Verónica Galán Hernández
Expediente 779/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 779/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 04/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Verónica Galán Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de marzo de dos mil veintidós. Adjúntese el oficio de la Actuaria Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta localidad, mediante el cual transcribe el acuerdo de dos de marzo de dos mil veintidós, en el que se declaró precluido el derecho del quejoso para interponer recurso de reclamación contra el auto de catorce de febrero del presente año, en el que se desechó por extemporáneo el recurso de revisión interpuesto por la quejosa Verónica Galán Hernández, contra la sentencia; así también, devuelve los autos originales del juicio de amparo 779/2021, un CD y un tomo de prueba. Acúsese recibo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) (juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado, por lo que es susceptible de depuración. b) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los noventa días siguientes se deberá depurar este expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada. c) Terminado el proceso de depuración, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hacer constar que en este expediente no obran documentos originales exhibidos por las partes. Por último, devuélvase a la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, los autos originales del toca penal JOTP/47/2019, así como el disco certificado en formato DVD, que remitió la citada autoridad como justificación al informe rendido en autos. Solicítese el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el escrito signado por la parte quejosa, en atención a su contenido y para los efectos del recurso de revisión que interpone en contra de la sentencia dictada en este juicio de amparo; con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 y 89 de la Ley de Amparo, glósese a los autos una copia del escrito de expresión de agravios, distribúyase entre las demás partes una copia del mismo, y una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, remítase el original y copia del escrito de agravios, así como el original del presente juicio al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Trabajo en turno de este Décimo Tercer Circuito, un tomo de pruebas relativo al toca penal JOTP/47/2019 del índice de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, y un DVD relativo a la causa penal 38/2019 del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca, para los efectos de la substanciación del recurso. Fórmese el cuaderno de antecedentes únicamente con la copia de la demanda de amparo, auto admisorio y de este proveído, sin que sea necesario deducir más constancias, puesto que este juicio se encuentra debidamente integrado para su consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como lo dispone el artículo 3° de la Ley de Amparo; por lo que de ser necesario, su consulta se hará por ese medio. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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PREVIO CITATORIO QUE SE DEJÓ A LA PARTE QUEJOSA, LE NOTIFICO EL AUTO QUE SE INSERTA. - - - - - - - - - - -San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el escrito signado por la parte quejosa, en atención a su contenido y para los efectos del recurso de revisión que interpone en contra de la sentencia dictada en este juicio de amparo; con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 y 89 de la Ley de Amparo, glósese a los autos una copia del escrito de expresión de agravios, distribúyase entre las demás partes una copia del mismo, y una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, remítase el original y copia del escrito de agravios, así como el original del presente juicio al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Trabajo en turno de este Décimo Tercer Circuito, un tomo de pruebas relativo al toca penal JOTP/47/2019 del índice de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, y un DVD relativo a la causa penal 38/2019 del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca, para los efectos de la substanciación del recurso. Fórmese el cuaderno de antecedentes únicamente con la copia de la demanda de amparo, auto admisorio y de este proveído, sin que sea necesario deducir más constancias, puesto que este juicio se encuentra debidamente integrado para su consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como lo dispone el artículo 3° de la Ley de Amparo; por lo que de ser necesario, su consulta se hará por ese medio. