Verónica Andrea Gutiérrez Muñoz
Expediente 527/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 527/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/03/2019
Partes del expediente
- Verónica Andrea Gutiérrez Muñoz
Actuaciones
- Principal
Se desecha recurso de queja. Agréguese a los autos el oficio remitido vía interconexión, signado por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante el cual hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional el contenido del proveído de trece de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el recurso de queja 62/2019 de su índice, mediante el cual informa que desechó el recurso en comento interpuesto por la parte quejosa en este asunto en contra del auto de ocho de febrero de dos mil diecinueve, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia. Notifíquese.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 19 DE MARZO DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Se desecha demanda de amparo Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ************, no dio cumplimiento al requerimiento que se le formuló en acuerdo del seis de marzo del presente año, esto es, que aclarara si el presente juicio de amparo también lo promovía en representación de sus menores hijos; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado y se le tiene promoviendo esta instancia constitucional únicamente por propio derecho. Bajo ese panorama, se procede a proveer lo relativo a la demanda de amparo, y una vez hecho su análisis se advierte que procede desecharla por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. También es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta *****************, deriva del hecho que respecto al acto reclamado consistente en el acuerdo del veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, dictado en el juicio oral sumarísimo de desocupación por terminación de contrato de comodato 301/2017, del índice del Juzgado Primero Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, en el que se decretó su lanzamiento del inmueble ubicado en calle Dos Oriente, número cuarenta, colonia los Álamos Toltepec, en la ciudad de Puebla, de oficio se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, los cuales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.) De los numerales transcritos se desprende que el juicio de amparo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo en ese momento reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Es corolario de lo anterior, que el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el transcrito numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece dos hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, después de concluido el juicio de origen, en los términos siguientes: 1) Actos que gozan de autonomía en relación con la ejecución de sentencia; esto es, actos que no tienen como finalidad directa e inmediata cumplimentar la sentencia o laudo dictados en el juicio natural, por lo que pueden ser impugnados de manera inmediata (previo cumplimiento del principio de definitividad que rige en el juicio de amparo); 2) Actos dictados en ejecución de sentencia. Hipótesis en la cual el juicio constitucional procede, únicamente contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; tratándose de remates contra aquella que los aprueba o desaprueba -en lo sustantivo-, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. Las hipótesis vertidas encuentran sustento en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XXXIII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a Mayo de 2011, que prevé: ... Ahora, la hipótesis de procedencia del juicio de amparo respecto de los actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, prevé que sólo procede contra la última resolución dictada en esa etapa procesal, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, la que lo da por concluido, o en su caso, la que ordenan el archivo definitivo del expediente; pudiendo en ese momento reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Tal concepto fue adoptado en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ya que tomó como base la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 31, del Tomo XIII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Abril de 2001, que establece: ... Las consideraciones expuestas en el criterio transcrito, parten de la premisa de que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada y que por la naturaleza propia del procedimiento, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, porque de demostrarse que hubo la infracción legal y que se dejó sin defensa al quejoso, tendrá que reponerse el procedimiento a partir de esa violación, y de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de amparo, que no permite ser utilizado como instrumento para retardar la administración de justicia. Debe destacarse que la razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue impedir que el juicio de derechos sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, de la que se presume que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible; y la certidumbre de que la violación que entrañe una afectación meramente adjetiva a las defensas de un sujeto, sólo conllevará perjuicio si es que la resolución final con la que culmina el procedimiento es adversa a sus intereses. Por tal motivo, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el mismo que hubieran afectado las defensas de la parte quejosa. Las consideraciones vertidas encuentran sustento en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 75, del Tomo XX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a julio de 2004, que establece: ... Sentado lo