Verónica de Hoyos Arriaga y Otros.

Expediente 306/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
306/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
25/07/2019

Partes del expediente

  • Verónica de Hoyos Arriaga y Otros.
  • Verónica de Hoyos Arriaga

Actuaciones

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, veinticinco de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que a la fecha ha transcurrido el plazo de cinco días hábiles a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente recurriera el proveído de doce de julio de dos mil diecinueve, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que lo hubieran realizado. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de octubre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. Por tanto, se ordena marcar en la carátula de este expediente la leyenda "destruible" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto Décimo Primero del Acuerdo mencionado.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCION I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA AL QUEJOSO.Ensenada, Baja California, doce de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que en proveído de doce de junio del año en curso, se previno a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente que surtiera efectos legales la notificación del citado proveído, aclarará su escrito de demanda en los siguientes términos: "[.] Único. Precise con claridad el acto reclamado, es decir, específicamente en qué oficio, acuerdo o resolución, se les negó el reconocimiento como beneficiarios del seguro de vida de José de Jesús Arriaga Ortiz; debiendo señalar la fecha en que tuvieron conocimiento del mismo, en caso de no advertirse de su escrito inicial de demanda. [.]" Asimismo, en autos de dieciocho y veinticinco de junio y uno de julio del presente año, se tuvo a la parte promovente intentando cumplir con la prevención efectuada en autos; sin embargo, subsistió en virtud de que no dio cumplimiento total a la misma. De igual forma, en auto de ocho de julio del presente año se tuvo por recibido el escrito registrado con folio 6152, presuntamente signado por los promoventes mediante el cual pretenden dar cumplimiento a la prevención formulada en el presente asunto y señalan lo siguiente: "[.] Que por medio del presente escrito, venimos en tiempo y forma a dar debido cumplimiento que se nos hizo bajo auto de fecha 01 de Julio del 2019, por lo que, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, tuvimos conocimiento de la existencia del oficio de fecha 23 de Mayo del 2018, número 10231/2672/2018, el día 03 (tres) de Junio del 2019; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. [.]" Sin embargo, se requirió a Verónica de Hoyos Arriaga y Vicente Yazbek Arriaga, para dentro del plazo de tres días hábiles, ratificaran dicho escrito, en virtud de que las firmas que aparecen en el mismo se encuentran notoriamente distintas a las que se encuentran en el escrito inicial de demanda. En ese contexto, agréguese a los autos para que obre como corresponda, la comparecencia de once de julio del presente año, de la que se advierte que los promoventes ratificaron el contenido y firma del escrito aclaratorio con registro 6152. Ahora bien, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano"; se procede al análisis de la demanda de amparo promovida por Verónica de Hoyos Arriaga y Vicente Yazbek Arriaga, contra actos del Director General del Instituto de Seguridad para las Fuerzas Armadas Mexicanas y otras autoridades. Ahora, del estudio integral de la demanda de amparo y escritos aclaratorios, de conformidad con el artículo 74, fracción I, en vinculación con el diverso numeral 1, fracción I, ambos de la ley de la materia, se procede a realizar la fijación clara y precisa del acto u omisión reclamados; a saber, en el caso se reclama: ? El oficio 10231/2672/2018 de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, mediante el cual, en atención a su solicitud, la Dirección de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, les informó que no fueron designados como beneficiarios del seguro de vida de su abuelo José de Jesús Arriaga Ortiz. Ahora bien, respecto de los actos reclamados descritos anteriormente, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]" Del artículo anteriormente transcrito se advierte que es improcedente el juicio de amparo indirecto, contra actos emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal, a través de los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados. Ello, ya que al ser el juicio de derechos fundamentales un medio extraordinario de defensa, no pueden analizarse cuestiones respecto a las cuales la ley común prevea un medio legal ordinario que pueda hacerse valer. Una vez precisado lo anterior, debe desecharse la demanda de amparo que se intenta, toda vez que del estudio integral de la demanda de amparo y escritos aclaratorios, se desprende que no se cumplió con el principio de definitividad que debe caracterizar a los actos reclamados en el juicio constitucional. En efecto, como se precisó anteriormente, los actos reclamados en el presente asunto