Verónica Estefanía Falcon Morales
Expediente 1116/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1116/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 10/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Verónica Estefanía Falcon Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diez de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo para recurrir el auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, sin que se hubiese interpuesto recurso alguno. 2. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE LA MISMA HA CAUSADO EJECUTORIA. 3. Anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes: Se solicita al Oficial Judicial "A" de este órgano jurisdiccional, encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), haga las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico que se lleva en este órgano jurisdiccional. 4. Archivo del expediente. Por lo anterior se advierte que el juicio de amparo en que se actúa, ha quedado definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, procédase al archivo definitivo del expediente.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Se agrega informe justificado. Glósese a los autos el oficio de cuenta firmado electrónicamente por la Jueza del Segundo Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan. 2. Autoridad ofrece pruebas en medios electrónicos. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo y 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tienen como pruebas de las autoridades oficiantes las documentales que anexa al disco compacto, las cuales se desahogan dada su propia naturaleza, mismas que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. En ese sentido, se ordena guardar el mismo en un sobre por cuerda separada el referido disco para su mejor conservación y posterior uso. Ahora bien, del informe que rinde la autoridad oficiante, así como de las constancias que remite, se advierte que el veinticinco de septiembre del año en curso, se emitió determinación sobre las promociones presentadas por la parte actora ante el sistema denominado EXLAB, en datas doce y veinticinco de junio del año en curso. 3. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, en el presente asunto procede analizar si en el caso se actualiza alguna de las hipótesis que hacen improcedente el juicio de garantías, por ser su estudio preferente y de orden público, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia número 940, consultable a fojas 1538 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, salas y tesis comunes, bajo el rubro: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes lo aleguen o no debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así, quien aquí resuelve, considera que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la ley de la materia, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Ahora, de conformidad con el precepto legal citado en términos generales el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el acto no agravie al quejoso. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, que establece lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." El anterior criterio, determina que la cesación de los efectos del acto reclamado, significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del gobernado, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de éste que pueden verse acompañados o no de su insubsistencia, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de imperio, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de uno que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la norma exija. De los artículos referidos se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hayan cesado; luego, en caso de actualizarse la cesación de los efectos tildados de transgredir los derechos de la parte quejosa, lo procedente es sobreseer el juicio constitucional. En ese tenor, es importante establecer que la pretensión constitucional que en este apartado se analiza, versa en la omisión de la Segundo Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, de dar contestación a las promociones presentadas por la parte actora ante el sistema denominado EXLAB, en datas doce y veinticinco de junio del año en curso, dentro del juicio 1871/2021. Ahora bien, en el presente asunto, la citada autoridad responsable allega copia certificada del acuerdo de veinticinco de septiembre del año en curso, dictado dentro del juicio de origen, por el que se emitió determinación sobre las promociones presentadas por la parte actora ante el sistema denominado EXLAB, en datas doce y veinticinco de junio del año en curso. De ahí que se estime que la omisión reclamada ha cesado, dado que si bien el acto que reclamó la parte quejosa existió, al haberse dictado el acuerdo de veinticinco de septiembre del año en curso, mediante el cual se dio contestación a las promociones presentadas por la quejosa, el mismo ha cesado en sus efectos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P. CL/97, asentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, Tomo VI, Noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Asimismo, resulta ilustrativa la siguiente tesis VI.1o.T.6 K (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 33, agosto de 2016, página:2522, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SOBRESEER POR DICHA CAUSAL Y NO POR INEXISTENCIA DEL ACTO, SI SE RECLAMA LA OMISIÓN DE ACORDAR UN ESCRITO DE DEMANDA EN LA VÍA ORDINARIA, Y DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTE QUE, CON POSTERIORIDAD A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, SE DICTÓ EL PROVEÍDO CORRESPONDIENTE. Si en el juicio de amparo indirecto se reclama la omisión de la autoridad responsable de acordar un escrito de demanda en la vía ordinaria y del informe justificado