Verónica González Galindo
Expediente 1052/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1052/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 10/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Verónica González Galindo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Colima, Colima, diez de octubre de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta se advierte que feneció el término de cinco días conforme a los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja contra el auto de veintiuno de septiembre pasado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. En ese sentido, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el artículo 20 del citado del Acuerdo General. De conformidad con el artículo 34 del referido Acuerdo, el secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 28 del acuerdo normativo invocado. Doy fe.
- Principal
Colima, Colima, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de la quejosa ****** por el cual cumple con la prevención realizada en el proveído por el que se radicó su demanda de amparo. Consideraciones previas. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda y anexos exhibidos, se llega al conocimiento de que la parte quejosa reclama la interlocutoria de catorce de julio de dos mil veintitrés, que declara improcedente el incidente de nulidad de notificaciones interpuesto contra el acta de ejecución del laudo, dentro del juicio laboral 180/2018. Asimismo, de lo manifestado por la impetrante del amparo en su demanda, bajo protesta de decir verdad, se advierte que el ocho de junio de dos mil dieciocho, se dio por enterada del trámite del juicio laboral ordinario 180/2018, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Colima, Colima, en el que el quince de julio de dos mil veintidós, se dictó laudo condenando a la parte patronal; asimismo, que la parte quejosa el siete de febrero de dos mil veintitrés, promovió ante la autoridad responsable un incidente de nulidad de notificaciones contra el acta de ejecución del laudo, mismo que se declaró improcedente el catorce de julio de dos mil veintitrés. Desechamiento de la demanda El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sobre el particular, resulta ilustrativa la jurisprudencia I. 1º.A. J/4 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos noventa y nueve, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. En ese sentido este juzgador advierte de oficio que se actualiza una hipótesis de improcedencia que le impide analizar su constitucionalidad, y que está prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracciones IV, V y VI, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, consistente en que el juicio de amparo es improcedente contra un acto de ejecución de sentencia que no sea aquel que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." Así la parte quejosa reclama en el presente juicio de amparo la sentencia interlocutoria de catorce de julio de dos mil veintitrés, que resuelve el incidente de nulidad de notificaciones respecto interpuesto contra el acta de ejecución del laudo, dentro del expediente 180/2018. Una vez examinado el acto reclamado se obtiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el taxativo 107, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Así, de la interpretación gramatical del artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo. Por su parte, el taxativo 107, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, ha sido interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 217/2017, en la que se sostuvo que de dichas fracciones, se derivan, en lo que interesa, dos reglas muy claras: I. Se señala que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo emitidos fuera de juicio o después de concluido el juicio; pero que en último supuesto, el amparo sólo procederá: a. Contra la última resolución del procedimiento de ejecución de sentencia, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; o, b. Contra la última resolución del procedimiento de remate, entendida como la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados. Existiendo la posibilidad de reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante esos procedimientos que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. II. Asimismo, se establece la procedencia del amparo indirecto contra actos emitidos dentro de juicio, cuando su ejecución sea de imposible reparación, es decir, que afecten derechos sustantivos del quejoso. En este sentido, la Sala señaló que la regla derivada de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo consiste en admitir la procedencia del amparo contra actos dictados dentro del juicio, esto es, sin esperar a que el procedimiento culmine con el dictado de la sentencia definitiva que dirima la controversia. Asimismo, se mencionó que dicha regla se actualiza únicamente cuando se está ante un acto cuya ejecución produzca una afectación de imposible reparación, a diferencia de lo que sucede tratándose de actos dictados después de concluido el juicio, en los que es necesario esperar a la última resolución del procedimiento de ejecución o de remate. En este contexto, se expuso que no obstante lo anterior, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado un supuesto de excepción tratándose de actos emitidos en ejecución de sentencia, pues ha interpretado que sí es procedente el amparo indirecto, entre otros, aquéllos respecto de los cuales, el acto reclamado afecta derechos sustantivos de manera inmediata ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Para tal efecto se atendió a la jurisprudencia P./J. 108/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, página 6, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En esta tesitura, la Segunda Sala argumentó que la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, en la que se establecen diversas restricciones en relación con la impugnación de actos ejecutados después de concluido el juicio, tales como reservar la promoción del juicio de amparo exclusivamente contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia o del procedimiento de remate. Esto