Veronica Arias Gomez.
Expediente 685/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 685/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Veronica Arias Gomez.
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, por el que SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en relación con su numeral 2°, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, se ordena ARCHIVAR el presente expediente, como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de amparo. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos vigésimo y vigésimo primero, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio de amparo se desechó de plano la demanda de amparo promovida, éste expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.
- Principal
Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de veinticuatro de agosto actual, que en lo conducente dice: Vista la demanda de amparo de cuenta presentada por ***, con el carácter de albacea del juicio sucesorio testamentario con el número de expediente C-537/2013, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Segundo Civil de Partido con sede en esta ciudad. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 685/2018-VI.2, anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su volumen, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. En principio es menester establecer que el artículo 113 de la Ley de Amparo, prevé que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda, y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; en el entendido de que ésta debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte promovente y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. así, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte actualizada de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; y para evidenciar lo anterior, conviene traer a glosa el contenido del dispositivo legal donde se recoge ese motivo de inejercitabilidad de la acción: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. De lo que se colige que para que el juicio de garantías resulte procedente, es necesario, entre otros presupuestos procesales, la preexistencia de una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso, originado por la norma, acto u omisión de la autoridad, tal y como lo establece el artículo 6 de la Ley de Amparo. Al respecto, resulta aplicable la tesis I.13º.a.23 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página 1803, tomo XVII, enero de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, contempla: INTERÉS JURÍDICO EN SENTIDO AMPLIO. INTERPRETACIÓN BASADA EN EL SIGNIFICADO SEMÁNTICO DE DICHA EXPRESIÓN Y EN EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 4º DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, la legitimación para acudir al juicio de garantías está condicionada por la titularidad de un interés jurídico, concepto que debe analizarse a la luz de su significado semántico y de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4 de la Ley de Amparo. Así, la palabra "interés", de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, identifica con un provecho, utilidad o ganancia, mientras que lo "jurídico" es todo lo que atañe al derecho o se ajusta a él. Por su parte, los artículos 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4 de la Ley de Amparo establecen que para acudir al juicio de amparo se requiere la existencia de un agravio o perjuicio. En este sentido, el interés jurídico, en sentido amplio, debe entenderse como la mera afectación a la esfera jurídica de un gobernado, puesto que ni de la Constitución, ni de la Ley de Amparo, se advierten elementos mayores de interpretación de dicho concepto. Primeramente, se hace necesario asentar algunas notas relacionadas con lo que se entiende por interés jurídico para efectos del juicio de amparo, ello, sólo desde la perspectiva de los actos de autoridad de carácter judicial o derivados de un procedimiento jurisdiccional, dejando de lado las consideraciones relacionadas con el interés legítimo y colectivo que cobran especial presupuesto de procedencia con relación a otro tipo de actos como los de naturaleza administrativa. Así, resulta oportuno señalar que la esfera jurídica está constituida por los intereses de esta clase (jurídicos), por los cuales debe entenderse hechos o situaciones que además de ser benéficos para el gobernado, estén debidamente tutelados y regulados por el orden jurídico; coligiéndose así, que no todos los intereses de una persona son aptos para dar lugar a la procedencia del juicio de amparo, sino sólo aquéllos con el calificativo de jurídicos, tutelados por el ordenamiento legal objetivo. Aplica a lo anterior, la jurisprudencia 849, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 578, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, octava época, que establece: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. De acuerdo con la hipótesis que consagra el artículo 4 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio para que proceda la acción constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo, debiendo destacarse que no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal cuestión acontezca es menester que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de una o varias de sus normas. Así, quien se considere agraviado por un acto u omisión de autoridad, al solicitar la protección de la justicia federal mediante la promoción del juicio de amparo, debe acreditar fehacientemente la afectación real y actual a su interés jurídico, esto es, demostrar que el acto u omisión de autoridad efectivamente le vulnera un derecho tutelado por el ordenamiento legal objetivo, para que así quede manifiesto el perjuicio jurídico, fundamento