remitido por ésta, se advierte que el acuerdo cuya omisión se impugnó se dictó después de promovido el juicio constitucional, entonces procede sobreseer en éste con fundamento en la fracción V del artículo 63, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo y no en términos de la fracción IV del propio numeral 63 (inexistencia del acto). Lo anterior, pues al presentarse la demanda de amparo aún no se dictaba el acuerdo respectivo, por lo que sí existía la omisión reclamada, la cual cesó en sus efectos ya iniciado el juicio con el dictado del proveído correspondiente". Por ende, resulta inconcuso que el acto reclamado cesó en todos sus efectos, en virtud que si bien Segundo Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, omitió en su momento acordar, las promociones presentadas por la parte actora ante el sistema denominado EXLAB, en datas doce y veinticinco de junio del año en curso, dentro del juicio 1871/2021, al haberse dictado el acuerdo de veinticinco de septiembre del año en curso, cesaron los actos que reclamó la peticionaria de amparo; por tanto, lógico es, como se dijo anteriormente, se actualiza en la especie la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo; en consecuencia, procede decretar el sobreseimiento del presente asunto, respecto del acto reclamado. En conclusión, y toda vez que se actualiza la causal de improcedencia precisada, en relación con el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Verónica Estefanía Falcón Morales, por propio derecho en contra los actos reclamados del Segundo Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, y otras autoridades Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para las once horas del cinco de octubre de dos mil veintidós. Comuníquese la presente determinación a las partes. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridades responsables Oficio Fiscal Federal adscrito Electrónica
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinte de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Quejosa desahoga prevención. Agréguese como legalmente corresponda el escrito de cuenta suscrito por la quejosa **********, por propio derecho; por medio del cual desahoga en tiempo y forma el requerimiento formulado por auto de siete de septiembre de dos mil veintitrés, así acuérdese lo que en derecho corresponda: 2. Causal de improcedencia respecto de una autoridad así señalada por la quejosa. Ahora, de la lectura integra de la demanda de amparo hecha valer por el promovente, se advierte que en cuanto a la autoridad señalada como responsable Secretario Instructor del Segundo Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla, en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo. Los numerales y fracciones aludidos, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Así pues, como se destacó el juicio de amparo deviene improcedente respecto a la autoridad responsable Secretario Instructor del Segundo Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla; ello es así, dado que del texto del artículo 5°, fracción II de la Ley de Amparo se colige que el juicio de amparo tiene por objeto resolver las controversias que se susciten por leyes o actos de autoridad que violen derechos fundamentales del quejoso; y que es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; bajo dichas premisas, es indudable que esta funcionaria no puede ser considerada como autoridad responsable para los efectos del amparo, pues únicamente está facultada para autorizar conforme a la ley los acuerdos, autos; y, en general, todas las diligencias en que intervienen, por virtud de lo cual, carece de las facultades propias inherentes a las autoridades para los efectos del amparo, y en razón de ello, no puede ser considerada con tal carácter en el juicio de amparo; por consiguiente, es indudable que se surte en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 5°, fracción II de la Ley de Amparo. Asimismo, dentro de las facultades concedidas a los secretarios de acuerdos, no están las de decisión o de ejecución, sino que se circunscriben a la organización interna y de mero trámite de la sala a la que se encuentren adscritos, por lo que no puede ser considerada como autoridad responsable para los efectos del amparo, ya que si bien tiene facultades para autorizar las resoluciones o acuerdos que dicte el titular de dicho órgano, ello no se traduce en un acto de decisión o de ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, abril de mil novecientos noventa y uno, página 244, que dice: "SECRETARIO DE ACUERDOS, NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Por disposición del artículo 27, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, el secretario de acuerdos de los juzgados de lo civil, está facultado, entre otras cuestiones, para autorizar las diligencias y resoluciones que emita el titular, tarea ésta que de ninguna manera involucra de su parte, actos de decisión, pues, solamente significa dar fe o confirmar que las determinaciones en que va puesta su firma fueron real y efectivamente pronunciadas por el funcionario de quien es subalterno. De lo anterior se desprende que el referido servidor público, al no estar investido de atributos decisorios en el desempeño de sus funciones, no puede ser considerado como autoridad para efectos del juicio constitucional." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia en mención, se desecha por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por **********, por lo que respecta únicamente al acto reclamado a la Secretario Instructor del Segundo Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla. 3. Admisión. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; y, 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA DE AMPARO EN SUS TÉRMINOS. 