Veronica Daniela Aguilar Bahena
Expediente 484/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 36 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 484/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 36
- Última actuación
- 03/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Veronica Daniela Aguilar Bahena
Actuaciones
Las 4 más recientes de 36.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, tres de agosto de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de cuatro de julio de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". Deje sin efectos las fecha lejanas señaladas para el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 01/896/2018 y señale nuevas fechas para su celebración, ajustándose a lo preceptuado por la ley, y lo haga del conocimiento de las partes, y; En caso de llegar el día del desahogo de las pruebas ofertadas por las partes, o que éstas se encuentran preparadas, deberá desahogarlas, o en caso contrario respetando los términos y plazos contenido los artículos 883 y 884, de la Ley Federal del Trabajo, dicte otra en la que deberá sujetarse a los lineamientos establecidos en la resolución, a fin de salvaguardar el derecho de la parte quejosa de que se administre justicia de manera pronta y expedita. .". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar que la prueba Confesional ofrecida por la parte actora a cargo del Servicio de Salud Morelos, por conducto de la persona física facultada para ello, el dos de junio de dos mil veintiuno, fue desahogada. La prueba consistente en Interrogatorio Libre a cargo del Servicio de Salud Morelos, el dos de junio de dos mil veintiuno, fue desahogada. La prueba consistente en prueba testimonial por hechos propios a cargo de Víctor Hugo Barranco Dirzo, se decretó la deserción de dicha prueba el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, por no aportar los elementos necesarios para su desahogo. La prueba Testimonial a cargo de Agustín Alejandro Díaz Velazquez, Samantha Elizabeth Saldaña Román, Enrique Romero Galeno, el siete de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo por desahogada. La prueba de Inspección a cargo del Servicio de Salud Morelos, el tres de diciembre de dos mil veinte, fue desahogada. La prueba de Informe de Autoridad ofrecida por la parte actora a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, el tres de noviembre de dos mil veintiuno, fue desahogada dicha probanza. La prueba pericial a cargo del perito Saúl Reyna Brito, el cinco de abril de dos mil veintidós, fue desahogada dicha probanza. La prueba Confesional a cargo de Verónica Daniela Aguilar Bahena, el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, fue desahogada. La prueba consistente en Interrogatorio Libre a cargo de Verónica Daniela Aguilar Bahena, el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, fue desahogada. La prueba de Ratificación de contenido y firma a cargo de Verónica Daniela Aguilar Bahena, el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, fue desahogada. La prueba Pericial en Materia de Grafoscopia Documentoscopia, y Dactiloscopia, el veintiséis de abril de dos mil veintidós, fue desahogada. La prueba Testimonial a cargo de Cesar Augusto Lazcano Santos, Santiago Hernández Pérez y Jaimes Barrios Navarrete, el veintiuno de febrero de dos mil veintidós se declaró la deserción de dicha probanza. La inspección a cargo de la demandada la cual se desahoga al término de la inspección ofrecida por la parte actora, el tres de diciembre de dos mil veinte, fue desahogada. La prueba de informe de autoridad ofrecida por la parte demandada a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, fue desahogada dicha probanza. Finalmente, por auto de tres de mayo de dos mil veintidós la Junta responsable certificó que no quedan pruebas pendientes por desahogar concediendo un término de dos días a las partes para formular los alegatos correspondientes, todo ello desahogado en el juicio laboral 01/896/2018; constancias con las cuales se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar haber realizado las gestiones necesarias y procedió al desahogo y/o decretar su deserción de las pruebas faltantes por desahogar, tal como quedó señalado en párrafos que anteceden y fue indicado en la ejecutoria de amparo. Por ello este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable realizara las gestiones a efecto de desahogar las pruebas faltantes por desahogar las cuales fueron ofrecidas por las partes o declarar su imposibilidad para su desahogo. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, acreditó que la prueba Confesional ofrecida por la parte actora a cargo del Servicio de Salud Morelos, por conducto de la persona física facultada para ello, el dos de junio de dos mil veintiuno, fue desahogada. La prueba consistente en Interrogatorio Libre a cargo del Servicio de Salud Morelos, el dos de junio de dos mil veintiuno, fue desahogada. La prueba consistente en prueba testimonial por hechos propios a cargo de Víctor Hugo Barranco Dirzo, se decretó la deserción de dicha prueba el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, por no aportar los elementos necesarios para su desahogo. La prueba Testimonial a cargo de Agustín Alejandro Díaz Velazquez, Samantha Elizabeth Saldaña Román, Enrique Romero Galeno, el siete de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo por desahogada. La prueba de Inspección a cargo del Servicio de Salud Morelos, el tres de diciembre de dos mil veinte, fue desahogada. La prueba de Informe de Autoridad ofrecida por la parte actora