es, la fracción señalada, establece en principio una regla autónoma relativa a que tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto procede en contra de la última resolución de dicho procedimiento; sin embargo, cuando haya actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, se puede excepcionalmente aplicar por analogía la fracción V del mismo numeral, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto, dado que se estaría ante una posible afectación de imposible reparación, ello, sin que dicha aplicación por analogía permita la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución, por violaciones procesales relevantes. En efecto, si bien es cierto que la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación esta prevista en la fracción V de la Ley de Amparo y se refiere a actos dentro del juicio; el Alto Tribunal ya ha establecido, que dicha regla puede extenderse a lo dispuesto en la fracción relativa a los actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, dado que existe la posibilidad de impugnarlos por las partes cuando: a) El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y b) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. En síntesis, se expresó que un acto dictado en ejecución de sentencia puede reclamarse a través del amparo indirecto, de acuerdo con lo siguiente: Que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente, esto es, de aquella resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, u ordena el archivo definitivo del expediente; o, tratándose del procedimiento de remate, aquella resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados (regla general); Cuando el acto reclamado genere una afectación inmediata a los derechos sustantivos ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia (regla de excepción). Sentado lo anterior, se señaló que en las ejecutorias en las que se determinó la existencia de la contradicción de tesis, se abordó el tema relativo a la procedencia del amparo indirecto respecto de los actos dictados en procedimientos de ejecución de laudos, que no son independientes de la propia ejecución, es decir, su finalidad es cumplirla. En la citada ejecutoria la Sala interpretó los artículos 939 al 974 de la Ley Federal del Trabajo antes de la reforma de uno de mayo de dos mil diecinueve, de los cuales obtuvo que los laudos deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación y transcurrido este tiempo, en caso de que no se hubiese promovido amparo directo, el Presidente de la Junta, a petición de parte, dictará auto de requerimiento de pago y embargo. Ahora bien, de lo manifestado por la impetrante del amparo en su demanda, bajo protesta de decir verdad, así como de la copia de la resolución reclamada que obra en el sumario, se advierte que el juicio laboral de origen, se encuentra en etapa de ejecución de laudo. En esa sintonía, de los artículos de la Ley Federal de Trabajo descritos ut supra, se señala que el Actuario debe desahogar la diligencia de ejecución laudo, procediendo en primer lugar a requerir el pago a la parte deudora y, en caso de negarse, se procederá al embargo, que deberá seguir las reglas previstas en los numerales 950 a 966 en cita, y concluidas las diligencias de embargo, debe atenderse al procedimiento previsto para el remate de los bienes que así lo ameriten. Además, que con lo anterior se demuestra que cualquier embargo de bienes de la persona que resultó condenada mediante laudo firme, como lo es la diligencia de cuatro de enero de dos mil veintitrés, contra la cual se interpuso el incidente de nulidad de actuaciones que reclama la parte quejosa, emitido dentro del procedimiento de ejecución previsto en dichos numerales de la Ley Federal del Trabajo, no constituye un acto ajeno a la propia ejecución de la sentencia, pues forma parte de éste. Consideraciones de las cuales emana la jurisprudencia 2a./J. 153/2017 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, Décima Época, página 643, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y contenido siguiente: "EMBARGO DE NUMERARIO CONTENIDO EN UNA CUENTA BANCARIA DECRETADO EXCLUSIVAMENTE POR LA CANTIDAD LÍQUIDA IMPUESTA COMO CONDENA EN EL JUICIO LABORAL. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN LA QUE SE REQUIERE A LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO LA ENTREGA A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CANTIDAD ASEGURADA Y ORDENA LA NOTIFICACIÓN PERSONAL AL PATRÓN. Conforme al artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, en los procedimientos de remate el juicio de amparo indirecto procede contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, sin contemplar los casos en los que el embargo recae sobre objetos que no requieren de remate, como lo es el numerario contenido en una cuenta bancaria. Así es, existen casos en los que, dada su naturaleza, es improcedente el remate de bienes, como sucede cuando se embargan, con fundamento en el artículo 956 de la Ley Federal del Trabajo, dinero o créditos realizables en el acto, pues dicha norma autoriza que en esos eventos el actuario trabe embargo y los ponga a disposición del presidente de la Junta, quien deberá resolver de inmediato sobre el pago al actor, sin que la Ley de Amparo establezca con claridad contra qué acto procede el juicio constitucional cuando resulta innecesario el remate. Ahora bien, este precepto, interpretado por analogía, permite considerar que tratándose del embargo de numerario contenido en una cuenta bancaria propiedad del patrón, cuando el actuario lo decreta por un monto determinado dentro del procedimiento de ejecución previsto en los artículos 950 a 966 de la Ley Federal del Trabajo, sobre la cantidad líquida que se pretende ejecutar el laudo, no es impugnable mediante el juicio de amparo indirecto, pues sólo procede contra la resolución que en definitiva requiere a la institución de crédito la entrega a la Junta de Conciliación y Arbitraje de la referida cantidad asegurada y ordena, con fundamento en el artículo 742, fracción XII, de la Ley Federal del Trabajo, la notificación personal al patrón a efecto de estar en aptitud de