4. Incidente de suspensión. Sin que se tramite el incidente de suspensión por no haberse solicitado en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo y, por no ubicarse los actos en ninguno de los supuestos establecidos en los artículos 126 y 127 de la ley de la materia. 5. Audiencia constitucional. Cítese a las partes a la audiencia constitucional a las once horas del cinco de octubre del dos mil veintitrés. 6. Fiscal Federal adscrito. Dese la intervención que legalmente le corresponde al agente del Fiscal Federal adscrito, en términos de los artículos 107, fracción XV, de la Constitución Federal, y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. a) Hecho notorio. Por otra parte, se advierte que en el presente juicio, se dio la legal intervención a la Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrita, conforme a lo establecido en los artículos 107, fracción XV, constitucional y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo; y, debido a que de la lectura integral de la intervención ministerial de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, presentada en el cuaderno de varios 1/2023, de la estadística de este Juzgado de Distrito; de cuyo contenido se aprecia que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, solicita se le otorgue el acceso a la consulta del expediente electrónico de los juicios de amparo en los que tiene participación y que las notificaciones que sucedan en los mismos, se le realicen a través del usuario que proporciona para tales efectos. Lo que constituye un hecho notorio en términos numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia y la jurisprudencia XIX.1o.P.T. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, cuyo rubro es: "HECHOS NOTORIOS. LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN INVOCAR CON ESE CARÁCTER LAS EJECUTORIAS QUE EMITIERON Y LOS DIFERENTES DATOS E INFORMACIÓN CONTENIDOS EN DICHAS RESOLUCIONES Y EN LOS ASUNTOS QUE SE SIGAN ANTE LOS PROPIOS ÓRGANOS.". b) Autorización consulta de expediente electrónico. En atención a la solicitud realizada por la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita, y con fundamento en lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 9, 14, 16, 19, 35 y 36 del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo", se le autoriza la consulta del expediente electrónico a través del usuario "BASTIDA", vía internet del juicio en que se actúa; debido a que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que dicho usuario se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); para que pueda cumplir con su obligación procesal de estar al pendiente del litigio constitucional en cualquier lugar y momento, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Es pertinente señalar que la digitalización de las promociones y proveídos del expediente electrónico, se integran atendiendo a la carga de trabajo con la que cuenta este órgano jurisdiccional y depende de la optimización y funcionamiento del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". c) Notificación electrónica. Asimismo, con fundamento en los artículos 26, fracción IV y 30, fracción I, de la ley de la materia, SE AUTORIZA QUE LAS NOTIFICACIONES, SE REALICEN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA DE MANERA ELECTRÓNICA en el usuario proporcionado para tal efecto. En atención a ello, se instruye al Oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) a fin de que realice los movimientos informáticos necesarios para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXVII.1o.4 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE PUEDAN HACERSE RESPECTO DE RESOLUCIONES, SE REQUIERE DE SOLICITUD EXPRESA DEL INTERESADO, CONTAR CON FIRMA ELECTRÓNICA Y DE LA AUTORIZACIÓN DEL JUZGADOR." 7. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que rinda su respectivo informe con justificación, bajo los términos y condiciones siguientes: a) Dentro del plazo de tres días improrrogables siguientes al en que reciba el oficio de notificación relativo; b) Oportunidad en la que deberá exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar copia certificada, íntegra y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, derivadas del juicio de origen, en la inteligencia que de no contar con tales documentales, será suficiente la remisión de dicho informe. De conformidad con lo establecido por los artículos 237, fracción I, 238, 244, 245 y 260, fracción II, de la ley de la materia, se apercibe a la autoridad responsable con la aplicación de multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, i) En el supuesto de que se niegue a recibir las notificaciones derivadas del juicio; y ii) Se abstenga o sea omisa en rendir el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Esta última sanción se aplicará al resolverse el fondo del asunto con independencia de presumir cierto el acto reclamado. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, comuníquese a la autoridad responsable que si del contenido de su respectivo informe se advierte que afirmare una falsedad o negare la verdad o, en su caso remitiere constancias equivocadas, podrá ser sancionada en los términos que señala el indicado precepto. Cabe precisar que el requerimiento del informe justificado, dentro del plazo precisado en el artículo 118 de la Ley de Amparo, obedece al hecho de que la finalidad perseguida por el citado precepto es dar celeridad al trámite del juicio de amparo, en asuntos que por su naturaleza sea posible otorgar, sin mayor problema, la protección constitucional, toda vez que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se proclamó jurisprudencialmente sobre el alcance del derecho fundamental reconocido en el artículo 17 constitucional, a fin de observar la tutela que debe prevalecer por parte de los órganos jurisdiccionales, específicamente en el acceso efectivo a la administración de justicia con el objetivo de lograr que las instancias constituyan mecanismos expeditos, eficaces y confiables para los justiciables, criterio de cuyo cumplimiento derivará su eficacia y que resulta de observancia obligatoria para este órgano jurisdiccional, mismo que es del tenor literal siguiente: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL." Lo que además, encuentra justificación en el artículo 25.1 y 25.