Verónica García López

Expediente 803/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
803/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
28/07/2016

Partes del expediente

  • Verónica García López

Actuaciones

  1. Principal

    El veintiocho de julio de dos mil dieciséis, la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, transcurrió del catorce al veinte del mes y año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del auto de ocho de los corrientes, dentro del juicio de amparo 803/2016-7. DOY FE. En la misma fecha la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, doy cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de julio de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación asentada por la Secretaria adscrita a este juzgado, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de ocho del mes y año en curso, que desechó la demanda de amparo promovida por Verónica García López y Francisco Caldera Luis, por propio derecho y en representación de Gael Alejandro Caldera García; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, de la Ley de la materia, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que el presente expediente no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe. Ángeles

  2. Principal

    En ocho de julio de dos mil dieciséis, la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, da cuenta a la Titular, con un escrito con número de registro 12637, un anexo certificado; seis copias de traslado y el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, ocho de julio de dos mil dieciséis. RECEPCIÓN DE ESCRITO Y ESTADO DE AUTOS. Agréguese a los autos el escrito y anexo que suscribe Francisco Calera Luis representante común de la parte quejosa, por medio del cual da cumplimiento a lo requerido por este Juzgado mediante proveídos de veintiocho de junio de la anualidad que transcurre, y al efecto anexa a su ocurso de cuenta copia certificada del acta de nacimiento del menor de edad Gael Alejandro Caldera García, de la cual se desprende que sus progenitores son los aquí quejosos Francisco Caldera Luis y Verónica García López; en consecuencia, téngase por acreditada la personalidad de los referidos quejosos como representante legal del menor de edad en mención-al tenor del documento certificado que anexa el promovente a su libelo de cuenta-, en términos de los numerales 6 y 10 de la Ley de amparo, por tanto, se provee: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo vigente, al tenor del ocurso de que se trata y anexo, téngase a la parte promovente dando cumplimiento al requerimiento contenido en autos. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora bien, de la intelección integral de la demanda de amparo, se extrae el siguiente acto reclamado al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial del Municipio de Nochistlán de Mejía, Zacatecas: La interlocutoria de seis de junio del presente año, emitida dentro del juicio ordinario civil 45/2016 relativo al reconocimiento de paternidad, promovido por Francisco Aquino Jiménez, en contra de los ahora quejosos; determinación que declaró improcedente el recurso de revocación planteado por la parte aquí quejosa, en contra del auto de once de abril a través de la cual se declaró infundado la excepción de falta de legitimación activa en la parte actora. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora bien, al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". DESECHAMIENTO. En términos del numeral invocado con antelación, la demanda de amparo que presentó la parte quejosa, contra del acto anteriormente precisado, es improcedente. Lo anterior, puesto que se trata de una decisión jurisdiccional intraprocesal cuyo alcance jurídico y material carece del carácter de irreparable en perjuicio de los hoy quejosos, por lo que se actualiza lo establecido en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo, el último aplicado en sentido contrario que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Las letras reproducidas revelan que la procedencia del amparo en tratándose de actos sucedidos en el juicio presupone como requisito que sus efectos sean de imposible reparación por afectar derechos sustantivos reconocidos por la Constitución General de la República y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En relación a la evolución histórica de la procedencia del amparo respecto de los actos sucedidos en el juicio bajo el esquema de la abrogada Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la regla general es que un acto es de imposible reparación y, en consecuencia, reclamable a través del amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando la violación afecta de manera inmediata o directa algún derecho