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 779/2021; R E S U L T A N D O: R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Verónica Galán Hernández, por su propio derecho, mediante escrito presentado el trece de julio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, y que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Federal, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto atribuido a los Magistrados de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, consistente en: "ACTO RECLAMADO: La ilegal e injusta RESOLUCIÓN que fue dictada en el toca penal JOTP/47/2021, el día cinco de julio del año dos mil veintiuno, consistente en la confirmación del auto de no vinculación a proceso, en la causa penal número 38/2019 que está radicado ante el juez de Control del Circuito Judicial de Valles centrales sede Ejutla de Crespo, Oaxaca." Que estimó violatorio de los derechos humanos contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 20 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Actualización de un supuesto de relación por conocimiento previo. La demanda se turnó al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien en determinación de quince de julio de dos mil veintiuno, le asignó el número de juicio de amparo 767/2021, y por considerar actualizado el supuesto de relación previsto en el artículo 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, remitió a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, la demanda de amparo. TERCERO. Aceptación del conocimiento del asunto y admisión de demanda. En proveído de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal aceptó el conocimiento del asunto, y se admitió la demanda de amparo, solicitó informe a la autoridad responsable, dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Trámite del juicio de amparo. En auto de doce de agosto del año en curso, en términos del oficio SEADS/615/2021, de siete de julio de dos mil veintiuno, del secretario ejecutivo de adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó a las partes que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el siete de julio de dos mil veintiuno, acordó la adscripción del juez Marco Antonio Vignola Conde, como titular de este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del dieciséis de agosto del presente año. En proveído de trece de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó emplazar, en su carácter de terceros interesados a José Manuel Pérez Suárez, y al Agente del Ministerio Público adscrito a la de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Lo que se realizó en sus términos. Seguido el trámite respectivo, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 6º, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo en vigor; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener "(.) La fijación clara y precisa del acto reclamado; (.)", es necesario delimitar los actos combatidos que se desprenden de la demanda. En ese sentido, se advierte que Verónica Galán Hernández, reclama como único acto: La resolución emitida el cinco de julio de dos mil veintiuno, en el toca penal JOTP/47/2021, del índice de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que confirma el auto de no vinculación a proceso, dictado en la causa penal 38/2019, del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca. TERCERO. Existencia. El Magistrado Presidente de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, convino en la existencia del acto reclamado, manifestó que el veintiocho de agosto de dos mil veinte, los integrantes de esa Sala admitieron el toca penal JOTP/47/2019, con motivo del recurso de apelación formulado por la ofendida Verónica Galán Hernández, contra la resolución de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, en la que el juez de Control adscrito al Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca, resolvió no vincular a proceso al imputado José Manuel Pérez Suárez, por el hecho que la ley señala como delito de daños culposos, cometido en perjuicio patrimonial de Verónica Galán Hernández, en la causa penal 38/2019. Lo que se corrobora con el original del toca penal JOTP/47/2019, que ofreció como justificación a su informe; probanza a la que se concede valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. CUARTO. Análisis de fondo del asunto. Como ya quedó establecido, el acto reclamado consiste en la resolución de cinco de julio de dos mil veintiuno, dictada en el Toca Penal JOTP/47/2019, por la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la ofendida Verónica Galán Hernández, contra el auto de no vinculación a proceso del imputado José Manuel Pérez Suárez, dictado en la audiencia de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, en la causa penal 38/2019, del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca, por el hecho que la ley señala como delito de daños culposos. La responsable al emitir la resolución reclamada, determinó lo siguiente: Es cierto que el juez de Control aplicó una excluyente de responsabilidad, ello, porque el Ministerio Público no aportó datos de prueba con los que se pueda establecer que se ha cometido el hecho que la ley señala como delito de daños culposos, y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió. Que conforme el artículo 19 constitucional, en relación con el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, se exige que existan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, ello acontece, cuando existen indicios razonables que así permiten suponerlo. Que el Ministerio Público solicitó se vinculara a proceso al imputado José Manuel Pérez Suárez, por los siguientes hechos: ".El día veintidós