Veronica Arreola Vargas
Expediente 588/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 588/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Veronica Arreola Vargas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; doce de septiembre de dos mil veintidós. Visto; la certificación secretarial de cuenta y del estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha fenecido el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del acuerdo de ocho de agosto de dos mil veintidós, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto que decretó el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo como asunto totalmente concluido; en la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo se destruirá. Por tal motivo, de conformidad con el referido numeral, dentro del término de treinta días siguientes a que haya transcurrido el plazo de conservación, contado a partir del presente proveído, previa acta, relación que se elabore para la identificación del expediente, anotaciones correspondientes en los libros respectivos, copia digital de todas las constancias que integran el sumario depurado y registro electrónico asociado, procédase a la destrucción de los autos, y en su momento remítase una copia del acta mencionada a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; ocho de agosto de dos mil veintidós. Visto; se tiene por recibido el oficio suscrito por el Presidente de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado; sin que resulte necesario otorgar vista a las partes con su contenido y documental anexa, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de amparo, dada la conclusión que se expondrá a continuación. Del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado de la autoridad responsable el siguiente: "IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA. Norma general: Ley Federal del Trabajo, específicamente sus artículos 685 y 686 primer párrafo, 883 y 884. Actos u omisiones que se reclaman: La abstención y negativa de la Autoridad Responsable para resolver sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes del presente juicio; por lo que a la fecha no se ha dictado el auto admisorio de pruebas, omisión que me causa perjuicio, y la cual viola mis derechos humanos y fundamentales." Precisado lo anterior, de las copias certificadas remitidas por la responsable, se aprecia que por auto de cuatro de agosto de dos mil veintidós, se pronunció en relación a las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio de origen, en los términos ahí precisados; motivo por el cual, se estima que, respecto del acto reclamado en el presente juicio de amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que a la letra dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" De ahí que, en acato a lo dispuesto en los artículos 62 y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a emitir de oficio el pronunciamiento que corresponde a las consecuencias jurídicas generadas en el presente asunto; para ello, es importante citar los artículos antes precisados, que disponen: "Artículo 62. Las causales de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". En efecto, conforme al texto legal transcrito, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo que acontece en el presente asunto, por virtud de que al levantarse la reserva decretada en audiencia de veintiuno de abril de dos mil veintidós y pronunciarse respecto a las pruebas ofrecidas por las partes dentro del juicio laboral de origen; por tanto, es inminente que dejó de existir el agravio que le fue causado con el acto que reclama en la presente instancia, consistente en que la autoridad responsable no proveía respecto a las pruebas ofrecidas dentro del juicio de origen. Sobre este precepto debe decirse que el Alto Tribunal ha establecido que la causa de improcedencia que prevé se actualiza cuando todos los efectos del acto reclamado son destruidos en forma total e incondicional y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad, argumento que no se contrapone a lo preceptuado en la Ley de Amparo, en términos del artículo sexto transitorio. Así lo ha definido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 103, que enseguida se transcribe: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Materia Común, Tomo VI). Así como en la diversa Jurisprudencia P.CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 71 del tomo VI, Noviembre de mil novecientos noventa y siete, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Los anteriores criterios determinan que la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la omisión del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. De acuerdo a lo anterior, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V y 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Así, de las constancias exhibidas por la propia autoridad, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2° de esta última legislación, dicha omisión procesal dejó de existir, al haberse pronunciado respecto a las pruebas ofrecidas por las partes el cuatro de agosto de dos mil veintidós, en el juicio laboral 192/2021, del índice de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, y de cuya omisión la parte quejosa se duele en la presente instancia constitucional. Ahora bien, la cesación de los efectos del acto reclamado constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que a la postre conduce a sobreseer en el juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, en virtud del hecho que se surte una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que da lugar al sobreseimiento, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con la tramitación del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será siempre en el mismo sentido. Sirve de sustento a esta determinación la Jurisprudencia 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis número 26/2002-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, cuyos rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal. Consecuentemente, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional programada para las once horas con diez minutos del veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. No pasa inadvertido para este juzgador el hecho de que la autoridad responsable no notificó a la parte quejosa el contenido del oficio a través del cual dictó el auto admisorio de pruebas en el juicio de origen. No obstante lo anterior, se ordena notificar de manera personal el presente acuerdo y el auto de cuatro de agosto del presente año, dictado por la autoridad responsable en el juicio laboral 192/2021, lo anterior, acorde a lo dispuesto en la tesis jurisprudencial 275, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Jurisprudencia SCJN, Materia Común, correspondiente a la Novena Época, página 228, del rubro siguiente: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO". Se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Notifíquese personalmente. Lo acordó y firma César Barajas García, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, encargado del despacho por vacaciones concedidas a la Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/1364/2022, de treinta de mayo de dos mil veintidós, quien actúa asistido por Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
