Verónica Cerrillo Luna
Expediente 377/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 377/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Verónica Cerrillo Luna
Actuaciones
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta remitido por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, mediante el cual informa que se avoca del conocimiento de la competencia planteada. De lo anterior, se toma nota en el presente asunto para los efectos legales a que haya lugar. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo en el cual se declinó la competencia a un Juzgado de Distrito con sede en la ciudad de México, habiéndola aceptado el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la ciudad de México, en virtud de los razonamientos expresados en líneas que preceden. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado Correspondiente al registro de Juicios de Amparo, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. También, hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibido el oficio signado por el Titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, al que anexa el juicio de amparo 1237/2017, de su índice, promovido por Verónica Cerrillo Luna; en tal virtud, regístrese por su orden en el libro de gobierno de amparo que para tal efecto se lleva en esta Juzgado Federal, bajo el número 377/2018-4A. Ahora bien, atento a las consideraciones expuestas por el Juez de referencia, este órgano jurisdiccional considera que la competencia no recae ante este juzgado federal, en base a lo que se expondrá a continuación. El auto de incompetencia de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, tuvo como argumento toral el siguiente: ".si en el caso, el acto que se reclama en el presente juicio de amparo se trata en esencia de todo lo actuado en la averiguación previa 3864/2006/106, respecto del vehículo marca Toyota, modelo 1989, número de serie JT5VN94T3K0004297, es evidente que dichos actos tuvieron su ejecución material en Mexicali, Baja California, pues es en aquella ciudad en donde se tramitó y consignó la indagatoria de mérito, según se aprecia de las documentales que ahora se reciben." "Sin que represente obstáculo a lo anterior, que la agraviada también haya señalado como acto reclamado la ejecución por parte de las responsables señaladas, de alguna orden privativa de libertad girada en su contra, y refiera tener su domicilio en esta ciudad, ya que de las constancias que integran el presente asunto, no se advierte la existencia del acto." (foja 393 vuelta y 394) De los párrafos transcritos con anterioridad, se advierte que el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, señaló que al haberse tramitado la averiguación previa 3864/2006/106, respecto del vehículo marca Toyota, modelo 1989, número de serie JT5VN94T3K0004297, en esta ciudad, es evidente que los actos reclamados tuvieron su ejecución material en Mexicali, Baja California. Sin embargo, cabe destacar que si bien uno de los actos reclamados señalados por la parte quejosa consiste en todo lo actuado en la averiguación previa 3864/2006/106, respecto del automotor antes señalado, lo cierto es que también se destacó como acto reclamado la negativa del desaseguramiento del mismo automóvil, el cual no guarda relación alguna con la averiguación previa 3864/2006/106, pues de la lectura de dichas documentales (foja 355 a 390), se advierte que dicha indagatoria se inició por la comisión del delito de robo equiparado de vehículo de motor, el cual consiste en una motocicleta marca Yamaha 125, color gris anaranjado, con número de serie AT1-175204; es decir, constituye un bien mueble con características totalmente diferentes; por lo cual, resulta evidente e indudable que todos los actos reclamados relacionados con el vehículo marca Toyota, modelo 1989, número de serie JT5VN94T3K0004297, de ninguna forma puede estimarse que hayan tenido ejecución material en esta ciudad, pues como ya se dijo, constituyen dos móviles totalmente distintos (motocicleta/automóvil). Lo anterior se robustece con las copias certificadas del expediente con número único de caso 0204-2017-25599, remitidas por el Coordinador de la Unidad de Investigación Especializada de Robo de Vehículos de Tijuana, Baja California (foja 105 a 174), de donde se advierten diversas actuaciones que sí se encuentran relacionadas con el vehículo marca Toyota, modelo 1989, número de serie JT5VN94T3K0004297; procedimiento que como se podrá advertir de su lectura, es substanciado en la ciudad de Tijuana, Baja California. En ese tenor, es evidente que los actos reclamados por la quejosa que tienen íntima relación con el automóvil marca Toyota, modelo 1989, número de serie JT5VN94T3K0004297, de ninguna forma tuvieron ejecución material en esta ciudad; máxime que, -en el supuesto sin conceder- de estimarse que se comenzó a ejecutar en Tijuana y siguió ejecutándose en Mexicali, o viceversa, debe aplicarse la regla prevista por el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que dice: "Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda." Aunado a que el tercer párrafo del mismo numeral señala que cuando el acto reclamado no requiera de ejecución material, la competencia también se surte ante el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En sustento a lo anterior, se cita la tesis V.2o.P.A.12 P (10a.), sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, página 3340, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, perteneciente a la Décima Época, con número de registro 2016503, que dice: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. AL NO REQUERIR EJECUCIÓN MATERIAL, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA. El artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas de competencia por razón de territorio para conocer del juicio de amparo indirecto, una de las cuales dispone que cuando el acto reclamado no requiere de ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En relación con lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), de título y subtítulo: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", determinó que esa regla competencial debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método: sistemático, teleológico, lógico, u otro, para desentrañar su sentido y alcance, a fin de evitar la existencia de conflictos competenciales y lograr una mejor operatividad y eficiencia de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita. En consecuencia, una omisión como la abstención del Ministerio Público de investigar e integrar una averiguación previa, notificarla al quejoso y desahogar las pruebas ofrecidas en ella, per se, no tiene un efecto distinto de la inhibición de la autoridad de actuar y, por tanto, tampoco requiere de ejecución material alguna, por lo que el competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra esa omisión es el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, sin que sea factible considerar la posibilidad de que la omisión citada tenga efectos positivos si se otorga al quejoso el amparo solicitado, pues ésa es una interpretación que escapa a la literalidad contenida en el artículo 37 referido." También resulta aplicable la tesis I.1o.P.35 P (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, página 2350, Libro 36, Tomo IV, de la Décima Época, con registro digital 2013097, bajo el rubro y texto: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DEVOLVER UN INMUEBLE LIBERADO DE ASEGURAMIENTO MINISTERIAL. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN EL QUE SE UBIQUE DICHO BIEN, POR SER EL SITIO DONDE SE ESTÁ EJECUTANDO LA AFECTACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL QUEJOSO. Cuando el acto reclamado consiste en la omisión de la autoridad responsable de devolver un bien inmueble que fue objeto de aseguramiento ministerial y a la postre liberado de dicha medida cautelar, tiene la naturaleza jurídica de un acto negativo con efectos positivos, ya que si bien esa omisión, en apariencia, es un acto puramente de carácter negativo, lo cierto es que tal "no hacer" tiene efectos positivos, toda vez que mientras la autoridad continúe con la abstención que se le impugna, provoca que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos del quejoso, como lo es la restricción en su derecho de propiedad, pues éste no tiene el disfrute de sus pertenencias -ya que la autoridad ministerial liberó al inmueble del aseguramiento que le constreñía-, en tanto la autoridad no haga lo que las leyes le ordenan; motivo por el cual el acto reclamado conlleva un principio de ejecución, ya que de esa manera se materializan los "efectos positivos" que tiene la omisión apuntada. En consecuencia, de conformidad con las reglas de competencia por territorio establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda respectiva, es aquel en donde se está ejecutando la afectación a los derechos fundamentales del quejoso con motivo de la omisión impugnada, lo cual acontece en el lugar en donde respectivamente se ubica el inmueble afectado y, en su caso, sin prejuzgar el fondo del asunto, en el lugar donde se efectuaría la eventual devolución del bien, mas no en diverso sitio." Además, es preciso hacer énfasis que conforme al contenido integral, armónico y coherente del artículo 37 de la Ley de Amparo, aunado al principio de continencia de la causa, se colige que cuando en el amparo indirecto se señale una pluralidad de actos reclamados, entre los cuales se encuentre uno que deba tener ejecución material, así como otros que no la requieran, en principio, serán competentes para conocer del asunto, en su integridad, tanto el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se ejecutó el acto reclamado, como aquel en cuya jurisdicción se presentó la demanda, respecto de los actos reclamados que no requieren ejecución material; empero, ante la falta de regulación expresa para ese tipo de supuestos, en observancia del principio pro persona, contenido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esa Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y al encontrarse involucrado en la especie el derecho humano de acceso a la justicia, consagrado en el diverso numeral 17 de la referida Carta Magna, se concluye que la competencia se surte en favor del Juez en cuya jurisdicción se presentó la demanda, porque de acuerdo con el sentido y alcance del derecho humano mencionado, la circunstancia de que el quejoso haya presentado su escrito ante la autoridad de amparo con competencia en uno de los territorios relacionados con el asunto, permite presumir fundadamente que ese juzgador federal es el de más fácil acceso material para dicha justiciable, respecto del otro, dado que el promovente optó por acudir ante él y no con el otro. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.16o.A.9 K (10a.), del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página 1223, Libro 25, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, perteneciente a la Décima Época, con número de registro 2010698, con título y texto: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE SEÑALE UNA PLURALIDAD DE ACTOS RECLAMADOS, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRE UNO QUE DEBA TENER EJECUCIÓN MATERIAL, QUE INCLUSO YA SE EJECUTÓ, ASÍ COMO OTROS QUE NO LA REQUIERAN, SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA. El artículo 37 de la Ley de Amparo establece tres reglas de competencia por territorio de los Jueces de Distrito para conocer del juicio en la materia, en razón del acto reclamado, a saber: a) si requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado; b) si puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda; y, c) si no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, acorde con el contenido integral, armónico y coherente del precepto citado, aunado al principio de continencia de la causa, se colige que cuando en el amparo indirecto se señale una pluralidad de actos reclamados, entre los cuales se encuentre uno que deba tener ejecución material, que incluso ya se ejecutó, por ejemplo, la orden de bloqueo de una cuenta bancaria y su materialización, así como otros que no la requieran, en principio, serán competentes para conocer del asunto, en su integridad, tanto el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se ejecutó el acto reclamado, como aquel en cuya jurisdicción se presentó la demanda, respecto de los actos reclamados que no requieren ejecución material. Sin embargo, ante la falta de regulación expresa para ese tipo de supuestos, en observancia del principio pro persona, contenido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esa Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y al encontrarse involucrado en la especie el derecho humano de acceso a la justicia, consagrado en el diverso numeral 17 de la referida Carta Magna, se concluye que la competencia se surte en favor del Juez en cuya jurisdicción se presentó la demanda, porque de acuerdo con el sentido y alcance del derecho humano mencionado, la circunstancia de que el quejoso haya presentado su escrito ante la autoridad de amparo con competencia en uno de los territorios relacionados con el asunto, permite presumir fundadamente que ese juzgador federal es el de más fácil acceso material para dicha justiciable, respecto del otro, dado que el promovente optó por acudir ante él y no con el otro." En mérito de lo anterior, y conforme a las razones expuestas en el presente proveído, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, el suscrito Juzgador no acepta la competencia planteada, por lo cual, se ordena devolver al Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, los autos originales del juicio de amparo 1237/2017, así como los cuadernos incidentales, de su índice, previo cuaderno de antecedentes que se forme con las constancias que se estiman pertinentes, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. ANOTACIONES EN LIBRO DE JUZGADO Y SISE Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos y egresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.
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