Veronica Chavez Cruz
Expediente 645/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 645/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 08/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Veronica Chavez Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de inconformidad contra el acuerdo dictado el cinco de octubre de dos mil dieciocho (fojas 167 a 174), mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del dieciséis de octubre al siete de noviembre de dos mil dieciocho, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, como ya no es necesario conservar la documental que remitió la autoridad responsable agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema Tradicional en funciones de la Titular de la Segunda Mesa Investigadora, consistente en el duplicado de la averiguación previa 88/2016/DGSP/DGIHC-A-V/UIHCST-II de su índice, con la que se formaron los anexos I y II, se ordena devolver dichas constancias; sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo toda vez que la autoridad mencionada se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega de los documentos descritos.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 05 DE octubre DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: " San Andrés Cholula, Puebla, cinco de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Verónica Chávez Cruz, mediante el cual desahoga la vista que le fue concedida en acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho (foja 132), pues al respecto realiza diversas manifestaciones en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, las cuales serán consideradas en el momento oportuno. Por otra parte, vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho (foja 132), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema Tradicional en Funciones de la Titular de la Segunda Mesa Investigadora a la sentencia emitida en el presente juicio de amparo indirecto; la cual fue desahogada por la quejosa mediante el escrito de cuenta. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. En principio, es necesario indicar que en sentencia de treinta de agosto de dos mil dieciocho (fojas 76 a 92), se concedió el amparo y protección a Verónica Chávez Cruz para el efecto de que la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema Tradicional en Funciones de la Titular de la Segunda Mesa Investigadora realizara lo siguiente: ".OCTAVO. Concesión del amparo y sus efectos. En las apuntadas condiciones, con fundamento en el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, se otorga la protección constitucional solicitada por Verónica Chávez Cruz, para el efecto de que la 1. agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema Tradicional en Funciones de la Titular de la Segunda Mesa Investigadora, en cuanto se le requiera el cumplimiento de esta sentencia y dentro del plazo que para tal efecto se le otorgue, realice lo siguiente en la averiguación previa 88/2016/DGSP/DGIHC-A-V/UIHCST-II: 1. Deje insubsistente el acuerdo de veintidós de junio de dos mil dieciocho, dictado en la averiguación previa 88/2016/DGSP/DGIHC-A-V/UIHCST-II de su índice. 2. En su lugar, con libertad de jurisdicción emita un nuevo acuerdo en el que atienda de manera exhaustiva y congruente las peticiones formuladas por la víctima -aquí quejosa- en el escrito de siete de junio de dos mil dieciocho y recibido el doce del mismo mes y año; y, en caso de encontrarse impedida legalmente para ello, deberá hacerlo del conocimiento de la peticionaria, pero atendiendo a los razonamientos expuestos en esta sentencia, esto es, deberá purgar los vicios de forma, por cuanto hace a la insuficiente fundamentación y motivación, los cuales han quedado señalados en el considerando que antecede. 3. Notifique a la referida quejosa dicha determinación conforme a derecho corresponda, y remita las constancias que así lo acrediten." En acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 108 a 110), se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Mediante oficio UIHC-A-I/519/2018 de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho (foja 119), la autoridad responsable remitió copia certificada de la resolución emitida el veinte del mes y año citados, en la averiguación previa 88/2016/DGSP/DGIHC-A-V/UIHCST-II de su índice y su notificación a la parte quejosa (fojas 120 a 129). Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y en relación con los efectos de dicha sentencia, la autoridad responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la resolución de veintidós de junio de dos mil dieciocho, en la averiguación previa 88/2016/DGSP/DGIHC-A-V/UIHCST-II de su índice (foja 121). 2. El veinte de septiembre de dos mil dieciocho, con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, dictó otra determinación, en la que dio respuesta a la petición realizada por Verónica Chávez Cruz mediante escrito presentado ante la autoridad responsable el doce de junio de la presente anualidad, en el que, en suma, la quejosa solicitó lo siguiente: - Le informara qué diligencias se encuentran pendientes por practicar dentro de la averiguación previa 88/2016/DGSP/DGIHC-A-V/UIHCST-II. - Le especificara el motivo por el cual existe la necesidad de su práctica. - Cuál es la finalidad u objeto específico de cada diligencia pendiente de desahogar. - El momento en que serán desahogadas. - Lo anterior, a fin de que ejerza acción penal ante la autoridad judicial. Al respecto la representante social responsable proveyó lo siguiente: Estableció que la