Veronica Fernandez Jimenez

Expediente 1208/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1208/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Veronica Fernandez Jimenez

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 37, 107, 108, 112, 115, 116, y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo que promueve XXXX, por derecho propio, contra actos del Juez Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno como 1208/2023. Por separado tramítese el incidente de suspensión. Dese a la Representación Social la intervención que legalmente compete; de igual forma, se autoriza el acceso de la referida Representación Social a través del usuario ********, por tal motivo se comisiona a la Oficial Judicial A para que realice la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al citado usuario. En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables su informe con justificación, que deberán rendir dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio respectivo y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, apercibiéndose a las autoridades responsables que si el informe no se rinde en el término señalado, y si esta circunstancia trae como consecuencia que se llegue a diferir la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se impondrá a la omisa multa de doscientos cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización, establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintitrés, con vigencia a partir de uno de febrero siguiente, el cual equivale a $25,935.00 veinticinco mil novecientos treinta y cinco pesos, que es el resultado de multiplicar $103.74 ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, por doscientos cincuenta días de salario. Asimismo, se puntualiza que a fin de privilegiar los principios aludidos establecidos en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al Fiscal General del Estado de Puebla, para que por su conducto notifique a las autoridades responsables perteneciente a dicha fiscalía este proveído (auto inicial), al que se anexa copia de la demanda, de lo cual deberán remitírsele el traslado necesario, y en el plazo de tres días, computado a partir de la notificación de este proveído, las remita a este juzgado, o en su caso, proporcione medios de comunicación no procesal efectivos correo electrónico, y números telefónicos fijos y móviles de las autoridades responsables, o incluso, informe si estas son inexistentes. Se apercibe a la autoridad aludida que de no cumplir con lo solicitado, se le impondrá una multa de cien días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintitrés, con vigencia a partir de uno de febrero siguiente, el cual equivale a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos), que es el resultado de multiplicar $103.74 ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, por cien días de salario. En la inteligencia de que las autoridades responsables también deberán proporcionar algún correo electrónico o número telefónico a efecto de entablar comunicación con motivo de la pronta tramitación e integración del presente asunto. Se fijan las DOCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL NUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para la audiencia constitucional. Lo anterior, en los términos previstos en el precepto 27 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, esto es, siempre y cuando esté debidamente justificado conforme a los supuestos ahí previstos y se cumplan, a criterio del suscrito, las condiciones para la utilización del citado medio de comunicación. Requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe con justificación y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo, remitan copias autorizadas, legibles y completas de las constancias que tomaron en consideración para emitirlo, apercibidas que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se impondrá a la omisa multa de doscientos cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización, establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintitrés, con vigencia a partir de uno de febrero siguiente, el cual equivale a $25,935.00 veinticinco mil novecientos treinta y cinco pesos, que es el resultado de multiplicar $103.74 ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, por doscientos cincuenta días de salario. De conformidad con los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 119 de la Ley de Amparo, y 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos de su numeral 2º, infórmese a las autoridades responsables que están en aptitud de aportar como prueba toda clase de elementos provenientes de los descubrimientos de la ciencia, por lo que podrán adjuntar a su informe con justificación el disco compacto (cd) que contenga la resolución reclamada, o bien, podrán remitirlo al correo electrónico 1jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx, o llamar al número celular 2224593590, ello si el sentido de su informe lo permite; lo anterior, además agilizará el trámite y resolución del presente asunto y cumplir con el principio constitucional de impartición de justicia pronta y expedita. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64 del ordenamiento legal invocado, se requiere a las responsables para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este Juzgado, pues de no cumplir con esa obligación, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo se impondrá a la omisa multa de cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintitrés, con vigencia a partir de uno de febrero siguiente, el cual equivale a $5,187.00 cinco mil ciento ochenta y siete pesos, que es el resultado de multiplicar $103.74 ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, por cincuenta días de salario. Para el caso de que el acto reclamado sea cierto, se requiere a las autoridades responsables para que, si en algún momento dejaran de conocer del asunto respectivo, en el término de tres días siguiente en que ello ocurra, lo haga saber de manera inmediata a este juzgado de distrito, a efecto de estar en posibilidad de acordar lo conducente, para la pronta resolución de este juicio, conforme lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional; apercibido que de ser omisos se le impondrá multa de cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintitrés, con vigencia a partir de uno de febrero siguiente, el cual equivale a $5,187.00 cinco mil ciento ochenta y siete pesos, que es el resultado de multiplicar $103.74 ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, por cincuenta días de salario. En el mismo supuesto de ser cierto el acto reclamado, se requiere a la responsable para que en el término de tres días siguiente al en que reciba el oficio respectivo, informe el nombre completo y correcto de las personas a quienes les revista el carácter de víctimas u ofendidos, en su calidad de terceros interesados, el ultimo domicilio que tenga registrado, así como datos de identificación de cada uno, esto es, nombre completo y sin abreviaturas, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única de Registro de Población, fecha y lugar de nacimiento y cualquier otro dato que permita su correcta individualización, o en su caso, la imposibilidad que tenga para ello; lo anterior, para evitar posibles homonimias. Se le apercibe que de no cumplir con lo solicitado, se le impondrá una multa de cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintitrés, con vigencia a partir de uno de febrero siguiente, el cual equivale a $5,187.00 cinco mil ciento ochenta y siete pesos), que es el resultado de multiplicar $103.74 ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, por cincuenta días de salario. En otro orden, del escrito de demanda se advierte que la quejosa manifiesta que ha promovido el juicio de amparo ******* de la estadística del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla; por tanto, solicítesele que de no tener inconveniente, dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efecto la notificación de este proveído, comisione a la oficial Judicial A de su adscripción, para que haga visible el sumario constitucional de referencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y pueda ser consultado por este órgano de control constitucional. Ahora bien, con fundamento en el artículo 108, fracción III, en relación con el 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen entre las obligaciones de la parte quejosa la de señalar con precisión a las autoridades responsables tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo, se le apercibe que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, se le tendrá como inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario, tomando en consideración que le corresponde estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y al principio de celeridad procesal. Lo anterior no impide a la parte quejosa aclarar o corregir, en su caso, la denominación de las autoridades responsables hasta antes de la resolución de este asunto. Por otro lado, en virtud de que la promovente señala como domicilio para recibir notificaciones los estrados en este Juzgado de Distrito, y como tal figura no está prevista en la ley de la materia, téngase como tal, la lista que se fija en un lugar visible de este órgano de control constitucional, acorde a lo dispuesto en los artículos 28, fracción III, y 30 fracción II, de la legislación invocada, hasta en tanto señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad. Orienta esta determinación la tesis XXII.1º.22K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Diciembre de 1998, Materia Común, visible a página 1067, de rubro: NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Por otra parte, se tiene por autorizado en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******, toda vez que tiene registrada su cédula profesional que lo acredita como licenciado en Derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a ******, por así solicitarlo la parte quejosa. En el entendido, que queda bajo la absoluta responsabilidad de los peticionarios o autorizados, la distribución o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso, tecnológico o en las redes sociales, así como su utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. En cuanto a su solicitud, en el sentido de que se les permita el uso de medios electrónicos para acceder a la información del presente expediente; de conformidad con el artículo 93, fracción VII, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, así como la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza su uso, en virtud de que no existe disposición legal que lo prohíba, autorizando para tal efecto a la persona que refiere en su ocurso de cuenta, quien deberá identificarse a satisfacción de este Juzgado. Por otra parte, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expeditez en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución General de la República. En razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al actuario para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional del Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula, Puebla, y San Pedro Cholula, Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce a la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcoatl; en consecuencia, se instruye al actuario para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada; si así se señala. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1ª./J 43/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Junio de 2010, página 67, de rubro: DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. EL QUEJOSO, TERCERO PERJUDICADO O PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, PUEDEN SEÑALARLO EN LA ZONA METROPOLITANA O CONURBADA AL MUNICIPIO O CIUDAD DONDE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO TENGA SU LUGAR DE RESIDENCIA. A fin de dar celeridad en la integración del presente asunto, se instruye el actuario para que en uso de las herramientas electrónicas correo electrónico, vía interconexión con firma electrónica notifique a la autoridad responsable en el presente asunto, y para el caso de imposibilidad, deberá asentar la razón respectiva, y notificarlas vía correo acelerado, sin acuerdo de por medio. Ahora bien, en términos de la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis 2a./J. 176/2012 10a., emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible a página 1253, del rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en este juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados o autorizados. Por otra parte, como lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, prorrogado mediante Acuerdo General 1/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y tomando en consideración dicho fenómeno, a fin de salvaguardar la integridad física del público en general y del personal de este juzgado de Distrito, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad en línea, lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal

  2. Incidental

    En cumplimiento a lo ordenado en esta misma data en el cuaderno principal, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo promovido por xxxx, contra actos del Juez Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla y otras autoridades. Con fundamento en los artículos 125, 128, 129, 138 y 140 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables su informe previo, que deberán rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándoles al efecto copia simple de las demandas de amparo; en él se concretará a expresar si son o no ciertos los hechos que se le atribuye, pudiendo agregar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. En la inteligencia de que las autoridades responsables también deberán proporcionar algún correo electrónico o número telefónico a efecto de entablar comunicación con motivo de la pronta tramitación e integración del presente asunto. Se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES, para la audiencia incidental. Ahora, en principio es de puntualizarse que el marco jurídico que condiciona la procedencia de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, se prevé en los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República y 128, 129 y 138, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que son del siguiente tenor: [...] Del contenido de los preceptos trascritos, se desprende que para el otorgamiento de tal medida suspensiva el juzgador de amparo debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, y además debe tomar en consideración que no se contravengan disposiciones de orden público y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, del estudio íntegro de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado que hace consistir en: La orden de aprehensión librada en el proceso penal ***** del índice del Juez Penal de Tehuacán, Puebla, por su probable responsable en la comisión del delito de fraude genérico, y su ejecución. Con fundamento en el artículo 166, fracción II, de la Ley de Amparo, SE CONCEDE en su favor la suspensión provisional, para el efecto de que no sea privado de su libertad con motivo de la citada orden, hasta en tanto se decida con los datos que se obtengan en el incidente en que se actúa si se le debe o no conceder la suspensión definitiva, y sus términos. Asimismo, en el caso de que la detención se hubiere ejecutado, la suspensión se concede para el efecto de que la quejosa sea consignada dentro del término de cuarenta y ocho horas o noventa y seis horas, según sea el caso a partir de su detención, en la inteligencia que de no ser así, se deberá poner en inmediata libertad a la quejosa; lo anterior, con fundamento en el artículo 165 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 109/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo II, Octubre de 2011, página 1059, de rubro: ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. SI BIEN NO TIENE LOS ALCANCES DE UNA ORDEN DE DETENCIÓN, AFECTA TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEAMBULATORIA DE LA PERSONA. Sin embargo, a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal o procedimiento para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal, quien resuelve en uso de la facultad discrecional que le confiere el artículo 168 de la ley de la materia, y con apoyo en la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis 33/96 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Mayo de 1997, páginas 226 y 227, de rubro: SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO, TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. Estima procedente fijar a la parte quejosa las medidas de efectividad siguientes: 1. Acorde con lo previsto en los artículos 138, fracción I, 147, primer párrafo, y 166, fracción II, de la Ley de Amparo, se le requiere para que dentro del plazo de tres días comparezca mediante escrito ante la autoridad responsable que acepte la existencia del acto reclamado, y en su caso, rinda su declaración correspondiente, acreditándolo en ese mismo lapso ante este Tribunal Federal. El plazo concedido en la anterior medida de efectividad empezará a contar a partir de que se tenga certeza respecto del acto reclamado y de la autoridad que lo emitió, acorde al criterio establecido por la Jurisprudencia 1o/J.149/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, página 371, de rubro: SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. Lo anterior, con independencia de que el impetrante de garantías tiene expedito su derecho a fin de comparecer inmediatamente ante la autoridad que lo requiera, para el caso de que tenga la certeza de que esta última haya emitido en su contra el acto privativo de libertad que combaten a través del juicio de amparo del cual se deriva el incidente de suspensión en que se actúa; lo anterior, a fin de privilegiar la naturaleza sumarísima del presente procedimiento y con el fin de evitar que, en su caso, se continúe transgrediendo su derecho humano de seguridad jurídica; aunado a que la exigencia de presentarse ante la autoridad, que lo requiera, lo es a efecto de que no se sustraiga de la acción de la justicia; empero, se estima que, en todo caso, no existe impedimento legal a fin de que se presente con antelación ante la autoridad, o autoridades que potencialmente lo requieran. 