Veronica Altamirano Ramirez

Expediente 1429/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 18 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1429/2021
Año
2021
Actuaciones
18
Última actuación
30/03/2022

Partes del expediente

  • Veronica Altamirano Ramirez
  • Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Por Conducto de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    AGRÉGUENSE PARA QUE OBREN COMO CORREPONDAN LAS RAZONES DEL AUIXILIAR DE ACTUARIO, TDA VEZ QUE LAS CITADOS AUTORIDAES NO FUERON SEÑALADAS OCOMO AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL PRESENTE ASUNTO. NOTIFIQUESE

  2. Principal

    VISTA LA CERTIFICACIÓN QUE ANTECEDE Y TODA VEZ QUE HA TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 86, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 81, FRACCIÓN I, INCISO D), DE LA LEY DE AMPARO, SIN QUE A LA FECHA SE HAYA INTERPUESTO RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DEL AUTO A TRAVÉS DEL CUAL SE SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA EN ESTE ASUNTO, EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 355 Y 356, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO, SE DECLARA QUE HA QUEDADO FIRME EL CITADO PROVEÍDO. EN ESTE CONTEXTO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 21, INCISO A), DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, SE HACE CONSTAR QUE EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. POR TANTO, UNA VEZ QUE TRANSCURRA EL PLAZO DE TRES AÑOS CONTADO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA ORDENADO SU ARCHIVO COMO ASUNTO CONCLUIDO SE PROCEDERÁ A SU DESTRUCCIÓN, AL NO TRATARSE DE UN EXPEDIENTE CON RELEVANCIA DOCUMENTAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 15 DEL CITADO ACUERDO GENERAL. EN LAS RELATADAS CONDICIONES, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 35 DEL CITADO ACUERDO GENERAL, PREVIAS LAS ANOTACIONES QUE SE HAGAN EN EL LIBRO DE GOBIERNO, SE ORDENA REMITIR COMO CONCLUIDO EL EXPEDIENTE DE QUE SE TRATA AL ARCHIVO DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA SU RESGUARDO. POR OTRO LADO, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE EN EL PRESENTE JUICIO LA PARTE QUEJOSA EXHIBIÓ DIVERSOS DOCUMENTOS EN ORIGINAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 21, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL MENCIONADO ACUERDO GENERAL, SE LE REQUIERE PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE NOVENTA DÍAS, CONTADO A PARTIR DE QUE SURTA EFECTOS LA LEGAL NOTIFICACIÓN DE ESTE PROVEÍDO, SE CONSTITUYA EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO A RECOGER LAS DOCUMENTALES EN MENCIÓN; APERCIBIDA QUE EN CASO DE NO HACERLO ASÍ, UNA VEZ TRANSCURRIDOS TRES AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA ORDENADO SU ARCHIVO COMO ASUNTO CONCLUIDO Y DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS SIGUIENTES, DICHOS DOCUMENTOS SERÁN DESTRUIDOS JUNTO CON EL EXPEDIENTE. SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA QUE PARA LA DEVOLUCIÓN DE LOS CITADOS DOCUMENTOS DEBERÁ AGENDAR UNA CITA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN EL SISTEMA "AGENDA OJ", DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19; PARA LO CUAL DEBERÁ SEGUIR LOS LINEAMIENTOS DE SALUBRIDAD ESTABLECIDOS EN DICHO ACUERDO GENERAL. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.

  3. Principal

    *SE REEXPIDEN OFICIOS* AGRÉGUENSE LAS RAZONES DEL AUXILIAR DE ACTUARIO ASIGNADO A LA ZONA., MEDIANTE LAS CUALES MANIFIESTA LA IMPOSIBILIDAD QUE LE ASISTE PARA NOTIFICAR LOS OFICIOS. QUE CONTIENEN INSERTO EL PROVEÍDO DE FECHA. DIRIGIDOS A LAS AUTORIDADES DENOMINADAS. TODA VEZ QUE DICHAS AUTORIDADES DEBEN SER NOTIFICADAS CON LAS SIGUIENTES DENOMINACIONES. EN ESTE CONTEXTO, REEXPÍDANSE LOS COMUNICADOS DE MÉRITO EN SU DENOMINACIÓN CORRECTA, A EFECTO DE QUE LAS CITADAS RESPONSABLES SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE NOTIFICADAS DEL CITADO PROVEÍDO. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

