Verónica Domínguez Vallejo
Expediente 1044/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1044/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Verónica Domínguez Vallejo
Actuaciones
- Principal
CUENTA. En la ciudad de León, Guanajuato, el diez de noviembre de dos mil veintitrés, el secretario da cuenta con un oficio registrado en el libro de correspondencia bajo el número 19267. Conste.León, Guanajuato, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede se provee: Quejosa formula alegatos. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos que expresa la promovente, los cuales se relacionarán y recibirán en la audiencia constitucional. Se difiere anticipadamente la audiencia constitucional. De la certificación de cuenta se advierte que a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional no trascurrirá el plazo de quince días que la parte quejosa tiene a efecto de que conforme sus intereses esté en aptitud, en su caso, de ampliar su demanda de amparo; en consecuencia, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta y cuatro minutos del trece de noviembre de dos mil veintitrés y, en su lugar, se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CUATRO MINUTOS DEL TRECE DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO. Notifíquese.
- Principal
León, Guanajuato, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede se provee: I. Informe con justificación. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe con justificación de las autoridades responsables; dese vista a las partes con ellos para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarse en la audiencia constitucional. Como lo solicitan, se les tiene como domicilio para recibir notificaciones el señalado en los oficios de cuenta, lugar donde les serán practicadas por medio de oficio tal como lo dispone el artículo 26, fracción II, inciso a, del referido ordenamiento legal; y, acreditados de su parte a los delegados que citan para tal efecto, de conformidad con el artículo 9 de la ley de la materia. II. Prueba documental. De conformidad con los preceptos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental exhibida por la autoridad oficiante, la que por su propia naturaleza se tiene admitida y desahogada; sin perjuicio de relacionarla y recibirla en la audiencia constitucional. III. Alegatos. Con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos que expresan, los cuales se relacionarán y recibirán en la audiencia constitucional. IV. Vista para efectos de ampliación de demanda. Ahora bien, atento a la naturaleza del acto reclamado (derecho de petición), dado que las autoridades responsables anexaron a los comunicados de cuenta el oficio * con el que se respondió la petición de la parte quejosa, désele vista a ésta de manera personal con los informes y anexos rendidos por las responsables, a fin de que dentro del plazo de quince días, contado a partir de que se le notifique personalmente el presente proveído, actúe conforme con sus intereses y esté en aptitud, en su caso, de ampliar la demanda, en observancia al criterio jurisprudencial siguiente: Cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 136/2011 (9a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del siguiente tenor: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. El contenido de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada."1 En la hipótesis de que la peticionaria decida ampliar su libelo constitucional, deberá dar cumplimiento a los requisitos contenidos en el artículo 108 de la Ley de Amparo. Apercíbase a la parte quejosa que de no ampliar la demanda, se le tendrá por desinteresado y se continuará con el trámite únicamente en cuanto a las autoridades, actos y conceptos de violaciones precisados en el escrito inicial. En el entendido de que la materia de la ampliación de la demanda, en caso de que la quejosa la promueva, únicamente versará sobre los postulados del derecho de petición (congruencia, notificación, plazo razonable, fundamentación y motivación), pero no así sobre la legalidad del oficio donde respondió la solicitud. Cobra aplicación la tesis 2a. XXI/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del siguiente tenor: "DERECHO DE PETICIÓN. SU DIFERENCIA CON RESPECTO AL RECURSO ADMINISTRATIVO. El derecho de petición busca la respuesta de la autoridad a un planteamiento específico, mientras que el recurso administrativo, la nulidad o modificación de un acto de la autoridad a través de su impugnación; es decir, el recurso presupone la existencia de un acto administrativo previo que puede ser revisado por la autoridad que lo emitió o en otra instancia, mientras que aquél se limita a solicitar una respuesta determinada. Así, para recurrir una actuación administrativa se requiere de un derecho subjetivo específico; a la vez que el derecho de petición constituye simplemente la posibilidad de todo gobernado de hacer un planteamiento a la autoridad; por tanto, este último no puede sustituir los procedimientos o recursos específicos establecidos para atender ciertas materias, ni