de abril de dos mil dieciocho, aproximadamente a las seis de la tarde con cuarenta minutos, sobre la Avenida Ferrocarril esquina García Vigil, Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, José Manuel Pérez Suárez, conducía el taxi del sitio "Madero", San Nicolás Quialana, marca Nissan, tipo Tsuru, modelo 2014, con placas de circulación 4365SJJ, del estado de Oaxaca, cruzando sin ceder el paso y a exceso de velocidad sobre la calle Cuauhtémoc, chocando dicho vehículo con la motocicleta marca Itálika, color rojo con negro, modelo 2018, sin placas de circulación, con número de motor LC162FMJQQ340874, con número de serie 3SCYDMEE7J1001540, que era conducido por Alejandro Hernández Galán. Que la motocicleta ya referida, presentó como consecuencia de dicho accidente diversos daños como son impacto en su parte frontal, costado izquierdo afectando la salpicadera delantera rota, las barras de la suspensión ligeramente dobladas, el manubrio doblado del lado derecho, la tapa lateral derecha con huellas de fricción, el pisa pie del conductor doblado, el rin ligeramente doblado, la palanca de freno con huella de fricción, la unidad de luz rota, la direccional derecha rota, el espejo lateral derecho roto, el chicote de edómetro roto, el plantel de instrumento roto." Que el Ministerio Público trató de justificar tal hecho y la probabilidad de que el imputado, lo cometió con base en los datos de prueba consistentes en: entrevista del adolescente Alejandro Galán Hernández, dictamen de mecánica de hechos, dictamen de autenticidad de documentos y avalúo de daños, factura 2766973, expedida por "Nueva Elektra del Milenio S.A. de C.V.", la puesta a disposición del imputado, la diligencia de inspección ocular en el lugar de los hechos y en la motocicleta de referencia, y la querella de Verónica Galán Hernández. La defensa incorporó como medio de prueba la declaración del imputado. Que de tales datos y medio de prueba, el juez de Control realizó valoración de manera libre y lógica, y justificó porque razones les asignó el valor a cada uno de ellos. Que a la entrevista del adolescente, otorgó eficacia jurídica, al justificarse que el día y hora en que acontecieron los hechos, él conducía la motocicleta referida, que al llegar a la intersección de la calle Cuauhtémoc con Avenida Ferrocarril, Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, salió un taxi del sitio "San Nicolás Quialana", y golpeó con la motocicleta el lado izquierdo de dicho taxi; que no resulta creíble que el taxi lo impactó de frente, ya que tal circunstancia no se justificó con ningún dato de prueba. Al dictamen de mecánica de hechos, de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, no le otorgó valor probatorio, en él se concluye que el hecho que se investiga, es derivado de concurrencia de responsabilidades, consecuencia de la falta de precaución y por no haber cedido el paso entre ambos conductores de las unidades A (motocicleta) y B (taxi), del conductor A, al conducir su unidad sobre la calle Cuauhtémoc del barrio San Lorenzo Zimatlán, Oaxaca, con dirección vehicular de noreste a sureste, sin extremar precauciones y sin respetar el reductor de velocidad -tope- al llegar a la intersección con Avenida Ferrocarril, sin hacer alto al realizar el cruce. El conducto de la unidad B, al conducir su unidad sobre la Avenida Ferrocarril, con dirección vehicular de noreste a suroeste, sin extremar precauciones y en segundo periodo de ebriedad, al llegar a la intersección de la calle Cuauhtémoc, sin hacer alto, realiza el cruce; factores determinantes que propiciaron que al conducir sus unidades de motor, el vehículo motocicleta A, colisiona con su parte frontal contra el costado posterior del vehículo taxi B. Que no le otorgó valor probatorio, porque el perito no manifestó los factores que consideró para determinar que el conductor de la motocicleta no extremó precauciones y no respetó el reductor de velocidad, tampoco narró por qué el imputado no extremó precauciones, y por qué afirma que iba el segundo periodo de ebriedad; que de los datos de prueba vertidos no se justifican dichas circunstancias; tampoco refirió que norma obliga a los conductores a realizar alto antes de cruzar una intersección; tampoco indicó cual de ambas calles es preferente. Que el Ministerio Público no incorporó dato de prueba del que se desprenda cual es el límite de velocidad permitido en esas calles. Y que el Juzgador manifestó los razonamientos del por qué no le generaba convicción el dictamen de mecánica de hechos. Que al dictamen de autenticidad de documentos y valúo de daños, le otorgó el juez de Control estimación probatoria, al determinar es auténtico ese documento, además observó y describió los dalos presentados en la motocicleta, y previo estudio de mercado, le asignó valor de doce mil pesos cero centavos moneda nacional. A la Factura electrónica 2766973, le otorgó eficacia probatoria, al no haberse controvertido su autenticidad, y con ella se estableció la propiedad de la unidad de motor a favor de Verónica Galán Hernández. Con la puesta a disposición, de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, el policía municipal, asentó