Verónica Delgado Cerros
Expediente 461/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 461/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 07/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Verónica Delgado Cerros
- Congreso del Estado de Chihuahua
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan loso presentes autos, se advierte que transcurrió el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra del fallo dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por lo que, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. No es óbice para lo anterior, que en autos no obren las notificaciones de la resolución emitida en el presente asunto, a las autoridades foráneas, ya que el sentido del fallo no afecta directamente los actos que de ellas se reclaman. Háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido por el término de tres años. Atento a la resolución que puso fin al presente juicio, en términos de lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21 inciso a), y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que el mismo es destruible. Como lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 21, del Acuerdo General en cita, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Conforme lo indica el párrafo segundo, del numeral 35, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es destruible. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 461/2020-IV, promovido por Verónica Delgado Cerros, contra actos que reclamó al Congreso del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad de mismo nombre y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: Primero. Mediante escrito depositado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en la Ciudad de Chihuahua, el once de septiembre de dos mil veinte, recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en la Ciudad de Chihuahua el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, Verónica Delgado Cerros, presentó demanda de amparo contra actos que reclamó al Congreso del Estado y Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua, Capital de quienes reclamó: "IV. ACTO RECLAMADO: A. Del H. Congreso del Estado de Chihuahua reclamo: 1. Los artículos 77, 78, 83, 86, 91, 93, 95, 107, 108, fracción IX, 109, 120, 150, fracción 11, de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, por ser de carácter privativo y retroactivo, al regular aspectos de concesiones otorgadas con anterioridad a su entrada en vigor en perjuicio de los concesionarios de transporte omitiendo un régimen transitorio de aplicación de la ley abrogada. La cual fue aprobada mediante decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O., y publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua Número 24 el 21 de marzo de 2020, artículos que establecen en el mismo orden lo siguiente: (se transcriben las disposiciones relativas). 2. Artículo quinto transitorio de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua aprobada mediante decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 11 P.O., el cual se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua Número 24 el 21 de marzo de 2020, que establece lo siguiente: (se transcribe). Asimismo, expongo que los preceptos legales invocados en el presente capitulo, se refutan con motivo de la entrada en vigor del decreto de aplicación. B. Del Gobernador del Estado de Chihuahua, reclamo lo siguiente: La publicación del decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O., el cual se encuentra en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua Número 24 de fecha 21 de marzo de 2020, relativo a la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua y su aplicación." Segundo. De la demanda de amparo correspondió conocer al Juez Décimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la capital de esta entidad federativa, quien por auto de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, ordenó fuera registrada con el número 1298/2020; sin embargo, se declaró legalmente incompetente para conocer de ella, debido a que conforme a su criterio el acto reclamado tendría ejecución material en esta ciudad. Tercero. Por razón de turno se remitió la demanda de amparo a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, por lo que mediante proveído de cinco de octubre de dos mil veinte, se aceptó la competencia declinada, ordenándose radicarla con el consecutivo 461/2020. No obstante, se estimó que lo procedente era desecharla, por actualizarse a causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, debido a que se consideró que había sido promovida después de fenecido el plazo de treinta días con que contaba la quejosa para acudir a instar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción I, del aludido ordenamiento. Inconforme con dicha determinación, la promotora del amparo interpuso el recurso de queja cuyo conocimiento por razón de turno correspondió al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad. Cuarto. Por auto de treinta de marzo de dos mil veintiuno, en cumplimiento a la resolución emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, en el recurso de queja administrativo 7/2021, se admitió la demanda de amparo; se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se inició al tenor del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: Primero. Este juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver este asunto, conforme a lo dispuesto por los Artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y así como lo prevenido en el Acuerdo General 3/2013, adicionado por el 3/2015 y 12/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo anterior, en virtud de que los actos reclamados en este juicio atañen a la vía indirecta, al reclamarse una norma general, cuya ejecución podría tener en el lugar donde este Órgano Jurisdiccional ejerce jurisdicción territorial. Segundo. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, se atiende tanto al examen íntegro de la demanda de amparo con la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman la litis constitucional, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la impetrante exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, es oportuno citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, Tesis de Jurisprudencia 1347, Página 1511, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo: II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Y la Tesis P. XXXVIII/90, Tomo XIX, Abril de 2004, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, consultable en la página 255, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Y la diversa del rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. PARA DETERMINAR CUAL ES EL PRECEPTO QUE SE COMBATE, DEBEN TENERSE EN CUENTA LOS CONCEPTOS DE VIOLACION.". Así, el detenido examen de todas las constancias del juicio que aquí nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte impetrante a las autoridades responsables en el ámbito de sus respectivas esferas de competencia, la discusión, aprobación, expedición, y promulgación, del Decreto número LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O. en el cual se contiene la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, así como su artículo Quinto Transitorio, publicado el veintiuno de marzo del año dos mil veinte, así como los artículos 77, 78, 83, 86, 91, 93, 95, 107, 108, fracción IX, 109, 120, 150, fracción 11, de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, así como su ejecución. Luego, al no advertirse algún otro acto impugnado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia de los actos de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es oportuno citar la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, enero-junio de 1990, que es del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." Tercero. Son ciertos los actos reclamados al Congreso y Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, toda vez que al rendir su informe justificado reconocieron la existencia de los mismos. Lo cual, desde luego, es una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener demostrados los actos de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, por cuanto a las citadas autoridades, aplica el principio de derecho de que las leyes no son objeto de prueba, reconocido por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, pues basta que sea publicada en el Periódico Oficial respectivo. Es aplicable sobre el particular, la Jurisprudencia número 2a./J. 65/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inscrita a folio 260, del Tomo XII, agosto de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." Luego, si en este juicio no se advierte probanza alguna que desvirtúe o contradiga la certeza de los actos de que se trata, esto basta para tenerlos por ciertos. Incluso, debe tenerse en cuenta que no está sujeta a prueba la existencia de las normas generales, como la reclamada en este juicio, justamente, no sólo por su naturaleza y obligatoriedad, sino también porque, en virtud de su publicación, constituyen un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo cual no se está en condiciones de desconocerlas. Es aplicable, la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, de agosto de 2000, página 260, intitulada: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente acreditada la existencia de los actos reclamados que nos ocupan, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. Cuarto. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se examinará la procedencia del juicio, porque constituye un aspecto jurídico que, al ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Al respecto, cabe destacar que la improcedencia del amparo es una institución en virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la persona moral quejosa es constitucional o no, la cual motiva que el juzgador federal no dirima la controversia planteada, al exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al efecto, se invoca la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta y dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Parte VIII, Materia Común, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Ahora bien, este órgano de control constitucional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". La causa de improcedencia en análisis señala la imposibilidad de analizar en el juicio de amparo una ley que, aunque vigente, no cause perjuicio a la parte quejosa por el sólo hecho de encontrarse en vigor, sino para originar tal perjuicio, como presupuesto de legitimación para ejercer la acción constitucional en concreto, precisa de un acto posterior de aplicación, para entonces irrumpir en la esfera jurídica concreta del gobernado, causándole un perjuicio siendo esto lo que lo legitima para acudir a la presente instancia constitucional. Así, la figura del interés jurídico o legitimo prevista en el numeral de que se trata se relaciona íntimamente con el principio de instancia de parte agraviada que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, según el cual el acto que se reclama de la autoridad responsable debe causar un perjuicio a la persona que solicita la protección constitucional, pues dicho precepto dispone: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". De la fracción transcrita, se advierte que, para la procedencia del juicio constitucional, se requiere previamente que los gobernados tengan un interés jurídico o legítimo para reclamar sus derechos y que éste resulte afectado por el acto de reclamo. Dicho precepto, en comunión con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dejan de manifiesto que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame, lo que significa que el ejercicio de la acción constitucional se encuentra reservada para quien resiente un perjuicio actual, o