Verónica Hernández Espejel

Expediente 759/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
759/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
19/11/2020

Partes del expediente

  • Verónica Hernández Espejel

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación precedente de la cual se desprende, que la parte quejosa -----------, no interpuso recurso de queja contra el auto de veintitrés de octubre de dos mil veinte, por el cual se desechó la demanda de amparo, dentro del plazo señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo; por consiguiente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que éste HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno del Juzgado y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la ley de amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: (.) II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; (.)" "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES. (...) Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (.)" En mérito de lo anterior, de conformidad con lo previsto en los párrafos que anteceden, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. Sin que se omita precisar que el presente asunto, en términos del acuerdo de mérito, no tiene valor jurídico o histórico para su conservación; en consecuencia, no es considerado como un asunto relevante. Notifíquese a las partes el presente acuerdo por medio de lista, en los términos que establece el artículo 211 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a seis de noviembre de dos mil veinte. Vista la razón de cuenta, de la que se desprende la imposibilidad que tuvo el Actuario de la adscripción, para llevar a cabo la notificación del auto emitido el veintitrés de octubre de dos mil veinte, dirigida a la parte quejosa, -----------------------, por los motivos que expone en dicha razón. En atención a lo anterior, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a, de la Ley de Amparo, hágase la notificación del proveído de referencia, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, así como las subsecuentes notificaciones aun las que por su naturaleza sean de carácter personal, hasta en tanto, señale domicilio para tal efecto. Notifíquese a la parte quejosa por lista la presente determinación así como diversa de veintitrés de octubre del año en curso, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTITRES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintitrés de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por --------, por su propio derecho, contra actos del Director del Departamento de Peritos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y otra autoridad responsable, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 759/2020-IV. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Indicado lo anterior, se considera que respecto de la demanda de amparo que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, fracción I y 5°, fracción II, contrario sensu, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; . "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)." Ahora, de una interpretación sistemática de los preceptos legales antes reproducidos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos u omisiones que no provienen de una autoridad, entendiéndose por ésta lo conceptualizado en el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. Ello es así, porque el preindicado artículo 1°, precisa que el juicio constitucional procede, entre otros supuestos, contra actos u omisiones de autoridad; al respecto, el artículo 5°, fracción II, define quién tiene el carácter de autoridad para efectos del amparo, siendo aquella que -con independencia de su naturaleza formal- dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien, que omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría tales situaciones jurídicas. Con relación al concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, publicada en la página 1089, del tomo XXXIV, septiembre de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, determinó: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." De la anterior jurisprudencia se deduce que para efectos del juicio de amparo una autoridad debe establecer una relación de supra a subordinación con un particular; esa relación debe nacer de la ley con motivo de esa relación debe crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, sin acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Así, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano de igualdad, motivo por el cual para resolver sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, entre las cuales se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior al de los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, las cuales, por cierto, se regulan por el derecho público, que también prevé los procedimientos para ventilar los conflictos suscitados por las relaciones laborales el actuar de los órganos del Estado, entre los que figura, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, se destaca el juicio de amparo. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, o sea, por encima de los particulares, las cuales se regulan también por el derecho público que contempla mecanismos de solución política y jurisdiccional, entre los que se destacan las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, previstas en las fracciones I y II del artículo 105 constitucional. Así, la parte quejosa promueve juicio de amparo en contra de las autoridades y acto reclamado siguiente: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE A).- EL C. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE PERITOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO. B).