a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, el tres de noviembre de dos mil veintiuno, fue desahogada dicha probanza. La prueba pericial a cargo del perito Saúl Reyna Brito, el cinco de abril de dos mil veintidós, fue desahogada dicha probanza. La prueba Confesional a cargo de Verónica Daniela Aguilar Bahena, el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, fue desahogada. La prueba consistente en Interrogatorio Libre a cargo de Verónica Daniela Aguilar Bahena, el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, fue desahogada. La prueba de Ratificación de contenido y firma a cargo de Verónica Daniela Aguilar Bahena, el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, fue desahogada. La prueba Pericial en Materia de Grafoscopia Documentoscopia, y Dactiloscopia, el veintiséis de abril de dos mil veintidós, fue desahogada. La prueba Testimonial a cargo de Cesar Augusto Lazcano Santos, Santiago Hernández Pérez y Jaimes Barrios Navarrete, el veintiuno de febrero de dos mil veintidós se declaró la deserción de dicha probanza. La inspección a cargo de la demandada la cual se desahoga al término de la inspección ofrecida por la parte actora, el tres de diciembre de dos mil veinte, fue desahogada. La prueba de informe de autoridad ofrecida por la parte demandada a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, fue desahogada dicha probanza. Finalmente, por auto de tres de mayo de dos mil veintidós la Junta responsable certificó que no quedan pruebas pendientes por desahogar concediendo un término de dos días a las partes para formular los alegatos correspondientes, todo ello desahogado en el juicio laboral 01/896/2018; tal como se advierte de las constancias que remitió la responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Al haber transcurrido el término concedido a la parte QUEJOSA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído o resolución citado; en consecuencia, se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: Cuernavaca, Morelos, tres de agosto de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de cuatro de julio de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". Deje sin efectos las fecha lejanas señaladas para el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 01/896/2018 y señale nuevas fechas para su celebración, ajustándose a lo preceptuado por la ley, y lo haga del conocimiento de las partes, y; En caso de llegar el día del desahogo de las pruebas ofertadas por las partes, o que éstas se encuentran preparadas, deberá desahogarlas, o en caso contrario respetando los términos y plazos contenido los artículos 883 y 884, de la Ley Federal del Trabajo, dicte otra en la que deberá sujetarse a los lineamientos establecidos en la resolución, a fin de salvaguardar el derecho de la parte quejosa de que se administre justicia de manera pronta y expedita. .". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar que la prueba Confesional ofrecida por la parte actora a cargo del Servicio de Salud Morelos, por conducto de la persona física facultada para ello, el dos de junio de dos mil veintiuno, fue desahogada. La prueba consistente en Interrogatorio Libre a cargo del Servicio de Salud Morelos, el dos de junio de dos mil veintiuno, fue desahogada. La prueba consistente en prueba testimonial por hechos propios a cargo de Víctor Hugo Barranco Dirzo, se decretó la deserción de dicha prueba el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, por no aportar los elementos necesarios para su desahogo. La prueba Testimonial a cargo de Agustín Alejandro Díaz Velazquez, Samantha Elizabeth Saldaña Román, Enrique Romero Galeno, el siete de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo por desahogada. La prueba de Inspección a cargo del Servicio de Salud Morelos, el tres de diciembre de dos mil veinte, fue desahogada. La prueba de Informe de Autoridad ofrecida por la parte actora a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, el tres de noviembre de dos mil veintiuno, fue desahogada dicha probanza. La prueba pericial a cargo del perito Saúl Reyna Brito, el cinco de abril de dos mil veintidós, fue desahogada dicha probanza. La prueba Confesional a cargo de Verónica Daniela Aguilar Bahena, el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, fue desahogada. La prueba consistente en Interrogatorio Libre a cargo de Verónica Daniela Aguilar Bahena, el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, fue desahogada. La prueba de Ratificación de contenido y firma a cargo de Verónica Daniela Aguilar Bahena, el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, fue desahogada. La prueba Pericial en Materia de Grafoscopia Documentoscopia, y Dactiloscopia, el veintiséis de abril de dos mil veintidós, fue desahogada. La prueba Testimonial a cargo de Cesar Augusto Lazcano Santos, Santiago Hernández Pérez y Jaimes Barrios Navarrete, el veintiuno de febrero de dos mil veintidós se declaró la deserción de dicha probanza. La inspección a cargo de la demandada la cual se desahoga al término de la inspección ofrecida por la parte actora, el tres de diciembre de dos mil veinte, fue desahogada. La prueba de informe de autoridad ofrecida por la parte demandada a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, fue desahogada dicha probanza. Finalmente, por auto de tres de mayo de dos mil veintidós la Junta responsable certificó que no quedan pruebas pendientes por desahogar concediendo un término de dos días a las partes para formular los alegatos correspondientes, todo ello desahogado en el juicio laboral 01/896/2018; constancias con las cuales se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar haber realizado las gestiones necesarias y procedió al desahogo y/o decretar su deserción de las pruebas faltantes por desahogar, tal como quedó señalado en párrafos que anteceden y fue indicado en la ejecutoria de amparo. Por ello este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable realizara las gestiones a efecto de desahogar las pruebas faltantes por desahogar las cuales fueron ofrecidas por las partes o declarar su imposibilidad para su desahogo. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2, acreditó que la prueba Confesional ofrecida por la parte actora a cargo del Servicio de Salud Morelos, por conducto de la persona física facultada para ello, el dos de junio de dos mil veintiuno, fue desahogada. La prueba consistente en Interrogatorio Libre a cargo del Servicio de Salud Morelos, el dos de junio de dos mil veintiuno, fue desahogada. La prueba consistente en prueba testimonial por hechos propios a cargo de Víctor Hugo Barranco Dirzo, se decretó la deserción de dicha prueba el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, por no aportar los elementos necesarios para su desahogo. La prueba Testimonial a cargo de Agustín Alejandro Díaz Velazquez, Samantha Elizabeth Saldaña Román, Enrique Romero Galeno, el siete de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo por desahogada. La prueba de Inspección a cargo del Servicio de Salud Morelos, el tres de diciembre de dos mil veinte, fue desahogada. La prueba de Informe de Autoridad ofrecida por la parte actora a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, el tres de noviembre de dos mil veintiuno, fue desahogada dicha probanza. La prueba pericial a cargo del perito Saúl Reyna Brito, el cinco de abril de dos mil veintidós, fue desahogada dicha probanza. La prueba Confesional a cargo de Verónica Daniela Aguilar Bahena, el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, fue desahogada. La prueba consistente en Interrogatorio Libre a cargo de Verónica Daniela Aguilar Bahena, el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, fue desahogada. La prueba de Ratificación de contenido y firma a cargo de Verónica Daniela Aguilar Bahena, el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, fue desahogada. La prueba Pericial en Materia de Grafoscopia Documentoscopia, y Dactiloscopia, el veintiséis de abril de dos mil veintidós, fue desahogada. La prueba Testimonial a cargo de Cesar Augusto Lazcano Santos, Santiago Hernández Pérez y Jaimes Barrios Navarrete, el veintiuno de febrero de dos mil veintidós se declaró la deserción de dicha probanza. La inspección a cargo de la demandada la cual se desahoga al término de la inspección ofrecida por la parte actora, el tres de diciembre de dos mil veinte, fue desahogada. La prueba de informe de autoridad ofrecida por la parte demandada a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, fue desahogada dicha probanza. Finalmente, por auto de tres de mayo de dos mil veintidós la Junta responsable certificó que no quedan pruebas pendientes por desahogar concediendo un término de dos días a las partes para formular los alegatos correspondientes, todo ello desahogado en el juicio laboral 01/896/2018; tal como se advierte de las constancias que remitió la responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de julio de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Yuridia Ibarra Rojas, Presidenta de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual informa sobre el cumplimiento de ejecutoria y remite copias certificadas para acreditar su dicho. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio, anexos de cuenta y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, de los cuales se advierte que se dio vista a las partes con el cumplimiento dado por parte de la autoridad responsable, por lo anterior, tomando en consideración las constancias enviadas por la autoridad responsable para cumplir con la ejecutoria, se advierte que a la fecha no son suficientes para analizar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, ya que esta potestad además está obligada a vigilar que la misma sea cumplida en sus términos. En efecto, la resolución se concedió para que la responsable desahogara diversos medios probatorios pendiente de desahogar en el juicio laboral 01/896/2018; sin embargo, de las documentales que se remitió para acreditar el mismo, no se advierte en autos sobre la imposibilidad, deserción o desahogo de la prueba confesional a cargo de Servicio de Salud Morelos ofrecida por la parte actora, la prueba be confesional a cargo de Víctor Hugo Barranco Dirzo ofrecida por la parte actora, la prueba de ratificación de firma y contenido a cargo de Verónica Daniela Aguilar Bahena ofrecida por la parte actora, la prueba de pericial cargo de grafoscopía, documentoscopía, y dactiloscopia ofrecida por la parte actora, la prueba de inspección a cargo de Servicios de Salud Morelos ofrecida por las partes, la prueba confesional a cargo de Verónica Daniela Aguilar Bahena. Al respecto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a Yuridia Ibarra Rojas, Presidente de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el término de tres días, contados a partir del momento al que quede legalmente notificado del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: Remita copia certificada de las constancias conducentes con la cuales acredite sobre la imposibilidad, deserción o desahogo de las pruebas señaladas en párrafos que anteceden, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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