de la acción constitucional, y no inferirse éste con base en meras presunciones. Orienta lo anterior, la jurisprudencia 321, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 216, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, octava época, cuyo rubro y texto establecen: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. En consecuencia, la inexistencia del derecho subjetivo tutelado, o bien, la afectación real y actual de dicho interés jurídico, constituye la causa de improcedencia en análisis. Ahora bien, el artículo 107, fracción I, Constitucional, expresamente señala: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; A su vez, el numeral 6 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. De igual manera, la fracción I, del artículo 5, de dicho ordenamiento legal establece: Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. De los preceptos indicados, se desprende que para iniciar la acción constitucional de amparo, compete únicamente a aquella persona que reciente un perjuicio, daño o menoscabo sobre sí o sobre su patrimonio; el perjuicio de que se habla debe entenderse como la afectación real y actual por la actuación de una autoridad o por una norma de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, siendo precisamente esto lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio de amparo toma en cuenta para la procedencia de la vía constitucional. Por tanto, sólo tiene interés jurídico aquel particular a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad. Sirve de apoyo, la jurisprudencia publicada en las páginas 911 y 912, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, primera parte, sustentada por el tribunal pleno de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I, del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada y, a su vez, el artículo 4 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la Ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo solo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la Ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el hecho de promover ese juicio es personalísimo. En la especie, del escrito inicial de demanda se desprende que lo ***, comparece a juicio de amparo en su carácter de albacea en la sucesión testamentaria C-537/2013 y acredita tal representación con copia certificada de la diligencia de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete en la que la misma aceptó y protestó dicho cargo. Asimismo, de la lectura integral de la demanda de amparo, específicamente de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, se advierte que en fecha de 5 de junio del 2018 se dictó sentencia y aclaración de adjudicación de los bienes de la masa hereditaria, esto en mancomún, pro indiviso y por partes iguales, además de que Con fecha 8 de julio de 2018.se acordó que la sentencia de adjudicación causa ejecutoria. Hechos de los cuales, de manera manifiesta e indudable se desprende que la suscriptora de la demanda, en su carácter de albacea de la sucesión testamentaria a bienes de ***, carece de interés jurídico para defender el predio sito en *** esta ciudad. Pues al haberse adjudicado a los herederos, es evidente que salió de la masa hereditaria, para incorporarse al patrimonio de los herederos; de manera tal que los actos reclamados no afectan de manera alguna a la ficción jurídica denominada sucesión a bienes de ***; que comparece ante esta instancia constitucional por conducto de su albacea. De ahí que el interés jurídico, en este caso en concreto, sólo se actualiza respecto de las personas que heredaron el predio cuya orden de remate constituye el acto reclamado, y no así la sucesión por la que se repartió el mismo, pues tal ente jurídico ha dejado de existir, en virtud de la adjudicación del inmueble que constituía la masa hereditaria. En este orden de ideas, se afirma que en el caso se actualiza la referida causa de improcedencia, toda vez que la parte promovente no podrá acreditar de manera alguna tener derecho alguno respecto del bien sito en *** esta ciudad. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 2./J.57/2017 (10a.), pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el nueve de junio de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, de rubro y texto siguientes: INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable. En conclusión, es dable afirmar que si el acto reclado es el remate de una propiedad que formaba parte de una suceción testamentaria, y que a la fecha de la presentación de la demanda ya fue adjudicada a los herederos; la albacea de la sucesión de que se trate, carece de interés jurídico para acudir a juicio de amparo (circunstancia que no podrá variar si se tramitara el juicio) y por consiguiente debe desecharse de plano la demanda de amparo, por actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal. Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17 constitucional, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En otro orden de ideas, se tiene a la parte promovente como señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en *** esta ciudad; y como autorizados de su parte, en términos amplios como lo dicta el artículo 12 de la nueva Ley de Amparo vigente, al licenciado ***, toda vez que tiene debidamente registrada su cédula profesional en la base de datos que se configuró en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, en términos restringidos, al pasante jurista ***, por no cumplir con el anterior requisito establecido. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias; esto último con fundamento el artículo 21 tercer párrafo, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.
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