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos del que el Estado Mexicano es parte y cuya jurisprudencia es obligatoria para todos los juzgadores, por ser más favorable, acorde a lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 21/2014. Bajo ese marco legal, atendiendo a la situación en la que se encuentra inmerso el quejoso en la instancia de origen, este órgano jurisdiccional requiere el informe justificado en el plazo antes señalado, a fin de buscar privilegiar la impartición de justicia y respeto a los derechos fundamentales establecidos en el artículo 17 constitucional, tal y como el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo dispuso en la tesis jurisprudencial en comento. 8. Se requieren constancias. Por otra parte, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que quede notificada de este auto, remita copia certificada, completa y legible de la totalidad de constancias que tengan relación con la existencia del acto que se reclama, bajo el apercibimiento que se ser omisa se le hará efectiva la multa con que se le conminó en supra líneas. En esa tesitura, hágase del conocimiento a las partes, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, en vigor a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, así como lo precisado en el artículo 52 bis, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, el envío de documentos a través de medios tecnológicos, tales como el correo electrónico sin el uso de la firma electrónica (Fiel o Firel) no serán tomados en consideración. Asimismo, requiérase para que informe si las constancias que sustenta el acto que en esta vía se reclama se encuentran digitalizadas y, de ser así, las remita de forma electrónica a este juzgado federal, a través de los medios indicados. Y de no ser posible remita dichas documentales de forma física, mismas que de no ser posible integrarlas al expediente electrónico por exceder la capacidad que permite el sistema (20 mega bytes) se pondrán a la vista del quejoso mediante consulta. 9. Tratamiento de información clasificada. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que en caso de remitir constancias que justifiquen el acto reclamado y éstas consistan en documentación o información con el carácter de reservada o confidencial deberá enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado, especificando en el empaquetado que se trata de información con tal carácter, ello como parte de las obligaciones que deben vigilarse en términos de los artículos 101, 104 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sumando a las anteriores, los documentos que en su caso corresponda remitir por parte de la autoridad responsable los cuales deberán contener la leyenda precisada en el artículo 30 del reglamento de la ley aducida, en ese sentido, hágase del conocimiento de las partes que de existir información considerada como reservada o confidencial, la misma no podrá ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio, en términos de la jurisprudencia P/J.26/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MAS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LA PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA". 1 10. Autorización para las personas actuarias de la adscripción. Se faculta a cualquiera de las personas actuarias de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio en el que se encuentre ubicada la autoridad responsable en este juicio de amparo, si ésta se niega a recibir el comunicado a ellas dirigido, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se le aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Con fundamento en la fracción I, párrafo segundo del artículo 28 de la Ley de Amparo, hágase saber a las autoridades responsables que el error o la imprecisión no sustancial en la denominación o en la cita de su nombre que impida individualizarlas o distinguirlas, no será motivo para negarse a recibir el oficio respectivo o para rendir los informes que se soliciten; pues en su caso la persona actuaria al contar con fe pública podrá asentar la denominación correcta atendiendo al principio de economía procesal que debe imperar en los asuntos. Aunado a lo anterior, sí la persona secretaria encargada del asunto le es devuelto un oficio por las mismas circunstancias, éste podrá hacer la modificación a la denominación de la autoridad sin darle vista a la parte quejosa en atención al principio pro actione, ello atendiendo al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, los que forman parte del principio a la tutela judicial efectiva, que tiene como objeto evitar entre otros, que el órgano jurisdiccional pueda convertir cualquier irregularidad formal en obstáculo insalvable para la prosecución del proceso, con la única limitante de no afectar garantías procesales de la parte contraria. Por ello ante, el error o la imprecisión no sustancial en la denominación o en la cita de su nombre que impida individualizarlas o distinguirlas, resulta innecesario dar vista a la parte quejosa y obligar al juzgador a realizar actuaciones que afectarían el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y el principio de economía procesal. Sirve de apoyo la Jurisprudencia I.3o.C. J/4 (10a.)2 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "PRINCIPIOS DE FAVORECIMIENTO DE LA ACCIÓN (PRO ACTIONE), DE SUBSANACIÓN DE LOS DEFECTOS PROCESALES Y DE CONSERVACIÓN DE LAS ACTUACIONES, INTEGRANTES DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU APLICACIÓN EN EL PROCESO.". 