práctica de diligencias para el esclarecimiento de los hechos presuntivamente constitutivos de delito, es una actividad reservada al Ministerio Público, que tiene como base el interés público como parte de la función investigadora y de persecución de delitos que le confiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual la faculta para realizar la diligencias que estime necesarias para esclarecer los hechos que fueron denunciados, por lo que el desahogo de tales diligencias no causa daño o perjuicio a los justiciables, por lo que, aun cuando la víctima o el ofendido (o incluso sus abogados) pueden tener intervención y acceso a la indagatoria, y les asiste el derecho para obtener la información que resulte necesaria, tal información no debe sobrepasar el interés público ni anteponer el interés particular de dichas partes (foja 122). Señaló que el Ministerio Público tiene la obligación de guardar sigilo en la investigación, en términos del artículo 51, fracción IV del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; que el derecho penal es punitivo y se rige por el principio de imparcialidad, contenido en el artículo 17 Constitucional (foja 122). Por ello, indicó que resulta inadmisible que la autoridad ministerial anuncie la actividad futura respecto de los actos de investigación que se deben realizar para el esclarecimiento de los hechos, debido a que la obligación de dicha autoridad, en ejercicio de la facultad de investigación conferida constitucionalmente, es ordenar aquellas diligencias que estime necesarias para el esclarecimiento de los hechos (foja 122). Señaló que esa representación social se encuentra realizando diligencias para lograr la comparecencia de los indiciados para recabar sus declaraciones, por lo que de acuerdo a las investigaciones que se practican y al resultado de dichas diligencias, se desprenden nuevas líneas de investigación y con base en ellas se pueden implementar nuevos actos para esclarecer los hechos motivo de la indagatoria. Lo que implica que la autoridad responsable consideró inviable adelantar los actos futuros de investigación debido a que ellos dependen del resultado de las diligencias que se van desahogado progresivamente. Así mismo, estableció que la facultad investigadora y persecutora de los delitos se encuentra exclusivamente conferida al Ministerio Público, conforme al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues es el único órgano facultado (en el sistema de enjuiciamiento penal que rige en la indagatoria de origen) para impulsar y formular la acusación o imputación delictiva, en su carácter de representante social; que esa facultad no es limitada, sino amplia, por lo que no debe limitar su actuación para establecer de manera precisa y específica qué o cuáles diligencias deben desahogarse en un determinado momento, ya que de una investigación pueden desprenderse otras actuaciones diversas y dar pauta a otras directrices de investigación, ya que de no considerarlo así, se limitaría la actuación investigadora del representante social (foja 123). Señaló que lo anterior no restringe el derecho de la víctima a ser informada sobre el estado del procedimiento, y en tal sentido, reiteró que la representante social está realizado diligencias para lograr la comparecencia de los indiciados, que se encuentran pendientes por desahogar y que de su resultado pueden desprenderse nuevas líneas de investigación y ante ello, por el momento, no se puede definir cuál o cuáles son, sino hasta que se cuente con el resultado de ellas se podrán realizar nuevos actos de investigación (foja 123). Finalmente, la autoridad responsable hizo saber a la aquí quejosa que tiene a su disposición la indagatoria para consultarla en día y hora hábil, a efecto de que se imponga del contenido de la misma, así como para que se le informe sobre el estado que guardan las actuaciones (foja 124). Como se señaló, la autoridad responsable fundó su respuesta en los artículos 17, 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, en su texto anterior a la reforma señalaban en la parte conducente: ".Artículo. 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (.) "Artículo. 21.- La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas. (.)" "Artículo. 102. (.) Incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine (.)" Tales dispositivos constitucionales establecen, como lo indicó la autoridad responsable, que la facultad para la investigación y persecución de los delitos se confiere exclusivamente al Ministerio Público; y que dicho actuar debe regirse, entre otros principios, por el de imparcialidad, por lo que esta autoridad considera que existe adecuación entre los motivos expuestos y los dispositivos constitucionales invocados. En el mismo sentido, la agente del Ministerio Público responsable indicó que tiene la obligación de guardar sigilo en la investigación de los hechos posiblemente constitutivos de delito, y para ello invocó el artículo 51, fracción IV del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, que señala: "Artículo 51.- El Ministerio Público durante la averiguación previa, deberá: (.) IV.