Veronica Cortes Villa

Expediente 753/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
753/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
18/05/2022

Partes del expediente

  • Veronica Cortes Villa

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Prórroga. Visto el oficio de cuenta, signado por el Director de lo Contencioso de la Hacienda Estatal de la Procuraduría Fiscal del Estado dependiente de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado, y del Jefe de la Oficina de Recaudación Fiscal N°003, dependiente de la citada Secretaría; atento a su contenido, agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes, y con fundamento en el artículo 297 fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le concede el plazo de diez días, contado a partir de la notificación para que cumpla con la resolución emitida por la superioridad. Efectos. En la resolución emitida por la superioridad, se determinó, debe realizar los actos siguientes: "XI. EFECTOS. Con fundamento en los artículos 77 y 192 de la ley de la materia, se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados por la parte quejosa, para los efectos siguientes: a) Se desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa la aplicación del artículo 23, fracción III bis, último párrafo de dicha fracción, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno. b) La autoridad que de acuerdo con sus facultades corresponda, en el caso, la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado, deberá devolver la contribución que la parte final de la fracción III Bis del numeral impugnado prevé en $55.00 (cincuenta y cinco pesos), correspondiente a la aportación a la Cruz Roja Mexicana y al Hogar Cabañas, consignado en los recibos oficiales que aportó el quejoso como medio de prueba a su demanda de amparo indirecto. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 29/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS. Por regla general, la concesión del amparo respecto de una ley fiscal tiene como efecto que no se aplique al quejoso el precepto declarado inconstitucional, y que se le restituyan las cantidades enteradas. Ahora bien, atento al criterio sustentado por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 62/98, de rubro: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA.", se concluye que cuando en la ley se prevea un vicio subsanable en el mecanismo de cálculo de la tasa a pagar por concepto de derechos por servicios, el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva. Consecuentemente, cuando la disposición declarada inconstitucional fija derechos por registro de documentos a partir de un porcentaje sobre el valor de la operación comercial que les dio origen, pero previendo también una cantidad fija mínima a pagar, la restitución en el goce de la garantía individual violada sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa porcentual, pero sin relevarlo de la obligación de enterar dicha cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar, con lo cual se respeta el criterio del Tribunal Pleno plasmado en la jurisprudencia P./J. 121/2007, de rubro: "SERVICIOS REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA". De igual forma, tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 188/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS. Conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo y a la tesis de jurisprudencia 201, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, página 195, con el rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.", el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese sentido, cuando se otorga el amparo contra una norma fiscal, el efecto de la sentencia será que dicha disposición no se aplique al particular y que las autoridades que recaudaron las contribuciones restituyan no sólo las cantidades que como primer acto de aplicación de esa norma se hayan enterado, sino también las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido". Asimismo, cabe precisar que la devolución de la cantidad enterada por la parte quejosa no comprende el pago de intereses que se hayan generado, porque la sentencia de amparo que declara la inconstitucionalidad de las normas que prevén un tributo o derecho, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la obligación tributaria respectiva, lo cual se colma con la devolución de la cantidad pagada por concepto de las contribuciones declaradas inconstitucionales y su actualización, pero no comprende el pago de intereses, pues éstos participan de una naturaleza indemnizatoria, que no constituye un efecto del fallo protector. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 137/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES TRIBUTARIAS. LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS, DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS, COMO EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, NO COMPRENDE EL PAGO DE INTERESES INDEMNIZATORIOS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL ABROGADO)". (.)" Apercíbase. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá a las citadas autoridades una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, esto es, $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), en términos del numeral 258 de la Ley de Amparo y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional).

  2. Principal

    Visto el estado que guardan las actuaciones que integran el presente asunto se advierte que mediante proveído de veinticinco de marzo de la presente anualidad, se requirió al Actuario Notificador adscrito a la Junta Especial número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, acreditara ante este juzgado de amparo que cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo, esto es: "De no haberlo hecho, acredite que notificó a la parte demandada el acuerdo respectivo donde se le cita para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, o, en su caso la imposibilidad que tenga para ello, en el juicio laboral de origen 3220/2020." Asimismo, que la aludida autoridad fue notificada del proveído señalado en el párrafo que antecede el treinta de marzo de dos mil veintidós, como se aprecia del acuse de recibo del oficio 11831/2022, sin que a la fecha haya informado sobre lo requerido. Requerimiento con término prudente. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere NUEVAMENTE Y POR ULTIMA OCASIÓN al Actuario Notificador adscrito a la Junta Especial número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copia certificada y legible de la constancia donde se advirtiera que cumplió con lo indicado en el fallo protector dictado el pasado uno de diciembre de dos mil veintiuno. Apercibimiento. Apercíbase al referido Actuario, que de no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA) vigente, esto es, $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, así como en los transitorios segundo y tercero del decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, que, entre otros, reformó la fracción VI, apartado A, del artículo 123 constitucional. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). ...Superior jerárquico. En acatamiento al numeral 192, segundo párrafo, y 193, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se ordena notificar y se requiere al Presidente de la Junta Especial número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico de la autoridad responsable Actuario Notificador adscrito a dicha junta, para que le ordene cumplir con la ejecutoria de amparo, y remita a este juzgado constancia fehaciente de que lo hizo, bajo apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados, además de que se incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Notifíquese por lista física y electrónica.

  3. Principal

    Visto el estado de autos se advierte que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dictada en autos, siendo notificada el quince de marzo de dos mil veintidós. II. Requiérase nuevamente. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Décimo Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, para que, dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente comunicado, cumpla con el efecto de la sentencia de amparo, el cual se cita a continuación: (.) ( Una vez que transcurra el plazo de treinta días para que comparezcan los posibles beneficiarios, lo haga del conocimiento de esta Juzgado Federal. (.) Remitiendo copia certificada, completa y legible que lo acredite. Así, debe precisarse, que tales actos por su naturaleza, se estima que sí son susceptibles de cumplimiento en el plazo de tres días, en virtud de que no implica la realización de trabajos especiales o de un procedimiento específico para sustentarlo. III. Apercibimiento. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá a su titular de la Junta una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, esto es, $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), en términos del numeral 258 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado y adicionados diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que entró en vigor el día siguiente de su publicación, esto es, veintiocho de enero siguiente, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). IV. Superior jerárquico. No se actualiza la hipótesis prevista en el numeral 192, párrafo segundo, y 193, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que la Junta responsable no tiene superior jerárquico para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia que dice: JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo.

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