Verónica Hernández Hernández

Expediente 11/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 9 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
11/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
08/08/2022

Partes del expediente

  • Verónica Hernández Hernández
  • Mirna Hernández de la Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 11/2022-10, promovido por *********, contra los actos que reclama del 1Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, 2Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, 3Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco; y, 4Director de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 4, 8, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el cuatro de enero de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado el seis siguiente por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional en esa misma data, Mirna Hernández de la Cruz y Verónica Hernández Hernández, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO LA NEGATIVA, de efectuar a nuestro favor, el pago de los gastos funerarios, seguro de vida y la asignación de pensión por fallecimiento, misma negativa que se desprende de la respuesta formulada por las responsables mediante el oficio de fecha 29 de noviembre de 2021, identificado con el número UAJ/RCC/9050/2021 derivada del Folio Número: DG/2883/21. Reclamo del C.P. ARMANDO LEÓN BERNAL, Director de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, la omisión en que incurrió al no dar respuesta a la solicitud formulada por las suscritas para que se efectúe a nuestro favor el pago de los gastos funerarios, seguro de vida y la asignación de pensión por fallecimiento, que fueron peticionadas mediante escrito de fecha 22 de noviembre de 2021. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. 2 Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. 3 Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. 4 Director de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA. El siete de enero de dos mil veintidós, se radicó y admitió parcialmente a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 11/2022-10; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación adscrito; no se ordenó el trámite del incidente de suspensión, por no así haberlo solicitado la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA. En proveído de siete de enero de dos mil veintidós, se desechó parcialmente la demanda respecto al acto reclamado marcado en el punto IV.1, del ocurso; inconforme con tal determinación la parte quejosa interpuso recurso de queja. De dicho medio de impugnación correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, quien lo radicó como queja 36/2022, resuelto en sesión diecisiete de junio de dos mil veintidós, declarándolo fundado. Derivado de lo anterior, este órgano jurisdiccional el cinco de julio de dos mil veintidós, continuó con el procedimiento del juicio y admitió la demanda de amparo, respecto del acto reclamado consistente en: LA NEGATIVA, de efectuar a nuestro favor, el pago de los gastos funerarios, seguro de vida y la asignación de pensión por fallecimiento, misma negativa que se desprende de la respuesta formulada por las responsables mediante el oficio de fecha 29 de noviembre de 2021, identificado con el número UAJ/RCC/9050/2021 derivada del Folio Número: DG/2883/21. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La negativa de efectuar a su favor el pago de los gastos funerarios, seguro de vida y la asignación de pensión por fallecimiento, negativa que se desprende de la respuesta formulada por las responsables mediante el oficio de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, identificado con el número UAJ/RCC/9050/2021, derivada del folio DG/2883/21. Del Director de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, la omisión en que incurrió al no dar respuesta a la solicitud formulada por las quejosas para que se efectúe a su favor el pago de los gastos funerarios, seguro de vida y la asignación de pensión por fallecimiento, que fueron peticionadas mediante escrito de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. TERCERO. INEXISTENCIA RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO MARCADO CON EL INCISO b). Es inexistente el acto reclamado marcado con el inciso b), consistente en la omisión del Director de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, al no dar respuesta a la solicitud formulada por las quejosas para que se efectúe a su favor el pago de los gastos funerarios, seguro de vida y la asignación de pensión por fallecimiento, que fueron peticionadas mediante escrito de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Lo anterior es así, ya que de las pruebas aportadas por las quejosas si bien se encuentra el escrito signado por las quejosas de data diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, con sello de recepción de veintidós del citado mes y año, cierto también lo es que, obra el oficio UAJ/RCC/9050/2021, de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual, dan contestación a la petición de las promoventes, pues en la parte conducente se lee: Por instrucciones del Dr. Fernando Enrique Mayans Canabal, Director General del Instituto y en atención a su escrito de petición el día 22 de noviembre de 2021, a través del cual solicitan reasignación de pensión por fallecimiento, pago de seguro de vida y gastos funerarios, aduciendo que tiene el derecho a ello, derivado del fallecimiento del asegurado JOSÉ FRANCISCO HERNÁNDEZ DE LA CRUZ. Al respecto, me permito informarle que su petición resulta improcedente, por