bien para quien demuestre la afectación a la esfera jurídica pudiendo ser directa, o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. De ahí la importancia de uno de los principios fundamentales del juicio de amparo, en cuanto a que éste únicamente puede promoverse si el acto que se reclama afecta la esfera jurídica del promovente; de manera que es condición ineludible para el examen de la controversia constitucional, la afectación de un perjuicio contra el particular, que lesione sus intereses jurídicos o legítimos. Acorde con ello, el primer presupuesto para la procedencia del juicio está determinado por la legitimación procesal del accionante de amparo que le confiere, a su vez, la posibilidad de acreditar un interés jurídico sustantivo, que de resultar afectado con el acto autoritario, es necesario acreditar que dicha conducta afecte su esfera de derechos subjetivos públicos. Sentado lo anterior, como se precisó, la parte quejosa acude al juicio constitucional contra la discusión, aprobación, expedición y promulgación del decreto LXVII/EXLEY/0708/2020 II P.O. por el cual se aprobó la Ley de Transportes del Estado de Chihuahua, publicada en el Periódico Oficial del Estado el veintiuno de marzo de dos mil veinte. En esencia, el quejoso argumenta ser concesionario para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros, concesión que se acredita a través de la documental que anexó a su escrito inicial de demanda, a la cual se le concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa en su numeral 2°, al haber sido expedida por un funcionario en ejercicio de su profesión. Así, la referida documental sirve para corroborar que, efectivamente la parte quejosa presta el servicio público de Transporte Colectivo Urbano de Pasajeros en esta ciudad, motivo por el cual considera le afecta la entrada en vigor del decreto LXVII/EXLEY/0708/2020 II P.O. por el cual se aprobó la Ley de Transportes del Estado de Chihuahua, al imponer diversas obligaciones y sanciones con las que no contaba al momento de empezar su concesión. No obstante lo anterior, como se adelantó, quien resuelve considera que la parte quejosa, aun siendo concesionaria del servicio público de Transporte Colectivo Urbano de Pasajeros, en esta ciudad, no le asiste interés jurídico para combatir el decreto por el que se aprobó la entrada en vigor de la Ley de Transportes por los motivos que se expondrán. En primer término, se tiene que el artículo quinto transitorio de la Ley de Transportes señala: "ARTÍCULO QUINTO. Las Autorizaciones, Concesiones, Licencias y Permisos otorgados durante la vigencia de la Ley que se abroga, continuarán operando por el plazo que fueron otorgados, siempre y cuando se cumpla con los requisitos y las condiciones de organización y funcionamiento previstos en el presente Decreto. Para los efectos del párrafo anterior, las personas titulares de las autorizaciones, concesiones, licencias y permisos, en un plazo que no exceda de doce meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán adecuarse a las disposiciones de esta Ley." De tal porción normativa se obtiene que las autorizaciones, concesiones, licencias y permisos preexistentes a la nueva Ley de Transporte, continuarán operando por el plazo que fueron otorgados, siempre que se cumpla con los requisitos y las condiciones de organización y funcionamiento establecidos en el decreto reclamado, concediendo al titular de las mismas un plazo de doce meses para esos efectos, esto es, para adecuarse a las disposiciones de esa ley, contado a partir de la entrada en vigor de ese decreto (vacatio legis). Precisado lo cual, por concepto de "vacatio legis", debe entenderse el lapso de tiempo que debe existir entre la publicación de una norma legal y su entrada en vigor, ello con el objeto de que la ley pueda ser conocida suficientemente, antes de que adquiera fuerza obligatoria. En efecto, tratándose del inicio de la vigencia de una ley debe destacarse que este es el momento a partir del cual resulta exigible la observancia de las normas, es decir, la fecha desde la que se comienzan a desplegar los efectos jurídicos para los cuales fueron creadas en un ámbito espacial y temporal de validez determinado, plazo que regularmente se precisa en el propio cuerpo normativo; sin embargo, hay ocasiones en que la obligatoriedad de una ley no surge desde el momento de su publicación, sino con posterioridad a ese evento, fijando el legislador un período entre la fecha de publicación y el inicio de la vigencia conocido como "vacatio legis", dentro del que los gobernados tienen la oportunidad de conocer plena y completamente dicha normatividad. Ahora, respecto de la promoción del amparo contra normas jurídicas en el periodo denominado "vacatio legis", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro de la tesis 2a./J. 81/95, intitulada "AMPARO CONTRA LEYES. VACATIO LEGIS. CARENCIA DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR UNA LEY DURANTE ESE PERIODO", ha sostenido que cuando para la iniciación de vigencia de un dispositivo exista el período que la doctrina denomina "vacatio legis", durante él, los particulares no pueden ejercitar la acción de amparo por carecer de interés jurídico para impugnar una ley que aún no ha entrado en vigor y que por lo mismo no puede obligarlos a cumplirla, debido a que durante dicho período la ley no puede ser obligatoria. En su parte considerativa el amparo en revisión que dio origen a la citada tesis señaló: "Debe señalarse que contrariamente a lo apuntado por el recurrente en el agravio que se analiza, si se atribuye en la demanda de amparo al secretario de Hacienda y Crédito Público el "...cobro del impuesto al valor agregado...", cuando se señala, en el apartado quinto del capítulo relativo que "...De todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables, se reclaman los efectos y consecuencias que de hecho y de derecho se ocasionen con la