- Al servidor público que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia de ellas o de los documentos que obren en la averiguación, sin que proceda, se le sujetará a procedimiento de responsabilidad administrativa, penal o civil, según corresponda." Ahora, si bien el citado numeral, no establece expresamente que el agente del Ministerio Público deba guardar sigilo respecto de sus actuaciones, si prevé la reserva de las mismas, lo que implica que su actuar no puede ser del dominio público, sino que únicamente podrá proporcionar información o documentos relacionados con ellos cuando proceda. En tal sentido, es importante reiterar que la autoridad responsable estableció que la víctima del delito, aquí parte quejosa, tiene a su disposición la averiguación previa para su consulta, por lo que es evidente que no ha negado el acceso a la información contenida en la indagatoria de origen, sino que determinó que no es posible adelantar las diligencias que deberán desahogarse en virtud de que estas dependen de los actos de investigación que se realizan progresivamente. Por otra parte, mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, el tres de octubre de dos mil dieciocho, y entregado a este juzgado el cuatro siguiente, la quejosa realizó manifestaciones en relación con el cumplimiento de la sentencia de amparo y en esencia expresó lo siguiente: 1. Que la sentencia no fue cumplida por la autoridad responsable, en virtud de que no fue exhaustiva en la respuesta emitida, debido a que no atendió cada uno de los puntos de su solicitud. Tal afirmación es infundada, en virtud de que, si bien es cierto que la autoridad responsable no realizó un desglose de cada uno de los puntos de su solicitud y respondió en forma separada cada uno de ellos, también es verídico que la respuesta que emitió contempla a todos, dado que la representante social estableció que no puede adelantar los actos de investigación que se realizarán, pues ello depende del resultado de la investigación que se realiza, lo que implica que, si la autoridad responsable consideró inviable adelantar qué actos de investigación se encuentran pendientes por practicar dentro de la averiguación previa 88/2016/DGSP/DGIHC-A-V/UIHCST-II pues ello depende del resultado de la comparecencia de los indiciados, tampoco se encuentra en aptitud de especificar el motivo por el cual existe la necesidad de su práctica, cuál es la finalidad u objeto específico de cada diligencia pendiente de desahogar ni el momento en que serán desahogadas, por lo que la respuesta de tales cuestiones se encuentra implícita en el sentido de la determinación ministerial que se analiza. 2. Que la autoridad responsable no se ocupó de explicar los motivos o razones por las que no le permitirá conocer una respuesta concreta a sus peticiones. Tal argumento es infundado, en virtud de que, en primer término, es importante señalar que la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema Tradicional en Funciones de la Titular de la Segunda Mesa Investigadora no estableció que existe imposibilidad para que la quejosa pueda tener conocimiento de las diligencias que se deban practicar en la indagatoria, pues incluso señaló que la averiguación previa está disponible para su consulta cuando lo estime necesario, sino que la autoridad responsable expresó que no es posible señalar cuál o cuáles diligencias serán necesarias o quedan pendientes por desahogar para la integración de la investigación, debido a que ello depende de actos futuros e inciertos, esto es, las diligencias que en su caso resultarán necesarias y que deberán desahogarse dependen del resultado de la comparecencia de los indiciados, pues a partir de ello se pueden desprender diferentes líneas de investigación y, por ende, las diligencias que resulten necesarias para el esclarecimiento de los hechos. 3. Que la autoridad responsable no estableció por qué las diligencias deben ser reservadas para la víctima, ni cuál es el fundamento legal en que basa su afirmación; que no explicó por qué el hecho de brindar información a la víctima quebrantaría indebidamente la reserva de las actuaciones y que no expuso los motivos de orden factico o jurídico que hagan improcedente su petición. Resulta infundada la manifestación que antecede, en virtud de que la autoridad responsable no estableció que las diligencias practicadas dentro de la averiguación previa no deben ser conocidas por la víctima, sino que, se insiste, la representación social señaló que no es posible adelantar cuál o cuáles resultarán necesarias para esclarecer los hecho, pues consideró que ello depende de las investigaciones que se realizan progresivamente, es decir, la autoridad investigadora expresó que no puede comunicar a la aquí quejosa qué diligencias practicará, ya que éstas no están determinadas, pues depende de las líneas de investigación que se generen con motivo del resultado de la comparecencia de los indiciados. En ese orden de ideas, si bien la autoridad responsable hizo referencia a que está obligada a guardar sigilo y reserva de las actuaciones, lo cierto es que la razón primordial para no anunciar las diligencias que se desahogaran radica en que la agente investigadora no tiene certeza de cuál o cuáles serán necesarias, pues dependen de cuestiones inciertas y futuras. Así mismo, es importante reiterar que la agente del Ministerio Público responsable sí invocó el fundamento legal para su decisión, pues expresó que el artículo 21 constitucional le confiere la facultad exclusiva de investigación y persecución de los delitos, y que dicha facultad no es limitada sino amplia, por lo que no debe limitarse la actuación del agente investigador a señalar el desahogo de determinadas diligencias, pues de la investigación progresiva pueden desprenderse nuevas líneas de investigación, lo que implica que no es posible, conforme a esa facultad de investigación amplia, que anuncie en forma específica las diligencias que se tendrán que desahogar. Además, debe destacarse que la autoridad responsable reiteró a la víctima que puede consultar la averiguación previa cuando lo estime necesario e incluso le informó que se encuentra realizando gestiones para lograr la comparecencia de los indiciados, por lo que es evidente que ha respetado el derecho de la víctima a ser informada del desarrollo del procedimiento. 