Veronica Hernández Zamudio
Expediente 1388/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1388/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Veronica Hernández Zamudio
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, remitido por la autoridad en cita; atento a su contenido, y en obvio de mayores dilaciones acúsese recibo a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) del oficio 5816/2022, por medio del cual remitió a este órgano jurisdiccional, el expediente 234/2022 de su índice, al considerar actualizada la hipótesis prevista en los artículos 45, fracción II, y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al haber conocido previamente este Juzgado Segundo de Distrito del diverso juicio de amparo número 381/2021; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Con esta fecha se notifica mediante lista al quejoso el proveido emitido el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós que en esencia señala: ". Agréguese a sus autos, el oficio de cuenta, signado por la autoridad antes mencionada, por medio del cual, remite a este Órgano Jurisdiccional, el juicio de amparo 1386/2022, de su índice, formado con motivo de la demanda de garantías promovida por la quejosa ..., así como seis copias de ésta, conforme a lo ordenado en auto de veintiuno de diciembre en curso, en el que declaró carecer de competencia para conocer de dicha demanda, toda vez que guarda relación estrecha con el juicio de amparo 1322/2022, del índice de este Juzgado al tratarse del mismo acto de autoridad. Acúsese recibo de estilo. Por tanto, al compartir el criterio adoptado por el Juez declinante, en el sentido de que el juicio de amparo 1386/2022 de su indice guarda similitud estrecha con el diverso 1322/2022, del índice de este Juzgado al tratarse del mismo acto de autoridad; en consecuencia, en apego a lo dispuesto en los artículos 45, fraccion II y 46 fracción XIII del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones, en relación con las atribuciones de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Estadística Judicial, respecto al sistema de recepción, registro y turnos de asuntos, y consultas de turnos, este Juzgado acepta la competencia planteada y se AVOCA al conocimiento del presente asunto. Regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado con el número VII-1388/2022-2. Ahora bien, del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente IV ACTO RECLAMADO. La retención del salario de la aquí quejosa, como trabajadora de la Secretaría de Educación en el Estado... De tal forma, este Juzgador determina que en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el 1 fraccion I y 5 fraccion II de la Ley de Amparo. El numeral 61, fracción XXIII de la citada Ley, señala Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos, en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley" Por su parte, los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de la Materia, disponen ARTICULO 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite I Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantias otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asi como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ( )ARTICULO 5 Son parte en el juicio de amparo ( ) II La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general ( ) De la interpretación armónica y sistemática, se desprende que el presente juicio es improcedente, si el acto reclamado no se adecua a las hipótesis normativas que establecen los citados dispositivos legales, es decir, si el acto combatido no constituye acto de autoridad para los efectos del amparo. Sobre este tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en la tesis 2 CCIV / 2001 publicada en la pagina 39 del Tomo XIV correspondiente al mes de noviembre de dos mil uno del Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta Novena Epoca lo siguiente AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes a ) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular b ) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad c ) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular y d ) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los organos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado En el último de los preceptos en cita se establece que debe entenderse por autoridad en el juicio de amparo definicion que fue ampliada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion a traves del criterio antes invocado del que se obtiene que las notas distintivas de acto de autoridad se rigen por los siguientes elementos 1 ) La existencia de un ente de hecho o de derecho, que establece una relación de supra a subordinación con un particular 2 ) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana 3 ) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga por si o ante si situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular 4 ) Que para emitir esos actos, no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Consecuentemente, jurisprudencialmente se ha sustentado, que para efectos del amparo, es autoridad la que tiene, o se le otorga la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales, crea, modifica o extingue, por si o ante si situaciones jurídicas que afectan el interés jurídico del afectado. Es aplicable la Jurisprudencia XXVII / 97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento dieciocho, Tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apendice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO El termino autoridades para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervencion de los entes publicos en diversas actividades lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoria del Estado en materia económica, que a su vez modifico la estructura estatal y gesto la llamada administración para estatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza publica con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades Bajo el anterior marco referencial