sustantivo o fundamental, y que para discernir entre aquéllos que lo son de los que no, es un parámetro válido atender si sus efectos trascienden más allá del ámbito procesal y afectan derechos sustantivos, por lo que a pesar de que el gobernado obtuviera una sentencia favorable a sus intereses, no se vería reparado el perjuicio ocasionado por el acto reclamado, pues entonces la afectación no sería el resultado de la secuela procesal; asimismo, también consideró que existe la posibilidad de que sea procedente el juicio de amparo indirecto bajo el esquema de aquella ley, contra actos dentro del juicio que tuvieran aparejada una afectación en grado predominante respecto de cuestiones procesales. Bajo esta última premisa se había venido estimando que el juicio de amparo indirecto es procedente contra resoluciones que aborden temas meramente procesales, pero que ahora está vedado con motivo del nuevo debate surgido en la actividad jurisdiccional por causa del texto de la porción normativa antes transcrita, que llevó a determinar al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 que derivó de la contradicción de tesis 377/2013, sustentada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, y el Segundo y Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que lleva por rubro "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2011 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)", que el texto actual del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, quedando excluidos los de naturaleza formal o adjetiva. Entonces, al tenor del criterio jurisprudencial precedente, cuya aplicación es obligatoria para esta juzgadora federal en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, se concluye la improcedencia del presente juicio de amparo, ya que en función a la naturaleza del acto aquí reclamado, se clarifica que se trata de un acto verificado dentro del procedimiento jurisdiccional, empero, con efectos meramente adjetivos, esto es, con consecuencias jurídicas al interior del proceso, sin afectar derechos sustantivos de la parte quejosa. En ese sentido, cabe señalar que la certeza del conocimiento anterior se conoce en función de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad vertieron los justiciables en su escrito inicial de demanda; de cuyo contenido se destaca: Mediante escrito presentado el veintiuno de enero de dos mil dieciséis, la parte actora Francisco Aquino Jiménez, demandó en la vía ordinaria civil 45/2016 a los ahora quejosos, el reconocimiento de paternidad y custodia del menor de edad Gael Alejandro Caldera García. Demanda que los justiciables dieron contestación el treinta y uno de marzo del año actual, a través de la cual interpusieron como excepción la falta de personalidad del actor. A dicha contestación la autoridad responsable se pronunció el once de abril del año en curso, determinando que la excepción opuesta por los quejosos carecían de razón. Inconforme con el proveído citado, la parte demandada promovió recurso de revocación. Interlocutoria que fue resuelta el seis de junio de dos mil dieciséis, declarándose infundada dicha incidencia y firme la improcedencia de la excepción de falta de legitimación activa de la parte actora dentro del juicio natural. Interlocutoria que constituye el acto aquí reclamado. Las anteriores expresiones bajo protesta de decir verdad formuladas por la parte quejosa adquieren fuerza probatoria plena con fundamento en los numerales 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, porque son expresiones que en forma espontánea vierte la parte promovente, de ahí que se traduzcan en confesión. Es aplicable por identidad de razones la Jurisprudencia P./J. 27/96, perteneciente a la novena época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Junio de 1996, página 57; que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO." A la luz del marco transcrito, esta Juzgadora sostiene que la determinación asumida por la autoridad responsable, a través de la cual determinó declarar improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del auto que declaró infundada la excepción de falta de legitimación activa del actor, dictado dentro del juicio ordinario civil sobre reconocimiento de paternidad planteado por la parte actora, no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos del quejoso previstos en la Constitución Federal, o bien, en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, toda vez que en dicha actuación, la responsable asumió una determinación meramente procedimental, esto es, que impacta en derechos adjetivos de los demandados hoy quejosos. Determinación que por sí misma, no implican afectación a un derecho sustantivo de los quejosos, pues incluso aun cuando se haya declarado improcedente el recurso de revocación promovido en contra del auto que declaró infundada la excepción de falta de legitimación activa del actor, lo cierto es que, al momento en que se dicte sentencia definitiva, ésta podría ser favorable a los intereses de la parte demandada y, en caso contrario, tendrá expedito su derecho de impugnarla haciendo valer en su caso, las violaciones procesales que estime se le ocasionaron. En síntesis, el acto reclamado no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, pues sus consecuencias afectan solamente derechos adjetivos o procesales reparables al momento en que se dicte sentencia. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el dispositivo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ésta última interpretada a contrario sensu, pues la resolución reclamada no afecta los derechos fundamentales que a favor del individuo tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de que México es parte. En ese sentido, conviene citar la jurisprudencia número IV.2º.C.J/2 (10ª), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en la página 1539, libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Décima Época, de rubro y texto siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera". Sin que con la anterior decisión se deje en estado de indefensión a los justiciables en la medida en que cuando se resuelva en definitiva el juicio natural del que deriva el acto reclamado, el hoy solicitante del amparo puede reclamar las violaciones al procedimiento siempre que trasciendan al resultado del fallo; en términos de lo dispuesto por el artículo 171 de la Ley de Amparo. Como apoyo a la determinación aquí adoptada, se cita la tesis II.1o.C.1 K (10a.), registro 2005910, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que se lee: "PERSONALIDAD. LA RESOLUCIÓN QUE DESESTIMA ESA EXCEPCIÓN NO AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO EN VIGOR A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El siete de febrero de dos mil trece, previo a la aprobación de la minuta con proyecto de decreto por el que se expidió dicha legislación, la Cámara de Diputados adujo, entre otras cosas, que incorporaba en forma puntual criterios que se habían desprendido de la jurisprudencia y de la doctrina jurídica que facilitaban el entendimiento del juicio de amparo, y que trataban de explicar en forma clara y precisa los aspectos técnicos del juicio de amparo, y fuera asequible para el común de las personas. Sobre esa base, como en la praxis judicial se desarrollaron criterios que interpretaban la Ley de Amparo abrogada, específicamente, tratándose de actos de imposible reparación se situaba como tales, tanto a los que afectaran derechos sustantivos como a los adjetivos o procesales que ocasionaran una afectación exorbitante o en grado superior, y ahora en la Ley de Amparo vigente se acota expresamente a los primeros, debe entenderse que ante esa limitación, los citados en segundo plano no son susceptibles de combatirse en amparo indirecto, dado que no se incorporaron al texto del precepto de que se trata, no obstante la existencia de esos dos criterios orientadores que antaño interpretaban lo que debía entenderse por actos de imposible reparación. De ahí, entonces, que aun cuando la resolución que desestime la excepción de falta de personalidad pueda considerarse una violación procesal relevante, finalmente no ocasiona una afectación a derechos sustantivos, sino sólo procesales adjetivos y, por ende, debe reclamarse en la vía directa. De esta forma, este Tribunal Colegiado, en una nueva reflexión, se aparta del que venía sosteniendo desde el tres de abril de dos mil trece, en relación con el tema ahora analizado, y donde se había pronunciado en sentido diverso." Por tanto, con fundamento en los artículos fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el último mencionado interpretado a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de garantías promovida por Verónica García López y Francisco Caldera Luis, por propio derecho y en representación del menor de edad Gael Alejandro Caldera García. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. En el entendido de que subsisten los autorizados y el domicilio para oír y recibir notificaciones, precisados en el auto inicial. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Expídase testimonio autorizado del presente proveído a fin de ser entregado a la parte quejosa con motivo de su notificación. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo provee y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, quien actúa legalmente asistida de la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria quien autoriza. Doy fe. SISE___ DEY____