aplicación de las normas de la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de las Leyes sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado..."; reclamo con el que, evidentemente, se atribuye a la autoridad señalada el cobro del impuesto ya que este hecho jurídico constituye un posible efecto o consecuencia de la Ley impugnada. No se surte la aplicabilidad de la tesis "SOBRESEIMIENTO. ES INDEBIDO DECRETARLO RESPECTO DE UN REGLAMENTO, ADUCIENDO QUE NO SE DEMOSTRO NINGUN ACTO DE APLICACION, SI FUE RECLAMADO COMO AUTOAPLICATIVO.", ya que el sobreseimiento que en la especie se actualiza obedece no a que las normas impugnadas tengan el carácter de autoaplicativas, sino a que, a la fecha de presentación de la demanda, éstas no habían iniciado su vigencia. Contrariamente a lo sostenido en el argumento de agravio sintetizado en el apartado segundo, el juez de Distrito, en su sentencia, no señala que la peticionaria de garantías no se encuentre dentro del supuesto de causación de la norma, ni niega que las disposiciones impugnadas tengan el carácter de autoaplicativas; las consideraciones que sustentan el fallo recurrido se hacen consistir en que, ante la postergación del inicio de vigencia de la reforma impugnada, en virtud de la norma transitoria contenida en el artículo quinto del Decreto tildado de inconstitucional, a la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el día veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y cinco, ésta no tenía ningún efecto en el estatus jurídico de la persona que acudió al amparo; en efecto, señala el juzgador en su sentencia que en la fecha en que se presentó la demanda el artículo quinto del Decreto impugnado establecía que las reformas surtirían efectos a partir del primero de septiembre de mil novecientos noventa y cinco; en esa virtud, en forma correcta se aplica la fracción III del artículo 74, en relación con la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo para sobreseer en el juicio por falta de interés jurídico del accionante, en tanto no iniciara la vigencia de la Ley cuestionada atendiendo a que éste no puede ser obligado a cumplirla. Si bien las pruebas aportadas por la peticionaria de garantías, consistentes en copia de su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, como persona dedicada a la compraventa de productos farmacéuticos; copia certificada de factura en la que se consigna la compraventa de medicinas de patente; y la declaración, en copia certificada, del pago provisional del impuesto sobre la renta, efectuado el diecisiete de enero de mil novecientos noventa y cinco, acreditan que se encuentra obligada al pago del impuesto al valor agregado, estas documentales públicas no le atribuyen interés jurídico para impugnar la reforma que aun cuando ha sido publicada, como se ha señalado, está suspendida su obligatoriedad, conjuntamente con el inicio de vigencia, hasta el primero de septiembre de mil novecientos noventa y cinco. Aun cuando es evidente la existencia del acto reclamado, consistente en la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y cinco, no resulta aplicable al caso la tesis invocada por la recurrente en el agravio contenido en el apartado segundo, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama debe tenerse éste plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad de ese acto.", ya que no procede examinar la constitucionalidad del acto legislativo impugnado al haberse decretado el sobreseimiento del juicio respecto de él, ante la falta de interés jurídico del quejoso para reclamarlo en amparo. Aun cuando el juzgador incurre en los errores que se le atribuyen en el apartado tercero, como la confusión en el nombre de la negociación mercantil o el señalar que el quejoso aceptó en su demanda que la norma impugnada surtiría efectos hasta el primero de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, estas imprecisiones no desvirtúan la actualización de la improcedencia que afecta la acción de garantías intentada, consistente en la falta de interés jurídico para reclamar en amparo el Decreto de Reformas cuestionado. Es importante señalar que de conformidad con la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República y artículo 4º de la Ley de Amparo, para que proceda la acción de garantías es menester que el quejoso sufra un agravio personal y directo en sus intereses jurídicamente tutelados, por ello el amparo interpuesto por el gobernado que no resiente tal agravio resulta improcedente. La falta de agravio personal y directo se desprende de las reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, publicadas el veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y cinco, las que establecen, en la fracción I del artículo 5º relativo a las disposiciones transitorias, lo siguiente: "ARTICULO QUINTO.- Para los efectos de lo dispuesto en el ARTICULO CUARTO de esta Ley, se aplicarán las siguientes disposiciones: "I.- Se deroga a partir del 1o. de septiembre de 1995, el ARTICULO OCTAVO de la Ley que Reforma, Deroga y Adiciona Diversas Disposiciones Fiscales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1994." El artículo OCTAVO TRANSITORIO, cuya derogación dispone la norma transcrita a partir del primero de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, a la letra dice: "ARTICULO OCTAVO.