CITATORIO: SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE ESTABLECE: "Acapulco de Juárez, Guerrero; ocho de agosto de dos mil veintidós. Visto; se tiene por recibido el oficio suscrito por el Presidente de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado; sin que resulte necesario otorgar vista a las partes con su contenido y documental anexa, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de amparo, dada la conclusión que se expondrá a continuación. Del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado de la autoridad responsable el siguiente: "IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA. Norma general: Ley Federal del Trabajo, específicamente sus artículos 685 y 686 primer párrafo, 883 y 884. Actos u omisiones que se reclaman: La abstención y negativa de la Autoridad Responsable para resolver sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes del presente juicio; por lo que a la fecha no se ha dictado el auto admisorio de pruebas, omisión que me causa perjuicio, y la cual viola mis derechos humanos y fundamentales." Precisado lo anterior, de las copias certificadas remitidas por la responsable, se aprecia que por auto de cuatro de agosto de dos mil veintidós, se pronunció en relación a las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio de origen, en los términos ahí precisados; motivo por el cual, se estima que, respecto del acto reclamado en el presente juicio de amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que a la letra dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" De ahí que, en acato a lo dispuesto en los artículos 62 y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a emitir de oficio el pronunciamiento que corresponde a las consecuencias jurídicas generadas en el presente asunto; para ello, es importante citar los artículos antes precisados, que disponen: "Artículo 62. Las causales de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". En efecto, conforme al texto legal transcrito, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo que acontece en el presente asunto, por virtud de que al levantarse la reserva decretada en audiencia de veintiuno de abril de dos mil veintidós y pronunciarse respecto a las pruebas ofrecidas por las partes dentro del juicio laboral de origen; por tanto, es inminente que dejó de existir el agravio que le fue causado con el acto que reclama en la presente instancia, consistente en que la autoridad responsable no proveía respecto a las pruebas ofrecidas dentro del juicio de origen. Sobre este precepto debe decirse que el Alto Tribunal ha establecido que la causa de improcedencia que prevé se actualiza cuando todos los efectos del acto reclamado son destruidos en forma total e incondicional y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad, argumento que no se contrapone a lo preceptuado en la Ley de Amparo, en términos del artículo sexto transitorio. Así lo ha definido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 103, que enseguida se transcribe: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Materia Común, Tomo VI). Así como en la diversa Jurisprudencia P.CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 71 del tomo VI, Noviembre de mil novecientos noventa y siete, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Los anteriores criterios determinan que la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la omisión del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. De acuerdo a lo anterior, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V y 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Así, de las constancias exhibidas por la propia autoridad, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2° de esta última legislación, dicha omisión procesal dejó de existir, al haberse pronunciado respecto a las pruebas ofrecidas por las partes el cuatro de agosto de dos mil veintidós, en el juicio laboral 192/2021, del índice de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, y de cuya omisión la parte quejosa se duele en la presente instancia constitucional. Ahora bien, la cesación de los efectos del acto reclamado constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que a la postre conduce a sobreseer en el juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, en virtud del hecho que se surte una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que da lugar al sobreseimiento, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con la tramitación del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será siempre en el mismo sentido. Sirve de sustento a esta determinación la Jurisprudencia 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis número 26/2002-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, cuyos rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal. Consecuentemente, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional programada para las once horas con diez minutos del veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. No pasa inadvertido para este juzgador el hecho de que la autoridad responsable no notificó a la parte quejosa el contenido del oficio a través del cual dictó el auto admisorio de pruebas en el juicio de origen. No obstante lo anterior, se ordena notificar de manera personal el presente acuerdo y el auto de cuatro de agosto del presente año, dictado por la autoridad responsable en el juicio laboral 192/2021, lo anterior, acorde a lo dispuesto en la tesis jurisprudencial 275, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Jurisprudencia SCJN, Materia Común, correspondiente a la Novena Época, página 228, del rubro siguiente: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO". Se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Notifíquese personalmente. Lo acordó y firma César Barajas García, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, encargado del despacho por vacaciones concedidas a la Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/1364/2022, de treinta de mayo de dos mil veintidós, quien actúa asistido por Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe."
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veintiséis de julio de dos mil veintidós. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la audiencia constitucional en el presente asunto; sin embargo, no se está en aptitud de celebrarla, toda vez que aún no obra el informe justificado de la autoridad responsable Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, empero de la constancia de notificación relativa se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días que prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo, para rendir el mismo, dado que mediante oficio 3572 de ocho de julio del año en curso, se tuvo a dicho órgano laboral informando que gozaría de su primer periodo vacacional del dieciocho al veintinueve de julio del año en curso. Por tanto, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración.
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