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: "CUENTA******************** En veintiocho de junio de dos mil dieciséis, el secretario licenciado********************da cuenta a la Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, con la demanda de amparo promovida por********************por propio derecho, y en representación del menor Gael Alejandro Caldera García, contra actos del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial del Municipio de Nochistlán de Mejía, Zacatecas, con número de registro 12015; y siete copias de traslado******************** Conste********************************************************************************************************************************************Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de junio de dos mil dieciséis************************************************************RECEPCIÓN Y DEMANDA******************** Vista la demanda de amparo que promueve********************por propio derecho, y en representación del menor Gael Alejandro Caldera García, contra actos del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial del Municipio de Nochistlán de Mejía, Zacatecas************************************************************EXPEDIENTE Y REGISTRO******************** Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 803/2016-7, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado******************** ****************************************En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio******************** ****************************************PREVENCIÓN******************** Ahora, teniendo en consideración que********************se ostentan como titulares en el ejercicio de la patria potestad de su menor hijo Gael Alejandro Caldera García; sin embargo, como no se advierte que satisfaga un presupuesto procesal cuyo estudio debe ser oficioso y preferente por parte de éste Juzgado ya que de no estar plenamente satisfecho, redunda en una irregularidad que desde luego debe ser subsanada en términos del artículo 108, fracción I, y 114, fracción III, de la Ley de Amparo; por tanto, prevéngase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días hábiles, contado a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla con lo siguiente:****************************************a) Exhiban copia certificada del acta de nacimiento del menor cuya representación aducen, esto es, Gael Alejandro Caldera García; ello en virtud de que los ocursantes promueven por propio derecho, pero además se ostentan como titulares del ejercicio de la patria potestad sobre su menor hijo, de manera que es preciso que quede acreditada la filiación que afirman************************************************************Lo anterior, considerando que los promoventes fueron omisos en aportar documental alguna que revele la representación que dicen ostentar respecto del citado menor de edad************************************************************Ilustra al respecto la Tesis con número de registro 356238, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación LVIII, página 315, cuyo rubro y texto dice:****************************************"MENORES, SU PERSONALIDAD EN EL AMPARO******************** El acta de nacimiento de un menor debe regirse por las leyes del lugar donde tuvo verificativo el acto de estado civil que contiene, y si conforme a estas, el que ejerce la patria potestad, es el representante legítimo de los que están bajo de ella, y los hijos menores de edad no emancipados, están bajo la patria potestad, mientras exista alguno de los ascendientes a quienes corresponde aquella, según la ley, es claro que como la patria potestad se ejerce por el padre, sin distinción alguna, dicha acta de nacimiento prueba plenamente que quien representa al menor en un juicio de amparo, es su padre, toda vez que la designación del ascendiente que presenta al nacido, es real, dado que debe hacerse constar en el acta de nacimiento, de conformidad con las disposiciones legales respectivas; en esa virtud, e independientemente de la filiación legítima o natural que en realidad pueda corresponder al menor, esta fuera de duda la calidad de padre de quien a su nombre promueve, lo que basta para tener por bien admitida la representación con que aquel promueve el juicio a nombre de su hijo menor********************"****************************************De igual manera, se invoca la tesis aislada I********************8º********************A********************10 K (10ª) con número de registro 2011985, sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice:****************************************"REPRESENTACIÓN DE UN MENOR EN EL AMPARO INDIRECTO******************** LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE VERIFICAR LA DEBIDA LEGITIMACIÓN DE QUIEN PROMOVIÓ EL JUICIO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN******************** De conformidad con la fracción IV del artículo 93 de la Ley de Amparo, el órgano