las siguientes razones.. Así las quejosas de amparo reclaman de la mencionada autoridad responsable la omisión de no dar respuesta a la solicitud formulada por éstas para que se efectúe a su favor el pago de los gastos funerarios, seguro de vida y la asignación de pensión por fallecimiento, empero, de las constancias que éstas mismas aportan, específicamente del oficio UAJ/RCC/9050/2021, de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se desprende que la autoridad dio contestación, pues en dicho documento se provee respecto del escrito recepcionado el veintidós del citado mes y año, mismo que se trata del que ahora las quejosas reclaman su omisión de contrastación. Así, es de hacerse notar que el acto reclamado a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, no existía; ya que la misma fue presentada el cuatro de enero de dos mil veintidós y la autoridad responsable mediante oficio UAJ/RCC/9050/2021, de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, contestó respecto de la petición que le fue formulada mediante escrito de veintidós del mencionado mes y año. Lo anterior es así, ya que la existencia de los actos reclamados en el juicio de amparo indirecto deben analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, de manera que si el acto reclamado en el presente asunto lo constituye la omisión de la autoridad responsable en no dar respuesta a la solicitud formulada por las quejosas para que se efectúe a su favor el pago de los gastos funerarios, seguro de vida y la asignación de pensión por fallecimiento; luego, es de colegirse, que debe sobreseerse en el juicio ante la inexistencia del aludido acto reclamado al momento de la presentación de la demanda de amparo. Sobre el particular, es de tomar en cuenta, en lo conducente, lo expuesto en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, del siguiente rubro y texto: ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá´ dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos. Es de tomar en cuenta la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/94, formulada por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 79, Julio de 1994, página 15, cuy rubro y texto es: ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Bajo ese panorama, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, ante la inexistencia del citado acto reclamado marcado con el inciso b). CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO MARCADO CON EL INCISO a). Las autoridades responsables 1Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, 2Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, 3Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco; y, 4Director de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, al rendir de manera conjunta su informe justificado, aceptaron el acto reclamado, pues así se advierte de sus respectivos informes justificados. Documentos al que se les concede valor probatorio en términos de los preceptos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del normativo 2° de la Ley de Amparo, porque se trata de actuación emitida por autoridades en el ejercicio de su encargo, sin que además, hayan sido objetadas su autenticidad. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. También sirve de apoyo la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, de rubro: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. CUARTO. ESTUDIO DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo Las autoridades responsables hacen valer la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, pues aducen que las quejosas no les asiste derecho alguno a ejercitar como consecuencia de su parentesco real con el extinto José Francisco Hernández de la Cruz -hermana y sobrina-, pues la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, no dispone prestación alguna para dichos parentescos, por tanto, se entiende que no hay derecho alguno que se esté vulnerando en su perjuicio. Se estima fundada la causa de improcedencia hecha valer por las autoridades responsables, por los motivos que a continuación se exponen: Los numerales 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, disponen: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.. Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierte o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.] Del primer precepto legal invocado se evidencia que el juicio de amparo será improcedente cuando la parte quejosa carezca de interés jurídico o legítimo en términos de la fracción I del artículo 5 de la Ley de la materia, el cual dispone: Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]. En esa tesitura, uno de los principios esenciales que rige el juicio de amparo, consiste en que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, esto es, por la parte a quien perjudique la norma, acto u omisión que se reclame, de manera que para la procedencia del juicio constitucional es indispensable que el acto reclamado cause perjuicios directamente a los intereses jurídicos personales o patrimoniales del gobernado, para que la sentencia que se dicte sólo lo proteja a él, en cumplimiento del diverso principio de relatividad o particularidad de la sentencia. En efecto, tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo. Lo anterior denota la existencia de tres supuestos de interés, el jurídico, legítimo y simple, siendo únicamente los dos primeros los que permiten instar el juicio de amparo. Al respecto, tenemos que interés simple o jurídicamente irrelevante, se define como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado, pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. El interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra, que a diferencia del interés jurídico no impone la obligación de contar con un derecho subjetivo legítimamente tutelado para hacer procedente la instancia contenciosa. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 60, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materias Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital: 2007921, de rubro siguiente: INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). Asimismo, sirve de apoyo a lo antes dicho, la tesis 2a. XVIII/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1736, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, Materia Común, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 2003067, de título y texto: INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto interés legítimo individual o colectivo, ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su especial situación frente al orden jurídico, lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. De igual forma, la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 690, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2012364, de título y texto: INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, el Máximo Tribunal, ha sostenido que el interés jurídico consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía constitucional, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, esto es, se refiere a aquélla situación jurídica en donde un gobernado es titular de un derecho subjetivo público o privado que resulta lesionado por el acto de autoridad reclamado. De no existir el poder legal de exigir, no habrá tampoco interés jurídico tutelado a favor del particular. Sustenta lo anterior la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 223, Volumen 181-186, Primera Parte, Materia Común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital: 232345, cuyo rubro y texto dicen: INTERES JURIDICO. DEBE ACREDITARSE PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Al establecer los artículos 4o., 76 y 80 de la Ley de Amparo, respectivamente, el principio de instancia de parte agraviada; al de particularidad de la sentencia de amparo que prohíbe hacer una declaración general de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado y los efectos que debe tener la sentencia dictada en un juicio de garantías que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el caso concreto, legalmente debe exigirse para la procedencia del juicio constitucional que los promoventes acrediten plenamente su interés jurídico para el efecto de que, si así lo estima fundado la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en posibilidad de conceder la protección de la Justicia Federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada por su interés, y a la vez conceda la protección en el efecto procedente, lo cual no se podría satisfacer si el interés de los promoventes del amparo no se acredita plenamente, toda vez que existe la posibilidad de conceder el amparo por una ley o un acto que, en principio, no les causen ningún perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo serían en contra de los establecidos por los preceptos citados de la Ley de Amparo. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que, para que los jueces de Distrito pudieran tener por acreditado el interés legítimo es indispensable que quien acude a la instancia de control constitucional demuestre una afectación real en sentido cualitativo, temporal, actual o inminente, sin llegar al grado que los agravios del que dice sufre el justiciable sean hipotético o conjetural, pues estos serían futuros e inciertos, condicionados al actuar positiva u omisiva de algún ente público o particular que por virtud de una norma general pueda ocasionarle algún perjuicio en su esfera fundamental. Sirve de apoyo la tesis 1a. CLXXXII/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 445, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2009198, que dice: INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. UNA PERSONA NO DESTINATARIA DE UNA NORMA LEGAL PUEDE IMPUGNARLA EN SU CALIDAD DE TERCERO, SIEMPRE Y CUANDO LA AFECTACIÓN COLATERAL ALEGADA NO SEA HIPOTÉTICA, CONJETURAL O ABSTRACTA. Al momento de analizar si la parte quejosa acredita contar con interés legítimo para impugnar una norma, el juez de amparo debe precisar en primer lugar la ubicación jurídica desde la que se le combate: como destinatario o como tercero. Ello se logra mediante el análisis del ámbito personal de validez de la norma y de la posición del quejoso frente a ésta. Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concluido que mediante la introducción constitucional del concepto de interés legítimo, las personas pueden acudir a cuestionar la validez de normas desde la ubicación de terceros al contenido o relación jurídica por ella contemplada, en cuyo caso la respuesta a responder para tener por acreditado ese requisito es: ¿La puesta en operación de la norma impugnada genera al quejoso una afectación jurídicamente relevante? Las distintas hipótesis de actualización de esa afectación se describen en la tesis aislada 1a. CCLXXXII/2014 (10a.),¹ de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: LEYES AUTOAPLICATIVAS, NORMAS QUE ACTUALIZAN ESTA CALIFICATORIA SOBRE LA BASE DEL INTERÉS LEGÍTIMO.. Para describirlas, se han utilizado fórmulas como irradiación colateral de la norma a los quejosos como terceros, o simplemente, afectación colateral. Ahora bien, conviene precisar que la premisa básica de este estándar es el