anterior, se recuerda que la quejoso reclama el acuerdo del veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, dictado en el juicio oral sumarísimo de desocupación por terminación de contrato de comodato 301/2017, en el que se decretó su lanzamiento del inmueble ubicado en calle Dos Oriente, número cuarenta, colonia los Álamos Toltepec, en la ciudad de Puebla, no obstante, tal acto se dictó en la ejecución de sentencia, pero no constituyen la última resolución dictada en esa etapa, por lo que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, aunque se debe partir de la premisa de que la quejosa no es tercera extraña al juicio natural, sino que es causahabiente del demandado en tal procedimiento como más adelante se precisa. Así, para demostrar la actualización de la causa de improcedencia invocada, conviene destacar los antecedentes más relevantes que motivaron el acto reclamado, los cuales se desprenden de la copia certificada del expediente 301/2017, que remitió el juez responsable a fin de mejor proveer y que son del tenor siguiente: a) Mediante comparecencia del veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete ante el Juez Primero Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, ********************, por propio derecho y como apoderada de ********** y ***************, todo de apellidos ****************, promovió juicio oral sumarísimo de desocupación por terminación de contrato de comodato en contra de *********************, y solicitó que se llamara como interesada a ********** (fojas 50 a 55 del tomo anexo). b) Por acuerdo del veintinueve de marzo siguiente se radicó la demanda con el número 301/2017, y la admitió a trámite, por lo que ordenó citar a una audiencia de conciliación a las partes (foja 58 ídem). c) El tres de mayo de dos mil diecisiete se llevó a cabo la audiencia en comento; no obstante, al declararse fracasada la conciliación se ordenó emplazar a juicio a los demandados (foja 67 ídem). d) El veintiséis de mayo posterior se tuvo a ********** y a ************ dando contestación a la demanda instaurada en su contra (fojas 74 y 75). e) Seguidas las etapas procesales correspondientes, el cinco de junio de dos mil diecisiete se dictó sentencia definitiva, en la que se declaró terminado el contrato materia de la litis y se absolvió a *********** de la desocupación del inmueble ubicado en calle Dos Oriente, número cuarenta, colonia los Álamos Toltepec, en la ciudad de Puebla (fojas 258 y 261 ídem). f) Inconforme con lo anterior la parte actora promovió recurso de apelación, el cual conoció la Cuarta Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, quien lo radicó con el número de toca 507/2017, y lo resolvió el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho en el sentido de modificar la sentencia recurrida, pues determinó que ************* carecía de interés jurídico que deducir en el juicio natural, ya que era causahabiente de ****************, por lo que debía estar a lo resuelto en contra de éste; asimismo, se declaró terminado el contrato de comodato, y se ordenó al citado demandado restituir a la actora la posesión del predio referido en el párrafo anterior (fojas 269 a 285 ídem). g) En cumplimiento a lo anterior, mediante acuerdo del cuatro de diciembre de dos mil dieciocho el juez responsable ordenó requerir la entrega del inmueble al demandado, apercibiéndolo que de no hacerlo se decretaría su lanzamiento con auxilio de la fuerza pública (foja 289 ídem). h) Así, dado que no se dio cumplimiento a lo anterior, el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve se decretó el lanzamiento de *********** y *************** del inmueble materia de la litis, autorizando el uso de la fuerza pública para tal fin (foja 298 ídem), determinación que constituye el acto reclamado en la presente vía. i) Finalmente, el seis de marzo de la presente anualidad se dio cumplimiento al auto en comento (fojas 322 y 323 ídem). De los antecedentes narrados, se desprende que el procedimiento de ejecución de sentencia definitiva se inició mediante acuerdo del cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, en el que el Juez responsable ordenó requerir a los demandados el cumplimiento de la sentencia, en específico restituyeran a la parte actora la posesión del inmueble materia de la litis, con el apercibimiento de que no hacerlo se procedería a la ejecución forzosa del fallo. Asimismo, en virtud de que *********** y *********** no cumplieron con lo anterior el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve se ordenó su lanzamiento, lo cual se efectuó el seis de marzo siguiente; por tanto, tal acto es tendente a lograr la ejecución de la sentencia que precisamente condenó a la entrega del inmueble materia del contrato de comodato, sin que actualicen la hipótesis relativa a la última resolución dictada en esa etapa ejecutiva, ya que no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, tampoco se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni ordenan el archivo definitivo del expediente; en consecuencia, el juicio de amparo promovido en su contra resulta improcedente. En efecto, el acto reclamado se ubica en una etapa posterior a la conclusión del juicio natural, y concretamente en la etapa de ejecución de sentencia, pero no constituyen la última determinación pronunciada en esa fase, ni se ubican en las hipótesis de excepción para la procedencia del juicio de amparo. Se afirma lo anterior, pues aun cuando una orden de lanzamiento pudiera considerarse como aquellas que afectan el derecho de posesión de un inmueble, lo cierto es que tal determinación deriva de la cosa juzgada, pues como ha quedado precisado, en la sentencia del de segunda instancia -apelación- dictada