Verónica Chávez Vega

Expediente 841/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
841/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
23/06/2021

Partes del expediente

  • Verónica Chávez Vega

Actuaciones

  1. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, suscrito por la quejosa ***********, mediante el cual solicita la devolución de los documentos exhibidos como prueba dentro del presente juicio de amparo. En esa tesitura, con apoyo en lo establecido en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su artículo 2º, una vez que las labores del juzgado lo permitan, devuélvanse los documentos que solicita, previa certificación de desglose y toma de razón que por su recibo se deje en autos para debida constancia legal. Ahora bien, dígasele a la parte quejosa, que deberá solicitar cita respectiva y obtener el código QR, para su entrega a la siguiente liga https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisd ccionales/home, esto como una medida para evitar posibles contagios relacionados con el virus COVID-19. Notifíquese por lista las partes.

  2. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, diez de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se aprecia que dentro del término legal no se interpuso recurso de queja contra el proveído de seis de noviembre de dos mil veinte, por el que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto QUEDA FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe señalar que el presente asunto no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico. Además, se desechó la demanda de amparo. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este cuaderno es susceptible de DESTRUCCIÓN. Ahora bien, toda vez que obran documentos que se estiman de interés para la parte quejosa, se le requiere para que dentro del plazo de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca al local que ocupa este juzgado a recogerlos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, serán destruidos junto con el presente expediente. En mérito de lo anterior, se exhorta al promovente para que realice las gestiones conducentes para generar el código de acceso QR correspondiente, ello en términos del artículo 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y con ello estar en aptitud de ingresar a este órgano jurisdiccional y cumplimentar lo ordenado en el párrafo anterior. Por otra parte, de la certificación que antecede se advierte que después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente juicio, no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el artículo 25, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Notifíquese: por lista a la parte quejosa.

  3. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, uno de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos la razón asentada por la actuaria judicial adscrita a este juzgado, por medio de la cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar a la quejosa Verónica Chávez Vega, el auto dictado el seis de noviembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo; por las razones que expone. En esas condiciones, notifíquese a la parte quejosa, el auto de que se trata, por medio de lista, de conformidad a lo previsto en los artículos 27 fracción III, inciso a), y 29 de la Ley de Amparo; en el entendido que las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le practicarán por este medio. Notifíquese por lista a la parte quejosa