en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia invocada por este Organo Jurisdiccional, en razón de que el acto que reclama la parte quejosa, no cumple con las características de unilateralidad, imperio y coercitividad, que debe tener todo acto de autoridad administrativa, para hacer procedente su revisión por la vía del juicio de amparo. En efecto, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama, la retención del pago de su salario como trabajadora de la Secretaria de Educacion en el Estado sin embargo, ello no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que solamente constituye una determinacion tomada por la Secretaría señalada como responsable, en su calidad de patron - o bien de la dependencia encargada de pagarle en cuanto trabajadora de dicha Secretaria - lo que deriva de una relación meramente laboral y por consecuencia dicha responsable tiene la libertad de decidir sobre las cuestiones laborales de sus trabajadores Asimismo del acto reclamado se advierte que fue emitido por la autoridad señalada como responsable, respecto a la relación laboral que tiene con la ahora quejosa; empero, la retención no va dirigida a la inconforme en calidad de gobernado sino en función del vínculo laboral que áquella tiene con ésta es decir dentro del marco de una relacion patrón-trabajador, en el cual la patronal determinó realizar lo que aqui se reclama Asi el acto que reclama la parte inconforme, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque se ubica en un plano de coordinacion caracteristico de las relaciones laborales, pues las autoridades pertenecientes a la Secretaria de Educacion Publica no actuan en un esquema de supra a subordinacion mediante la emision de actos de naturaleza legislativa o administrativa sino dentro de una relacion laboral con la particular quejosa. Brinda apoyo a lo anterior por identidad juridica sustancial el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion en la tesis P XXVIII / 973 del tenor literal siguiente AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACIÓN LABORAL. Los funcionarios de los organismos publicos descentralizados, en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza publica con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a traves de los cuales crean modifican o extinguen por si o ante si situaciones juridicas que afecten la esfera legal de los gobernados esto es ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza publica la fuente de tal potestad, por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de garantías, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza publica o bien a traves de otras autoridades. Asi las universidades como organismos descentralizados, son entes públicos que forman parte de la administración pública y por ende del Estado, y si bien presentan una autonomía especial, que implica autonormacion y autogobierno, tal circunstancia tiende a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les esta atribuido y que se fundamenta en la libertad de enseñanza, pero no implica de manera alguna su disgregacion de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, y restringida a sus fines, por lo que no se constituye como un obstaculo que impida el ejercicio de las potestades constitucionales y legales de este para asegurar el regular y eficaz funcionamiento del servicio de enseñanza Por ello para analizar si los funcionarios de dichos entes con fundamento en una ley de origen publico ejercen o no un poder jurídico que afecte por si o ante si y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso de la fuerza pública, debe atenderse al caso concreto. En el que se examina ha de considerarse que la universidad señalada por el quejoso como responsable, al negar el otorgamiento y disfrute del año sabático a uno de sus empleados académicos, actuó con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal académico, dentro del marco constitucional previsto en la fraccion VII del artículo 3 de la Constitucion Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ello en este caso no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que desde luego no implica que en otros supuestos, atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, sí pueda tener tal caracter También por identidad jurídica sustancial, la Tesis aislada publicada en la página 2358 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III Marzo de 2015, del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que a la letra dice CDIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. NO TIENE EL CARACTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA SU OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICION RELACIONADA CON LAS CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO, QUE DEBE RESPONDER EN SU CARACTER DE PATRON. El Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyas relaciones laborales con sus trabajadores se rigen por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley y sus condiciones generales de trabajo; por tanto, contra la omisión atribuida a su director general de responder a una solicitud formulada por uno de sus trabajadores en ejercicio del derecho de petición, relacionada con cuestiones de las condiciones generales de trabajo, es improcedente el juicio de amparo, pues no se está en presencia de un acto de autoridad en virtud de que la relación existente entre el colegio y sus trabajadores es de coordinacion entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano es decir en igualdad Bajo tal escenario de conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se menciona por lo que SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia, prevista en el articulo 61 fraccion XXIII en relacion con el 1 fraccion I y 5 fracción II de la Ley de Amparo Por tanto de acuerdo con el articulo 21 parrafo tercero, de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general aun en dias y horas inhábiles. En términos del articulo 3 de la Ley de Amparo se instruye al Secretario respectivo para que de fe de