que observó cuando la motocicleta se impactó con el taxi; sin que se justificara con dato de prueba alguno el dicho del policía, de que "al parecer" se encontraba en estado de ebriedad el conductor del taxi; por lo que en esta parte no se le otorgó estimación probatoria. Que a la inspección ocular en el lugar de los hechos y en la motocicleta, de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, le concedió eficacia jurídica, al describirse en ella el lugar citado y los daños que presentó la unidad de motor, anexando disco de fotografías. A la entrevista a Verónica Galán Hernández, le otorgó eficacia probatoria, al considerar creíble que es propietaria de la motocicleta involucrada, que su hijo es el conductor de la misma, quien el veintidós de abril de dos mil dieciocho, tuvo un accidente. No otorgó estimación probatoria, a la declaración del imputado, quien manifestó que el conductor de la motocicleta no respetó el reductor de velocidad que se encuentra en la calle Cuauhtémoc, y que esa calle es preferente; pues ambas circunstancias no se justificaron con dato de prueba objetivo. El Juez de Control valoró los citados datos de prueba, y adecuadamente estableció que el hecho ocurrió de la siguiente forma: "El día veintidós de abril de dos mil dieciocho, aproximadamente a la seis de la tarde con cuarenta minutos, sobre la Avenida Ferrocarril en Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, José Manuel Pérez Suárez, conducía el taxi del sitio "Madero", San Nicolás Quialana, marca Nissan, tipo Tsuru, modelo 2014, con placas de circulación 4365SJJ, del estado de Oaxaca, y cuando José Manuel Pérez Suárez, llega a la intersección que hacen las calles citadas, y realiza el cruce de esa intersección, en ese momento Alejandro Hernández Galán impacta su motocicleta sobre el costado posterior del taxi que conducía José Manuel Pérez Suárez." Concluyó que al no poderse establecer los hechos imputados por el Ministerio Público, con los datos de prueba vertidos por él, el juez de Control, estuvo en lo correcto al dictar auto de no vinculación a proceso, ello sin analizar si en el caso se actualiza una excluyente del delito, pues para ello, primero se debe establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió, y ese auto de vinculación a proceso debe dictarse por los hechos que fueron motivo de imputación, a los que el juez de Control podrá otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. Que en el caso concreto, los hechos probados, son diversos a los hechos que narró el Ministerio Público acontecieron y por el cual solicitó imputación. Que el Ministerio Público no indicó la norma que establece el deber de cuidado que tenía que haber observado el imputado al cruzar la intersección indicada, si con ello infringió algún Reglamento o ley en específico. Por lo que no justificó el hecho que a ley señala como delito de daños culposos, como lo dispone el artículo 8, fracción II del Código Penal del Estado de Oaxaca. Que en su caso el Ministerio Público está facultado para volver a solicitar la vinculación a proceso por los hechos que establezca derivado de la investigación que continúe realizando. Por lo que consideró infundados los agravios hechos valer por la ofendida, y determinó confirmar la resolución apelada. La quejosa aduce que la resolución reclamada transgrede en su perjuicio los derechos humanos contenidos en los artículos 1°; 14, 16 y 20 de la Constitución Federal, en su primer concepto de violación, refiere que la autoridad responsable no fundó ni motivó su determinación, pues los argumentos que realiza son inapropiados, dice que la Sala Penal responsable determinó que el juez de Control realizó lo correcto al dictar auto de no vinculación a proceso, al valorar apropiadamente los datos de prueba incorporados en la audiencia de vinculación; sin embargo, la quejosa considera, ello es incorrecto, ya que el juez de Control realiza un análisis de la atipicidad del delito, lo que es prohibido a un juez de Control, pues en la etapa inicial solo se puede estudiar los datos de prueba en un estándar de probabilidad, por lo que no se debe analizar la valoración de pruebas, por ello debió modificar la resolución apelada. Que el juez de Control no podía exigir que se probara en su totalidad el delito, pues la ley solo le exige dos presupuestos para el dictado de un auto de vinculación a proceso, que son: 1. Que exista la probabilidad de que existió un hecho con apariencia de delito, el cual refiere es evidente si existió, ya que el propio imputado corroboró si sabía que se había ocasionado daños a vehículos de motor, pero que él no tenía la culpa; que con los demás datos de prueba, como son el dictamen en mecánica de hechos, entrevistas de testigos y el informe policial, se desprende la existencia del hecho con apariencia de delito de daños; y, 2. El análisis de la probabilidad de que el imputado participó en el hecho, también se tenía por acreditado en grado probable, ya que el propio imputado en su declaración manifestó sí estuvo presente el día y hora de los hechos que se le imputan, pero a su consideración no tuvo la culpa; lo que aduce la quejosa sitúan al