en el juicio de origen, se condenó a la entrega de la posesión del inmueble objeto del contrato de comodato; por ende, no implica una violación a derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, de ahí que se estime que el juicio de amparo promovido resulta improcedente. En ese contexto, la orden de lanzamiento reclamada, tampoco actualiza un acto de imposible reparación en la etapa de ejecución de sentencia, pues con ella no se desestiman excepciones sustanciales y perentorias, o defensas u otros actos que tiendan a detener o interrumpir la ejecución de una sentencia -en lo sustantivo-, pero principalmente, porque la desposesión de un inmueble, se trata de un acto susceptible de ser materialmente reparado al analizarse el cumplimiento de la sentencia, de ahí que tampoco se actualiza la excepción relativa de procedencia del juicio de amparo. Así, por las consideraciones expuestas, se colige la improcedencia del juicio de amparo promovido contra de la orden de lanzamiento del veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, por consistir un acto emanado en la etapa de ejecución de sentencia, por ende, impugnable hasta la última resolución dictada en esa etapa ejecutiva, entendida como aquella que aprueba el cumplimiento de la sentencia, o en su caso, declara la imposibilidad para ejecutarla. Para corroborar aún más lo anterior, conviene traer a colación las consideraciones torales que sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 25/96 en la sesión del treinta y uno de enero de dos mil uno, que se transcriben a continuación: Pues bien, del cúmulo de razonamientos sustentados por el Tribunal Pleno de este Máximo Órgano Colegiado del país, que anteceden, se logra obtener también las bases para la debida solución de la contradicción de criterios a que este asunto se contrae en lo específico. Sobre el particular, es pertinente retrotraer la atención al hecho relativo a que la contienda entre los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito gira en torno a que el Segundo se pronunció en el sentido de que esa última resolución es la que concede al inquilino un término de treinta días para que haga entrega voluntaria al actor del inmueble arrendado, apercibido de lanzamiento en caso contrario; mientras que el tercero lo hizo concluyendo que es aquella emitida posterior al incumplimiento y que ordena la ejecución material. Así las cosas, a criterio de esta Primera Sala a ninguno de los tribunales en conflicto asiste la razón y, por lo tanto, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia la tesis que sostiene esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto se asentará en ulteriores líneas. Para arribar a la conclusión que antecede es necesario precisar que en los recursos de revisión civiles números 2332/95, por un lado y 658/90, 833/90, 958/90, 1651/90 y 297/91, por el otro, dentro de los cuales los órganos colegiados de mérito sostuvieron sus criterios discrepantes, los hicieron al conocer de juicios de amparo indirecto promovidos en contra de sendos autos dictados por Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en etapa de ejecución de sentencia definitiva pronunciada en juicios de ese orden. Es decir, la mencionada fase ejecutiva obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público; por ello, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de aquellas que ordenan al condenado a entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndolo de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo. Empero, ninguno de tales proveídos resulta ser el último dictado en el procedimiento ejecutivo, pues ambos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado; en el primer caso, depende de la voluntad o no del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de primera instancia de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva. Por tal motivo, deviene inobjetable colegir que la última resolución que se pronuncia en el procedimiento de ejecución de sentencia de un juicio del arrendamiento inmobiliario es aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva o, en su caso, la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En ese orden de ideas, sólo en contra de la determinación que se dicte -reconociendo o declarando la imposibilidad de cumplir la sentencia-, procederá el juicio de amparo indirecto previsto por el párrafo segundo, fracción III, del artículo 114 de la ley de la materia. De esta manera no únicamente se impide la promoción de demandas de garantías en contra de cualquier determinación, sino también se da la pauta para poder reclamar todas las violaciones cometidas en el propio procedimiento ejecutivo. De las consideraciones transcrita, emanó la jurisprudencia 1a./J. 19/2001, de rubro y texto siguientes: ... No se soslaya que el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero , de la Ley de Amparo, introdujo una nueva hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto cuando se reclame el auto que ordena requerir la entrega de los bienes rematados , el cual pudiera considerarse equiparable a la orden de lanzamiento que se reclama en el presente juicio; sin embargo, no puede ser aplicable en el presente caso, pues dicha hipótesis es muy específica para los actos dictados dentro de un procedimiento de remate, los que no necesariamente derivan de una sentencia de desocupación, sino de pago. En efecto, en las sentencia en las cuales se condena a parte demandada al pago de una cantidad, es factible que ante su renuencia se proceda al embargo de bienes y su posterior remate; por tanto, su naturaleza es diversa a la condena de entrega de posesión de un inmueble que se impone en un juicio de terminación de contrato de