2. Deberá de otorgar caución, a satisfacción de este Juzgado de Distrito por la cantidad de $3,000.00 tres mil pesos, en el término de cinco días, contado a partir de que surta efecto la notificación de este proveído. La citada garantía podrá presentarse en cualquiera de las formas establecidas por la ley, pero en el supuesto de que elijan exhibirla en billete de depósito deberá figurar su nombre como depositante; de igual forma, en el rubro relativo al "concepto" se habrá de especificar que es: "con el objeto de que continúe surtiendo efecto la suspensión provisional, en autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo formado con la demanda promovida por***, pues de no satisfacer esos requisitos, no se tendrá por constituida. La garantía se fija de manera discrecional y al prudente arbitrio de este juzgador, en atención a que se desconoce el delito por el cual pudiere haberse librado no sólo una orden de aprehensión y/o detención, sino potencialmente veintisiete que corresponde al número de autoridades señaladas como responsables ordenadoras jueces, lo que de suyo implica que de existir estas veintisiete órdenes deberá estar obligado y sujeto a igual número de procesos penales. Cantidad que es la que a criterio del suscrito permite asegurar que en caso de no obtener sentencia favorable al aquí quejoso este Juzgado estará en aptitud jurídica y material de ponerlo a disposición de las autoridades que lo reclamen. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 1ª./J. 16/97, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página número 226, Tomo V, mes de Mayo de 1997, del Semanario Judicial y su Gaceta, de la Novena Época de rubro: SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. En caso de que la parte quejosa opte por garantizar con póliza de fianza, el documento respectivo contendrá la renuncia expresa de la compañía afianzadora del fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, además señalar agente autorizado y domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, la vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dura la tramitación del juicio, con la aclaración de que si la vigencia de la póliza vence antes de la conclusión del juicio de amparo, la suspensión provisional dejará de surtir efecto sin necesidad de previo acuerdo. 3. Deberá presentarse a todas las diligencias en las que sea requerida su comparecencia por la autoridad que conozca del procedimiento y cumplir con todas las obligaciones que le sean impuestas por la autoridad en mención, siempre y cuando tenga relación con la causa seguida en su contra. Se apercibe al quejoso que de no dar cumplimiento a las medidas impuestas, la medida cautelar concedida dejará de surtir efecto, quedando expedita la jurisdicción de las autoridades responsables para la ejecución de los actos reclamados. Ahora, si el delito del que se le estima como probable responsable da lugar a prisión preventiva oficiosa a que refiere el artículo 19 Constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que, en el supuesto de que sea detenido, quede a disposición de este juzgado de Distrito por lo que ve a su libertad personal en el lugar en que sea recluido y al del juez del proceso para su continuación; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 163 y 166, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, la medida cautelar concedida no surtirá efecto y por consiguiente no impedirá la detención de la parte quejosa si se le pretende privar de la libertad en cumplimiento a una orden librada en su contra por autoridades diversas de las aquí señaladas como responsables, o se le sorprenda en la comisión de flagrante delito, ni surtirá efecto respecto de los actos posteriores a su concesión. De conformidad con el artículo 158 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que en el momento de rendir su respectivo informe previo solicitado, en apartado expreso, manifiesten el cumplimiento exacto e inmediato que den a la concesión de la suspensión, una vez recepcionado el oficio de conocimiento, apercibiéndoles que en caso de no realizar dicha manifestación, se puede actualizar la hipótesis contenida en el artículo 262, fracción III, del ordenamiento jurídico en cita, que dispone: Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Ahora, si el delito del que se le estima como probable responsable da lugar a prisión preventiva oficiosa a que refiere el artículo 19 Constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que, en el supuesto de que sea aprehendido, quede a disposición de este juzgado de Distrito por lo que ve a su libertad personal en el lugar en que sea recluido y al del juez del proceso para su continuación; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 163 y 166, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, la medida cautelar concedida no surtirá efecto y por consiguiente no impedirá la detención de la parte quejosa si se le pretende privar de la libertad en cumplimiento a una orden librada