Veronica Flores Olmedo

Expediente 1257/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 37 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1257/2019
Año
2019
Actuaciones
37
Última actuación
30/11/2023

Partes del expediente

  • Veronica Flores Olmedo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 37.

  1. Principal

    EN SIETE DE DICIEMBRE DOS MIL VEINTITRÉS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN:" Ciudad de México, treinta de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de tres días otorgado a la quejosa en auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, a efecto que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia, sin que lo hiciera. Por tanto, de acuerdo a lo que se establece en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. En primer lugar, cabe señalar que se concedió la protección constitucional para los efectos siguientes: "[.] DÉCIMO. Efectos del amparo. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo para el efecto de que el Titular del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Asociación Civil (CIDE), realicen lo siguiente: Deberá dejar insubsistente la aplicación del artículo 3, párrafo segundo, Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, durante el tiempo en que tuvo vigencia dicha porción normativa, por lo que, en su caso, deberá devolverle la cantidad que dejó de pagarle a la parte quejosa, por concepto de "******", a fin de que se le reintegre la referida cantidad como parte de sus prestaciones, percepciones extraordinarias u otros conceptos, ello, con motivo del derecho adquirido que tenía antes de dicha aplicación, lo cual es derivado del correspondiente Contrato Colectivo de Trabajo. La concesión de amparo no implica ni constituye derecho alguno a favor de la parte quejosa para que se le hagan pagos de conceptos o prestaciones que no venía percibiendo antes de la presentación de la demanda, ni comprende actos diversos a los expresamente señalados en esta sentencia. [.]" El efecto protector de la sentencia consiste en que el titular del Centro de Investigación y Docencia Económicas, asociación civil (CIDE), deje insubsistente la aplicación del artículo 3, párrafo segundo, del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho y devuelva a la quejosa la cantidad correspondiente al concepto de "PRIMA DE ANTIGÜEDAD", con motivo del derecho adquirido que tenía antes de dicha aplicación, lo cual es derivó del correspondiente contrato colectivo de trabajo. En ese sentido, para acreditar el acatamiento del fallo protector el apoderado legal y titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, asociación civil (CIDE) mediante oficio registrado con el folio ******, informó que se encontraba realizando las gestiones necesarias para el reembolso de la parte proporcional que le corresponde a la quejosa respecto de la prima de antigüedad de la primera quincena de noviembre de dos mil dieciocho por la cantidad de *****, pago que realizaría en la primer quincena de septiembre de este año. Posteriormente, previo requerimiento formulado en auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, por oficio con folio de control interno 15431, la responsable informó que realizó el reembolso a la quejosa por la cantidad descrita en el párrafo anterior el catorce de septiembre de este año y al efecto adjuntó el recibo de nómina ****** con cadena y sello digital, constancias con las que se dio vista a la quejosa para evaluar el fallo protector. Por lo que, en acuerdo de nueve de noviembre pasado, se realizó el estudio del cumplimiento a la ejecutoria de amparo y se determinó que no estaba cumplimentada en sus términos, toda vez que la autoridad no realizó manifestación alguna sobre dejar insubsistente la aplicación del artículo 3, párrafo segundo, del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, por lo que se requirió de nueva cuenta a la responsable para realizar dicho efecto. Luego, por oficio registrado con el folio 19216, informó que dejó sin efectos la aplicación de la citada porción normativa, misiva con la que se ordenó dar vista a la quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Ahora, como se señaló, el efecto protector de la sentencia consiste en que el titular del Centro de Investigación y Docencia Económicas, asociación civil (CIDE), dejara insubsistente la aplicación del artículo 3, párrafo segundo, del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho y devolviera a la quejosa la cantidad correspondiente al concepto de "PRIMA DE ANTIGÜEDAD", con motivo del derecho adquirido que tenía antes de dicha aplicación, lo cual derivó del correspondiente contrato colectivo de trabajo. Por tanto, esta juzgadora considera que la actuación de la autoridad responsable se ajusta de manera integral a los efectos establecidos en la ejecutoria, por lo cual se estima que el fallo protector se encuentra cumplido, sin exceso o defecto alguno. Háganse las anotaciones en el libro electrónico y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluído. Notifíquese personalmente a la quejosa.| ", A LA QUEJOSA EN EL JUCIO EN QUE SE ACTÚA A. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Ciudad de México, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio remitido en representación del Centro de Investigación y Docencia Económicas, asociación civil (CIDE), por el que informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y su anexo, dese vista a la quejosa y requiérasele, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, manifieste lo que a su interés convenga en relación con lo exhibido por la autoridad para que este juzgado de Distrito se encuentre en aptitud de pronunciarse respecto del cumplimiento de la sentencia. Notifíquese personalmente a la quejosa.