que tanto en el expediente electronico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad Hagase del conocimiento de la promovente, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere de su consentimiento; sin embargo, como lo solicita el impetrante de amparo, se ordena la reserva de sus datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta XXIX Marzo de 2009, visible a pagina 2847 del rubro siguiente REPRODUCCION ELECTRONICA DE ACTUACIONES JUDICIALES LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACION AUNQUE NO EXISTA REGULACION EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA En otro aspecto, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID - 19 y reforma adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y Organos Jurisdiccionales del propio Consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a la parte quejosa, para que, cuando le sea posible y de estimarlo pertinente, transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberan solicitar a traves de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea la consulta del expediente electronico relativo al presente juicio y la practica de notificaciones electrónicas para lo cual se requiere tambien de la utilizacion de una firma electronica vigente ( FIREL e firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal ) de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo Finalmente, se le tiene por señalado como domicilio para recibir notificaciones, el que precisa en su libelo constitucional, y como autorizada para tal efecto en tErminos del artículo 12 de la Ley de Amparo a - - toda vez que se encuentra inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Unico de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito como quedó asentado en la constancia secretarial que antecede. Notifíquese personalmente .." Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fraccion I inciso C de la Ley de Amparo.
- Principal
Morelia, Michoacán, a veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos, el oficio de cuenta, signado por la autoridad antes mencionada, por medio del cual, remite a este Órgano Jurisdiccional, el juicio de amparo 1386/2022, de su índice, formado con motivo de la demanda de garantías promovida por la quejosa ..., así como seis copias de ésta, conforme a lo ordenado en auto de veintiuno de diciembre en curso, en el que declaró carecer de competencia para conocer de dicha demanda, toda vez que guarda relación estrecha con el juicio de amparo 1322/2022, del índice de este Juzgado, al tratarse del mismo acto de autoridad. Acúsese recibo de estilo. Por tanto, al compartir el criterio adoptado por el Juez declinante, en el sentido de que el juicio de amparo 1386/2022, de su índice, guarda similitud estrecha con el diverso 1322/2022, del índice de este Juzgado, al tratarse del mismo acto de autoridad; en consecuencia, en apego a lo dispuesto en los artículos 45, fracción II, y 46, fracción XIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones, en relación con las atribuciones de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Estadística Judicial, respecto al sistema de recepción, registro y turnos de asuntos, y consultas de turnos, este Juzgado acepta la competencia planteada y se AVOCA al conocimiento del presente asunto. Regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado con el número VII-1388/2022-2. Ahora bien, del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO. La retención del salario de la aquí quejosa, como trabajadora de la Secretaría de Educación en el Estado..." De tal forma, este Juzgador determina que en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. El numeral 61, fracción XXIII, de la citada Ley, señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos, en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley" Por su parte, los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de la Materia, disponen: "ARTÍCULO 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "ARTICULO 5°. Son parte en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" De la interpretación armónica y sistemática, se desprende que el presente juicio es improcedente, si el acto reclamado no se adecua a las hipótesis normativas que establecen los citados dispositivos legales, es decir, si el acto combatido no constituye acto de autoridad para los efectos del amparo. Sobre este tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en la tesis 2a. CCIV/2001, publicada en la página 39, del Tomo XIV, correspondiente al mes de noviembre de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, lo siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En el último de los preceptos en cita, se establece qué debe entenderse por "autoridad" en el juicio de amparo, definición que fue ampliada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del criterio antes invocado, del que se obtiene que las notas distintivas de acto de autoridad se rigen por los siguientes elementos: 1) La existencia de un ente de hecho, o de derecho, que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos, no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Consecuentemente, jurisprudencialmente se ha sustentado, que para efectos del amparo, es autoridad la que tiene, o se le otorga la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales, crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan el interés jurídico del afectado. Es aplicable la Jurisprudencia XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento dieciocho, Tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estatal, y gestó la llamada administración para estatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Bajo el anterior marco referencial, en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia invocada por este Órgano Jurisdiccional, en razón de que el acto que reclama la parte quejosa, no cumple con las características de unilateralidad, imperio y coercitividad, que debe tener todo acto de autoridad administrativa, para