Verónica Anahí Córdova Ascencio

Expediente 1153/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1153/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
24/12/2019

Partes del expediente

  • Verónica Anahí Córdova Ascencio

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Verónica Anahí Córdova Ascencio, en su carácter de apoderada legal de la Secretaría de Educación de Veracruz, personalidad que acredita con la copia digitalizada del instrumento público número trece mil doscientos cuarenta y ocho, pasado ante la fe del Titular de la Notaría Pública número treinta, de la localidad de Las Trancas, municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, misma que adjuntó a su demanda, quien bajo protesta de decir verdad, manifestó que coincide con el impreso, conforme a lo señalado por el Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico, contra actos reclamados al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con sede en esta ciudad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 1153/2019-I-A. Al respecto, se acuerda: SE ADMITE en sus términos la demanda de que se trata, con fundamento en los artículos 103 fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo primero, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108 y 110 de la Ley de Amparo. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete, haciéndole entrega de una copia de la demanda de amparo. TRAMÍTESE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN al existir solicitud expresa de la parte quejosa, como lo establece la fracción I, del artículo 128 de la ley en cita. LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL se señala para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, conforme lo establece el artículo 115 de la Ley de Amparo. SE PIDE INFORME JUSTIFICADO a la autoridad señalada como responsable, en términos de los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, que deberán rendir dentro del plazo de quince días, con el apercibimiento que de no hacerlo se presumirá cierto el acto que se les reclama, salvo prueba en contrario. Lo anterior, sin perjuicio que en sentencia se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hágase del conocimiento a la autoridad responsable, que a fin de cumplir con el mandato constitucional de impartir justicia pronta y expedita, establecido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como para evitar, en la medida de lo posible, el uso excesivo de papel y evitar daños innecesarios al medio ambiente, se pone a su disposición el correo electrónico institucional 15jdo7cto@correo.cjf.gob.mx, para que rindan los informes justificados que se les solicita. SE FORMULAN PREVENCIONES en aras de tutelar el derecho fundamental de administración de justicia contenido en el artículo 17 constitucional, evitando trámites innecesarios y dar a la ley un alcance acorde a la realidad actual para optimizar los recursos humanos y materiales a efecto de orientarlos en función de la resolución expedita del juicio: I. A la autoridad responsable, para que al rendir su informe justificado: a) Comunique el cambio de situación jurídica, y en su caso, sí han ocurrido causas notorias de sobreseimiento. En caso de no hacerlo, se le impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 251 de la Ley de Amparo. b) Remita la copia certificada completa y legible de las constancias que guardan relación con el acto reclamado y sean necesarias para la solución del juicio constitucional. En caso de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. II. A la parte quejosa: a) Que para el caso de que las autoridad señalada como responsable sea inexistente, o bien, su denominación sea incorrecta y no sea posible notificarla, una vez que se le dé vista de esa circunstancia, precise corrija o aclare el nombre de la autoridad respectiva, con el apercibimiento que de no hacerlo, entonces se le sancionará declarándola inexistente y suspendiendo de inmediato toda comunicación, sin que sea dable pronunciarse nuevamente al respecto, en la sentencia que en su caso se dicte. Ello, porque del análisis sistemático y armónico de los artículos 5º, fracción II, 108, fracción II, y 115 de la Ley de Amparo, se desprende que son parte en el juicio la autoridad o autoridades responsables, y que es obligación de la parte quejosa al formular su demanda de amparo, expresar a quiénes le otorga ese carácter, para efecto de que se les pida el informe justificado. RESPECTO A LOS TERCEROS INTERESADOS Con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, téngase como tercero interesado en este asunto a Antonio Rivera Mendoza, quien deberá ser emplazado, por conducto de cualesquiera de los actuarios adscritos a este juzgado, con la entrega de una copia simple de la demanda, así como con autorizada del presente acuerdo, en el domicilio señalado en el escrito de demanda que se provee, quien deberá requerirlo para que dentro del término de tres días, siguientes al que surta efectos la notificación del presente auto señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibido que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por lista de acuerdos. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la parte quejosa, las documentales que anexa a su escrito inicial, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana; lo anterior, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, con las que se dará nueva cuenta al celebrarse la audiencia constitucional. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Armando Espíndola Escobar, Carlos Yossafath Ponce de León Santos, Rosa Carina Espinosa Ocampo, Misael de Jesús Reyes Bastar y Silvia Huerta de la Cruz, quienes acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con el registro número 413649,192181, 185794, 163242, 192157, por autorizada con la restricción que impone el citado precepto, a Daisy Castro Santana, toda vez que dentro de la base de datos del referido sistema, no aparecen los registros correspondientes, ni tampoco la parte quejosa acreditó que éstos cuenten con dicho documento. CONSULTA VÍA ELECTRÓNICA En atención a la solicitud del promovente, se autoriza la consulta del presente expediente electrónico y la realización de las notificaciones personales vía electrónica, atendiendo a que proporciona como usuario para acceder al expediente electrónico el identificado como Vcordova, se instruye al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que realice el registro correspondiente en el referido sistema, del usuario antes referido a fin de que la promovente esté en aptitud de acceder al expediente electrónico y ser notificada por esa vía; de igual forma, atendiendo a lo antes referido se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción para que realicen las habilitaciones correspondientes para que la quejosa esté en condiciones de notificarse de los presentes autos electrónicamente, lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Sin que pase desapercibido por el suscrito que la parte quejosa haya señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; sin embargo, las notificaciones que se realicen en los juicios de amparo, deben ser practicadas en un solo domicilio; de ahí, que se tenga el primer domicilio establecido en su demanda, por lo que en caso de que la impetrante de amparo, desee que las notificaciones de carácter personal le sean practicadas en el domicilio que señaló en esta ciudad, deberá de solicitarlo de manera escrita. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS PARTES. Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional, se realicen en el presente asunto a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles personalmente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción; de ahí, que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario librar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional, ya que la nueva fecha que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2002576, cuyo rubro se lee: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Derivado de lo anterior, en caso de que se difiera la audiencia constitucional, la notificación de dichos autos se realizará únicamente a través de lista, la cual, como se dijo, puede ser consultada a través de la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