constituirse como un medio para la revisión de determinaciones administrativas."2 De igual manera, la jurisprudencia 2a./J. 62/2022 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del siguiente tenor: "DERECHO DE PETICIÓN. LA PERSONA JUZGADORA DEBE ANALIZAR SI LA RESPUESTA ES CONGRUENTE CON LO SOLICITADO CUANDO SE RECLAMA LA VIOLACIÓN A ESE DERECHO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho, al analizar la violación al derecho de petición por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues mientras uno de ellos sostuvo que en el juicio de amparo no procede analizar la congruencia de la contestación acaecida a la solicitud del quejoso, ello en aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), el otro consideró que sí se debe analizar tal circunstancia, derivado del contenido de dicha jurisprudencia y de las diversas emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que cuando se reclama la violación al derecho de petición, la persona juzgadora debe analizar la congruencia de la respuesta con la petición formulada a la autoridad, como es el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social o cualquier otra, toda vez que la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), al establecer en su texto: "... con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición ...", implica que la respuesta debe ser congruente con lo peticionado y, como efecto de ello, que el operador jurídico lo determine, esto es, si lo que contesta la autoridad tiene una relación lógica con la solicitud planteada por la persona peticionaria, en estrictos términos del artículo 8 constitucional. Justificación: Lo anterior, por la necesidad de que se garantice la protección efectiva del derecho humano previsto en el artículo 8 constitucional y así resulta acorde con la doctrina jurisprudencial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la respuesta se debe referir efectivamente a lo peticionado, de modo que guarde una consecuencia lógica al efecto. Incluso podría tratarse de algún requerimiento de datos que la autoridad precise para estar en condiciones de proceder en torno a la solicitud. Esto, sin que la persona juzgadora esté constreñida a analizar la regularidad o legalidad de la respuesta, es decir, si el contenido y sentido son jurídicamente correctos, según la normatividad aplicable, como tampoco si en el fondo favorece a las pretensiones de la persona peticionaria."3 V. Se difiere la audiencia constitucional. Así pues, en razón de que no mediaran los ocho días a que alude el artículo 117 de la ley de la materia, para que las partes se impongan del contenido de los informes de ley así como para que transcurra el plazo de vista para en su caso ampliar la demanda de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo.
- Principal
CITATORIO: En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa, el proveído de DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, que en resumen dice: León, Guanajuato, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede se provee: I. Informe con justificación. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe con justificación de las autoridades responsables; dese vista a las partes con ellos para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarse en la audiencia constitucional. Como lo solicitan, se les tiene como domicilio para recibir notificaciones el señalado en los oficios de cuenta, lugar donde les serán practicadas por medio de oficio tal como lo dispone el artículo 26, fracción II, inciso a, del referido ordenamiento legal; y, acreditados de su parte a los delegados que citan para tal efecto, de conformidad con el artículo 9 de la ley de la materia. II. Prueba documental. De conformidad con los preceptos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental exhibida por la autoridad oficiante, la que por su propia naturaleza se tiene admitida y desahogada; sin perjuicio de relacionarla y recibirla en la audiencia constitucional. III. Alegatos. Con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos que expresan, los cuales se relacionarán y recibirán en la audiencia constitucional. IV. Vista para efectos de ampliación de demanda. Ahora bien, atento a la naturaleza del acto reclamado (derecho de petición), dado que las autoridades responsables anexaron a los comunicados de cuenta el oficio * con el que se respondió la petición de la parte quejosa, désele vista a ésta de manera personal con los informes y anexos rendidos por las responsables, a fin de que dentro del plazo de quince días, contado a partir de que se le notifique personalmente el presente proveído, actúe conforme con sus intereses y esté en aptitud, en su caso, de ampliar la demanda, en observancia al criterio jurisprudencial siguiente: Cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 136/2011 (9a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del siguiente tenor: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. El contenido de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada."1 En la hipótesis de