requisito de que la afectación colateral alegada debe presentar una relación causal con la norma impugnada que no puede ser hipotética, conjetural o abstracta. En otras palabras, debe tratarse de una afectación palpable y discernible objetivamente del análisis de la ley, al grado de ser calificable como una verdadera creación de la obra del legislador. El principio de división de poderes que inspira el requisito de parte agraviada, obliga a los jueces a reconocer interés legítimo únicamente a la persona que acredite una afectación real en sentido cualitativo, pero también temporal, actual o inminente, nunca hipotético o conjetural. Por otro lado, el interés jurídico es la existencia o actualización de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado que puede afectarse, ya sea por la violación de ese derecho, o bien, por el desconocimiento del mismo con motivo de un acto de autoridad; en otras palabras, el interés jurídico corresponde al derecho subjetivo, entendiendo como tal la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho, y supone la conjunción de dos elementos inseparables: a) una facultad de exigir; y, b) una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. De tal manera que tendrá legitimación sólo quien tenga interés jurídico y no cuando la norma jurídica objetiva no establezca a favor del individuo alguna facultad de exigir; así, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado, a quien resiente una afectación con motivo de un acto de autoridad y sólo el titular de algún derecho legítimamente protegible pueda acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo en demanda de que cese esa situación cuando se transgreda, por la actuación de cierta autoridad, determinada prerrogativa constitucional. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia 1a./J.168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 225, Tomo XXVII, Enero de 2008, Materias Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 170500, que dice: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En ese contexto, el artículo 5 de la Ley de Amparo, estatuye que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo; es decir, que el juicio podrá promoverse por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado (interés jurídico) o, en su caso, por aquella que tenga un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados (interés legítimo), el cual proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio de relatividad de las sentencias. Luego, como requisito de procedencia del amparo se requiere que el quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, que tal interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo o difuso. Resulta de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/4 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, localizable en la página 1807, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, Materias Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital: 2003293, de título y texto siguientes: INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa. En el presente caso, se actualiza la referida causal de improcedencia, en el caso, la quejosa no acreditó tener interés jurídico o interés legítimo y, que tal interés se vea agraviado. Lo anterior, en virtud de que este órgano de control constitucional llega a la plena convicción que las quejosas acuden a este juicio reclamando un interés simple, no con interés jurídico o legítimo para solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que le atribuye a las autoridades responsables 1Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, 2Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, 3Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco; y, 4Director de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, en atención a lo siguiente. Los artículos 3, 6, 94, 95, 96, 97, 98, 101 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, disponen: Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: (.) IV. Beneficiario: el cónyuge, concubina o el concubinario del asegurado o pensionado, así como los ascendientes y descendientes en los términos de esta Ley; (.). Artículo 6.- La calidad de beneficiario se reconoce únicamente a quien acredite una relación de las que a continuación se señalan, con el asegurado o pensionado: I. La cónyuge o concubina en términos de la legislación civil. Para el caso en que ésta cuente con seguridad social como producto de su trabajo, su calidad de beneficiario se limitará a las prestaciones de pensiones que la LSSET determine; II. El cónyuge o concubinario en términos de la legislación civil, si está incapacitado físicamente y/o mentalmente, determinado por dictamen médico expedido por el ISSET y que dependa económicamente de la cónyuge o concubina; III. Los hijos o hijas solteros menores de dieciocho años; IV. Las hijas menores de edad, embarazadas y en situación de ser madres solteras y que acrediten la dependencia económica del asegurado, únicamente para efectos de la prestación del servicio médico hasta el parto; V. Los hijos o hijas solteros, mayores de dieciocho años, hasta la edad de veinticinco años, previa comprobación de que están realizando estudios acordes a su edad; en este caso deberá acreditarse además la dependencia económica total; VI. Los hijos o hijas mayores de dieciocho años, incapacitados física o mentalmente, previo dictamen médico expedido por el ISSET, que no puedan trabajar para obtener su subsistencia y que cohabiten el domicilio; y VII. El padre y/o madre, previa acreditación de la dependencia económica total. Para el caso de la prestación médica, el asegurado deberá convenir con el ISSET, el incremento de la cuota de su sueldo base en un porcentaje adicional, mismo que será establecido en el Reglamento de la LSSET. SECCIÓN QUINTA PENSIONES POR FALLECIMIENTO Artículo 94.