Verónica Garduño Estrada

Expediente 40/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
40/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
14/02/2019

Partes del expediente

  • Verónica Garduño Estrada

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, catorce de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo; asimismo, carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Agréguese el escrito signado por la quejosa con el cual cumple con los requerimientos de catorce de los cursantes. Ahora bien, del análisis al escrito de demanda se desprende que la parte quejosa reclama: La emisión y firma de la resolución de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, dictada en el expediente Q.027/2016, a través del cual se le impone a la quejosa la sanción administrativa de amonestación. En ese sentido, resulta improcedente el juicio de amparo, en atención a que se actualiza la causa prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley." De lo anterior, se observa que la regla a fin de que se actualicen los supuestos de la fracción invocada, es que en contra del acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa que pueda nulificar, modificar o revocar el acto reclamado. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses existe el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos judiciales no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio constitucional. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio constitucional, deban agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 447, visible en la página 297, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo" Así también, apoya a lo anterior la jurisprudencia 573, visible en la página 515, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." En ese sentido, de las manifestaciones realizadas por la quejosa, bajo protesta de decir verdad, se obtiene que se le inició, en su contra, el procedimiento de administrativo Q-027/2016; por parte de la Junta de Coordinación Política de la LIX Legislatura del Estado de México, en el cual se dictó resolución el veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, circunstancia que origina que, al tener la calidad de parte, pueda revocar tal determinación, tal como se acredita con el numeral 65 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México, vigente al momento de dictarse el acto reclamado, el cual establece : "Artículo 65.- Contra los actos y resoluciones administrativas que dicten o ejecuten las autoridades competentes, en aplicación de la presente ley, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso de inconformidad ante la propia autoridad que emitió el acto, o el Juicio Contencioso Administrativo, de conformidad con el Código de Procedimientos Administrativos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México." De ahí que, la parte quejosa está en aptitud de promover el recurso de inconformidad en contra de la resolución de mérito. Aunado, a que el Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura del Estado de México, manifestó mediante su oficio presentado el veintiocho de enero pasado, en la oficialía de partes de este Juzgado Federal, que la quejosa no interpuso recurso de inconformidad, contra de la resolución de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis. Ahora bien, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional las manifestaciones realizadas por la quejosa en relación a que el Juicio Contencioso Administrativo no procederá en contra de los actos y resoluciones que emitan o ejecuten los Poderes Legislativo y Judicial, sus órganos y dependencias; sin embargo, tal como quedó asentado en párrafos anteriores el medio ordinario que procede es el recurso de inconformidad, más no el Juicio Contencioso Administrativo. Asimismo, este órgano jurisdiccional toma en cuenta lo establecido en la fracción XII del artículo 1.8 del Código Administrativo del Estado de México, en relación a que cuando se trata de resoluciones desfavorables a los derechos legítimos de los particulares, deberá de hacerse mención del derecho y plazo que tienen para promover el recurso administrativo de inconformidad o el juicio Contencioso Administrativo; empero, en el presente tal como lo narra la quejosa en su escrito inicial de demanda, la misma ocupaba el cargo de cuarta regidora en el municipio de Zinacantepec, por lo que se le inició un procedimiento administrativo en relación a la omisión de dar contestación a un escrito de petición presentado por un ciudadano; por lo tanto, es incuestionable que la sentencia de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, no constituye un acto de molestia a los particulares ya que la quejosa ostentaba el cargo de servidor público y debido a esto se le inició el procedimiento Q-027/2016. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XX, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda en estudio por notoriamente improcedente.

  3. Principal

    Agréguese el oficio signado por la autoridad que lo suscribe, por medio del cual da observancia al requerimiento de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, en ese sentido, téngase por satisfecho el mismo; y, déjese sin efectos el apercibimiento con que se le conminó. Atento a ello, se reserva acordar lo conducente hasta en tanto la parte quejosa desahogue la prevención realizada en el proveído de catorce de enero pasado.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL

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