defensa de la inconforme si trasciende al resultado del fallo, pero que en su caso puede ser reclamada en amparo directo. En consecuencia, con fundamento en el citado artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda formulada por Verónica Ivette Espinosa Narváez. Apoya el criterio anterior, por analogía, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1631, Tomo: XX, Septiembre de 2004; ambas de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 180,663, que es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. DOMICILIO Y AUTORIZADO Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, en el entendido que de no existir, encontrarse deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la promovente, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal por lista de acuerdos, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como su autorizado, únicamente para oír y recibir notificaciones a Salvador Hernández Carabaza, por así solicitarlo la promovente.
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