- Durante el año de 1995 se aplicará la tasa 0% para calcular el impuesto al valor agregado por la enajenación e importación de medicinas de patente y de productos destinados a la alimentación, con excepción de los mencionados en los artículos 2o. A, fracción I, último párrafo y 2o. B, fracción I, incisos a), b), d) y último párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado." Si el quejoso endereza su acción de garantías en contra del impuesto al valor agregado que causa la enajenación de medicinas en las etapas previas al consumo final, no le asiste interés jurídico para impugnar el decreto de reformas ya que de los preceptos transcritos se desprende que la reforma operará a partir del primero de septiembre de mil novecientos noventa y cinco. Consecuentemente, aun cuando se incurre en imprecisiones en el fallo recurrido, éste es acertado en cuanto a que evidencia la falta de interés en el accionante ya que en la fecha de presentación de la demanda de amparo, no podía actualizarse un acto de autoridad que pretendiera obligarlo a acatar las reformas impugnadas, pues, como se precisó, la fecha de entrada en vigor de dichas disposiciones sería hasta el primero de septiembre de mil novecientos noventa y cinco. Se incurre en una inexacta apreciación de la sentencia que se revisa cuando se señala, en el agravio sintetizado en el apartado cuarto, que el juzgador sobreseyó en el juicio de garantías por considerar que no se actualizaba un acto concreto de aplicación; el sobreseimiento cuestionado obedeció a que la ley, aun cuando fue publicada, en la fecha de presentación de la demanda de garantías, no había entrado en vigor, por lo que no existía ninguna obligación, en los destinatarios del precepto, de cumplirlo. Así lo considera el juez de Distrito cuando señala que "...las reformas al artículo 2o.B, que se reclaman, en relación con los párrafos transitorios, del diverso Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y cinco, surtirán efectos a partir del primero de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, como se colige de su lectura y, así lo admite la quejosa como ya se mencionó con antelación, en consecuencia, si a la fecha aún goza la quejosa de la exención del cobro de la tasa 0% del impuesto al valor agregado, es obvio que no existe por el momento autoaplicabilidad de los preceptos impugnados ya que es a partir del primero de septiembre de mil novecientos noventa y cinco que se acabará de hecho el beneficio y se cobrará el 15% de tal impuesto; por lo que, el decreto de que se duele la quejosa en sus artículos que estima como inconstitucionales, aún no le para perjuicio, por ende, si la parte quejosa no se encuentra bajo los supuestos de las normas que impugna, es claro que no le afecta a su interés jurídico." Contrariamente a lo sostenido en el agravio contenido en el apartado quinto, la norma tildada de inconstitucional no entró en vigor el primero de abril de mil novecientos noventa y cinco, sino que, de conformidad con la disposición transitoria contenida en la fracción I del artículo QUINTO del decreto de reformas, ésta debió iniciar su vigencia a partir del primero de septiembre siguiente, sin que fuera necesario otra reforma a la ley, como lo señala la recurrente, ya que se encuentra ajustado a derecho el que en las disposiciones transitorias se contenga el inicio de vigencia de un impuesto; estas disposiciones transitorias constituyen parte integral de la ley a que pertenecen, con la misma fuerza obligatoria que cualquier otro de los artículos en ella contenidos. Ilustra lo anterior las tesis de jurisprudencia del Tribunal Pleno visible en la página 165, del Volumen 205-216 del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente tenor literal: "IMPUESTO ESTABLECIDO EN ARTICULO TRANSITORIO DE UNA LEY, NO DETERMINA SU INCONSTITUCIONALIDAD.- Si bien los artículos transitorios en ocasiones sirven para precisar el alcance de la ley con la cual se relacionan, ya sea mediante la fijación del período de su vigencia o la determinación de los casos en los cuales será aplicada, también lo es que el incluir en un artículo transitorio un impuesto específico no determina la inconstitucionalidad de la ley pues dicha disposición forma parte integrante del ordenamiento legal. Además, la violación al artículo 72, inciso f), de la Constitución sólo podría darse si no se cumplieran los requisitos, pasos o trámites, a que aluden los incisos del a) al e) del propio artículo; es decir, si no se observara el trámite para la iniciativa, discusión y aprobación de la ley; de tal manera que si no está acreditado que al aprobarse la ley se dejaron de observar esos trámites, tampoco puede estimarse que los artículos transitorios adolezcan de ese vicio, pues, como ya se dijo, forman parte integrante de la ley. Podría, en todo caso, constituir un defecto de técnica legislativa el incluir en los artículos transitorios un impuesto específico, pero ello no determina la inconstitucionalidad de la ley." También resulta aplicable la tesis de jurisprudencia del Tribunal Pleno visible en la página 35, del Volumen VI, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente tenor literal: "IMPUESTO. NO ES INCONSTITUCIONAL LA LEY QUE LO ESTABLECE POR INCLUIR EN LOS ARTICULOS TRANSITORIOS ALGUNO DE SUS ELEMENTOS.- El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene establecida jurisprudencia en el sentido de que no es inconstitucional la ley por el hecho de incluir en los artículos transitorios un impuesto específico, la cual aparece con el número 8 en las páginas 646 y siguientes de la Primera Parte del Informe correspondiente al año de 1986. Así, tomando en cuenta esa tesis, resulta irrelevante la circunstancia de que al establecerse un impuesto, sus elementos o varios de ellos se encuentren previstos en alguno de los artículos transitorios de la ley que lo crea, pues si no es inconstitucional el hecho de que el mismo impuesto esté incluido en un precepto transitorio de la ley, tampoco puede serlo que sus elementos o algunos de ellos se encuentren en la misma norma, ya que los artículos transitorios forman parte integrante de la ley." Por otra parte, no es exacto que sea por virtud de un decreto del Ejecutivo que se postergue el inicio de vigencia de la ley, sino que lo anterior obedece a una disposición contenida en el propio decreto de reformas; en efecto, es el artículo quinto relativo a las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto al Valor Agregado el que difiere la iniciación de vigencia hasta