consisten en el oficio 10231/2672/2018 de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, mediante el cual, en atención a su solicitud, la Dirección de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, les informó que no fueron designados como beneficiarios del seguro de vida de su abuelo José de Jesús Arriaga Ortiz. Es decir, se trata de actos emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo -Dirección de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas-; los cuales pueden ser modificados, revocados o nulificados a través de un medio de defensa previsto en las leyes respectivas. Al respecto, la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Aéreas Mexicanas, dispone lo siguiente: "[.] Artículo 18. Las prestaciones que se otorgarán con arreglo a esta Ley son las siguientes: [.] VIII. Seguro de vida; [.]" "[.] Artículo 60. Seguro de Vida Militar es la prestación que tiene por objeto proporcionar un beneficio económico a los beneficiarios o familiares de los militares por el fallecimiento de éstos, cualquiera que sea la causa de la muerte, así como a los militares que hayan causado baja del activo y alta en situación de retiro por incapacidad clasificada en primera o segunda categorías, de conformidad con las tablas contenidas en el artículo 226 de esta Ley, contraída en actos del servicio o como consecuencia de ellos. [.]" Del precepto normativo anteriormente transcrito, se desprende que el seguro de vida es una prestación prevista por la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Aéreas Mexicanas, que tiene por objeto proporcionar un beneficio económico a los beneficiarios o familiares de los militares por el fallecimiento de éstos. De igual forma, el artículo 2°, de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, establece lo siguiente. "[.] Artículo 2o.- El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley." Asimismo, el artículo 3°, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dispone lo siguiente: "[.] Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] VI. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones. [.]" De los numerales transcritos, se aprecia que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un órgano jurisdiccional que conoce de los juicios -entre otros-, aquellos que se promuevan contra las resoluciones dictadas por las autoridades administrativas que nieguen o reduzcan pensiones y demás prestaciones que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En ese sentido, en el caso en estudio, los promoventes reclaman la negativa por parte de las autoridades responsables de otorgarles una prestación prevista por la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, -seguro de vida-, a los familiares de un miembro del ejército fallecido; por tanto, es claro que previo a acudir al juicio de amparo indirecto, los promoventes se encontraban obligados a impugnarlo a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por medio del cual se puede obtener su modificación, revocación o nulidad; sin que del análisis de la demanda de amparo y escritos aclaratorios se advierta que lo hayan agotado previamente a la promoción del juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia VI.3o.A., con registro 2004254, de los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el libro XXIII, agosto de dos mil trece, tomo tres, página 1470; que establece lo siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO INDIRECTO, EN RAZÓN DE QUE EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 10 DE MARZO DE 2011). Con la redacción del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, antes de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, los actos impugnables en el juicio contencioso administrativo eran susceptibles de atacarse vía juicio de amparo, sin necesidad de agotar previamente aquél. Sin embargo, a partir del 10 de marzo de 2011 en que entró en vigor esa modificación, dicho numeral ya no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de 2013, para suspender la ejecución de los actos impugnados, pues incluso los requerimientos básicamente son los mismos, ya que la suspensión puede solicitarse en cualquier tiempo; se concederá siempre que no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y sean de difícil reparación los daños o perjuicios que puedan causarse con la ejecución; de ocasionarse daños o perjuicios a terceros se concederá siempre que el solicitante otorgue garantía para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que se causen, dando la oportunidad a que el tercero exhiba contragarantía para evitar la suspensión de la ejecución del acto impugnado en nulidad; si se trata de una afectación no estimable en dinero la garantía se fijará discrecionalmente; deberá fijarse la situación en que habrán de quedar las cosas hasta que se dicte sentencia firme, pudiendo revocarse o modificarse la concesión o negativa de la medida cautelar por hecho superveniente. Asimismo, en cuanto a la forma de garantizar un crédito fiscal, se permite que se haga ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, que conforme al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, comprenden