4. Aduce que la autoridad responsable dio la misma respuesta que la contenida en la determinación que constituyó el acto reclamado, que únicamente se limitó a señalar nuevamente las facultades y atribuciones del Ministerio Público, y que repitió el fundamento legal contenido en el acto reclamado, cuando en la sentencia de amparo se estableció que aquél no resultaba aplicable. Tales afirmaciones resultan infundadas, en virtud de que, aun cuando la resolución que se analiza se emitió en el mismo sentido que la que constituyó el acto reclamado en esta instancia, lo cierto es que en la sentencia protectora se concedió libertad de jurisdicción a la responsable para que emitiera la determinación ministerial correspondiente; lo que implica que la representante social responsable estaba en aptitud de emitir una resolución en el sentido en que lo hizo, pues el efecto de la concesión del amparo fue para que subsanara las deficiencias formales destacadas, es decir, para que expusiera los motivos y razones de su decisión y para que citara los preceptos legales que prevén tales circunstancias, debiendo existir adecuación entre lo expuesto y el fundamento legal invocado. Dicho de otro modo, en la sentencia de amparo no se estableció que la autoridad responsable debía responder favorable la petición de la quejosa, sino que únicamente se concedió el amparo para que se respetara el principio de legalidad que debe imperar en toda resolución y acto de autoridad. Ahora, es importante señalar que, si bien en la sentencia de amparo se estableció que el fundamento legal invocado en la resolución reclamada no resultaba aplicable, ello obedeció a que en aquella resolución la autoridad responsable omitió expresar los motivos que la condujeron a emitir la resolución en tal sentido, por lo que se consideró carente de motivación y fundamentación, ya que al no exponer las razones o causas inmediatas que tomó en consideración para actuar en tal sentido, tampoco pudo existir adecuación con las disposiciones legales y constitucionales invocadas. Sin embargo, ello no quiere decir que los artículos invocados no puedan aplicarse por la autoridad responsable, pues al haber expresado las razones y motivos de su actuación, los dispositivos legales y constitucionales invocados sí encuentran adecuación con la motivación expuesta, como se explicó en párrafos precedentes. Por la misma razón es que la resolución que se analiza, no constituye una repetición del acto reclamado, debido a que en la nueva determinación, la agente del Ministerio Público expuso argumentos y citó preceptos legales que no invocó en la resolución reclamada, por lo que el sólo hecho de que haya sido emitida en el mismo sentido no constituye una repetición del acto de autoridad. 5. Finalmente, la quejosa refiere que el argumento expuesto por la representante social en el sentido de que el derecho de la víctima a ser informado del estado que guarda su averiguación previa no implica informarle sobre las diligencias que practicará para la integración de la averiguación previa, es incorrecto, pues considera que tal afirmación vulnera su derecho a participar en la averiguación previa. Tal afirmación resulta inoperante, debido a que está encaminada a combatir el fondo de la decisión adoptada por la representante social responsable, lo cual no es susceptible de ser vigilado en el cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio de garantías, debido a que la protección constitucional, como se dijo, se concedió únicamente para que la autoridad responsable subsanara vicios formales, por lo que no resulta procedente realizar un análisis del fondo de la resolución emitida en cumplimiento de la ejecutoria de amparo ni si ésta resulta correcta o apegada a derecho, pues se insiste, tal cuestión no formó parte del análisis constitucional efectuado en la sentencia ni de los efectos del fallo protector. En diverso aspecto, esta autoridad advierte que el motivo de disenso de la peticionaria de amparo, está motivado por una posible dilación en la actuación del Ministerio Público, al no desahogar con la celeridad esperada las diligencias necesarias para la integración de la averiguación previa; sin embargo, tal cuestión, en caso de existir, implicaría la transgresión de un derecho fundamental distinto a los que fueron analizados en la sentencia de garantías, por lo que debe decirse a la promovente del amparo que tiene expeditos sus derechos para hacerlos valer en la vía que estime conducente para reclamar la posible dilación en el desahogo de las diligencias dentro de la indagatoria de origen. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia. Por otro lado, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales conducentes que, mediante oficio SEADS/962/2018, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal informó que el Pleno del Consejo, por unanimidad de votos, aprobó la propuesta presentada y designó como titular de este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla al licenciado Horacio Óscar Rosete Mentado, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil dieciocho. Resulta aplicable por analogía, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J.104/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Verónica Chávez Cruz, mediante el cual desahoga la vista que le fue concedida en acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho (foja 132), pues al respecto realiza diversas manifestaciones en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, las cuales serán consideradas en el momento oportuno. Por otra parte, vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho (foja 132), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema Tradicional en Funciones de la Titular de la Segunda Mesa Investigadora a la sentencia emitida en el presente juicio de amparo indirecto; la cual fue desahogada por la quejosa mediante el escrito de cuenta. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. En principio, es necesario indicar que en sentencia de treinta de agosto de dos mil dieciocho (fojas 76 a 92), se concedió el amparo y protección a Verónica Chávez Cruz para el efecto de que la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema Tradicional en Funciones de la Titular de la Segunda Mesa Investigadora realizara lo siguiente: ".OCTAVO. Concesión del amparo y sus efectos. En las apuntadas condiciones, con fundamento en el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, se otorga la protección constitucional solicitada por Verónica Chávez Cruz, para el efecto de que la 1. agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema Tradicional en Funciones de la Titular de la Segunda Mesa Investigadora, en cuanto se le requiera el cumplimiento de esta sentencia y dentro del plazo que para tal efecto se le otorgue, realice lo siguiente en la averiguación previa 88/2016/DGSP/DGIHC-A-V/UIHCST-II: 1. Deje insubsistente el acuerdo de veintidós de junio de dos mil dieciocho, dictado en la averiguación previa 88/2016/DGSP/DGIHC-A-V/UIHCST-II de su índice. 2. En su lugar, con libertad de jurisdicción emita un nuevo acuerdo en el que atienda de manera exhaustiva y congruente las peticiones formuladas por la víctima -aquí quejosa- en el escrito de siete de junio de dos mil dieciocho y recibido el doce del mismo mes y año; y, en caso de encontrarse impedida legalmente para ello, deberá hacerlo del conocimiento de la peticionaria, pero atendiendo a los razonamientos expuestos en esta sentencia, esto es, deberá purgar los vicios de forma, por cuanto hace a la insuficiente fundamentación y motivación, los cuales han quedado señalados en el considerando que antecede. 3. Notifique a la referida quejosa dicha determinación conforme a derecho corresponda, y remita las constancias que así lo acrediten." En acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 108 a 110), se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Mediante oficio UIHC-A-I/519/2018 de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho (foja 119), la autoridad responsable remitió copia certificada de la resolución emitida el veinte del mes y año citados, en la averiguación previa 88/2016/DGSP/DGIHC-A-V/UIHCST-II de su índice y su notificación a la parte quejosa (fojas 120 a 129). Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y en relación con los efectos de dicha sentencia, la autoridad responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la resolución de veintidós de junio de dos mil dieciocho, en la averiguación previa 88/2016/DGSP/DGIHC-A-V/UIHCST-II de su índice (foja 121). 2. El veinte de septiembre de dos mil dieciocho, con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, dictó otra determinación, en la que dio respuesta a la petición realizada por Verónica Chávez Cruz mediante escrito presentado ante la autoridad responsable el doce de junio de la presente anualidad, en el que, en suma, la quejosa solicitó lo siguiente: - Le informara qué diligencias se encuentran pendientes por practicar dentro de la averiguación previa 88/2016/DGSP/DGIHC-A-V/UIHCST-II. - Le especificara el motivo por el cual existe la necesidad de su práctica. - Cuál es la finalidad u objeto específico de cada diligencia pendiente de desahogar. - El momento en que serán desahogadas. - Lo anterior, a fin de que ejerza acción penal ante la autoridad judicial. Al respecto la representante social responsable proveyó lo siguiente: Estableció que la práctica de diligencias para el esclarecimiento de los hechos presuntivamente constitutivos de delito, es una actividad reservada al Ministerio Público, que tiene como base el interés público como parte de la función investigadora y de persecución de delitos que le confiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual la faculta para realizar la diligencias que estime necesarias para esclarecer los hechos que fueron denunciados, por lo que el desahogo de tales diligencias no causa daño o perjuicio a los justiciables, por lo que, aun cuando la víctima o el ofendido (o incluso sus abogados) pueden tener intervención y acceso a la indagatoria, y les asiste el derecho para obtener la información que resulte necesaria, tal información no debe sobrepasar el interés público ni anteponer el interés particular de dichas partes (foja 122). Señaló que el Ministerio Público tiene la obligación de guardar sigilo en la investigación, en términos del artículo 51, fracción IV del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; que el derecho penal es punitivo y se rige por el principio de imparcialidad, contenido en el artículo 17 Constitucional (foja 122). Por ello, indicó que resulta inadmisible que la autoridad ministerial