revisor deberá revocar la resolución recurrida cuando por acción u omisión se hayan violado las reglas fundamentales que norman el procedimiento, siempre que las violaciones hayan trascendido al resultado del fallo******************** Entre esas reglas se encuentra la relativa a verificar la debida legitimación de quien promueve el juicio de amparo en representación de un menor de edad, a fin de garantizar una representación adecuada del infante y concretar la igualdad en el acceso a la justicia en todo proceso judicial, en observancia al principio de interés superior del niño******************** En ese sentido, constituye una violación procesal en los términos descritos, que el Juez de Distrito deseche una demanda de amparo indirecto respecto de un menor, con motivo de que quien se ostentó como su representante incumplió con la carga procesal de acreditar su personalidad, la cual afirmó tener reconocida ante la autoridad responsable, sin que lo hubiera requerido para hacerlo y, en su caso, recabar de la autoridad responsable la constancia respectiva, pues ello implica que soslayó la normativa legal, constitucional e internacional, así como los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para proteger el interés superior del menor y permitirle integrarse a la relación jurídica procesal, a fin de que tenga una participación efectiva, que asegure el ejercicio pleno de sus derechos******************** Por tanto, si se advierte que durante la secuela del amparo no se verificó la debida legitimación de la persona que promovió el juicio en representación del menor quejoso, debe reponerse el procedimiento"************************************************************APERCIBIMIENTO******************** Apercibida la parte quejosa, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que en caso de no dar cumplimiento a la prevención antes descrita, se tendrá por no presentada la demanda de amparo por cuanto hace al referido menor, y se proveerá lo conducente respecto de la admisibilidad de la demanda promovida por propio derecho************************************************************Al respecto ilustra la tesis perteneciente a la Quinta Época, que expuso la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación LXII, página 1044, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACION DE LA********************"****************************************En relación a lo expuesto cabe citar la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1716, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, bajo el rubro: "DEMANDA DE AMPARO******************** EL JUEZ DE DISTRITO, AL PREVENIR AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE EXPRESAR CON CLARIDAD Y PRECISIÓN LAS IRREGULARIDADES O DEFICIENCIAS QUE DEBEN LLENARSE PARA QUE EL QUEJOSO ESTÉ EN APTITUD DE SUBSANARLAS********************"****************************************EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS******************** Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados******************** ****************************************REPRESENTANTE COMÚN******************** En términos del numeral 13 de la Ley de la Materia, como lo solicitan los impetrantes del amparo, téngaseles designado como representante común a Francisco Caldera Luis, para los efectos legales conducentes************************************************************DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES******************** Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de la demanda, asimismo, téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley en comento al profesionista José Luis Menchaca Ordaz, quien cuenta con cédula profesional con número de folio: 2311831************************************************************Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo************************************************************HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES******************** Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21, párrafo tercero, de la ley de la materia, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles************************************************************LEY DE TRANSPARENCIA******************** Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce************************************************************Notifíquese personalmente a la parte promovente******************** ****************************************Así lo provee y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, quien actúa legalmente asistida con el secretario********************que autoriza y da fe******************** ************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************Razón******************** En la misma fecha se registró el expediente en el libro de gobierno bajo el progresivo 803/2016-7, y se cumple con lo ordenado******************** Conste************************************************************SISE___ DEY____********************