no sólo el depósito en efectivo y el embargo, sino también la prenda, hipoteca, fianza y la obligación solidaria asumida por un tercero, entre otros; además, se establece que la garantía o depósito puede reducirse de acuerdo con la capacidad económica del solicitante, o si se trata de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito, lo que incluso otorga un mayor beneficio al contribuyente que la Ley de Amparo. Por tanto, los requisitos vigentes previstos para otorgar la medida cautelar en el juicio contencioso administrativo no rebasan los contemplados al respecto en la Ley de Amparo para conceder dicha medida cautelar, por lo que previo a la promoción del amparo indirecto, debe agotarse aquél, en acatamiento al principio de definitividad." [Subrayado añadido.] Sin que en el caso en estudio se actualice alguno de los casos de excepción previstos por el artículo 61, fracción XX, toda vez que en el presente asunto no se reclama la falta de fundamentación del acto reclamado, ni se alegan violaciones directas a la Constitución, ni se está en el supuesto relativo a que los medios ordinarios de defensa exijan mayores requisitos a los establecidos en la Ley de Amparo, para conceder la suspensión definitiva, o un plazo mayor a la que ésta establece para otorgar la suspensión provisional. Lo anterior, toda vez que la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, no exige mayores requisitos de los establecidos por la Ley de Amparo, para dictar la suspensión del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 19/2015, de la décima época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2008807, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 17, abril de 2015, tomo I, página 783; de rubro y texto siguientes: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado." [Subrayado añadido.] En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Verónica de Hoyos Arriaga y Vicente Yazbek Arriaga.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCION I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA AL QUEJOSO VICENTE YAZBEK ARRIAGA, EL AUITO DE DOCE DE JULIO ACTUAL, QUE DICE:"...Ensenada, Baja California, doce de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que en proveído de doce de junio del año en curso, se previno a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente que surtiera efectos legales la notificación del citado proveído, aclarará su escrito de demanda en los siguientes términos: Único. Precise con claridad el acto reclamado, es decir, específicamente en qué oficio, acuerdo o resolución, se les negó el reconocimiento como beneficiarios del seguro de vida de José de Jesús Arriaga Ortiz; debiendo señalar la fecha en que tuvieron conocimiento del mismo, en caso de no advertirse de su escrito inicial de demanda. [.]" Asimismo, en autos de dieciocho y veinticinco de junio y uno de julio del presente año, se tuvo a la parte promovente intentando cumplir con la prevención efectuada en autos; sin embargo, subsistió en virtud de que no dio cumplimiento total a la misma. De igual forma, en auto de ocho de julio del presente año se tuvo por recibido el escrito registrado con folio 6152, presuntamente signado por los promoventes mediante el cual pretenden dar cumplimiento a la prevención formulada en el presente asunto y señalan lo siguiente: Que por medio del presente escrito, venimos en tiempo y forma a dar debido cumplimiento que se nos hizo bajo auto de fecha 01 de Julio del 2019, por lo que, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, tuvimos conocimiento de la existencia del oficio de fecha 23 de Mayo del 2018, número 10231/2672/2018, el día 03 (tres) de Junio del 2019; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. Sin embargo, se requirió a Verónica de Hoyos Arriaga y Vicente Yazbek Arriaga, para dentro del plazo de tres días hábiles, ratificaran dicho escrito, en virtud de que las firmas que aparecen en el mismo se encuentran notoriamente distintas a las que se encuentran en el escrito inicial de demanda. En ese contexto, agréguese a los autos para que obre como corresponda, la comparecencia de once de julio del presente año, de la que se advierte que los promoventes ratificaron el contenido y firma del escrito aclaratorio con registro 6152. Ahora bien, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano"; se procede al análisis de la demanda de amparo promovida por Verónica de Hoyos Arriaga y Vicente Yazbek Arriaga, contra actos del Director General del Instituto de Seguridad para las Fuerzas Armadas Mexicanas y otras autoridades. Ahora, del estudio integral de la demanda de amparo y escritos aclaratorios, de conformidad con el artículo 74, fracción I, en vinculación con el diverso numeral 1, fracción I, ambos de la ley de la materia, se procede a realizar la fijación clara y precisa del acto u omisión reclamados; a saber, en el caso se reclama: El oficio ... de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, mediante el cual, en atención a su solicitud, la Dirección de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, les informó que no fueron designados como beneficiarios