Verónica Escamilla Rivera

Expediente 1499/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1499/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
14/07/2022

Partes del expediente

  • Verónica Escamilla Rivera
  • Juzgado Segundo de Primera Instancia de Oralidad Mercantil, con residencia en Tepic, Nayarit

Actuaciones

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales conducentes el oficio de cuenta, signado por el Juez Segundo de Primera Instancia de Oralidad Mercantil, con residencia en esta ciudad de Tepic; luego, en atención a lo que solicita la autoridad oficiante en su oficio de cuenta, en el sentido se le devuelvan los autos originales del expediente 243/220 de su índice. Al respecto, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad a lo que peticiona en ese sentido, toda vez que del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante oficio 303-IX de uno de marzo del año en curso, le fue devuelto el expediente antes mencionado, asimismo, se desprende que ese oficio fue recibido en el referido Juzgado, al día siguiente, lo que se advierte del sello de recepción de la citada Junta, estampado en la constancia de notificación correspondiente; documental de la que se le remite copia simple para justificar esa devolución. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación secretarial que antecede, de donde se desprende que la parte quejosa dentro del término legal concedido, no se inconformó en contra del proveído mediante el cual se desechó de plano su demanda de amparo; consecuentemente, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo QUEDA FIRME para todos sus efectos legales procedentes. Y, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica, como se dijo, en el inciso b) del arábigo 21 del citado Acuerdo General, pues se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. Por último, en virtud que ya no son necesarias las constancias que adjuntó a su oficio 890/2021-II, la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en Tepic, consistente en el expediente original 243/2020 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Oralidad Mercantil, con sede en Tepic, devuélvansele al citado Juzgado para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRES DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el oficio de cuenta, por medio del cual la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en la ciudad de Tepic, Nayarit, remite a este Juzgado la demanda de amparo promovida por VERONICA ESCAMILLA RIVERA, y GILBERTO SERRATOS CECEÑA, y los autos del expediente 243/2020, del índice del Juzgado Segundo de Primera instancia de Oralidad Mercantil, con residencia en Tepic, Nayarit, contra actos de la citada autoridad; luego, en virtud de que dicho Tribunal Federal, mediante auto de nueve de noviembre del año en curso, pronunciado en el juicio de amparo directo 446/2021 de su índice, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, por considerar que el acto reclamado, no puede considerarse como una resolución definitiva o que ponga fin al juicio y, por consiguiente, que pueda combatirse a través del juicio de amparo directo, como lo establece el artículo 45 de la Ley de Amparo vigente, ya que los Tribunales Colegiados son competentes para conocer del juicio de amparo directo, por regla general contra actos de tribunales judiciales, pues tal determinación no es de aquellas que puedan considerarse como sentencias definitivas o laudos, ni tampoco resoluciones que pongan fin al juicio; en cambio, el acto tildado de inconstitucional fue pronunciado dentro del juicio primigenio, lo que en su caso actualiza la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo. En consecuencia, este Juzgado Federal, se avoca al conocimiento de la referida demanda de amparo. Comuníquese lo anterior a dicho Tribunal Federal, para los efectos legales procedentes y acúsese recibo de estilo correspondiente. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1499/2021, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, asimismo, con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 13, 21, 22, 25 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Luego, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Del precepto transcrito se observa, que el desechamiento de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia; y b) Que ese motivo sea manifiesto y también indudable. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, y de los documentos que se anexen a y lo indudable, consiste en tener la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. Precisado lo anterior, se estima que en la especie respecto al acto reclamado consistente en: "La admisión de la demanda EN LA VIA ORAL MERCANTIL LA PRESENTE DEMANDA PRESENTADA POR LA PERSONA DE REFERENCIA CON FECHA 06 DE JULIO DEL 2020 Y EN CONTRA DE LOS SUSCRITOS VERONICA ESCAMILLA RIVERA EN SU CARÁCTER DE DEUDOR PRINCIPAL Y GILBERTO SERRATOS CECEÑA, EN SU CARÁCTER DE AVAL." Este juzgado de distrito advierte que la demanda es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, pues se actualiza la cual establecida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el numeral 17, ambos de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:..". La referida causal de improcedencia que se desprende del segundo de los preceptos transcritos, es de estudio preferente a las demás, debido a que la demanda de amparo que se analiza no se presentó en tiempo y, por ende, este órgano de control constitucional no puede actualizar otra diversa, dado que la acción, en sí misma, es improcedente por extemporánea. Es aplicable a la consideración que antecede, en lo conducente, la tesis I. 3o. A. 135 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 619, del Tomo XIV, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "IMPROCEDENCIA, LA CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 EN RELACIÓN CON EL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, ES DE ESTUDIO PREFERENTE A LAS DEMÁS CAUSALES." Por su parte, el artículo 18 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De la interpretación literal del precepto antes transcrito, se advierte que el legislador estableció tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo que en el mismo se prevé para la promoción del juicio de amparo, que son: 1. A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acto que reclame; o 2. A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acto que reclama, o de sus actos de ejecución; o 3. A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Ahora, como se había adelantado en la especie, la parte quejosa en su demanda de amparo reclama lo siguiente: ? La admisión de la demanda EN LA VIA ORAL MERCANTIL LA PRESENTE DEMANDA PRESENTADA POR LA PERSONA DE REFERENCIA CON FECHA 06 DE JULIO DEL 2020 Y EN CONTRA DE LOS SUSCRITOS VERONICA ESCAMILLA RIVERA EN SU CARÁCTER DE DEUDOR PRINCIPAL Y GILBERTO SERRATOS CECEÑA, EN SU CARÁCTER DE AVAL. Sin embargo, los promoventes del amparo, en su demanda presentada el veintisiete de abril de dos mil veintiuno ante la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia del Oralidad Mercantil señalan lo siguiente: V.- FECHA DE LA NOTIFICACION DE LA DEMANDA.- El día 2 de marzo del año 2021." Manifestaciones que constituye una confesión que desde el dos de marzo de dos mil veintiuno tenía conocimiento del acto reclamado. En esos términos, a tal confesión expresa se le reconoce valor de prueba plena, de conformidad con los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran, en ella, las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona cpacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio." "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Apoya lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en las páginas 294 y 295, Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo sumario dice: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo puede dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe." Por lo que queda de manifiesto que los aquí quejosos por lo menos desde el dos de marzo de dos mil veintiuno, conocían de la existencia del citado acto reclamado; por tanto, se concluye que presentaron su demanda de amparo fuera del término que marca el artículo 17 de la Ley de Amparo; tomando en consideración que la demanda de amparo en análisis, se presentó ante la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia de Oralidad Mercantil el veintisiete de abril del presente año, según se advierte del sello de recibido que aparece en la primera foja de la citada demanda; por lo cual, debe decirse que por una simple operación aritmética, a la fecha de la presentación de la demanda, transcurrieron más de quince días hábiles a que se refiere el artículo 17 de la Ley de la Materia; de ahí que sea incuestionable que la parte quejosa consintió tácitamente el acto que reclama a la autoridad señalada como responsable, por no promover la presente demanda de amparo dentro del término de quince días hábiles a que se refiere el aludido artículo 17 de la Ley de la Materia. Ello es así, porque del artículo 18 de la Ley de Amparo, se desprende que el cómputo de quince días hábiles para la interposición de la demanda de amparo, empezará a contar desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acto que reclame, a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acto que reclama, o de sus actos de ejecución de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos, porque de acuerdo con el espíritu que informa el citado precepto, el conocimiento del acto reclamado por la parte quejosa y que sirve de base para el cómputo del término de quince días hábiles para la promoción del juicio de amparo, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 115/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, tomo XXXIII, Novena Época, enero de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ". Así como la jurisprudencia P./J. 27/96, publicada en la página 57, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de mil novecientos noventa y seis, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO". Igualmente