  2. Incidental

    SE ABRE POR SEPARADO Y DUPLICADO EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN como se ordenó en el cuaderno principal del juicio de amparo número 1153/2019-I-A, promovido por Verónica Anahí Córdova Ascencio, en su carácter de apoderada legal de la Secretaría de Educación de Veracruz, contra actos reclamados al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con sede en esta ciudad. FECHA DE AUDIENCIA INCIDENTAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DOS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para la celebración de la audiencia incidental. ACTOS RECLAMADOS. De análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente reclama: "la resolución de fecha 27 de noviembre de 219 (sic), que tuvo por improcedente el incidente de incompetencia interpuesto por mi representada y por la que la responsable sostuvo su competencia, para seguir conociendo del expediente laboral 1633/2018-III". SE SOLICITA INFORME PREVIO Con fundamento en los artículos 128, 130, 131, 138, 139, 141, 142 y 146 de la Ley de Amparo, solicítese a la autoridad señalada como responsable su informe previo que deberá rendir dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha en que quede legalmente notificada de este proveído, enviándole para el efecto copia simple de la demanda; apercibida que de no hacerlo así, se tendrá por presuntivamente cierto el acto reclamado a efecto de resolver sobre la suspensión definitiva. Lo anterior, sin perjuicio que en caso de omitir la rendición del informe previo solicitado se le aplicara una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se faculta a la autoridad responsable para que rinda el informe previo que se le solicita, al correo electrónico 15jdo7cto@correo.cjf.gob.mx, o en su caso, vía telegráfica. ANALISIS DE LA PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128 y 138 de la Ley de Amparo, los requisitos para conceder la suspensión son: I. Que expresamente la solicite el quejoso. II. Que haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita. III. Que los actos reclamados sean susceptibles de suspensión. IV. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley de Amparo. V. Que se efectúe un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Solamente en caso de cumplirse los requisitos que anteceden el órgano jurisdiccional estará en condiciones de conceder la suspensión y, en su caso, la sujetará al otorgamiento de la garantía en los términos previstos en el numeral 132 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. XXIII/2016 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1376, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 2011614, al tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA. De los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 128 y 138 de la Ley de Amparo, se advierte que para conceder la suspensión definitiva en el juicio de amparo se requiere que: i. Expresamente la solicite el quejoso; ii. Haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita; iii. Los actos reclamados sean susceptibles de suspensión; iv. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en el artículo 129 de la citada Ley y; v. Deba llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Así, sólo de cumplirse todos los requisitos que anteceden, el órgano jurisdiccional podrá conceder la suspensión definitiva sujetándola, en su caso, al otorgamiento de la garantía prevista en el artículo 132 de la propia Ley." En el caso, por cuanto hace a la primera de las exigencias, prevista por la fracción I, del dispositivo normativo invocado, se estima que esta se encuentra satisfecha en sus extremos, toda vez que es la propia demandante de la protección federal, quien solicita el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. Respecto del segundo de los requisitos antes precisados, se debe considerar acreditado tomando en consideración las manifestaciones vertidas por la quejosa bajo protesta de decir verdad. Por lo que es necesario aplicar en estricta observancia a la jurisprudencia 2a./J.5/93, de rubro: "SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSA RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejosa hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejosa da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo." Por cuanto hace al tercero de los requisitos sujetos a demostración, se debe tener en cuenta que el acto reclamado consiste en la resolución de veintisiete de noviembre del año en curso, dictada dentro de los autos del expediente laboral 1633/2018-III del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial de Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en la que declaró improcedente el incidente de incompetencia promovido por la apoderado legal de la Secretaría de Educación de Veracruz. Por lo que respecta al cuarto de los requisitos en cita, consistente en que con la medida cautelar no se siga en perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, debe decirse que, aun cuando no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, lo cierto es que al momento de ponderar sobre la procedencia de la medida cautelar es necesario atender su existencia en los casos concretos de que se trate; para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se contravienen disposiciones de orden público como lo es, que con la concesión de la medida cautelar se ocasionen perjuicios a la sociedad. Al caso, es oportuno citar la tesis de jurisprudencia I.3°A. J/16, consultable en la página trescientos ochenta y tres, Tomo y, Enero de 1997, de Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA." Lo mismo que la tesis consultable en la página 