hacer procedente su revisión por la vía del juicio de amparo. En efecto, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama, la retención del pago de su salario como trabajadora de la Secretaría de Educación en el Estado; sin embargo, ello no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que solamente constituye una determinación tomada por la Secretaría señalada como responsable, en su calidad de patrón - o bien de la dependencia encargada de pagarle en cuanto trabajadora de dicha Secretaría -, lo que deriva de una relación meramente laboral, y por consecuencia dicha responsable tiene la libertad de decidir sobre las cuestiones laborales de sus trabajadores. Asimismo, del acto reclamado, se advierte que fue emitido por la autoridad señalada como responsable, respecto a la relación laboral que tiene con la ahora quejosa; empero, la retención no va dirigida a la inconforme en calidad de gobernado, sino en función del vínculo laboral que áquella tiene con ésta; es decir, dentro del marco de una relación patrón-trabajador, en el cual la patronal determinó realizar lo que aquí se reclama. Así, el acto que reclama la parte inconforme, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque se ubica en un plano de coordinación, característico de las relaciones laborales, pues las autoridades pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública, no actúan en un esquema de supra a subordinación, mediante la emisión de actos de naturaleza legislativa o administrativa, sino dentro de una relación laboral con la particular quejosa. Brinda apoyo a lo anterior por identidad jurídica sustancial el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P.XXVIII/973 del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACIÓN LABORAL. Los funcionarios de los organismos públicos descentralizados, en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados; esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de garantías, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Así, las universidades, como organismos descentralizados, son entes públicos que forman parte de la administración pública y por ende del Estado, y si bien presentan una autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, tal circunstancia tiende a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en la libertad de enseñanza, pero no implica de manera alguna su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, y restringida a sus fines, por lo que no se constituye como un obstáculo que impida el ejercicio de las potestades constitucionales y legales de éste para asegurar el regular y eficaz funcionamiento del servicio de enseñanza. Por ello, para analizar si los funcionarios de dichos entes, con fundamento en una ley de origen público ejercen o no un poder jurídico que afecte por sí o ante sí y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso de la fuerza pública, debe atenderse al caso concreto. En el que se examina, ha de considerarse que la universidad señalada por el quejoso como responsable, al negar el otorgamiento y disfrute del año sabático a uno de sus empleados académicos, actuó con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal académico, dentro del marco constitucional previsto en la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ello en este caso no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que desde luego no implica que en otros supuestos, atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, sí pueda tener tal carácter." También por identidad jurídica sustancial, la Tesis aislada publicada en la página 2358 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Marzo de 2015, del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que a la letra dice: "DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA SU OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN RELACIONADA CON LAS CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO, QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE PATRÓN. El Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyas relaciones laborales con sus trabajadores se rigen por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley y sus condiciones generales de trabajo; por tanto, contra la omisión atribuida a su director general de responder a una solicitud formulada por uno de sus trabajadores en ejercicio del derecho de petición, relacionada con cuestiones de las condiciones generales de trabajo, es improcedente el juicio de amparo, pues no se está en presencia de un acto de autoridad, en virtud de que la relación existente entre el colegio y sus trabajadores es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad." Bajo tal escenario, de conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que SE DESECHA DE PLANO, la presente demanda de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Por tanto, de acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo, para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Hágase del conocimiento de la promovente, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere de su consentimiento; sin embargo, como lo solicita el impetrante de amparo, se ordena la reserva de sus datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." En otro aspecto, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a la parte quejosa, para que, cuando le sea posible y de estimarlo pertinente, transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar - a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio, y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo. Finalmente, se le tiene por señalado como domicilio para recibir notificaciones, el que precisa en su libelo constitucional, y como autorizada para tal efecto, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Dalila Campos Pineda, toda vez que se encuentra inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, como quedó asentado en la constancia secretarial que antecede. Notifíquese personalmente.
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