- El fallecimiento del asegurado o pensionado dará origen a las pensiones de viudez, orfandad o ascendencia, cuyo monto será determinado conforme a las disposiciones de la LSSET. Artículo 95.- Cuando el asegurado fallezca a consecuencia de una enfermedad profesional o accidente de trabajo sus beneficiarios gozarán del pago de una pensión equivalente al 70% del sueldo regulador, cualquiera que sea el tiempo de los servicios prestados. Cuando el asegurado, independientemente de su edad, fallezca por causas ajenas al servicio, sus beneficiarios tendrán derecho al pago de una pensión cuyo monto se determinará conforme a los años cotizados ante el ISSET, de acuerdo a la tabla establecida en el artículo 89 de la LSSET. Artículo 96.- Al fallecer el pensionado, sus beneficiarios en el orden establecido por la LSSET, continuarán percibiendo esta pensión. Artículo 97.- El derecho al pago de esta pensión se iniciará a partir del día de la muerte del asegurado o pensionado. Artículo 98.- Los beneficiarios de estas pensiones son: I. El cónyuge supérstite y los hijos menores de dieciocho años; II. A falta de la esposa, la concubina de conformidad con la legislación civil del Estado; III. El esposo supérstite o concubinario, siempre que a la muerte de la asegurada o pensionada, fuese mayor de 60 años o esté incapacitado para trabajar y en esta condición hubiese dependido económicamente de ella; y IV. A falta de las personas a las que se refieren las tres fracciones anteriores, la pensión por fallecimiento se otorgará a los ascendientes en caso de que hubiesen dependido económicamente del asegurado o pensionado, durante los cinco años anteriores a su muerte, siempre y cuando a la muerte del asegurado o pensionado el ascendiente contara con 60 años de edad o más. La cantidad total a que tengan derecho los deudos señalados en cada una de las fracciones anteriores, se dividirá por partes iguales entre ellos. Cuando fuesen varios los beneficiarios de una pensión y alguno de ellos perdiese el derecho, la parte que le corresponda será repartida proporcionalmente entre los restantes. La dependencia económica deberá ser acreditada fehacientemente. CAPÍTULO CUARTO PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS SECCIÓN PRIMERA SEGURO DE VIDA. Artículo 101.- El seguro de vida consistirá en el pago que realice el ISSET a los beneficiarios designados por el asegurado o pensionado en su hoja de afiliación, en la proporción que éste establezca. En los casos en que existiere controversia judicial sobre la designación de los beneficiarios, se estará a la resolución que en definitiva emita la autoridad jurisdiccional. En caso de muerte natural, el seguro de vida será el equivalente a 400 días de salario mínimo vigente, en la fecha del deceso; y de 600 días si ocurriese por accidente de trabajo o cualquier otra causa violenta, siempre que no sea consecuencia de un delito intencional imputable a los beneficiarios, en los términos de las leyes respectivas. Así, medularmente de los preceptos previamente transcritos se obtiene que de conformidad con la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, para efectos de ésta se entenderá por beneficiario el cónyuge, concubina o el concubinario del asegurado o pensionado, así como los ascendientes y descendientes en los términos de dicha legislación esta Ley, que la calidad de beneficiario se reconoce únicamente a quien acredite una relación con el asegurado o pensionado de cónyuge o concubina en términos de la legislación civil; cónyuge o concubinario en términos de la legislación civil, si está incapacitado físicamente y/o mentalmente, determinado por dictamen médico expedido por el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco y que dependa económicamente de la cónyuge o concubina; los hijos o hijas solteros menores de dieciocho años; las hijas menores de edad, embarazadas y en situación de ser madres solteras y que acrediten la dependencia económica del asegurado, únicamente para efectos de la prestación del servicio médico hasta el parto; los hijos o hijas solteros, mayores de dieciocho años, hasta la edad de veinticinco años, previa comprobación de que están realizando estudios acordes a su edad; en este caso deberá acreditarse además la dependencia económica total. También, los hijos o hijas mayores de dieciocho años, incapacitados física o mentalmente, previo dictamen médico expedido por el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, que no puedan trabajar para obtener su subsistencia y que cohabiten el domicilio; y el padre y/o madre, previa acreditación de la dependencia económica total. Por tanto, si del informe justificado (reproducción) y de las pruebas que anexan las quejosas, se advierte la copia simple de la hoja de filiación a nombre del extinto trabajador José Francisco Hernández de la Cruz, donde en el rubro de beneficiarios para el pago de seguro de vida y fondo de aportación, designó a Mirna de la Cruz Hernández (hermana) y Verónica Hernández Hernández (sobrina), en ese contexto, se tiene que éstas de acuerdo a los numerales 3 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, no cuentan con la calidad de beneficiarias, ni conforme al artículo 6 de la citada legislación tampoco se reconoce únicamente a quien acredite una relación de las que ahí se señalan, con el asegurado o pensionado, sin que las quejosas