  3. Principal

    Ciudad de México, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que el estado procesal del juicio de amparo en que se actúa no se acordó en el plazo legal con motivo de la declaratoria de los días inhábiles dieciséis al veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, ante las manifestaciones llevadas a cabo en diversas entidades federativas, por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos, así como por causas de fuerza mayor. En consecuencia, se procede a acordar lo conducente en los términos siguientes: Estado procesal. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de tres días otorgado a la quejosa en auto de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, a efecto que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento a la sentencia, sin que lo hiciera, por tanto, con fundamento en lo que se establece en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. En primer lugar, cabe señalar que se concedió la protección constitucional para los efectos siguientes: "[.] DÉCIMO. Efectos del amparo. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo para el efecto de que el Titular del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Asociación Civil (CIDE), realicen lo siguiente: Deberá dejar insubsistente la aplicación del artículo 3, párrafo segundo, Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, durante el tiempo en que tuvo vigencia dicha porción normativa, por lo que, en su caso, deberá devolverle la cantidad que dejó de pagarle a la parte quejosa, por concepto de "PRIMA DE ANTIGÜEDAD", a fin de que se le reintegre la referida cantidad como parte de sus prestaciones, percepciones extraordinarias u otros conceptos, ello, con motivo del derecho adquirido que tenía antes de dicha aplicación, lo cual es derivado del correspondiente Contrato Colectivo de Trabajo. La concesión de amparo no implica ni constituye derecho alguno a favor de la parte quejosa para que se le hagan pagos de conceptos o prestaciones que no venía percibiendo antes de la presentación de la demanda, ni comprende actos diversos a los expresamente señalados en esta sentencia. [.]" El efecto protector de la sentencia consiste en que el titular del Centro de Investigación y Docencia Económicas, asociación civil (CIDE), deje insubsistente la aplicación del artículo 3, párrafo segundo, del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho y devuelva a la quejosa la cantidad correspondiente al concepto de "PRIMA DE ANTIGÜEDAD", con motivo del derecho adquirido que tenía antes de dicha aplicación, lo cual es derivado del correspondiente Contrato Colectivo de Trabajo. En ese sentido, para acreditar el acatamiento del fallo protector el apoderado legal y titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, asociación civil (CIDE) mediante oficio registrado con el folio 13290, informó que se encontraba realizando las gestiones necesarias para el reembolso de la parte proporcional que le corresponde a la quejosa respecto de la prima de antigüedad de la primera quincena de noviembre de dos mil dieciocho por la cantidad de $********************, pago que realizaría en la primer quincena de septiembre de este año. Posteriormente, previo requerimiento formulado en auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, por oficio con folio de control interno ********, la responsable informó que realizó el reembolso a la quejosa por la cantidad descrita en el párrafo anterior el catorce de septiembre de este año y al efecto adjuntó copia certificada del recibo de nómina ********con cadena y sello digital. Ahora, de las constancias que allegó la autoridad responsable se advierte que reintegró a la quejosa la parte proporcional que le corresponde respecto de la prima de antigüedad de la primera quincena de noviembre de dos mil dieciocho por la cantidad descrita con antelación, sin que haya realizado manifestación alguna sobre dejar insubsistente la aplicación del artículo 3, párrafo segundo, del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal. Por lo que se arriba a la conclusión de que no se encuentra cumplido el fallo protector. En tales condiciones, con fundamento en los dispuesto en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere al titular del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Asociación Civil (CIDE), para que en el plazo de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo remita: 1.- Constancia con la cual acredite que se desincorporó de la esfera jurídica de la quejosa la aplicación del artículo 3, párrafo segundo, del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho. Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo. En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, se realizará lo siguiente: a) Se le impondrá a la autoridad una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. b) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a criterio de este juzgado no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. c) Se remitirán los autos al tribunal colegiado en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI, del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el juez de Distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Con independencia de lo expuesto, se hace del conocimiento que aun cuando dejen sus puestos seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duraron sus encargos y por tal razón, podrán ser consignadas en términos de lo previsto en el artículo 198 de la Ley de Amparo. En el entendido que: 1. La autoridad responsable deberá cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos de lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) del Pleno de nuestro más Alto Tribunal. "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento en lo previsto en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE APARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." 3. No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un juez de Distrito. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio del apoderado legal y titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Asociación Civil (CIDE), por el que en cumplimiento al requerimiento formulado en acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, hace del conocimiento las gestiones que realizó para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, y al efecto remite diversas constancias con las que refiere acreditar su dicho, de lo que se toma conocimiento. Por otra parte, de conformidad con los artículos 9 y 28, fracción I de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas que designa y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Asimismo, se tiene como cuentas de correo electrónico los que indica, para establecer comunicación en caso de que se estime necesario. Notifíquese.

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