anuncie la actividad futura respecto de los actos de investigación que se deben realizar para el esclarecimiento de los hechos, debido a que la obligación de dicha autoridad, en ejercicio de la facultad de investigación conferida constitucionalmente, es ordenar aquellas diligencias que estime necesarias para el esclarecimiento de los hechos (foja 122). Señaló que esa representación social se encuentra realizando diligencias para lograr la comparecencia de los indiciados para recabar sus declaraciones, por lo que de acuerdo a las investigaciones que se practican y al resultado de dichas diligencias, se desprenden nuevas líneas de investigación y con base en ellas se pueden implementar nuevos actos para esclarecer los hechos motivo de la indagatoria. Lo que implica que la autoridad responsable consideró inviable adelantar los actos futuros de investigación debido a que ellos dependen del resultado de las diligencias que se van desahogado progresivamente. Así mismo, estableció que la facultad investigadora y persecutora de los delitos se encuentra exclusivamente conferida al Ministerio Público, conforme al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues es el único órgano facultado (en el sistema de enjuiciamiento penal que rige en la indagatoria de origen) para impulsar y formular la acusación o imputación delictiva, en su carácter de representante social; que esa facultad no es limitada, sino amplia, por lo que no debe limitar su actuación para establecer de manera precisa y específica qué o cuáles diligencias deben desahogarse en un determinado momento, ya que de una investigación pueden desprenderse otras actuaciones diversas y dar pauta a otras directrices de investigación, ya que de no considerarlo así, se limitaría la actuación investigadora del representante social (foja 123). Señaló que lo anterior no restringe el derecho de la víctima a ser informada sobre el estado del procedimiento, y en tal sentido, reiteró que la representante social está realizado diligencias para lograr la comparecencia de los indiciados, que se encuentran pendientes por desahogar y que de su resultado pueden desprenderse nuevas líneas de investigación y ante ello, por el momento, no se puede definir cuál o cuáles son, sino hasta que se cuente con el resultado de ellas se podrán realizar nuevos actos de investigación (foja 123). Finalmente, la autoridad responsable hizo saber a la aquí quejosa que tiene a su disposición la indagatoria para consultarla en día y hora hábil, a efecto de que se imponga del contenido de la misma, así como para que se le informe sobre el estado que guardan las actuaciones (foja 124). Como se señaló, la autoridad responsable fundó su respuesta en los artículos 17, 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, en su texto anterior a la reforma señalaban en la parte conducente: ".Artículo. 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (.) "Artículo. 21.- La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas. (.)" "Artículo. 102. (.) Incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine (.)" Tales dispositivos constitucionales establecen, como lo indicó la autoridad responsable, que la facultad para la investigación y persecución de los delitos se confiere exclusivamente al Ministerio Público; y que dicho actuar debe regirse, entre otros principios, por el de imparcialidad, por lo que esta autoridad considera que existe adecuación entre los motivos expuestos y los dispositivos constitucionales invocados. En el mismo sentido, la agente del Ministerio Público responsable indicó que tiene la obligación de guardar sigilo en la investigación de los hechos posiblemente constitutivos de delito, y para ello invocó el artículo 51, fracción IV del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, que señala: "Artículo 51.- El Ministerio Público durante la averiguación previa, deberá: (.) IV.- Al servidor público que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia de ellas o de los documentos que obren en la averiguación, sin que proceda, se le sujetará a procedimiento de responsabilidad administrativa, penal o civil, según corresponda." Ahora, si bien el citado numeral, no establece expresamente que el agente del Ministerio Público deba guardar sigilo respecto de sus actuaciones, si prevé la reserva de las mismas, lo que implica que su actuar no puede ser del dominio público, sino que únicamente podrá proporcionar información o documentos relacionados con ellos cuando proceda. En tal sentido, es importante reiterar que la autoridad responsable estableció que la víctima del delito, aquí parte quejosa, tiene a su disposición la averiguación previa para su consulta, por lo que es evidente que no ha negado el acceso a la información contenida en la indagatoria de origen, sino que determinó que no es posible adelantar las diligencias que deberán desahogarse en virtud de que estas dependen de los actos de investigación que se realizan progresivamente. Por otra parte, mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, el tres de octubre de dos mil dieciocho, y entregado a este juzgado el cuatro siguiente, la quejosa realizó manifestaciones en relación con el cumplimiento de la sentencia de amparo y en esencia expresó lo siguiente: 1. Que la sentencia no fue cumplida por la autoridad responsable, en virtud de que no fue exhaustiva en la respuesta emitida, debido a que no atendió cada uno de los puntos de su solicitud. Tal afirmación es infundada, en virtud de que, si bien es cierto que la autoridad responsable