la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en la página 1035, Tomo XXII, Julio de dos mil cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA EXPRESAMENTE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO". En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en el auto de admisión de demanda de seis de julio de dos mil veinte, que dio origen al juicio oral mercantil 243/2020, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Oralidad Mercantil, con sede en Tepic, por lo que con fundamento en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se procede a DESECHAR de PLANO la demanda de amparo respecto al citado acto reclamado. Luego, dado el volumen de los anexos que acompaña la autoridad oficiante a su oficio de cuenta, a fin de facilitar el manejo del expediente, fórmese un tomo de pruebas. Como lo solicita la parte quejosa, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, no ha lugar a tenerle señalado el correo electrónico que señala para recibir notificaciones, dado que para la autorización de dichas notificaciones es necesario contar con firma electrónica y nombre de usuario. Sin embargo, se le tiene proporcionando el correo electrónico que menciona para establecer el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a la parte quejosa que puede manifestar su oposición a que se publiquen sus datos personales. En aras de una pronta impartición de justicia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se habilitan días y horas inhábiles al Actuario Judicial de la adscripción, a fin de que proceda a llevar a cabo la diligencia ordenada en el presente auto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    EN TERMINOS DEL ARTICULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA: TEPIC, NAYARIT, TRES DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el oficio de cuenta, por medio del cual la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en la ciudad de Tepic, Nayarit, remite a este Juzgado la demanda de amparo promovida por VERONICA ESCAMILLA RIVERA, y GILBERTO SERRATOS CECEÑA, y los autos del expediente 243/2020, del índice del Juzgado Segundo de Primera instancia de Oralidad Mercantil, con residencia en Tepic, Nayarit, contra actos de la citada autoridad; luego, en virtud de que dicho Tribunal Federal, mediante auto de nueve de noviembre del año en curso, pronunciado en el juicio de amparo directo 446/2021 de su índice, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, por considerar que el acto reclamado, no puede considerarse como una resolución definitiva o que ponga fin al juicio y, por consiguiente, que pueda combatirse a través del juicio de amparo directo, como lo establece el artículo 45 de la Ley de Amparo vigente, ya que los Tribunales Colegiados son competentes para conocer del juicio de amparo directo, por regla general contra actos de tribunales judiciales, pues tal determinación no es de aquellas que puedan considerarse como sentencias definitivas o laudos, ni tampoco resoluciones que pongan fin al juicio; en cambio, el acto tildado de inconstitucional fue pronunciado dentro del juicio primigenio, lo que en su caso actualiza la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo. En consecuencia, este Juzgado Federal, se avoca al conocimiento de la referida demanda de amparo. Comuníquese lo anterior a dicho Tribunal Federal, para los efectos legales procedentes y acúsese recibo de estilo correspondiente. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1499/202. Luego, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Del precepto transcrito se observa, que el desechamiento de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia; y b) Que ese motivo sea manifiesto y también indudable. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, y de los documentos que se anexen a y lo indudable, consiste en tener la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. Precisado lo anterior, se estima que en la especie respecto al acto reclamado consistente en: "La admisión de la demanda EN LA VIA ORAL MERCANTIL LA PRESENTE DEMANDA PRESENTADA POR LA PERSONA DE REFERENCIA CON FECHA 06 DE JULIO DEL 2020 Y EN CONTRA DE LOS SUSCRITOS VERONICA ESCAMILLA RIVERA EN SU CARÁCTER DE DEUDOR PRINCIPAL Y GILBERTO SERRATOS CECEÑA, EN SU CARÁCTER DE AVAL." Este juzgado de distrito advierte que la demanda es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, pues se actualiza la cual establecida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el numeral 17, ambos de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:..". La referida causal de improcedencia que se desprende del segundo de los preceptos transcritos, es de estudio preferente a las demás, debido a que la demanda de amparo que se analiza no se presentó en tiempo y, por ende, este órgano de control constitucional no puede actualizar otra diversa, dado que la acción, en sí misma, es improcedente por extemporánea. Es aplicable a la consideración que antecede, en lo conducente, la tesis I. 3o. A. 135 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 619, del Tomo