en su contra por autoridades diversas de las aquí señaladas como responsables, o se le sorprenda en la comisión de flagrante delito, ni surtirá efecto respecto de los actos posteriores a su concesión. Ahora bien, con fundamento en el artículo 108, fracción III, en relación con el 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen entre las obligaciones de la parte quejosa la de señalar con precisión a las autoridades responsables tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo, se le apercibe que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, se le tendrá como inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario, tomando en consideración que le corresponde estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y al principio de celeridad procesal. Lo anterior no impide a la parte quejosa aclarar o corregir, en su caso, la denominación de las autoridades responsables hasta antes de la resolución de este asunto. Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, expídase a su costa la copia que solicita del presente proveído, previa toma de razón y firma de recibo que se deje en autos, autorizando para recogerlas a las personas que indica. Por otro lado, en virtud de que la promovente señala como domicilio para recibir notificaciones los estrados en este Juzgado de Distrito, y como tal figura no está prevista en la ley de la materia, téngase como tal, la lista que se fija en un lugar visible de este órgano de control constitucional, acorde a lo dispuesto en los artículos 28, fracción III, y 30 fracción II, de la legislación invocada, hasta en tanto señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad. Orienta esta determinación la tesis XXII.1º.22K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Diciembre de 1998, Materia Común, visible a página 1067, de rubro: NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Por otra parte, se tiene por autorizado en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a *****, toda vez que tiene registrada su cédula profesional que lo acredita como licenciado en Derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a *******, por así solicitarlo la parte quejosa. En cuanto a su solicitud, en el sentido de que se les permita el uso de medios electrónicos para acceder a la información del presente expediente; de conformidad con el artículo 93, fracción VII, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, así como la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza su uso, en virtud de que no existe disposición legal que lo prohíba, autorizando para tal efecto a la persona que refiere en su ocurso de cuenta, quien deberá identificarse a satisfacción de este Juzgado. En el entendido, que queda bajo la absoluta responsabilidad de los peticionarios o autorizados, la distribución o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso, tecnológico o en las redes sociales, así como su utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Por otra parte, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expeditez en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución General de la República. En razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al actuario para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional del Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula, Puebla, y San Pedro Cholula, Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce a la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcoatl; en consecuencia, se instruye al actuario para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada; si así se señala. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1ª./J 43/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Junio de 2010, página 67, de rubro: DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. EL QUEJOSO, TERCERO PERJUDICADO O PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, PUEDEN SEÑALARLO EN LA ZONA METROPOLITANA O CONURBADA AL MUNICIPIO O CIUDAD DONDE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO TENGA SU LUGAR DE RESIDENCIA. A fin de dar celeridad en la integración del presente asunto, se instruye el actuario para que en uso de las herramientas electrónicas (correo electrónico, vía interconexión con firma electrónica) notifique a la autoridad responsable en el presente asunto, y para el caso de imposibilidad, deberá asentar la razón respectiva, y notificarlas vía correo acelerado, sin acuerdo de por medio. Ahora bien, en términos de la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible a página 1253, del rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en este juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados o autorizados. Por otra parte, como lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, prorrogado mediante Acuerdo General 1/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y tomando en consideración dicho fenómeno, a fin de salvaguardar la integridad física del público en general y del personal de este juzgado de Distrito, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad en línea, lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal. Finalmente, se hace notar que conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, en relación con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también está sujeto a las disposiciones contenidas en la referida Ley, y a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, esta última publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis enero de dos mil diecisiete; por lo tanto, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV, y V, 25, 31, y demás disposiciones aplicables al caso de dicha normativa; esto es, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sean materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos.

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