Verónica Ailen Varela Ochoa
Expediente 955/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 955/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 26/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Verónica Ailen Varela Ochoa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación que antecede de la que se desprende que ya transcurrió el término de tres días que establece la fracción II, del artículo 297, del Código Federal de Procedimientos Civiles, para que ********************, en su carácter de representante especial de la menor********************, designada por la Directora Nacional de Asesoría Jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública, estuviera en aptitud de imponerse de la demanda presentada por su representada; en consecuencia, se provee respecto de la demanda de amparo como sigue. Vista la demanda de amparo promovida por la menor********************, por propio derecho y representada por la asesora especial ********************, contra actos del Juez Trigésimo Octavo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; por violación a las garantías consagradas en los artículos 1, 2, 3, 8, 14, 16, 17 y 35 constitucionales. De la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. El numeral citado con antelación, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." En efecto, la fracción invocada en líneas que anteceden, establece que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. Se afirma lo anterior, cuenta habida que en el caso a estudio, la parte quejosa señaló como acto reclamado el proveído de veintiocho de junio del año en curso, dictado en el juicio de controversia del orden familiar, alimentos, guarda y custodia expediente ********************, por el que el juez responsable, tuvo por ratificado un escrito de ********************(progenitora de la hoy quejosa), en cumplimiento a lo ordenado en auto de veintidós de junio de dos mil veintitrés, y quien solicitó que de nueva cuenta se girara oficio al Titular de la Unidad Jurídica de la Zona Sur del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a efecto de informar el cumplimiento del pago retroactivo de la pensión alimenticia a cargo de ********************en favor de la infante hoy quejosa********************. Ahora bien, de la lectura del escrito de demanda puede advertirse que el acto reclamado tiene su origen en el juicio de controversia del orden familiar, alimentos, guarda y custodia expediente ********************, seguido ante el Juez Trigésimo Octavo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; en el que se condenó al hoy tercero interesado ********************, al pago de una pensión alimenticia provisional a favor de la hoy quejosa********************, consistente en el veinte por ciento mensual de su sueldo y demás prestaciones; que ante el incumplimiento de dicho deudor y estar jubilado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por escrito de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, ******************** por propio derecho y en representación de la hoy quejosa, en el juicio de origen, solicitó al juez responsable requiriera al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, exhibiera mediante billete de depósito la cantidad adeudada y acreditará el cumplimiento de pago de la pensión alimenticia; en proveído de veintiocho de junio del año en curso, se tuvo por ratificado el escrito de ********************(progenitora de la hoy quejosa), en cumplimiento a lo ordenado en auto de veintidós de junio de dos mil veintitrés, y se ordenó requerir mediante oficio al Titular de la Unidad Jurídica de la Zona Sur del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a efecto de que informara el cumplimiento del pago retroactivo de la pensión alimenticia a cargo de ********************, correspondiente a la primera quincena de febrero de dos mil diecinueve hasta la segunda quincena del mes de julio de dos mil veintidós, así como el cumplimiento de pago de pensión alimenticia correspondiente a la jubilación del deudor alimentario, siendo este el acto reclamado en el presente juicio de amparo. En ese sentido, en contra del auto que se reclama en este asunto, procedía el recurso de apelación, de conformidad con los artículos 688, 689 y 696 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, cuyo tenor literal es el siguiente: "Artículo 688. El recurso de apelación tiene por objeto que, el Tribunal confirme, revoque o modifique la resolución del Juez. La apelación procede en el efecto devolutivo o en ambos efectos. La apelación en efecto devolutivo podrá ser de tramitación inmediata, o bien, de tramitación preventiva. En la de tramitación inmediata los agravios deberán expresarse al interponerse el recurso y se sustanciarán en los términos previstos en el Artículo 693 de este Código. En la de tramitación preventiva bastará con que el apelante exprese su inconformidad al interponer el recurso, y la expresión de agravios deberá hacerse en los términos previstos en el segundo párrafo del Artículo 692 Quáter. La apelación de tramitación preventiva se sustanciará conjuntamente con la que se interponga en contra de la sentencia definitiva. Las apelaciones que se admitan en ambos efectos siempre serán de tramitación inmediata." "Artículo 689. Pueden apelar: el litigante si creyere haber recibido algún agravio, los terceros que hayan salido al juicio y los demás con interés jurídico a quienes perjudique la resolución judicial. No puede apelar el que obtuvo todo lo que pidió; salvo lo dispuesto en el Artículo 692 Quáter, así también podrá apelar el vencedor que no obtuvo la restitución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios o el pago de costas." Artículo 696. De los autos y de las sentencias interlocutorias de los que se derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación y la apelación proceda en el efecto devolutivo, se admitirán en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el recurso, y señala los motivos por los que considera el daño irreparable o de difícil reparación. (.)