el primero de septiembre de mil novecientos noventa y cinco. Resulta igualmente infundado el agravio contenido en el apartado sexto, ya que no era suficiente con acreditar que se encontraba en el supuesto de causación del impuesto al valor agregado para que le asistiera interés jurídico al accionante para reclamar en el juicio de amparo el decreto de reformas, las que en la fecha en que hizo valer su demanda de garantías aún no iniciaban su vigencia. También resulta infundado el agravio contenido en el apartado séptimo; si bien el Decreto de Reformas impugnado tiene el carácter de autoaplicativo, esto es, que una vez iniciada su vigencia puede ser impugnado en amparo por tratarse de disposiciones de observancia general, que al cobrar vigencia obligan a los gobernados destinatarios imponiéndoles una carga u obligación, en el caso, será hasta el primero de septiembre de mil novecientos noventa y cinco que inicia tal vigencia, por lo que no le asistía interés jurídico al quejoso, en la fecha de presentación de su demanda, para impugnar las mencionadas reformas; por tal consideración, no resulta aplicable la tesis que se invoca: "LEYES DE INMEDIATA EJECUCION, PROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LAS", ya que se refiere a leyes autoaplicativas vigentes. Por último, es infundado el argumento de agravio extractado en el apartado octavo, dado que contrariamente a lo aducido por la parte recurrente, el juez de Distrito no invoca en la sentencia que se revisa la tesis "VACATIO LEGIS", supuestamente mal aplicada al caso; criterio que, por otra parte, sostuvo esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de trece de octubre de mil novecientos noventa y cinco, al resolver por unanimidad de votos el amparo en revisión 1116/95, promovido por Jerónimo, Sociedad Anónima de Capital Variable; la tesis que se sustentó es la CVI/95, del siguiente texto: "VACATIO LEGIS. CARENCIA DE INTERES JURIDICO PARA RECLAMAR UNA LEY DURANTE ESE PERIODO.- Cuando para la iniciación de vigencia de un dispositivo existe el período que la doctrina denomina vacatio legis, durante él los particulares no pueden ejercitar la acción de amparo por carecer de interés jurídico para impugnar una ley que aún no ha entrado en vigor y que por lo mismo no puede obligar a los particulares a cumplirla, en razón de que durante dicho período la ley no puede ser obligatoria. En consecuencia, si un particular se dice afectado por los efectos autoaplicativos de la norma, carece de interés jurídico para reclamarla en amparo antes de su entrada en vigor." Aun cuando el transitorio único del decreto de reformas señale que la ley entrará en vigor el primero de abril de mil novecientos noventa y cinco, esta disposición se refiere, en general, a todo el cuerpo normativo contenido en el Decreto impugnado, el que no sólo comprende el impuesto al valor agregado sino también reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta; respecto del primer impuesto mencionado en el artículo quinto se establecen disposiciones transitorias relativas al inicio de su vigencia, de las reformas al impuesto al valor agregado, las que rigen de manera especial a dicho tributo. Es por ello que el término oportuno para la presentación de la demanda no se debe computar a partir de la publicación del decreto, sino del inicio de vigencia de las normas impugnadas. Por otra parte, las tesis con las que ilustra su último agravio la parte recurrente, de rubros: "LEYES AUTOAPLICATIVAS CONDICIONADAS A ACUERDOS GENERALES. OPORTUNIDAD PARA EL AMPARO", "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DE UN REGLAMENTO POR INAPLICACION DEL MISMO. NO PROCEDE SI SE TIENEN POR PRESUNTIVAMENTE CIERTOS LOS ACTOS DE APLICACION", "LEYES, AMPARO CONTRA LA EXPEDICION, PROMULGACION Y PUBLICACION DE LAS" y "...LA SENTENCIA DICTADA EN LA, NO CONLLEVA EL REENVIO ANTE EL JUEZ DE DISTRITO", no desvirtúan la falta de interés jurídico en el accionante, dado que se refieren, respectivamente, a la oportunidad para hacer valer la acción de garantías tratándose de leyes autoaplicativas; a la improcedencia del sobreseimiento cuando se reclame un reglamento si se surte la presunción de certeza respecto de los actos de ejecución; a la improcedencia del sobreseimiento respecto de los actos legislativos consistentes en la expedición, promulgación y publicación de las leyes, dado que no tienen el carácter de consumados; y a la imposibilidad para que el tribunal ad quem remita al a quo la jurisdicción para que resuelva sobre cuestiones omitidas, de lo contrario, se sigue que las tesis invocadas por la recurrente no son aptas para modificar o revocar el sobreseimiento decretado por el juzgador de primer grado ya que atribuyen interés jurídico en el accionante para impugnar el Decreto de Reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ni desvirtúan esa falta de interés." Como se precisó, la Segunda Sala del más alto tribunal del País, si bien analizó una legislación diversa, sostiene, en lo que interesa, que son infundados los agravios hechos valer por el recurrente, en atención a que resultaba acertado lo resuelto por el Juez de Distrito, pues el sobreseimiento en el juicio de origen se debió a que las normas impugnadas, si bien tienen el carácter de autoaplicativas y el disconforme acreditó encontrarse en el supuesto, aquellas, a la fecha de presentación de la demanda, no se encontraban vigentes, ya que a través de un artículo transitorio su vigencia iniciaba con posterioridad (vacatio legis), por lo que éstas no tenían algún efecto en el estatus jurídico del inconforme. Asimismo, señaló que las pruebas aportadas si bien colocan al quejoso en el supuesto previsto por la norma, aquellas no le atribuían interés jurídico para impugnarlas aun cuando haya sido publicada, pues se encontraba suspendida su obligatoriedad, conjuntamente con el inicio de vigencia. Dicha circunstancia la sostuvo toda vez que el quejoso