Verónica Balleza Monsalvo
Expediente 858/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 858/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Verónica Balleza Monsalvo
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diez de mayo de dos mil veintitrés, el presente expediente es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 20, fracción IV, de esa normatividad. Finalmente, no se hace mayor pronunciamiento respecto a la devolución de los documentos que obran en el presente asunto, toda vez que mediante auto de diecisiete de julio del presente año, se pusieron a su disposición, como lo solicitó la parte quejosa. Sin embargo, se apercibe que de no comparecer por los documentos, serán destruidos, como lo dispone el artículo 20, párrafo segundo, del Acuerdo General citado. Notifíquese; vía electrónica ala parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito del autorizado de la parte quejosa, por medio del cual solicita la devolución de los documentos que exhibió con la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, previa razón de recibo que obre en autos, póngase a su disposición las documentales que solicita, dejando copia certificada de las mismas para constancia legal. En ese sentido, indíquese a la parte quejosa que queda constreñida a exhibir esa documentación en caso de ser requerida por este órgano jurisdiccional; bajo apercibimiento que de no cumplir con dicha exigencia o no señalar la imposibilidad que tenga para ello, se hará acreedora a una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la ley reglamentaria de la materia. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de julio de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, y anexo que acompaña, consistente en el original del juicio de amparo 808/2023 de su índice, así como cinco copias de la demanda; por el cual informa que dicho órgano jurisdiccional se declaró incompetente para conocer del asunto, por los motivos que expone. Al respecto, este Juzgado de Distrito asume competencia de la demanda en cuestión, acúsese recibo. ANOTACIONES Vista la demanda promovida por Verónica Balleza..., por propio derecho, regístrese bajo el número de juicio de amparo 858/2023-VI. ACTO RECLAMADO Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: - La omisión de realizar el pago de pensión por jubilación, la cual fue concedida a la quejosa por dictamen CP/77984/2022, de veintisiete de mayo de do mil veintidós. DESECHAMIENTO Al respecto, este juzgador advierte, de oficio, que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, en términos de la diversa fracción X, de la invocada ley, en atención a las siguientes consideraciones: El aludido precepto legal y fracciones invocadas, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;.". En tal disposición se encuentra inmerso el principio de cosa juzgada, que impide que los actos reclamados en un juicio de amparo que culminó por sentencia ejecutoriada, puedan ser materia de estudio en uno diverso; así, dicha firmeza se adquiere, en el juicio de biinstancial, cuando contra la sentencia dictada por el Juez de Distrito no se interpone el recurso de revisión dentro del término legal concedido, pues en este supuesto, la resolución causará ejecutoria por ministerio de ley; por el contrario, cuando se interpone aquel medio de defensa legal, entonces la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Sala -según sea el caso- será ejecutoria para los efectos del juicio amparo indirecto, y de la disposición normativa de que se trata. La razón prevista en esa fracción, es impedir que la cosa juzgada, que constituye la verdad legal frente a las partes y frente a la sociedad en general, pueda ser cuestionada a través de una resolución ulterior; ya que de lo contrario, se produciría una cadena interminable de juicios de amparo, lo que evidentemente quiso evitar el legislador, al prohibir que los actos reclamados en uno diverso, cuya resolución quedó firme, puedan impugnarse nuevamente. Ahora bien, a efecto de poner de manifiesto la causa de improcedencia invocada en el caso concreto, debe decirse que constituye un hecho notorio para el suscrito que el referido acto reclamado fue materia de estudio del diverso juicio de amparo 705/2023-V del índice de este Juzgado Federal, pues en aquel asunto la aquí quejosa reclamó de las responsables "Omitir realizar el pago de pensión jubilatoria a Verónica Balleza Monsalvo, derivado del dictamen de otorgamiento de pensión CP/77984/2022 de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, conforme al formato de aceptación de veintisiete de enero de dos mil veintitrés". Asunto en el que, por auto de ocho de junio de dos mil veintitrés, se desechó, al advertirse la actualización de una causa de improcedencia de manera notoria y manifiesta, consistente en que el acto reclamado no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, por los motivos ahí expuestos; determinación que quedó firme por acuerdo de diecinueve de junio de este año, en el que se declaró que el auto de desechamiento causó estado y se ordenó el archivo del asunto por encontrarse concluido. En este orden de ideas, si el acto que motivó el presente juicio ya fue materia de análisis constitucional, cuyo pronunciamiento quedó firme por no interponerse en su contra el recurso correspondiente, deja de manifiesto la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que lo resuelto constituye cosa juzgada; pues en atención a la firmeza que adquirió la resolución dictada en ese juicio de amparo, legalmente no puede desconocerse aquella decisión judicial, sin afectar tal institución jurídica. Se afirma lo anterior aun cuando, por regla general, una resolución de desechamiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio en que se combata el mismo acto; sin embargo, no se aprecia que en la especie se actualice una excepción, toda vez que se ha determinado su inatacabilidad, atendiendo a las circunstancias que hacen inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, pues se desechó al estimarse que la causal de improcedencia se actualizó de manera notoria y manifiesta, haciendo inejercitable el juicio constitucional, pues evidentemente la naturaleza jurídica de la autoridad responsable no ha cambiado. En el entendido que la referida causal de improcedencia no viola el derecho humano a un recurso eficaz, toda vez que no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino el de establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo, al tratar de iniciar un nuevo juicio de amparo respecto de un acto reclamado que ya fue materia de análisis en un juicio anterior, por lo que admitir un nuevo amparo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. Al efecto, se invoca la tesis aislada 2a. XLIX/2017 (10a.) con registro digital 2014019, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, marzo de 2017, Tomo II, página 1391, Décima Época, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ LA CAUSAL RELATIVA, NO VIOLA EL DERECHO HUMANO A UN RECURSO EFICAZ. El artículo citado, al señalar que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, no viola ese derecho humano reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni el 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque en las resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, es decir, aquellas en las que les da lineamientos para cumplir con el fallo protector, no tienen libertad de decisión; de ahí que emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo o en ejecución de ésta, provoca que el nuevo amparo intentado resulte improcedente, porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior. Admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica, sin que lo anterior transgreda el derecho a contar con un recurso eficaz, ya que no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino el de establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo, atendiendo a razones de seguridad jurídica, pues la autorización de combatir las consideraciones de la autoridad responsable que no emite en ejercicio de su libre arbitrio judicial sino del propio Tribunal Colegiado de Circuito que conoció previamente del juicio de amparo que se cumplimenta, resultaría en una cadena interminable de juicios de amparo.". DOMICILIO Y AUTORIZADOS En términos de lo dispuesto en los artículos 26 fracción IV, 30 fracción II, 31 fracciones II y III de la ley de la materia, con relación en el artículo 9 del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ésta y las subsecuentes notificaciones consideradas de carácter personal se le practicarán vía electrónica por conducto del primer usuario (lunajimenezabogados) que refiere; en el entendido que el promovente queda obligado a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia que refiere la fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe, de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. También se tienen por autorizadas a las personas que menciona en términos del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, y las restantes para los efectos que indica. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del arábigo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de la autoridad responsable el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx, para el supuesto de que desee presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien las remita de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público en este juzgado de distrito es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el ordinal 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO Conforme a lo dispuesto en los numerales 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por lo tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar; sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta, dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las bases siguientes: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto, dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa.
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