  4. Principal

    CUENTA******************** En veintiocho de junio de dos mil dieciséis, el secretario licenciado********************da cuenta a la Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, con la demanda de amparo promovida por********************por propio derecho, y en representación del menor Gael Alejandro Caldera García, contra actos del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial del Municipio de Nochistlán de Mejía, Zacatecas, con número de registro 12015; y siete copias de traslado******************** Conste********************************************************************************************************************************************Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de junio de dos mil dieciséis************************************************************RECEPCIÓN Y DEMANDA******************** Vista la demanda de amparo que promueve********************por propio derecho, y en representación del menor Gael Alejandro Caldera García, contra actos del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial del Municipio de Nochistlán de Mejía, Zacatecas************************************************************EXPEDIENTE Y REGISTRO******************** Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 803/2016-7, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado******************** ****************************************En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio******************** ****************************************PREVENCIÓN******************** Ahora, teniendo en consideración que********************se ostentan como titulares en el ejercicio de la patria potestad de su menor hijo Gael Alejandro Caldera García; sin embargo, como no se advierte que satisfaga un presupuesto procesal cuyo estudio debe ser oficioso y preferente por parte de éste Juzgado ya que de no estar plenamente satisfecho, redunda en una irregularidad que desde luego debe ser subsanada en términos del artículo 108, fracción I, y 114, fracción III, de la Ley de Amparo; por tanto, prevéngase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días hábiles, contado a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla con lo siguiente:****************************************a) Exhiban copia certificada del acta de nacimiento del menor cuya representación aducen, esto es, Gael Alejandro Caldera García; ello en virtud de que los ocursantes promueven por propio derecho, pero además se ostentan como titulares del ejercicio de la patria potestad sobre su menor hijo, de manera que es preciso que quede acreditada la filiación que afirman************************************************************Lo anterior, considerando que los promoventes fueron omisos en aportar documental alguna que revele la representación que dicen ostentar respecto del citado menor de edad************************************************************Ilustra al respecto la Tesis con número de registro 356238, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación LVIII, página 315, cuyo rubro y texto dice:****************************************"MENORES, SU PERSONALIDAD EN EL AMPARO******************** El acta de nacimiento de un menor debe regirse por las leyes del lugar donde tuvo verificativo el acto de estado civil que contiene, y si conforme a estas, el que ejerce la patria potestad, es el representante legítimo de los que están bajo de ella, y los hijos menores de edad no emancipados, están bajo la patria potestad, mientras exista alguno de los ascendientes a quienes corresponde aquella, según la ley, es claro que como la patria potestad se ejerce por el padre, sin distinción alguna, dicha acta de nacimiento prueba plenamente que quien representa al menor en un juicio de amparo, es su padre, toda vez que la designación del ascendiente que presenta al nacido, es real, dado que debe hacerse constar en el acta de nacimiento, de conformidad con las disposiciones legales respectivas; en esa virtud, e independientemente de la filiación legítima o natural que en realidad pueda corresponder al menor, esta fuera de duda la calidad de padre de quien a su nombre promueve, lo que basta para tener por bien admitida la representación con que aquel promueve el juicio a nombre de su hijo menor********************"****************************************De igual manera, se invoca la tesis aislada I********************8º********************A********************10 K (10ª) con número de registro 2011985, sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice:****************************************"REPRESENTACIÓN DE UN MENOR EN EL AMPARO INDIRECTO******************** LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE VERIFICAR LA DEBIDA LEGITIMACIÓN DE QUIEN PROMOVIÓ EL JUICIO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN******************** De conformidad con la fracción IV del artículo 93 de la Ley de Amparo, el órgano revisor deberá revocar la resolución recurrida cuando por acción u omisión se hayan violado las reglas fundamentales que norman el procedimiento, siempre que las violaciones hayan trascendido al resultado del fallo******************** Entre esas reglas se encuentra la relativa a verificar la debida legitimación de quien promueve el juicio de amparo en representación de un menor de edad, a fin de garantizar una representación adecuada del infante y concretar la igualdad en el acceso a la justicia en todo proceso judicial, en observancia al principio de interés superior del niño******************** En ese sentido, constituye una violación procesal en los términos descritos, que el Juez de Distrito deseche una demanda de amparo indirecto respecto de un menor, con motivo de que quien se ostentó como su representante incumplió con la carga procesal de acreditar su personalidad, la cual afirmó tener reconocida ante la autoridad responsable, sin que lo hubiera requerido para hacerlo y, en su caso, recabar de la autoridad responsable la constancia respectiva, pues ello implica que soslayó la normativa legal, constitucional e internacional, así como los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para proteger el interés superior del menor y permitirle integrarse a la relación jurídica procesal, a fin de que tenga una participación efectiva, que asegure el ejercicio pleno de sus derechos******************** Por tanto, si se advierte que durante la secuela del amparo no se verificó la debida legitimación de la persona que promovió el juicio en representación del menor quejoso, debe reponerse el procedimiento"************************************************************APERCIBIMIENTO******************** Apercibida la parte quejosa, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que en caso de no dar cumplimiento a la prevención antes descrita, se tendrá por no presentada la demanda de amparo por cuanto hace al referido menor, y se proveerá lo conducente respecto de la admisibilidad de la demanda promovida por propio derecho************************************************************Al respecto ilustra la tesis perteneciente a la Quinta Época, que expuso la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación LXII, página 1044, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACION DE LA********************"****************************************En relación a lo expuesto cabe citar la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1716, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, bajo el rubro: "DEMANDA DE AMPARO******************** EL JUEZ DE DISTRITO, AL PREVENIR AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE EXPRESAR CON CLARIDAD Y PRECISIÓN LAS IRREGULARIDADES O DEFICIENCIAS QUE DEBEN LLENARSE PARA QUE EL QUEJOSO ESTÉ EN APTITUD DE SUBSANARLAS********************"****************************************EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS******************** Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados******************** ****************************************REPRESENTANTE COMÚN******************** En términos del numeral 13 de la Ley de la Materia, como lo solicitan los impetrantes del amparo, téngaseles designado como representante común a Francisco Caldera Luis, para los efectos legales conducentes************************************************************DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES******************** Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de la demanda, asimismo, téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley en comento al profesionista José Luis Menchaca Ordaz, quien cuenta con cédula profesional con número de folio: 2311831************************************************************Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo************************************************************HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES******************** Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21, párrafo tercero, de la ley de la materia, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles************************************************************LEY DE TRANSPARENCIA******************** Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce************************************************************Notifíquese personalmente a la parte promovente******************** ****************************************Así lo provee y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, quien actúa legalmente asistida con el secretario********************que autoriza y da fe******************** 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