11. Causas de sobreseimiento. Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, prevéngase a las partes que para el caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten; de no hacerlo, a la omisa se le impondrá una multa equivalente a treinta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior, en términos del artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 12. Conocimiento previo. Requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación, comunique a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con los actos que se reclaman en éste, o sea, que haya sido promovido por el mismo quejoso o que derive del mismo procedimiento o juicio del que emana el acto que aquí se reclama; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. 13. Tercero interesado. Dada la naturaleza del acto reclamado, se estima que no procede reconocer el carácter de tercero interesado a persona alguna; decisión que subsistirá hasta en tanto la autoridad rinda su informe justificado, y del mismo se advierta en su caso, que a alguien puede asistirle tal carácter; virtud de que, hasta este momento, no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en la fracción III del artículo 5° de la Ley de Amparo. 14. Capítulo de pruebas. Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa ofreciendo como pruebas de su intención la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, las cuales se tienen por anunciadas, de las cuales se valoraran y tomaran en consideración en la audiencia constitucional. 15. Notificación a las autoridades responsables. De conformidad con los artículos 28, fracciones I y II, y 29 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, con la finalidad de optimizar los recursos materiales, únicamente se le notificará de manera personal, es decir, por medio de oficio, aquellas determinaciones que por la trascendencia del contenido del auto o resolución que deban notificársele lo ameriten; en tanto que los acuerdos de trámite de menor importancia se le notificarán de la misma manera que a las demás partes, esto es, por medio de lista. De la misma manera, tomando en consideración que el segundo de los numerales en cita prevé que, en los juicios de amparo, las notificaciones por lista se harán en una que se fijará y publicará en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a las partes que, en la página electrónica de Consejo de la Judicatura Federal (www.cjf.gob.mx), o bien, mediante el ingreso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx), pueden realizar la consulta de dicha lista, así como la información que de este expediente se encuentra capturada en el Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes ("S.I.S.E."). Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."3 . Se autoriza a las personas secretarias adscritas a este órgano jurisdiccional a que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. 16. Notificación a las partes. Se instruye a la persona Secretaria y al Oficial de trámite respectivos, para que se efectúe y corrobore, el contenido y envío inmediato de los oficios relativos. En el entendido de que la responsabilidad tanto del envío efectivo del comunicado de referencia, la veracidad de los datos que se publiquen en la lista de acuerdos, así como la correcta y oportuna notificación de este proveído y del resto de las determinaciones que se emitan en el presente asunto, recae en la persona Actuaria de la adscripción. a. En juicios de amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, si la autoridad se niega a recibir un oficio de notificación, la persona actuaria deberá informarle que, no obstante esa circunstancia, se tendrá por hecha la notificación, en el entendido de que, si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por practicada. b. Incluso cuando las autoridades no tengan celebrado un convenio de interconexión con el Consejo, de conformidad con lo previsto en los artículos 28, fracción III, y 30, fracción I, de la Ley de Amparo, es posible que en amparos urgentes tramitados electrónicamente, las notificaciones a las autoridades responsables (previstas a su vez en el precepto 26, fracción II, de dicho ordenamiento) se hagan a través de cualquier medio oficial, incluyendo un "oficio digitalizado mediante la utilización de la Firma Electrónica", el cual puede enviarse por correo electrónico institucional. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridades responsables Oficio Fiscal Federal adscrito Oficio
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a siete de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Registro, captura en SISE, formación de expediente físico y electrónico. Vista la demanda de amparo interpuesta por **********, por propio derecho en contra de actos reclamados del Segundo Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, y otras autoridades, por considerar que se vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en el artículo 17, de la Constitución Federal, se ordena anotar en el libro de registro de juicios de amparo con el número 1116/2023, se ordena al registrar en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, de este órgano jurisdiccional y formar expediente, tanto físico como electrónico. 2. Integración del expediente físico y electrónico. En ese sentido, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena al Oficial Judicial la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo y en cuanto a las personas actuarias, deberán digitalizar todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo la persona secretaria cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. 