- EL C. PERITO MAESTRO ESTEBAN RODOLFO ENRIQUEZ GUTIERREZ DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE PERITOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO. IV. ACTOS RECLAMADOS. LA ABSTENCION POR PARTE DE LAS RESPONSABLES DE RESPETAR LO QUE PREVE EL ARTICULO 1.134. Y 1.316 DE LA LEY ADJETIVA DE LA MATERIA, ASI COMO DEL ARTICULO 17 CONSTITUCIONAL POR LA TARDIA IMPARTICION DE JUSTICIA AL NO RENDIR EL DICTAMEN PERICIAL EN MATERIA DE GRAFOSCOPIA Y CALIGRAFIA EN TIEMPO Y FORMA." De lo anterior, se desprende que la ahora quejosa y la Dirección y Perito, que señala como responsables, actúan en un plano de coordinación, pues la abstención y/o omisión que les reclama, no deriva de una petición que les formulara directamente la quejosa, pues ello atiende a un requerimiento de una autoridad dentro de un procedimiento del orden civil. En ese sentido, la abstención y/o omisión reclamada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues carece de los elementos esenciales relativos a que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, puesto que ello obedece al requerimiento formulado dentro del juicio de origen. Por lo que, el acto que les reclama se encuentra ligada al procedimiento civil, por ende, su actuar se sujeta las normas procesales de la materia, las que de no cumplir, el Juez responsable será el encargado de reprochar su conducta atendiendo al marco normativo. Por ende, el acto que aquí combate la quejosa no obedece a un acto que las autoridades señaladas como responsable, impongan de manera unilateral, ejerciendo su facultad de imperio, sino vinculado con la relación procesal derivada del juicio de origen, sujeto a la potestad del juez responsable y la leyes aplicables al caso. En efecto, la omisión en rendir el dictamen pericial correspondiente deriva del juicio 244/2016, por lo que, dicha actitud omisa no tiene la naturaleza de un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues las autoridades que señaló como responsables se encuentra obligadas, en el ámbito de su competencia, a emitir la opinión técnica en el citado juicio civil, lo que evidencia que no actuarían de forma unilateral, sino en cumplimiento de un acto emitido por el juez del conocimiento; de ahí, que su actuación no se considere un acto equivalente a los de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues no operaría en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de un plano de igualdad, ya que, como se mencionó, el juez está en aptitud de imponer las medidas de apremio que la ley señala para hacer cumplir sus determinaciones y obligar a las autoridades correspondientes a cumplir lo ordenado. Apoya lo anterior la tesis aislada número I.15o.A.36 K, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1316, tomo XXVIII, noviembre de dos mil ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES. Por tanto, en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los dispositivos, 1°, fracción I y 5°, fracción II, contrario sensu, de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR por notoriamente improcedente la demanda de amparo presuntamente promovida por Verónica Hernández Espejel, . En diverso aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en avenida Central número 3456, colonia Olímpica, en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Por tratarse de un juicio de naturaleza sumaria y dados los objetos que se persiguen, con apoyo en lo previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al Actuario Judicial de la adscripción para que realice las notificaciones que deriven del presente trámite aún en días y horas inhábiles. Se hace del conocimiento al actuario judicial, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. Así también, como se advierte de la certificación de cuenta, se tiene por autorizadas en términos del artículo 24 de la Ley de la Amparo, esto es, exclusivamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, toda vez que su cédula profesional no se encuentra debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otra parte, en términos de la fracción I del artículo 22 y cuarto transitorio, ambos del Acuerdo General 21/2020, se sugiere a la parte quejosa, que de ser posible transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. Asimismo, se hace del conocimiento el número telefónico oficial del Secretario encargado del asunto Luis Daniel Hernández Ortiz, siendo el número 55 53870500, extensión 1385, para la atención del presente asunto. En diverso aspecto, se hace del conocimiento de la parte quejosa que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Finalmente, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintitrés de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por --------, por su propio derecho, contra actos del Director del Departamento de Peritos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y otra autoridad responsable, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 759/2020-IV. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Indicado lo anterior, se considera que respecto de la demanda de amparo que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, fracción I y 5°, fracción II, contrario sensu, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; . "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)." Ahora, de una interpretación sistemática de los preceptos legales antes reproducidos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos u omisiones que no provienen de una autoridad, entendiéndose por ésta lo conceptualizado en el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. Ello es así, porque el preindicado artículo 1°, precisa que el juicio constitucional procede, entre otros supuestos, contra actos u omisiones de autoridad; al respecto, el artículo 5°, fracción II, define quién tiene el carácter de autoridad para efectos del amparo, siendo aquella que -con independencia de su naturaleza formal- dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien, que omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría tales situaciones jurídicas. Con relación al concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, publicada en la página 1089, del tomo XXXIV, septiembre de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, determinó: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." De la anterior jurisprudencia se deduce que para efectos del juicio de amparo una autoridad debe establecer una relación de supra a subordinación con un particular; esa relación debe nacer de la ley con motivo de esa relación debe crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, sin acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Así, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano de igualdad, motivo por el cual para resolver sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, entre las cuales se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior al de los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, las cuales, por cierto, se regulan por el derecho público, que también prevé los procedimientos para ventilar los conflictos suscitados por las relaciones laborales el actuar de los órganos del Estado, entre los que figura, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, se destaca el juicio de amparo. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, o sea, por encima de los particulares, las cuales se regulan también por el derecho público que contempla mecanismos de solución política y jurisdiccional, entre los que se destacan las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, previstas en las fracciones I y II del artículo 105 constitucional. Así, la parte quejosa promueve juicio de amparo en contra de las autoridades y acto reclamado siguiente: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE A).- EL C. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE PERITOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO. B).- EL C. PERITO MAESTRO ESTEBAN RODOLFO ENRIQUEZ GUTIERREZ DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE PERITOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO. IV. ACTOS RECLAMADOS. LA ABSTENCION POR PARTE DE LAS RESPONSABLES DE RESPETAR LO QUE PREVE EL ARTICULO 1.134. Y 1.316 DE LA LEY ADJETIVA DE LA MATERIA, ASI COMO DEL ARTICULO 17 CONSTITUCIONAL POR LA TARDIA IMPARTICION DE JUSTICIA AL NO RENDIR EL DICTAMEN PERICIAL EN MATERIA DE GRAFOSCOPIA Y CALIGRAFIA EN TIEMPO Y FORMA." De lo anterior, se desprende que la ahora quejosa y la Dirección y Perito, que señala como responsables, actúan en un plano de coordinación, pues la abstención y/o omisión que les reclama, no deriva de una petición que les formulara directamente la quejosa, pues ello atiende a un requerimiento de una autoridad dentro de un procedimiento del orden civil. En ese sentido, la abstención y/o omisión reclamada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues carece de los elementos esenciales relativos a que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, puesto que ello obedece al requerimiento formulado dentro del juicio de origen. Por lo que, el acto que les reclama se encuentra ligada al procedimiento civil, por ende, su actuar se sujeta las normas procesales de la materia, las que de no cumplir, el Juez responsable será el encargado de reprochar su conducta atendiendo al marco normativo. Por ende, el acto que aquí combate la quejosa no obedece a un acto que las autoridades señaladas como responsable, impongan de manera unilateral, ejerciendo su facultad de imperio, sino vinculado con la relación procesal derivada del juicio de origen, sujeto a la potestad del juez responsable y la leyes aplicables al caso. En efecto, la omisión en rendir el dictamen pericial correspondiente deriva del juicio 244/2016, por lo que, dicha actitud omisa no tiene la naturaleza de un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues las autoridades que señaló como responsables se encuentra obligadas, en el ámbito de su competencia, a emitir la opinión técnica en el citado juicio civil, lo que evidencia que no actuarían de forma unilateral, sino en cumplimiento de un acto emitido por el juez del conocimiento; de ahí, que su actuación no se considere un acto equivalente a los de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues no operaría en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de un plano de igualdad, ya que, como se mencionó, el juez está en aptitud de imponer las medidas de apremio que la ley señala para hacer cumplir sus determinaciones y obligar a las autoridades correspondientes a cumplir lo ordenado. Apoya lo anterior la tesis aislada número I.15o.A.36 K, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1316, tomo XXVIII, noviembre de dos mil ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES. Por tanto, en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los dispositivos, 1°, fracción I y 5°, fracción II, contrario sensu, de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR por notoriamente improcedente la demanda de amparo presuntamente promovida por Verónica Hernández Espejel, . En diverso aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en avenida Central número 3456, colonia Olímpica, en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Por tratarse de un juicio de naturaleza sumaria y dados los objetos que se persiguen, con apoyo en lo previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al Actuario Judicial de la adscripción para que realice las notificaciones que deriven del presente trámite aún en días y horas inhábiles. Se hace del conocimiento al actuario judicial, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. Así también, como se advierte de la certificación de cuenta, se tiene por autorizadas en términos del artículo 24 de la Ley de la Amparo, esto es, exclusivamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, toda vez que su cédula profesional no se encuentra debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otra parte, en términos de la fracción I del artículo 22 y cuarto transitorio, ambos del Acuerdo General 21/2020, se sugiere a la parte quejosa, que de ser posible transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. Asimismo, se hace del conocimiento el número telefónico oficial del Secretario encargado del asunto Luis Daniel Hernández Ortiz, siendo el número 55 53870500, extensión 1385, para la atención del presente asunto. En diverso aspecto, se hace del conocimiento de la parte quejosa que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Finalmente, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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