no sufría un agravio personal y directo en sus intereses jurídicamente tutelados, por ello el amparo resultaba improcedente. Expuso, que si bien el decreto de reformas impugnado tenía el carácter de autoaplicativo, esto es, que una vez iniciada su vigencia podía ser impugnado en amparo al tratarse de disposiciones de observancia general, que al cobrar vigencia obligan a los gobernados destinatarios imponiéndoles una carga u obligación, en el caso que analizó, sería hasta el primero de septiembre de mil novecientos noventa y cinco que inicia su vigencia, por lo que no le asistía interés jurídico al quejoso, en la fecha de presentación de su demanda. Concluyó, que si un particular se dice afectado por los efectos autoaplicativos de la norma, carece de interés jurídico para reclamarla en amparo antes de su entrada en vigor, es decir durante el periodo denominado por la doctrina "vacatio legis". Explicado lo anterior, en el caso particular, como se asentó, la parte quejosa acude al juicio de amparo al considerar inconstitucional el decreto LXVII/EXLEY/0708/2020 II P.O. por el cual se aprobó la nueva Ley de Transportes del Estado de Chihuahua, esto pues es concesionario del servicio público de Transporte Colectivo Urbano de Pasajeros en esta ciudad. No obstante lo anterior, el artículo quinto transitorio de la ley que pretende combatir, mismo que ya fue transcrito, señala que las autorizaciones, concesiones, licencias y permisos preexistentes a la nueva Ley de Transporte, continuarán operando por el plazo que fueron otorgados, siempre que cumplan con los requisitos y las condiciones de organización y funcionamiento establecidos en ésta, concediendo al titular de las mismas un plazo de doce meses para esos efectos, esto es, para adecuarse a las disposiciones de esa ley, contado a partir de la entrada en vigor de ese decreto, lapso de tiempo denominado "vacatio legis". Espacio en el cual, como señaló la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a./J. 81/95, no es procedente el juicio de amparo al carecer de interés jurídico para impugnar una ley que aún no ha entrado en vigor y que por lo mismo no se puede obligar a cumplirla, debido a que durante dicho período la ley no puede ser obligatoria. Sirve de apoyo a lo anteriormente señalado, las tesis con registros 200656 y 200434, cuyo rubro y texto son: "AMPARO CONTRA LEYES. VACATIO LEGIS. CARENCIA DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR UNA LEY DURANTE ESE PERIODO. Cuando para la iniciación de vigencia de un dispositivo existe el período que la doctrina denomina vacatio legis, durante él los particulares no pueden ejercitar la acción de amparo por carecer de interés jurídico para impugnar una ley que aún no ha entrado en vigor y que por lo mismo no puede obligar a los particulares a cumplirla, en razón de que durante dicho período la ley no puede ser obligatoria. En consecuencia, si un particular se dice afectado por los efectos autoaplicativos de la norma, carece de interés jurídico para reclamarla en amparo antes de su entrada en vigor." "VACATIO LEGIS. CARENCIA DE INTERES JURIDICO PARA RECLAMAR UNA LEY DURANTE ESE PERIODO. Cuando para la iniciación de vigencia de un dispositivo existe el período que la doctrina denomina "vacatio legis", durante él los particulares no pueden ejercitar la acción de amparo por carecer de interés jurídico suficiente para impugnar una ley que aún no ha entrado en vigor y que por lo mismo no puede obligar a los particulares a cumplirla, en razón de que durante dicho período la ley no puede ser obligatoria. En consecuencia, si un particular se dice afectado por los efectos autoaplicativos de la norma, carece de interés jurídico para reclamarla en amparo antes de su entrada en vigor." Entonces, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al haberse pronunciado en dicho sentido y determinar la improcedencia del juicio de amparo por falta de interés jurídico al impugnar una norma que se encuentra bajo el periodo denominado por la doctrina como "vacatio legis", es decir, no se encuentra vigente, como en el presente caso, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sustenta el presente fallo la tesis con registro 2008148, cuyo rubro y texto son: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO ES SUSCEPTIBLE DE SOMETERSE A CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y/O CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO POR ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE MENOR JERARQUÍA. La obligación de las autoridades jurisdiccionales contenida en los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de realizar un control de constitucionalidad y/o convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos y dar preferencia a los contenidos en la propia Ley Suprema y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario contenidas en cualquier norma inferior, no contempla a la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque el artículo 94 constitucional establece que será obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales de conformidad con lo que disponga la ley y, en este caso, la Ley de Amparo así lo indica tanto en la abrogada como en el artículo 217 de la vigente; de ahí que no privan las mismas razones que se toman en cuenta para inaplicar una disposición emitida por el legislador cuando viola derechos humanos de fuente constitucional o convencional. Cabe precisar que en los casos en los que se pudiera advertir que una jurisprudencia del Alto Tribunal desatiende o contradice un derecho humano, cualquiera que sea su origen, existen los medios legales para que se subsane ese aspecto. En conclusión, aun partiendo del nuevo modelo de interpretación constitucional, no es posible determinar que la jurisprudencia del Máximo Tribunal del país pueda ser objeto de la decisión de un órgano de menor grado que tienda a inaplicarla, como resultado del ejercicio de control de