no realizó un desglose de cada uno de los puntos de su solicitud y respondió en forma separada cada uno de ellos, también es verídico que la respuesta que emitió contempla a todos, dado que la representante social estableció que no puede adelantar los actos de investigación que se realizarán, pues ello depende del resultado de la investigación que se realiza, lo que implica que, si la autoridad responsable consideró inviable adelantar qué actos de investigación se encuentran pendientes por practicar dentro de la averiguación previa 88/2016/DGSP/DGIHC-A-V/UIHCST-II pues ello depende del resultado de la comparecencia de los indiciados, tampoco se encuentra en aptitud de especificar el motivo por el cual existe la necesidad de su práctica, cuál es la finalidad u objeto específico de cada diligencia pendiente de desahogar ni el momento en que serán desahogadas, por lo que la respuesta de tales cuestiones se encuentra implícita en el sentido de la determinación ministerial que se analiza. 2. Que la autoridad responsable no se ocupó de explicar los motivos o razones por las que no le permitirá conocer una respuesta concreta a sus peticiones. Tal argumento es infundado, en virtud de que, en primer término, es importante señalar que la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema Tradicional en Funciones de la Titular de la Segunda Mesa Investigadora no estableció que existe imposibilidad para que la quejosa pueda tener conocimiento de las diligencias que se deban practicar en la indagatoria, pues incluso señaló que la averiguación previa está disponible para su consulta cuando lo estime necesario, sino que la autoridad responsable expresó que no es posible señalar cuál o cuáles diligencias serán necesarias o quedan pendientes por desahogar para la integración de la investigación, debido a que ello depende de actos futuros e inciertos, esto es, las diligencias que en su caso resultarán necesarias y que deberán desahogarse dependen del resultado de la comparecencia de los indiciados, pues a partir de ello se pueden desprender diferentes líneas de investigación y, por ende, las diligencias que resulten necesarias para el esclarecimiento de los hechos. 3. Que la autoridad responsable no estableció por qué las diligencias deben ser reservadas para la víctima, ni cuál es el fundamento legal en que basa su afirmación; que no explicó por qué el hecho de brindar información a la víctima quebrantaría indebidamente la reserva de las actuaciones y que no expuso los motivos de orden factico o jurídico que hagan improcedente su petición. Resulta infundada la manifestación que antecede, en virtud de que la autoridad responsable no estableció que las diligencias practicadas dentro de la averiguación previa no deben ser conocidas por la víctima, sino que, se insiste, la representación social señaló que no es posible adelantar cuál o cuáles resultarán necesarias para esclarecer los hecho, pues consideró que ello depende de las investigaciones que se realizan progresivamente, es decir, la autoridad investigadora expresó que no puede comunicar a la aquí quejosa qué diligencias practicará, ya que éstas no están determinadas, pues depende de las líneas de investigación que se generen con motivo del resultado de la comparecencia de los indiciados. En ese orden de ideas, si bien la autoridad responsable hizo referencia a que está obligada a guardar sigilo y reserva de las actuaciones, lo cierto es que la razón primordial para no anunciar las diligencias que se desahogaran radica en que la agente investigadora no tiene certeza de cuál o cuáles serán necesarias, pues dependen de cuestiones inciertas y futuras. Así mismo, es importante reiterar que la agente del Ministerio Público responsable sí invocó el fundamento legal para su decisión, pues expresó que el artículo 21 constitucional le confiere la facultad exclusiva de investigación y persecución de los delitos, y que dicha facultad no es limitada sino amplia, por lo que no debe limitarse la actuación del agente investigador a señalar el desahogo de determinadas diligencias, pues de la investigación progresiva pueden desprenderse nuevas líneas de investigación, lo que implica que no es posible, conforme a esa facultad de investigación amplia, que anuncie en forma específica las diligencias que se tendrán que desahogar. Además, debe destacarse que la autoridad responsable reiteró a la víctima que puede consultar la averiguación previa cuando lo estime necesario e incluso le informó que se encuentra realizando gestiones para lograr la comparecencia de los indiciados, por lo que es evidente que ha respetado el derecho de la víctima a ser informada del desarrollo del procedimiento. 4. Aduce que la autoridad responsable dio la misma respuesta que la contenida en la determinación que constituyó el acto reclamado, que únicamente se limitó a señalar nuevamente las facultades y atribuciones del Ministerio Público, y que repitió el fundamento legal contenido en el acto reclamado, cuando en la sentencia de amparo se estableció que aquél no resultaba aplicable. Tales afirmaciones resultan infundadas, en virtud de que, aun cuando la resolución que se analiza se emitió en el mismo sentido que la que constituyó el acto reclamado en esta instancia, lo cierto es que en la sentencia protectora se concedió libertad de jurisdicción a la responsable para que emitiera la determinación ministerial correspondiente; lo que implica que la representante social responsable estaba en aptitud de emitir una resolución en el sentido en que