encuadren en esos supuestos. Así, la relación jurídica con que se ostentan las quejosas Mirna de la Cruz Hernández (hermana) y Verónica Hernández Hernández (sobrina), no encuadran como beneficiarias del extinto José Francisco Hernández de la Cruz, de ahí que se actualiza la causa de improcedencia invocada. De igual modo, tampoco acreditan su interés legítimo respecto de la diversa prestación que reclaman consistente en pago de los gastos funerarios, pues si bien conforme al numeral 104 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, el apoyo para gastos funerarios se otorgará a los beneficiarios del asegurado o pensionado o en su defecto a la persona que hubiere asumido los costos funerarios, previa presentación del certificado de defunción y la acreditación de los gastos, también cierto es, que las quejosas únicamente anexan la documental consistente en un comprobante fiscal digital por internet (CFDI) expedida por FUNERALES GRUPO LOS ÁNGELES, en el rubro de cliente aparece: Mario Alberto Hernández de la Cruz, y, por concepto de servicio funerario se indica proporcionado para quien en vida respondiera a el nombre de José Francisco Hernández de la Cruz, por tanto, las promoventes no acreditan ni indiciariamente haber sido las personas que conforme al artículo 104 de la mencionada legislación, erogaron los costos funerarios que ahora reclaman. Es aplicable para sostener lo antes expuesto, la Jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, Libro 43, junio de 2017, Tomo II, página 1078, con registro digital 2014433, de rubro y texto siguiente: INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable. En ese tenor, la parte quejosa tenía que acreditar fehacientemente su interés jurídico o en su caso su interés legítimo, para la procedencia del juicio de amparo, pues no basta hacer meras afirmaciones de tener derecho a las prestaciones reclamadas. Por tanto, -como se dijo- en la especie la parte quejosa no acreditó contar con interés jurídico o legítimo que tutelar mediante el presente juicio de amparo, actualizándose con ello la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Por tanto, si en términos de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5° de la Ley de Amparo, la solicitante del juicio de amparo no acreditó su interés jurídico ni legítimo, por lo que es evidente que se encuentra plenamente demostrada la causal de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 61 de la ley de la materia, lo que conduce a sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento. En ese contexto, ante la actualización de la causa de improcedencia antes indicada, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, tal y como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 335, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, con el rubro y texto siguiente: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de siete de enero de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las parte quejosa que, en término del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, no se hará la publicación de su nombre, ni de sus datos personales, por tanto, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por *********, contra los actos reclamados precisados en el considerando segundo, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando tercero y cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  2. Principal

    mesa 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado, rendido por el Subdirector de Asuntos Jurídicos y Encargado del Despacho por ausencia del 1) Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico, por sí y en representación del 2) Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, y 3) Director General y 4) Director de Prestaciones Socioeconómicas de su adscripción, todos con residencia en esta ciudad, autoridades señaladas como responsables; en tal razón, con el contenido de éste, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta signado por el Actuario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria emitida en sesión ordinaria virtual de diecisiete de junio de dos mil veintidós, en el recurso de queja 36/2022, en virtud, de haberse resuelto el recurso de queja que hicieron vales las quejosas Mirna Hérnandez de la Cruz y Verónica Hérnandez de la Cruz, en contra del auto de siete de enero de dos mil veintidós, a través del cual se desechó parcialmente la demanda respecto del acto reclamado consistente en la negativa de efectuar a su favor el pago de los gastos funerarios, seguro de vida y la asignación de pensión por fallecimiento mediante oficio UAJ/RCC/9050/2021 de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, derivada del folio DG/2883/21. Acúsese recibo. Por cuanto de la ejecutoria de que se trata, se advierte que el Tribunal Colegiado en su punto resolutivo determinó: " PRIMERO. Se declara FUNDADO el recurso de queja. SEGUNDO. Se REVOCA el auto combatido en su parte impugnada." En consecuencia, intégrese a los autos el cuaderno de antecedentes derivado del juicio en que se actúa, únicamente con las constancias originales, hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los fines legales a que hubiere lugar y realícense las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente. Luego, advirtiéndose que en proveído de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, con motivo del recurso de queja interpuesto por las quejosas Mirna Hernández de la Cruz y Verónica Hernández de la Cruz a través de su autorizado Víctor Manuel Becerra Hernández, se suspendió el procedimiento en el presente expediente y se dejó sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional relativa; en ese contexto, continúese con el procedimiento del juicio en que se actúa. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA En virtud de lo anterior, se tiene a Mirna Hérnandez de la Cruz y Verónica Hérnandez de la Cruz, solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos de la Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, que estima violatorios de los artículos 1, 4, 8, 14, 16, 17 y 123 apartado B fracción XI y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 35, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en cuanto al acto reclamado consistente en: "La negativa de efectuar a su favor el pago de los gastos funerarios, seguro de vida y la asignación de pensión por fallecimiento mediante oficio UAJ/RCC/9050/2021 de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, derivada del folio DG/2883/21" PROMOCIONES VÍA CORREO INSTITUCIONAL Tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, y atendiendo a lo estipulado en el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo oficial de este juzgado 3jdo10cto@correo.cjf.gob.mx, para que por la vía antes citada, rindan informes, presenten promociones o acusen recibo de los oficios entregados, lo anterior en lo que concluye la contingencia. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Y APERCIBIMIENTO. Ahora bien, con fundamento en los numerales 116 y 117 de la ley de la materia, pídanse informe justificado a las autoridades señaladas como responsables al que deberán anexar copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el acto reclamado, debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se solicita, el que también podrá remitir vía fax al número 01(99-3) 3-10-50-23, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día hábil siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintidós; asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables de las penas en que incurren con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omita el que le conste en relación con el amparo, previsto en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento a las autoridades señaladas como responsables, que si bien se les otorga un término de quince días para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que les impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se exhorta a las autoridades que en cuanto tengan la información necesaria para rendir el informe que se les requiere, de inmediato lo hagan saber a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberán hacerlo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de dicho informe por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se les aplicará la multa decretada. Se le hace saber a las autoridades responsables jurisdiccionales que el plazo de quince días para que rindan o actúen en el juicio de amparo, no deben descontarse los días que conforme a su normativa hayan sido declarados inhábiles, aun cuando sean periodos vacacionales, cuando no estén previstos en la legislación de amparo aplicable. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2024510, publicada en la página 12, Tomo I, de Abril de 2022, Libro 12, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "PLAZOS PARA QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES JURISDICCIONALES ACTÚEN DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. EN SU CÓMPUTO NO DEBEN DESCONTARSE LOS DÍAS QUE CONFORME A SU NORMATIVA HAYAN SIDO DECLARADOS INHÁBILES, CUANDO NO ESTÉN PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN DE AMPARO APLICABLE". AVISO DE EVENTUAL PROMOCIÓN DE DIVERSOS JUICIOS Y DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a las autoridades responsables que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la citada legislación, se harán acreedoras a una multa de 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos con sesenta centavos); la que se deduce de multiplicar por treinta la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día hábil siguiente, con efectos a partir del uno de febrero de dos mil veintidós. PREVENCIÓN EN CASO DE NEGARSE A RECIBIR NOTIFICACIÓN. Se le hace saber a las autoridades que tienen la obligación de recibir el oficio aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido que de negarse a recibir el oficio de referencia, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos), la que se deduce en los mismos términos de lo decretado en párrafos que anteceden. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Notifíquese electrónicamente.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista: la certificación que antecede se advierte que Víctor Manuel Barrera Hernández, autorizado de las quejosas Mirna Hernández de la Cruz y Verónica Hernández Hernández, interpuso recurso de queja en contra del auto admisorio de siete de enero de dos mil veintidós, el cual fue admitido por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, el cual fue radicado bajo el número 36/2022 En consecuencia, en términos del artículo 102 de la Ley de Amparo, se ordena SUSPENDER EL PROCEDIMIENTO en el presente juicio de amparo, toda vez que a criterio de la que resuelve, la resolución que se dicte en la queja de mérito, puede influir en la sentencia que al respecto se pronuncie. Por lo tanto, se deja sin efecto la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las diez horas con cinco minutos del veintiuno de febrero del año en curso, hasta en tanto se resuelva el citado medio de impugnación. Notifíquese.

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