imputado el día, hora y lugar del hecho. Continúa diciendo, que por ello si se cumplen los requisitos necesarios para dictar un auto de vinculación a proceso; sin embargo, el juez de Control determinó que no se sabía cuál era el deber de cuidado que inobservó el imputado; que ese requisito no lo exige la ley en la etapa inicial, que no es correcto analizar la atipicidad en dicha etapa. Lo que considera la quejosa constituye una incorrecta fundamentación y motivación por parte de la autoridad responsable. En su segundo concepto de violación, refiere que la resolución reclamada transgrede su derecho a la reparación del daño, pues al no vincular a proceso al imputado, le impide reparar su unidad de motor y con ello, no podrá recuperar el daño causado en su patrimonio. Son inoperantes los conceptos de violación, y en suplencia de la deficiencia de la queja, no se advierte violación alguna que deba suplirse de oficio. Es así, porque, como ya se detalló, la razón substancial por la que la Sala Penal responsable confirma el auto de no vinculación a proceso apelado, consiste en que: El juez de Control valoró los citados datos de prueba, y adecuadamente estableció que el hecho ocurrió de forma diversa a los hechos por lo que el Ministerio Público solicitó imputación. Que al no poderse establecer los hechos imputados por el Ministerio Público, con los datos de prueba vertidos por él, el juez de Control, estuvo en lo correcto al dictar auto de no vinculación a proceso, ello sin analizar si en el caso se actualiza una excluyente del delito, pues para ello, primero se debe establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió, y ese auto de vinculación a proceso debe dictarse por los hechos que fueron motivo de imputación, a los que el juez de Control podrá otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. Luego, los conceptos de violación que hace valer en este juicio de amparo, no son tendentes a evidenciar lo incorrecto de la resolución de segunda instancia, esto es, que contrario a lo determinado por la Sala penal responsable, los hechos sí acontecieron en la forma en que narró el Ministerio Público, y que ello deriva de los datos de prueba incorporados por la representación social. Pero la quejosa, prácticamente realiza los mismos argumentos que utilizó en sus agravios en apelación; los cuales fueron contestados y desvirtuados por la Sala responsable al dictar la resolución que ahora se reclama. En ese orden de ideas, la peticionaria de amparo se encontraba obligada a exponer a través de razonamientos claros y concretos en sus conceptos de violación que las consideraciones de la Sala responsable eran erróneas; lo cual no aconteció. Por tanto, si la quejosa no controvirtió eficazmente los razonamientos que sustentan la sentencia de segunda instancia que se analiza, como se adelantó, sus planteamientos se tornan inoperantes. Brinda apoyo a esta determinación, por identidad jurídica, la tesis XI.P.1 P (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, consultable en el Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, página 1816, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2000734, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI EL OFENDIDO O LA VÍCTIMA DEL DELITO OMITE IMPUGNAR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA RECLAMADA, AUNQUE NO HAYA SIDO EL APELANTE, SINO EL MINISTERIO PÚBLICO. Los conceptos de violación formulados por el ofendido o la víctima del delito contra las consideraciones que no sustentan la sentencia de segunda instancia reclamada en materia penal, deben desestimarse por inoperantes aunque no haya sido el apelante, sino el Ministerio Público, pues no están encaminados a desvirtuar las que la fundamentan, y porque es improcedente suplirle la deficiencia de la queja, al no actualizarse el supuesto del artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo. De ahí que, en sustitución formal y procesal del Ministerio Público, quien recibió el revés jurídico de apelación por la inoperancia declarada por la Sala responsable, la víctima u ofendido debió atacar las razones que sostiene la resolución de segunda instancia que sustituyó a las del a quo, por ser la determinación que jurídicamente prevalece, es decir, tenía que atacar las consideraciones de inoperancia decretadas." No obstante, su argumento hecho valer en el presente juicio de amparo es erróneo, pues en cualquier estado del procedimiento, de oficio o a petición de parte, el órgano del Estado respectivo (agente del Ministerio Público u órganos jurisdiccionales), está facultado para realizar el análisis de las causas de exclusión del delito. Es así, porque cuando acontezca alguna de las hipótesis por virtud de las cuales la ley excluya una conducta humana considerada como típica, antijurídica y culpable, no es dable continuar con la actividad de investigación o jurisdiccional, según sea el caso, ya que aun de existir, de cualquier manera esa conducta constituirá un acto jurídico irrelevante para el derecho penal, porque ante la actualización de alguna de esas hipótesis, no se justifica ejercer el derecho penal, en la medida en que la facultad sancionadora del Estado