que la peticionaria decida ampliar su libelo constitucional, deberá dar cumplimiento a los requisitos contenidos en el artículo 108 de la Ley de Amparo. Apercíbase a la parte quejosa que de no ampliar la demanda, se le tendrá por desinteresado y se continuará con el trámite únicamente en cuanto a las autoridades, actos y conceptos de violaciones precisados en el escrito inicial. En el entendido de que la materia de la ampliación de la demanda, en caso de que la quejosa la promueva, únicamente versará sobre los postulados del derecho de petición (congruencia, notificación, plazo razonable, fundamentación y motivación), pero no así sobre la legalidad del oficio donde respondió la solicitud. Cobra aplicación la tesis 2a. XXI/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del siguiente tenor: "DERECHO DE PETICIÓN. SU DIFERENCIA CON RESPECTO AL RECURSO ADMINISTRATIVO. El derecho de petición busca la respuesta de la autoridad a un planteamiento específico, mientras que el recurso administrativo, la nulidad o modificación de un acto de la autoridad a través de su impugnación; es decir, el recurso presupone la existencia de un acto administrativo previo que puede ser revisado por la autoridad que lo emitió o en otra instancia, mientras que aquél se limita a solicitar una respuesta determinada. Así, para recurrir una actuación administrativa se requiere de un derecho subjetivo específico; a la vez que el derecho de petición constituye simplemente la posibilidad de todo gobernado de hacer un planteamiento a la autoridad; por tanto, este último no puede sustituir los procedimientos o recursos específicos establecidos para atender ciertas materias, ni constituirse como un medio para la revisión de determinaciones administrativas."2 De igual manera, la jurisprudencia 2a./J. 62/2022 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del siguiente tenor: "DERECHO DE PETICIÓN. LA PERSONA JUZGADORA DEBE ANALIZAR SI LA RESPUESTA ES CONGRUENTE CON LO SOLICITADO CUANDO SE RECLAMA LA VIOLACIÓN A ESE DERECHO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho, al analizar la violación al derecho de petición por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues mientras uno de ellos sostuvo que en el juicio de amparo no procede analizar la congruencia de la contestación acaecida a la solicitud del quejoso, ello en aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), el otro consideró que sí se debe analizar tal circunstancia, derivado del contenido de dicha jurisprudencia y de las diversas emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que cuando se reclama la violación al derecho de petición, la persona juzgadora debe analizar la congruencia de la respuesta con la petición formulada a la autoridad, como es el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social o cualquier otra, toda vez que la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), al establecer en su texto: "... con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición ...", implica que la respuesta debe ser congruente con lo peticionado y, como efecto de ello, que el operador jurídico lo determine, esto es, si lo que contesta la autoridad tiene una relación lógica con la solicitud planteada por la persona peticionaria, en estrictos términos del artículo 8 constitucional. Justificación: Lo anterior, por la necesidad de que se garantice la protección efectiva del derecho humano previsto en el artículo 8 constitucional y así resulta acorde con la doctrina jurisprudencial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la respuesta se debe referir efectivamente a lo peticionado, de modo que guarde una consecuencia lógica al efecto. Incluso podría tratarse de algún requerimiento de datos que la autoridad precise para estar en condiciones de proceder en torno a la solicitud. Esto, sin que la persona juzgadora esté constreñida a analizar la regularidad o legalidad de la respuesta, es decir, si el contenido y sentido son jurídicamente correctos, según la normatividad aplicable, como tampoco si en el fondo favorece a las pretensiones de la persona peticionaria."3 V. Se difiere la audiencia constitucional. Así pues, en razón de que no mediaran los ocho días a que alude el artículo 117 de la ley de la materia, para que las partes se impongan del contenido de los informes de ley así como para que transcurra el plazo de vista para en su caso ampliar la demanda de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo.
- Principal
CERTIFICACIÓN DE ARCHIVO.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · 7,874 expedientes
- Verenice Reyes Soriano202/2018
- Verónica Chávez García678/2019
- Verónica Chávez García522/2021
- Verónica de los Ángeles Gutiérrez Negrete182/2023
- Veronica del Carmen Vargas Lopez95/2018
- Verónica del Consuelo Robledo Hidalgo y Otros.290/2022
- Verónica Esmeralda Delgado Martínez1304/2022
- Veronica Garcia Barrios1525/2017
- Véronica Hernández Carranza770/2017
- Verónica Herrera Ramírez708/2014
- Verónica Jiménez Martínez y Otros.269/2022
- Verónica Leticia Cedillo Navarro215/2020