del seguro de vida de su abuelo José de Jesús Arriaga Ortiz. Ahora bien, respecto de los actos reclamados descritos anteriormente, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; Del artículo anteriormente transcrito se advierte que es improcedente el juicio de amparo indirecto, contra actos emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal, a través de los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados. Ello, ya que al ser el juicio de derechos fundamentales un medio extraordinario de defensa, no pueden analizarse cuestiones respecto a las cuales la ley común prevea un medio legal ordinario que pueda hacerse valer. Una vez precisado lo anterior, debe desecharse la demanda de amparo que se intenta, toda vez que del estudio integral de la demanda de amparo y escritos aclaratorios, se desprende que no se cumplió con el principio de definitividad que debe caracterizar a los actos reclamados en el juicio constitucional. En efecto, como se precisó anteriormente, los actos reclamados en el presente asunto consisten en el oficio 10231/2672/2018 de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, mediante el cual, en atención a su solicitud, la Dirección de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, les informó que no fueron designados como beneficiarios del seguro de vida de su abuelo José de Jesús Arriaga Ortiz. Es decir, se trata de actos emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo -Dirección de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas-; los cuales pueden ser modificados, revocados o nulificados a través de un medio de defensa previsto en las leyes respectivas. Al respecto, la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Aéreas Mexicanas, dispone lo siguiente: Artículo 18. Las prestaciones que se otorgarán con arreglo a esta Ley son las siguientes: VIII. Seguro de vida; Artículo 60. Seguro de Vida Militar es la prestación que tiene por objeto proporcionar un beneficio económico a los beneficiarios o familiares de los militares por el fallecimiento de éstos, cualquiera que sea la causa de la muerte, así como a los militares que hayan causado baja del activo y alta en situación de retiro por incapacidad clasificada en primera o segunda categorías, de conformidad con las tablas contenidas en el artículo 226 de esta Ley, contraída en actos del servicio o como consecuencia de ellos. Del precepto normativo anteriormente transcrito, se desprende que el seguro de vida es una prestación prevista por la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Aéreas Mexicanas, que tiene por objeto proporcionar un beneficio económico a los beneficiarios o familiares de los militares por el fallecimiento de éstos. De igual forma, el artículo 2°, de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, establece lo siguiente. Artículo 2o.- El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley." Asimismo, el artículo 3°, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dispone lo siguiente: Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: VI. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones. [.]" De los numerales transcritos, se aprecia que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un órgano jurisdiccional que conoce de los juicios -entre otros-, aquellos que se promuevan contra las resoluciones dictadas por las autoridades administrativas que nieguen o reduzcan pensiones y demás prestaciones que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En ese sentido, en el caso en estudio, los promoventes reclaman la negativa por parte de las autoridades responsables de otorgarles una prestación prevista por la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, -seguro de vida-, a los familiares de un miembro del ejército fallecido; por tanto, es claro que previo a acudir al juicio de amparo indirecto, los promoventes se encontraban obligados a impugnarlo a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por medio del cual se puede obtener su modificación, revocación o nulidad; sin que del análisis de la demanda de amparo y escritos aclaratorios se advierta que lo hayan agotado previamente a la promoción del juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia ... Sin que en el caso en estudio se actualice alguno de los casos de excepción previstos por el artículo 61, fracción XX, toda vez que en el presente asunto no se reclama la falta de fundamentación del acto reclamado, ni se alegan violaciones directas a la Constitución, ni se está en el supuesto relativo a que los medios ordinarios de defensa exijan mayores requisitos a los establecidos en la Ley de Amparo, para conceder la suspensión definitiva, o un plazo mayor a la que ésta establece para otorgar la suspensión provisional. Lo anterior, toda vez que la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, no exige mayores requisitos de los establecidos por la Ley de Amparo, para dictar la suspensión del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia ... En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Verónica de Hoyos Arriaga y Vicente Yazbek Arriaga.

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