3. Estudio de la demanda de amparo. A efecto de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo promovida por Verónica Estefanía Falcón Morales, por propio derecho, es importante tomar en consideración lo establecido en el numeral 114 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. (.)". Con base en la porción normativa que precede, el Juez de Distrito al realizar el análisis del escrito constitucional puede advertir: Irregularidades, como podría ser imprecisión o deficiencias en los antecedentes de los actos reclamados, entre otros. Omisión en alguno de los requisitos establecidos en el artículo 108, de la ley de la materia, como el señalamiento preciso del acto que de cada autoridad se reclame. En la especie, se estima que en la demanda que nos ocupa se actualizan el primero de los supuestos señalados, como enseguida se demuestra. En principio, cabe destacar que del análisis de la demanda de amparo se advierte que la quejosa señala, como acto reclamado: ".a la fecha la Autoridad responsable ha sido omisa en emitir el laudo correspondiente en el expediente laboral promovido por el suscrito." Sin embargo, en el capítulo "IV. Acto reclamado", señala: ".La abstención por parte de la responsable de respetar lo señalado en los artículos 837, fracción I y 838 de la Ley Federal del Trabajo, por la tardía impartición de justicia, al ser omisos en acordar las promociones electrónicas presentadas ante el Sistema electrónico denominado EXLAB, en fechas 12 de junio de 2023 y 25 de junio de 2023." Por lo que no se advierte con precisión, cual es el acto que por ésta vía intenta reclamar, lo que es necesario para estar en aptitud de fijar la litis en el presente asunto, por lo que es indispensable precisar de manera clara dicho acto. Apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis XX.57 K, visible en la página 87, tomo III, marzo de 1996, Novena época, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS." Por tanto, a efecto de proveer sobre su admisión, requiérase a la quejosa **********, para que dentro del plazo de cinco días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD; desahogue los siguientes requerimientos, con fundamento en lo previsto por los artículos 108, fracción V, en relación al diverso 114, fracción I, de la Ley de Amparo, para los efectos del artículo 261 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos.": ? Aclare de manera precisa y concreta en qué consiste la omisión que por esta vía reclama a las autoridades señaladas como responsables, absteniéndose de hacer manifestaciones subjetivas relacionadas con el fondo del asunto al momento de precisar el acto. Finalmente, toda vez que los datos que se le requieren son requisitos esenciales de la demanda, en términos del artículo 108, y 114, fracciones I, II y V, de la Ley de Amparo, deberán exhibir tantas copias como sean necesarias de su escrito aclaratorio para el completo de los traslados a las partes que intervienen en el presente juicio, dado que forman parte integral de la demanda, en términos de la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 9/2000, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." 4. Apercibimiento a la parte quejosa. Apercíbase a la quejosa que de no cumplir con el requerimiento formulado en el presente proveído, en la forma y plazo indicado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad en el artículo 114, párrafo segundo de la Ley de Amparo. 5. Autorizados y domicilio. Se autoriza en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que mencionan para tales efectos en su escrito de demanda, siempre y cuando tengan registradas sus cédulas profesionales en el Registro Único de Profesionales del Derecho, de lo contrario únicamente tendrán las facultades de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de la Materia. Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, por lo que se le requiere para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de residencia de este órgano jurisdiccional, apercibida que en caso de no hacerlo así, se le harán las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado federal sin ulterior acuerdo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo. Por lo anterior, se comisiona a la persona actuaria adscrita para que por única ocasión notifique el contenido del presente proveído en el domicilio ubicado en **********. 6. Uso de medios electrónicos. Por otra parte, con fundamento en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes, autorizados, delegados y autoridades responsables, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. Son aplicables a lo anterior, los criterios sustentados en las tesis números I.3o.C.725 C y I.1o.A.23 K (10a.), cuyos rubros son los siguientes: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA."1 y "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."2 . 7. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, en concordancia con el artículo 17 constitucional, para los casos en los que el presente juicio se deban de realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas. 8. Transparencia. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental3 ; hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa De manera personal por única ocasión
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · 7,808 expedientes
- Veronica Andrea Paez Espinosa253/2019
- Veronica Apolinar Gonzalez1343/2018
- Veronica Chávez López707/2018
- Verónica Chávez López1838/2017
- Veronica Chavez Lopez1570/2018
- Verónica Espinosa Brillas372/2021
- Veronica Garcia Garcia339/2021
- Verónica Garcia Mendoza599/2023
- Verónica Guadalupe Villanueva Leal340/2021
- Verónica Patricia Valenzuela Martínez1383/2022
- Verónica Pérez Vergara997/2020
- Verónica Quevedo Ramírez719/2020