queda abolida por la disposición legal que llegue a concretarse, dependiendo del caso concreto. De modo que, de darse alguna causa de atipicidad, de justificación o de inculpabilidad, cesa el derecho del Estado para proseguir con la investigación, ya sea en la fase judicial o ministerial, pues la propia norma sustantiva establece que ante el acaecimiento de alguna de éstas, el delito se excluye, lo cual justifica que en cualquier parte del procedimiento debe analizarse y estudiarse cuando sea invocada o se descubra de oficio. Por lo que aun cuando para el dictado de un auto de vinculación a proceso, como requisitos de fondo, solamente se exige que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se adviertan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, la norma sustantiva obliga a verificar que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito, ya que cuando se advierta una hipótesis por virtud de la cual se excluya, el Juez debe declararla de oficio en cualquier fase del procedimiento penal, lo que lógicamente incluye la audiencia inicial donde se discuta la vinculación a proceso. Es aplicable al caso, la tesis XV.3°.10P, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Décima Época, publicada el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, con número de registro digita 2015188, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PROCEDE SU ESTUDIO DE FONDO CUANDO EN ELLOS SE EXPRESA QUE LAS PRUEBAS DESAHOGADAS EN LA AUDIENCIA INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO EN QUE SE DISCUTE EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, DEMUESTRAN UNA CAUSA DE EXCLUSIÓN DEL DELITO. Tratándose de las hipótesis en las que la ley sustantiva considere que se excluye el delito, es necesario que en cualquier estado del procedimiento, de oficio o a petición de parte, el órgano del Estado respectivo (agente del Ministerio Público u órganos jurisdiccionales), emita un pronunciamiento. En efecto, desde el punto de vista de la dogmática jurídico penal las causas de exclusión constituyen el aspecto negativo del delito, de forma que cuando acontezca alguna de las hipótesis por virtud de las cuales la ley excluya una conducta humana considerada como típica, antijurídica y culpable, no es dable continuar con la actividad de investigación o jurisdiccional, según sea el caso, ya que aun de existir, de cualquier manera esa conducta constituirá un acto jurídico irrelevante para el derecho penal, porque ante la actualización de alguna de esas hipótesis, no se justifica ejercer el ius puniendi, en la medida en que la facultad sancionadora del Estado queda abolida por la disposición legal que llegue a concretarse, dependiendo del caso concreto. De modo que, de darse alguna causa de atipicidad, de justificación o de inculpabilidad, cesa el derecho del Estado para proseguir con la investigación, ya sea en la fase judicial o ministerial, pues la propia norma sustantiva establece que ante el acaecimiento de alguna de éstas, el delito se excluye, lo cual justifica que en cualquier parte del procedimiento debe analizarse y estudiarse cuando sea invocada o se descubra de oficio. Por lo que aun cuando para el dictado de un auto de vinculación a proceso, como requisitos de fondo, solamente se exige que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se adviertan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, la norma sustantiva obliga a verificar que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito, ya que cuando se advierta una hipótesis por virtud de la cual se excluya, el Juez debe declararla de oficio en cualquier fase del procedimiento penal, lo que lógicamente incluye la audiencia inicial donde se discuta la vinculación a proceso. Por consiguiente, en el amparo indirecto no deben declararse inatendibles los conceptos de violación en los que se exprese que las pruebas desahogadas en esa audiencia del procedimiento penal acusatorio demuestran una causa de exclusión del delito, sino proceder a su examen de fondo." Ahora, respecto a su argumento de que la resolución reclamada transgrede su derecho a la reparación del daño, pues al no vincular a proceso al imputado, le impide reparar su unidad de motor y con ello, no podrá recuperar el daño causado en su patrimonio; no le asiste razón. Porque la Sala Penal responsable concluyó que, en su caso, el Ministerio Público está facultado para volver a solicitar la vinculación a proceso por los hechos que establezca derivado de la investigación que continúe realizando. Por tanto, se niega la protección de la Justicia Federal solicitada. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Verónica Galán Hernández, contra el acto reclamado consistente en la resolución emitida el cinco de julio de dos mil veintiuno, en el toca penal JOTP/47/2021, del índice de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que confirma el auto de no vinculación a proceso, dictado en la causa penal 38/2019, del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca; por las razones y fundamentos expuesto en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
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