  4. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, seis de noviembre de dos mil veinte. V i s t o lo de cuenta se provee: ténganse por presentado por buzón judicial el escrito de demanda que promueve **, por propio derecho, en contra de las autoridades y por los actos reclamados que enseguida se precisan: Autoridades responsables Ordenadora Juez Primero Mercantil de Primera Instancia de Tlalnepantla, Estado de México. Ejecutoras Ejecutor adscrito al Juzgado Primero Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México. Instituto de la Función Registral del Estado de México, con sede en Tlalnepantla, Estado de México. Acto reclamado La falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 682/2014; así como, todo lo actuado. La resolución dictada en segunda almoneda de remate de once de julio de dos mil diecisiete, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 682/2014, promovido por Rafael Arauz Cervantes en contra de Roberto Oscar Roa Vázquez, en la que se adjudica el bien inmueble ubicado en: lote 16, manzana 28, colonia Universidad Autónoma Metropolitana, Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, a favor de la parte actora. Así como, la ejecución de dicha resolución. No obstante, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Lo anterior encuentra apoyo, por identidad de razón, en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora bien, este órgano de control constitucional, considera que en la especie, se actualiza de forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Dicho precepto, dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Del precepto transcrito se desprende lo siguiente: El juicio de amparo únicamente puede promoverlo la persona que se vea afectada en su esfera de derechos por la ley o el acto reclamado. El juicio de amparo resulta improcedente si el peticionario de garantías no demuestra que el acto reclamado transgrede su esfera de derechos subjetivos públicos en forma directa y actual. Asimismo, de los artículos 5 y 6 de la Ley de Amparo se desprenden dos principios que rigen en el juicio de amparo: Instancia de parte. Y agravio personal, directo y actual (interés jurídico y afectación). El primero, significa que el juicio de amparo se iniciará sólo a petición del particular o gobernado que se considere afectado por una ley o un acto de autoridad. De tal forma que, ante una afectación de derechos real o inminente, en ningún supuesto puede iniciarse de oficio por el órgano de control constitucional la instancia de amparo. El segundo, exige que quien promueva el juicio de amparo deberá ser la persona que se vea afectada en su esfera de derechos subjetivos públicos de manera directa y actual. Sobre este tópico es ilustrativa la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio al interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará. Ahora bien, la parte quejosa, reclama los siguientes actos: La falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 682/2014; así como, todo lo actuado. En esencia, la resolución dictada en segunda almoneda de remate de once de julio de dos mil diecisiete, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 682/2014, promovido por Rafael Arauz Cervantes en contra de Roberto Oscar Roa Vázquez, en la que se adjudica el bien inmueble ubicado en: lote 16, manzana 28, colonia Universidad Autónoma Metropolitana, Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, a favor de la parte actora. Así como, la ejecución de dicha resolución. Sin embargo, en contra de dicho acto, el juicio de amparo resulta notoria e indudablemente improcedente, por las siguientes consideraciones: La quejosa narra en los antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, en esencia, lo siguiente: Que contrajo matrimonio civil bajo el régimen de sociedad conyugal el diez de mayo de mil novecientos noventa con Roberto Oscar Roa Vázquez y dentro de la vigencia del matrimonio compraron el bien inmueble lote 16, manzana 28, colonia Universidad Autónoma Metropolitana, Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Que mediante sentencia de veintiuno de septiembre de dos mil siete, dictada en el juicio de divorcio necesario 177/2007, del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, se declaró la disolución del vínculo matrimonial, sin que se llevara a cabo la liquidación de la sociedad conyugal. Que para vender el bien inmueble citado, Roberto Oscar Roa Vázquez, le firmó a la quejosa un poder general para pleitos y cobranzas, con cláusula específica que es para la venta del inmueble referido, en virtud de que éste se encuentra privado de su libertad en el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tlalnepantla, Estado de México. Que el quince de febrero de dos mil diez, mediante contrato de compraventa que exhibe en copia certificada, vendió el inmueble materia de la litis a María de Jesús Altamirano Monroy, la cual fue cotejada por la compradora el cinco de agosto de dos mil catorce ante la fe del Notario Público 91 de Nicolás Romero, Estado de México. Que al parecer Roberto Oscar Roa Vázquez y Rafael Arauz Cervantes, promovieron un juicio ejecutivo mercantil con proceso fraudulento para adjudicarse un inmueble que ya no era propiedad de la sociedad conyugal. Precisado lo anterior, es válido concluir que la quejosa no ha sufrido ningún perjuicio real y actual en su esfera jurídica, lo cual hace improcedente el presente juicio de amparo, toda vez que éste tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales, y sus efectos son restituir a los quejosos en el goce de sus derechos fundamentales violentados, lo que se colige de la interpretación de los artículos 1, 73 y 77 de la Ley de Amparo, y por ello es necesario la existencia del acto de afectación, al momento de la presentación de la demanda, de modo que se pueda apreciar el perjuicio de la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de amparo, lo que evidentemente no se acredita en la especie ni en forma indiciaria. En tales condiciones, es inconcuso que la demanda de amparo, respecto a dicho acto, es improcedente, toda vez que las propias manifestaciones de la quejosa que vierte bajo protesta de decir verdad, se desprende que no existen actos que pueda irrogar perjuicio a la quejosa, en virtud de que el inmueble que se pretende adjudicar a la parte actora en el juicio ejecutivo mercantil 682/2014, ya no es de su propiedad, como la propia quejosa refiere y lo acredita con el contrato de compraventa que exhibe en copia certificada; por lo que no existe un acto que sirva de materia al juicio, en el que se advierta que la promovente puede sufrir un agravio actual, directo y presente. La determinación que aquí se adopta se justifica porque la demanda de amparo tiene como fin obtener la protección de la justicia federal a efecto de que se restituya a los solicitantes de amparo en el goce del derecho fundamental violentado, pero el perjuicio debe existir al momento de ejercitar la acción constitucional. Lo anterior, se afirma, en virtud de que la quejosa pretende ser llamada al juicio ejecutivo mercantil 682/2014, donde ella no es parte, ya que éste fue promovido por Rafael Arauz Cervantes en contra de Roberto Oscar Roa Vázquez, respecto del inmueble ubicado en: lote 16, manzana 28, colonia Universidad Autónoma Metropolitana, Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, el cual ya no es de su propiedad, según sus propias manifestaciones, corroboradas con las documentales que exhibe en copia certificada. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo; con fundamento en lo que establece el numeral 113 de ese ordenamiento, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. Domicilio para oír notificaciones Dada la naturaleza del presente asunto, con fundamento con lo previsto en los artículos 26, fracción I, inciso j), y 27 fracción II, último párrafo, de la Ley de Amparo, por esta ocasión, se comisiona al actuario judicial adscrito a este juzgado, para que se constituya en el domicilio que proporcionó la parte quejosa en el escrito de demanda a efecto de notificarle de manera personal la presente determinación. Asimismo, deberá requerirle para que en el momento de la diligencia o dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones personales en el municipio de Naucalpan de Juárez, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista en términos del artículo 27, fracción II, y 29 de la Ley de Amparo, hasta en tanto subsane dicha omisión. Exhortación a las partes para seguir la tramitación del juicio de amparo mediante el esquema de juicio en línea Con fundamento en los artículos 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que, de ser posible, hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el portal de servicios en línea y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea", esto es, soliciten la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones, a través de la vía electrónica. Cabe destacar que para este fin es necesario, la utilización de una firma electrónica FIREL vigente. Medios de contacto Con fundamento en los artículos 5, fracción I, y 22, fracción II, del propio Acuerdo General 21/2020, requiérase a las partes para que proporcionen un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, como medio alternativo de contacto, por el momento y hasta que cese la emergencia sanitaria que se vive en el país. Autorizados para oír notificaciones En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo si a la fecha del dictado del presente acuerdo tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; de no ser así, para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé el segundo párrafo del precepto legal antes citado. Oposición de publicación de datos personales De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y los numerales 16, 55, 56, 57 y 58 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Captura de resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de doce de noviembre de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince; captúrese el día de su publicación la presente resolución, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, se instruye a la Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Autorización de firma de oficios Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Habilitación de días y horas Inhábiles Finalmente, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen, incluso emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese: personalmente a la quejosa.

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