lo hizo, pues el efecto de la concesión del amparo fue para que subsanara las deficiencias formales destacadas, es decir, para que expusiera los motivos y razones de su decisión y para que citara los preceptos legales que prevén tales circunstancias, debiendo existir adecuación entre lo expuesto y el fundamento legal invocado. Dicho de otro modo, en la sentencia de amparo no se estableció que la autoridad responsable debía responder favorable la petición de la quejosa, sino que únicamente se concedió el amparo para que se respetara el principio de legalidad que debe imperar en toda resolución y acto de autoridad. Ahora, es importante señalar que, si bien en la sentencia de amparo se estableció que el fundamento legal invocado en la resolución reclamada no resultaba aplicable, ello obedeció a que en aquella resolución la autoridad responsable omitió expresar los motivos que la condujeron a emitir la resolución en tal sentido, por lo que se consideró carente de motivación y fundamentación, ya que al no exponer las razones o causas inmediatas que tomó en consideración para actuar en tal sentido, tampoco pudo existir adecuación con las disposiciones legales y constitucionales invocadas. Sin embargo, ello no quiere decir que los artículos invocados no puedan aplicarse por la autoridad responsable, pues al haber expresado las razones y motivos de su actuación, los dispositivos legales y constitucionales invocados sí encuentran adecuación con la motivación expuesta, como se explicó en párrafos precedentes. Por la misma razón es que la resolución que se analiza, no constituye una repetición del acto reclamado, debido a que en la nueva determinación, la agente del Ministerio Público expuso argumentos y citó preceptos legales que no invocó en la resolución reclamada, por lo que el sólo hecho de que haya sido emitida en el mismo sentido no constituye una repetición del acto de autoridad. 5. Finalmente, la quejosa refiere que el argumento expuesto por la representante social en el sentido de que el derecho de la víctima a ser informado del estado que guarda su averiguación previa no implica informarle sobre las diligencias que practicará para la integración de la averiguación previa, es incorrecto, pues considera que tal afirmación vulnera su derecho a participar en la averiguación previa. Tal afirmación resulta inoperante, debido a que está encaminada a combatir el fondo de la decisión adoptada por la representante social responsable, lo cual no es susceptible de ser vigilado en el cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio de garantías, debido a que la protección constitucional, como se dijo, se concedió únicamente para que la autoridad responsable subsanara vicios formales, por lo que no resulta procedente realizar un análisis del fondo de la resolución emitida en cumplimiento de la ejecutoria de amparo ni si ésta resulta correcta o apegada a derecho, pues se insiste, tal cuestión no formó parte del análisis constitucional efectuado en la sentencia ni de los efectos del fallo protector. En diverso aspecto, esta autoridad advierte que el motivo de disenso de la peticionaria de amparo, está motivado por una posible dilación en la actuación del Ministerio Público, al no desahogar con la celeridad esperada las diligencias necesarias para la integración de la averiguación previa; sin embargo, tal cuestión, en caso de existir, implicaría la transgresión de un derecho fundamental distinto a los que fueron analizados en la sentencia de garantías, por lo que debe decirse a la promovente del amparo que tiene expeditos sus derechos para hacerlos valer en la vía que estime conducente para reclamar la posible dilación en el desahogo de las diligencias dentro de la indagatoria de origen. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia. Por otro lado, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales conducentes que, mediante oficio SEADS/962/2018, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal informó que el Pleno del Consejo, por unanimidad de votos, aprobó la propuesta presentada y designó como titular de este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla al licenciado Horacio Óscar Rosete Mentado, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil dieciocho. Resulta aplicable por analogía, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J.104/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
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CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCION DE VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por la agente del Ministerio Público en funciones de la adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción de Sistema Tradicional de la Segunda Mesa Investigadora, de la Fiscalía General del Estado de Puebla y anexo, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta; dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, intégrese a los autos el diverso oficio signado por el Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en representación del Fiscal General del Estado y anexo, por medio del cual, en su carácter de superior jerárquico, informa las gestiones realizadas para que la Directora General de Investigación de Hechos de Corrupción "A", requiera al agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema Tradicional en funciones de la Titular de la Segunda Mesa Investigadora, cumpla la ejecutoria de amparo; de lo que toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
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