promover el juicio de garantías, momento en el que pueden hacerse valer todas las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución. Considerar lo contrario, esto es, admitir la impugnación del embargo, permitiría interrumpir la secuela ejecutiva del laudo seguida por un tribunal del trabajo, lo que, precisamente, el legislador pretendió evitar en el artículo 107 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al vedar la impugnación de cualquier acto distinto a la orden de entrega de los bienes." En este sentido, si la quejosa reclama la interlocutoria de catorce de julio de dos mil veintitrés, que declara improcedente el incidente de nulidad de actuaciones, interpuesto contra la diligencia de ejecución de laudo, dentro del expediente 180/2018; resulta que el juicio de amparo promovido por la parte quejosa es improcedente, pues si bien se llevó a cabo el embargo de bienes de la demandada, con lo cual existiría una afectación al patrimonio de la persona que fue condenada en el juicio laboral, dicha afectación es consecuencia directa del laudo que se encuentra firme y se pretende ejecutar, por lo que, de permitirse la impugnación de tal acto se estaría obstaculizando el cumplimiento de un laudo, que es de orden público y, precisamente, pretendió evitar el legislador con la redacción del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Además, no puede aseverarse que se deja en total estado de indefensión al demandado, toda vez que la quejosa está en aptitud de hacer valer el amparo indirecto contra la última resolución del procedimiento de ejecución, reclamando cualquier violación cometida durante éste. Es aplicable la tesis 2°.VIII/98, Novena Época de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 230, Tomo VII, Febrero de 1998, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución." En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el taxativo 107, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, respecto al acto reclamado en el presente juicio constitucional, por lo que se impone desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a. XCI/2015 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época, página 690, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO. El precepto y fracción citados, al establecer que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo, no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo." Sin que la presente determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo, de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, Julio de 2006, página 921, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesario para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis LXXXII/2012 (10a.) d la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XIV, noviembre de dos mil doce, tomo 2, página 1587, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487, en cuyo rubro señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente"
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Colima, Colima, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta a través del cual ******************** autorizado en amplios términos de la parte quejosa, pretende cumplir con la prevención efectuada en auto de radicación. Sin que sea el caso tener por cumplida la misma, en razón de que el autorizado en amplios términos no se encuentra facultado para ello. Es aplicable, la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.) de la Primera Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA." Atento a lo anterior, persiste el apercibimiento decretado en el proveído que se pretende cumplir.
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Colima, Colima, trece de septiembre de dos mil veintitrés. De la comparecencia de cuenta se desprende que la quejosa Verónica González Galindo, reconoció como suya la firma estampada en el documento con número de control 13516, mediante el cual pretende cumplir con la prevención realizada en el auto de radicación: por tanto, se provee en los términos siguientes. De actuaciones se desprende que en proveído de veintinueve de agosto del año en curso, se previno a la quejosa para que cumpliera con lo siguiente: "1.-Proporcione el domicilio de los terceros interesados que refiere en su demanda o bien si lo desconoce así lo manifieste bajo protesta de decir verdad, en términos del artículo 108, fracción II, de la Ley de Amparo. 2.-Señale los antecedentes del acto reclamado, es decir, bajo protesta de decir verdad, deberá narrar en forma cronológica todos y cada uno de los hechos del expediente de origen, desde la presentación de la demanda respectiva hasta el estado procesal en que actualmente se encuentra el expediente 180/2018, en los que deberá incluir qué fue lo que se resolvió en la interlocutoria reclamada, así como la fecha de emisión de la misma." Al respecto, en el ocurso que se provee la quejosa señala los domicilios de los terceros interesados Jaime Eduardo Villaseñor González y de la persona moral Mantenimiento Maxiclean, sociedad anónima de capital variable. Cumpliendo así como lo requerido en el punto 1. Sin embargo, no acontece lo mismo con lo exigido en el punto 2, pues, si bien, menciona parte de los antecedentes del acto reclamado, no precisa qué fue lo que se resolvió en la interlocutoria emitida en el procedimiento laboral 180/2018, ni la fecha de su emisión. En consecuencia, subsiste la prevención que se pretende cumplir. Ante tales omisiones descritas, desde este momento se interrumpe el plazo de cinco días que se le concedió en proveído de veintinueve de agosto dos mil veintitrés; por tanto, toda vez que presentó su ocurso de cuenta el seis del mes y año curso, es decir, en el tercer día del término que se le otorgó, de ahí que cuenta con tres días, a fin de que cumpla debidamente con lo requerido en dicho acuerdo, sin que esté por demás precisar, que el plazo será reanudado una vez que surta sus efectos la notificación que del presente acuerdo se practique. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a/J. 106/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO."
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