  4. Principal

    VISTO EL ESTADO PROCESAL DE LOS AUTOS SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA PROMOVIÓ ESTE JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LA NO INCLUSIÓN DE LOS MENORES DE 12 A 17 AÑOS EN LA POLÍTICA NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS QUE OCASIONA LA ENFERMEDAD SARS-COV-2. ASIMISMO, DE LAS CONSTANCIAS EXHIBIDAS CON EL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA, ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRAN LAS ACTAS DE NACIMIENTO DE LAS MENORES DE IDENTIDAD RESERVADA, SE OBSERVA QUE ÉSTAS CUENTAN CON LA EDAD DE 15 AÑOS. AL HABER CESADO LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO, SE SOBRESEE EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN V DE LA LEY DE AMPARO; YA QUE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA INVOCADA ES MANIFIESTA E INDUDABLE Y CON NINGÚN ELEMENTO PODRÍA DESVIRTUARSE. NO PASA INADVERTIDO PARA ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LA NO INCLUSIÓN DE LOS MENORES DE 12 A 17 AÑOS EN LA POLÍTICA NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-COV- 2, ES CONSECUENCIA DIRECTA DEL DOCUMENTO GENERAL RECTOR DENOMINADO "POLÍTICA NACIONAL RECTORA DE VACUNACIÓN CONTRA EL SARS-COV-2 PARA LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19 EN MÉXICO." YA QUE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 77, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO SE CONTROVIERTEN ACTOS DE CARÁCTER POSITIVO, EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DE AMPARO SERÁ EL DE RESTITUIR A LA PARTE QUEJOSA EN EL PLENO GOCE DEL DERECHO VIOLADO, RESTABLECIENDO LAS COSAS AL ESTADO EN QUE SE ENCONTRABAN ANTES DE QUE SE EFECTUARA LA VIOLACIÓN COMETIDA, ESTO ES, SE DEJARÁ INSUBSISTENTE EL ACTO RECLAMADO; MIENTRAS QUE DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN II DE DICHO PRECEPTO, TRATÁNDOSE DE ACTOS DE CARÁCTER NEGATIVO O QUE IMPLIQUEN UNA OMISIÓN, EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DE AMPARO SERÁ OBLIGAR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE A RESPETAR EL DERECHO DE QUE SE TRATE Y A CUMPLIR LO QUE EL MISMO EXIJA. POR SU PARTE, EL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE LA MATERIA ESTABLECE QUE CUANDO EL ACTO RECLAMADO SEA UNA NORMA GENERAL LA SENTENCIA DEBERÁ DETERMINAR SI ES CONSTITUCIONAL, O SI DEBE CONSIDERARSE INCONSTITUCIONAL. SI SE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, LOS EFECTOS SE EXTENDERÁN A TODAS AQUELLAS NORMAS Y ACTOS CUYA VALIDEZ DEPENDA DE LA PROPIA NORMA INVALIDADA. DICHOS EFECTOS SE TRADUCIRÁN EN LA INAPLICACIÓN ÚNICAMENTE RESPECTO DE LA PARTE QUEJOSA. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE AMPARO PODRÁ ESPECIFICAR QUÉ MEDIDAS ADICIONALES A LA INAPLICACIÓN DEBERÁN ADOPTARSE PARA RESTABLECER AL QUEJOSO EN EL PLENO GOCE DEL DERECHO VIOLADO. EN TAL TESITURA, DEBE ANALIZARSE EN SENTIDO AMPLIO LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, PARA DETERMINAR SI SE TRATA DE ACTOS DE CARÁCTER POSITIVO, TALES COMO LEYES O ACTOS DE AUTORIDADES QUE RESTRINJAN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL PARTICULAR O SI, EN SU CASO, SE TRATA DE ACTOS DE CARÁCTER NEGATIVO O DE OMISIONES EN QUE HUBIESE INCURRIDO LA AUTORIDAD QUE DEPAREN ESE PERJUICIO A LA ESFERA DE DERECHOS DEL GOBERNADO. ESTABLECIDO LO ANTERIOR, TENEMOS QUE, EN EL CASO Y COMO SE MENCIONÓ EN PÁRRAFOS ANTERIORES, LA NO INCLUSIÓN DE LAS MENORES QUEJOSAS EN LA POLÍTICA NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-COV-2, ES CONSECUENCIA DIRECTA DEL DOCUMENTO DENOMINADO "POLÍTICA NACIONAL RECTORA DE VACUNACIÓN CONTRA EL SARS-COV-2 PARA LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19 EN MÉXICO", EL CUAL ES UNA NORMA DE CARÁCTER GENERAL QUE SE ENCARGA DE REGULAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-COV-2, ASÍ COMO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CANDIDATOS VACUNALES, LA PRIORIZACIÓN DE LOS GRUPOS DE POBLACIÓN A VACUNAR, LAS ETAPAS, LA LOGÍSTICA Y EL PLAN DE COMUNICACIÓN; ESTO ES, REGULA A TODO UN SECTOR POBLACIONAL DE CONFORMIDAD CON LA APLICACIÓN, A SU VEZ, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y DE DIFERENTES LEGISLACIONES EN MATERIA DE SALUD. DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE, AL SER LA "POLÍTICA NACIONAL RECTORA DE VACUNACIÓN CONTRA EL SARS-COV-2 PARA LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19 EN MÉXICO", UNA NORMA DE CARÁCTER GENERAL, EN EL CASO, NO SE PODRÍAN CONCRETAR LOS EFECTOS DE UNA EVENTUAL CONCESIÓN DEL JUICIO DE AMPARO, DEBIDO A QUE, COMO SE MENCIONÓ ANTERIORMENTE, SI SE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, LOS EFECTOS SE EXTENDERÁN A TODAS AQUELLAS NORMAS Y ACTOS CUYA VALIDEZ DEPENDA DE LA PROPIA NORMA INVALIDADA, ES DECIR, DICHOS EFECTOS SE TRADUCIRÁN EN LA INAPLICACIÓN ÚNICAMENTE RESPECTO DE LA PARTE QUEJOSA, LO CUAL, YA ACONTECIÓ, TODA VEZ QUE AL ABRIRSE EL REGISTRO PARA LLEVAR A CABO LA VACUNACIÓN DE LOS MENORES DE DOCE A DIECISIETE AÑOS CON COMORBILIDADES, ASÍ COMO DE QUINCE A DIECISIETE AÑOS SIN COMORBILIDADES, DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA NO REPERCUTIRÍA EN UN BENEFICIO MAYOR PARA EL GOBERNADO, EN TANTO QUE SU PRETENSIÓN CON ESTE JUICIO DE AMPARO YA QUEDÓ PLENAMENTE SATISFECHA AL SER INCLUIDA EN EL PROGRAMA NACIONAL DE VACUNACIÓN COVID-19. SE ORDENA HACER LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Y DEJAR SIN EFECTOS LA FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL QUE SE ENCONTRABA PREVISTA NOTIFÍQUESE..

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