convencionalidad ex officio, porque permitirlo daría como resultado que perdiera su carácter de obligatoria, ocasionando falta de certeza y seguridad jurídica." En las condiciones expuestas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, respecto del acto anteriormente analizado, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la legislación reglamentaria en consulta. Es aplicable, por las consideraciones en que se sustenta, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro y texto los siguientes: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Sin que la anterior determinación se considere negación de justicia. Ello es así porque aun cuando en nuestro orden jurídico se reconoce el derecho de tutela judicial efectiva a favor de las personas, no implica que los órganos jurisdiccionales deban estimar que en todos los casos se acredita el interés jurídico de quienes acuden a instar la protección de la Justicia de la Unión, pues ello sería tanto como dar al citado derecho un alcance absoluto que desconocería las limitaciones legal y constitucionalmente admitidas que guardan una razonable relación de proporcionalidad entre los medios que deben emplearse y su fin; es decir, se desvirtuaría la finalidad de instrumentar requisitos y presupuestos procesales que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas dentro del sistema jurídico, en tanto que se beneficiaría indebidamente a una parte y se desconocerían los derechos de la contraparte en un proceso. Aunado a que las causas de improcedencia y sobreseimiento, son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Apoya lo expuesto, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, que dice: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Del examen de compatibilidad de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo, en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías.". En atención a que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, no se entrará al análisis de los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, ya que al haberse actualizado una causal de improcedencia del presente juicio, impide el examen de constitucionalidad del acto reclamado, sin que ello genere agravio alguno a la parte quejosa, porque aquella cuestión es de estudio preferente y de orden público. Cabe invocar al respecto, la jurisprudencia 58, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que se lee como sigue: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Además, cabe precisar que la causa de improcedencia por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que, como ya se dijo, dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el veintitrés de mayo de dos mil catorce, bajo el registro 2006485, Décima Época, que dice: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función". Con igual sentido se invoca la tesis 1a. CCLXXVI/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 530 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Décima Época, con registro 2002359, que rubro y contenido: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo.". Por lo expuesto y fundado en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en los dispositivos 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Verónica Delgado Cerros, en términos de los considerandos tercero y quinto de este fallo. N o t i f í q u e s e. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, dos de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que no obra el informe justificado del Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, con sede en la capital del mismo nombre; por lo que, se difiere la audiencia constitucional fijada para su celebración el día de hoy, y en su lugar se señalan las CATORCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obren como corresponda, y téngase al Titular de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso del Estado de Chihuahua, con sede en la capital del mismo nombre, rindiendo el informe justificado, con el que se da vista a las partes para que de su contenido se impongan, sin perjuicio de relacionarlo al celebrar la audiencia constitucional en el sumario en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene a la citada autoridad, designando como delegados conforme a lo dispuesto en el numeral 9 de la Ley de la Materia, a los profesionistas que menciona, y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su informe. Por otro lado, respecto a la prueba de inspección ocular ofertada, dígasele que no ha lugar a admitir dicho medio de convicción, de conformidad con el artículo 119, aplicado en sentido contrario de la Ley de Amparo, en virtud de que no es idónea ni tiene relación directa con los actos que se reclaman en este vía constitucional, esto es, respecto de la inconstitucionalidad que se le atribuye a la Ley de Trasporte y el decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O., por virtud del cual se abroga la Ley de Transporte y sus Vías de Comunicación, que fuera publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua con el número 9, del veintinueve de enero de mil novecientos noventa y cuatro, que entraría en vigor a los noventa días naturales posteriores al día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, de acuerdo a lo estipulado en el primer artículo transitorio del citado decreto y su ejecución, en el presente juicio de amparo. Orienta a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia P./J. 41/2001, que sustenta el Tribunal del Pleno, Abril de 2001, Tomo XIII, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 189894, consultable en la página 157, Novena Época, que se invoca de conformidad con el Artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo, que es del rubro y texto siguiente: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez." Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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