516, del Tomo III, Segunda Parte 1, Enero a Junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, cuyo rubro es del siguiente tenor literal: "ORDEN PÚBLICO. ALCANCE DEL CONCEPTO PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN." Por tanto, se estima que en el caso a estudio, también se encuentra satisfecho a cabalidad dicho requisito; pues con el otorgamiento de la suspensión provisional, no se ocasiona perjuicio al interés de la sociedad, ni se contravienen disposiciones de orden público, ya que no se priva a la colectividad de algún beneficio; y, por el contrario, de ejecutarse el acto reclamado ocasionaría a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación. Por lo que hace al último de los requisitos, se debe considerar que de las manifestaciones expresadas por la parte quejosa, le asiste un derecho que podría ser afectado, motivo por el cual existe probabilidad de que obtenga un fallo favorable, de ahí que el requisito referente a que exista apariencia del buen derecho también se encuentra colmado. Atento a lo anteriormente expuesto y tomando en consideración que se encuentran reunidos los requisitos previstos por los artículos 128 y 129, ambos de la Ley de Amparo, puesto que existe solicitud de parte agraviada, con la concesión de la suspensión no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, y que de ejecutarse los actos reclamados se causarían a la parte quejosa y perjuicios de difícil reparación; en consecuencia, resulta procedente conceder la suspensión provisional, para el efecto de que se continúe el procedimiento en los autos del expediente laboral 1633/2018-III del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial de Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, pero no se dicte la sentencia en el mismo, hasta en tanto se notifique a la autoridad responsable la resolución dictada respecto a la suspensión definitiva. Lo anterior es así, toda vez que si se llegará a dictar la sentencia correspondiente, podría acarrear consecuencias no reparables, ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable, pues se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al considerarse competente, siga conociendo de él y lo trámite hasta su resolución, lo cual torna a dicha determinación en una decisión que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga por una autoridad incompetente, con base en reglas distintas a las del fuero a que originalmente corresponde. Tienen apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 67/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 1189, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 2002075, que dice: "SUSPENSIÓN. ES PROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA. La suspensión del acto reclamado es la facultad que tienen los jueces para conservar la materia del juicio, atendiendo a las exigencias del artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal. En dicha fracción se ha incorporado el deber de los jueces de ponderar en cada caso concreto entre la apariencia del buen derecho y el interés social. De este modo, los juzgadores pueden ordenar la interrupción de alguna etapa del procedimiento para evitar que se pierda la materia litigiosa. Lo anterior no supone en modo alguno que deba necesariamente paralizarse el procedimiento, puesto que ello llevaría a la contravención de disposiciones de orden público; por ello, se considera suficiente evitar el dictado de la sentencia definitiva hasta entonces no se resuelva el juicio de amparo, pues esta última resolución puede determinar la continuidad lógica y jurídica del juicio. La continuidad lógica se refiere a que antes del dictado de la sentencia del juicio natural, siempre conviene tener completamente despejados y resueltos los problemas de previo y especial pronunciamiento, ya que se trata de cuestiones naturalmente anteriores a las del fondo del asunto. La continuidad jurídica, por su parte, tiene que ver con la necesidad de evitar resoluciones contradictorias como la que surgiría entre una sentencia de amparo que concede la protección de la justicia federal por alguna violación al procedimiento en el juicio natural, y la resolución de fondo del mismo juicio, que pudo ser dictada antes de que el amparo se concediera. Así, si en un juicio de amparo se reclama la resolución dictada en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria que resolvió la excepción de incompetencia, debe considerarse que procede otorgar la suspensión del acto reclamado, salvando las exigencias del artículo 124 de la Ley de Amparo -es decir, sin que el procedimiento se paralice- para el efecto de que no se dicte la sentencia en el juicio natural hasta en tanto no se resuelva el juicio de amparo. Con esta medida se busca evitar el dictado de sentencias por jueces cuya competencia posteriormente pudiera quedar desconocida por el amparo, o bien que el amparo tuviera que ser sobreseído por haberse quedado sin materia." (Lo resaltado es propio) NOTIFICACIÓN A LA PARTE TERCERA INTERESADA. El presente proveído deberá notificarse personalmente al tercero interesado Antonio Rivera Mendoza, en el domicilio precisado en la demanda de amparo. Lo anterior, en atención a la Jurisprudencia número 143/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 23, Tomo XIII, Diciembre de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 190667, que en su rubro dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL TERCERO PERJUDICADO EL PROVEÍDO QUE LA CONCEDE." Finalmente, expídase a la parte quejosa, copia certificada del presente proveído, previa identificación y recibo que se deje en autos.

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