XIV, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "IMPROCEDENCIA, LA CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 EN RELACIÓN CON EL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, ES DE ESTUDIO PREFERENTE A LAS DEMÁS CAUSALES." Por su parte, el artículo 18 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De la interpretación literal del precepto antes transcrito, se advierte que el legislador estableció tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo que en el mismo se prevé para la promoción del juicio de amparo, que son: 1. A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acto que reclame; o 2. A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acto que reclama, o de sus actos de ejecución; o 3. A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Ahora, como se había adelantado en la especie, la parte quejosa en su demanda de amparo reclama lo siguiente: ? La admisión de la demanda EN LA VIA ORAL MERCANTIL LA PRESENTE DEMANDA PRESENTADA POR LA PERSONA DE REFERENCIA CON FECHA 06 DE JULIO DEL 2020 Y EN CONTRA DE LOS SUSCRITOS VERONICA ESCAMILLA RIVERA EN SU CARÁCTER DE DEUDOR PRINCIPAL Y GILBERTO SERRATOS CECEÑA, EN SU CARÁCTER DE AVAL. Sin embargo, los promoventes del amparo, en su demanda presentada el veintisiete de abril de dos mil veintiuno ante la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia del Oralidad Mercantil señalan lo siguiente: V.- FECHA DE LA NOTIFICACION DE LA DEMANDA.- El día 2 de marzo del año 2021." Manifestaciones que constituye una confesión que desde el dos de marzo de dos mil veintiuno tenía conocimiento del acto reclamado. En esos términos, a tal confesión expresa se le reconoce valor de prueba plena, de conformidad con los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran, en ella, las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona cpacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio." "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Apoya lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en las páginas 294 y 295, Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo sumario dice: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo puede dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe." Por lo que queda de manifiesto que los aquí quejosos por lo menos desde el dos de marzo de dos mil veintiuno, conocían de la existencia del citado acto reclamado; por tanto, se concluye que presentaron su demanda de amparo fuera del término que marca el artículo 17 de la Ley de Amparo; tomando en consideración que la demanda de amparo en análisis, se presentó ante la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia de Oralidad Mercantil el veintisiete de abril del presente año, según se advierte del sello de recibido que aparece en la primera foja de la citada demanda; por lo cual, debe decirse que por una simple operación aritmética, a la fecha de la presentación de la demanda, transcurrieron más de quince días hábiles a que se refiere el artículo 17 de la Ley de la Materia; de ahí que sea incuestionable que la parte quejosa consintió tácitamente el acto que reclama a la autoridad señalada como responsable, por no promover la presente demanda de amparo dentro del término de quince días hábiles a que se refiere el aludido artículo 17 de la Ley de la Materia. Ello es así, porque del artículo 18 de la Ley de Amparo, se desprende que el cómputo de quince días hábiles para la interposición de la demanda de amparo, empezará a contar desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acto que reclame, a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acto que reclama, o de sus actos de ejecución de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos, porque de acuerdo con el espíritu que informa el citado precepto, el conocimiento del acto reclamado por la parte quejosa y que sirve de base para el cómputo del término de quince días hábiles para la promoción del juicio de amparo, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 115/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, tomo XXXIII, Novena Época, enero de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ". Así como la jurisprudencia P./J. 27/96, publicada en la página 57, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de mil novecientos noventa y seis, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO". Igualmente la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en la página 1035, Tomo XXII, Julio de dos mil cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA EXPRESAMENTE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO". En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en el auto de admisión de demanda de seis de julio de dos mil veinte, que dio origen al juicio oral mercantil 243/2020, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Oralidad Mercantil, con sede en Tepic, por lo que con fundamento en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se procede a DESECHAR de PLANO la demanda de amparo respecto al citado acto reclamado.

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