comodato -como del que emanan los actos reclamados-, de ahí que, como se adelantó, no pueda ser aplicable en el presente caso la hipótesis prevista en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo. Asimismo, tampoco pasa por desapercibido que en la sentencia de apelación del veinticuatro de enero de mil dieciocho, en la que se modificó la diversa sentencia dictada en el juicio de origen, se haya resuelto que la quejosa Verónica Andrea Gutiérrez Muñoz carecía de interés jurídico para comparecer a tal procedimiento como demandada -en el que incluso fue emplazada y formuló su contestación respectiva-, ya que no había participado en la celebración del contrato de comodato materia de la litis; sin embargo, le revestía el carácter de causahabiente del demandado, pues derivado su matrimonio con Pablo Chávez Vázquez se encontraba en posesión del inmueble ubicado en calle Dos Oriente, número cuarenta, colonia los Álamos Toltepec, en la ciudad de Puebla. Lo anterior encuentra lógica ya que se estima que la quejosa sabía que la posesión que detentaba respecto del referido inmueble derivaba del contrato de comodato que celebró su cónyuge -Pablo Chávez Vázquez- con la parte actora en el juicio de origen, de lo que se tiene certeza en virtud de que la promovente fue llamada a tal juicio, en donde precisamente se ventiló la acción de terminación de ese acuerdo de voluntades, e incluso formuló su contestación de demandada e intervino en diversas actuaciones, por lo que como lo estimó la Cuarta Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se actualiza la figura de la causahabiencia. Luego, todo lo actuado en el juicio oral sumarísimo de desocupación por terminación de contrato de comodato 301/2017, incluyendo la ejecución de la sentencia, afecta por igual a la quejosa como si se tratara del demandado Pablo Chávez Vázquez, pues como lo resolvió la Cuarta Sala en Materia Civil se surte la figura de la causahabiencia entre ellos, lo que excluye que pueda ser considerada como tercera extraña a dicho juicio, en el que fue llamada o intervino como parte a través de su causante. Por lo que, al ser la quejosa causahabiente del demandado en el juicio natural, su situación en el procedimiento es idéntica a la de éste, puesto que solamente se ha subrogado en el ejercicio de los derechos correspondientes, motivo por el cual las causas de improcedencia que afectarían al causante son válidas también para la causahabiente, porque ésta está sujeta a la misma situación jurídica de aquél, de tal suerte que con esta calidad debe esperar hasta la última resolución que se dicte en la etapa ejecutiva del juicio para poder combatir los vicios propios que tuviese, de ahí que se actualice la causa de improcedencia en estudio. Sirve de apoyo, lo resuelto en la contradicción de tesis 76/2002-55, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Por tanto, cuando el quejoso se ostenta como tercero extraño a un procedimiento y en el juicio de amparo se demuestra que es causahabiente de aquella de las partes a quien afecta el acto reclamado, entonces, su situación en el amparo es idéntica a la de esa parte, puesto que solamente se ha subrogado en el ejercicio de los derechos correspondientes, motivo por el cual las causas de improcedencia que afectarían al causante son válidas también para el causahabiente, porque éste está sujeto a la misma situación jurídica de aquél. De lo anterior se desprende que aun cuando exista causahabiencia, si no concurren causales de improcedencia que hayan afectado al causante, el juicio no debe sobreseerse y debe entrarse al estudio de los conceptos de violación. En las relatadas condiciones, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu; por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Verónica Andrea Gutiérrez Muñoz. Notifíquese personalmente.
- Principal
Cumple requerimiento autoridad Agréguese el oficio signado por el Juez Primero Especializado en Materia Civil y en Extinción de Dominio de Puebla, por el que, en cumplimiento a lo requerido en auto del seis de marzo de dos mil diecinueve, remite copia certificada del juicio oral sumarísimo 301/2017 de su índice, constancias que serán tomadas en consideración al momento de proveer respecto de la admisión de la demanda. Tomando en consideración el volumen del anexo en comento, con fundamento en lo que disponen los artículos 63, 64 y 65 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, fórmese por separado un tomo de pruebas debidamente identificado a fin de facilitar el manejo del presente expediente, respetando el sello y folio originales. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no obran los acuses de recibo correspondientes a los oficios 1739/2019 y 2513 dirigidos al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, mediante los cuales se hizo de su conocimiento la interposición de los recursos de revisión hechos valer en contra de la resolución interlocutoria de cuatro de enero del año en curso, los cuales son necesarios para estar en posibilidad de remitir tales medios de defensa al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, en turno, para su sustanciación. En consecuencia, requiérase a la mencionada autoridad para que en el término de cuarenta y ocho horas, contado a partir de la recepción del oficio que al efecto se gire, informe a este Juzgado de Distrito la fecha en que recibió los oficios de mérito y remita copia certificada de las piezas postales que así lo acrediten. En el entendido de que en caso de no cumplir con el requerimiento formulado se le impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción III, de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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