." El numeral 950, del ordenamiento mencionado, dice: "Artículo 950. Las apelaciones a que se refiere este Título serán en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, salvo disposición expresa en contrario y deberán interponerse en forma y términos previstos por el Título Décimo Segundo del presente Código. Cuando la tramitación del juicio se haya regido por las disposiciones generales del Código, igualmente se regirá por estas disposiciones por lo que toca a los recursos; pero en todo caso, si la parte recurrente careciere de abogado, la propia Sala solicitará la intervención de un Defensor de Oficio, quien gozará de un plazo de tres días más para enterarse del asunto a afecto de que haga valer los agravios o cualquier derecho a nombre de la parte que asesore." De tal manera, se estima que la impetrante de amparo no agotó el principio de definitividad para hacer procedente el juicio de garantías, ya que al ser parte en el juicio natural, está en aptitud de hacer valer el medio de defensa ordinario que se alude, y con ello obtener la revocación, modificación o nulificación del acto reclamado; y si no lo agotó antes de acudir al amparo, dicho acto carece de definitividad, motivo por el cual se surte la causal de improcedencia aludida. De igual forma, apoya a lo anterior, la tesis I.3o.C.833C, con registro digital 163887, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXII, septiembre de 2010, página 1159, que señala: "APELACIÓN. ES NECESARIO INTERPONERLA PARA CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD Y NO SE PUEDE SUBSANAR CON LA SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA FAMILIAR (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). El legislador del Distrito Federal, en el título décimo sexto denominado de las "Controversias del orden familiar", reguló lo relativo a dicha figura jurídica particularmente en los artículos 940 y 941 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que otorgan facultades a los Jueces para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores, de alimentos y de cuestiones relacionadas con violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros. Conforme a esos preceptos, tratándose de cuestiones atinentes a los menores, se debe actuar oficiosamente tanto en la litis misma, al poder suplir, incluso, la falta de reclamación, como en la recepción de pruebas para decidir lo conducente, entre otros aspectos, tratándose del régimen de convivencia de dichos menores con sus progenitores. Sin embargo, la institución de suplencia de la deficiencia de la queja no es una base legal para concluir que quien es parte en un juicio ordinario familiar, deje de interponer oportunamente el recurso de apelación procedente contra la resolución que resuelve el fondo de la litis planteada, de acuerdo a los preceptos legales aplicables, ya que el principio de congruencia que rige la segunda instancia y el dispositivo que implica la necesidad de que el impulso procesal y la impugnación la realice la parte que resiente el perjuicio o agravio, supone que debe haber recurso, porque la suplencia es respecto de los agravios, lo cual sólo se puede dar si se interpuso el recurso. De modo que si la segunda instancia la abrió una de las partes únicamente respecto de la parte que le agravió, en el caso, el demandado en relación al tema de costas, entonces, la Sala responsable no estaba en aptitud de atender a las cuestiones vinculadas con la procedencia de la caducidad de la instancia en el juicio ordinario civil de divorcio necesario. Lo anterior es así porque la interposición del recurso de apelación por parte de la quejosa era necesaria para introducir a la litis de segunda instancia sus planteamientos y entonces sí, estar en aptitud de suplir la deficiencia de sus agravios, dado que para que el tribunal de apelación esté obligado a suplir la deficiencia de la queja es menester que la parte afectada apelara la resolución de primera instancia que le perjudicó. Luego, si solamente apeló su contraparte respecto al tema que le afectó, la litis de apelación se concretó a los agravios de éste, en tal virtud aunque la quejosa comparezca al juicio de garantías en nombre de los menores, tal circunstancia no la libera de agotar el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia en la parte relativa que le agravió y por ende, la responsable no estuvo en aptitud de pronunciarse al respecto, dado que dicha institución rige tratándose de los agravios en la apelación y conceptos de violación en el juicio de amparo, lo que implica que no puede substituir al recurso ordinario procedente y no tiene el efecto de que no se cumpla con el principio dispositivo de impugnar las consideraciones y correspondientes resolutivos de primera instancia que le perjudican y que no fueron motivo de apelación por la contraparte de la ahora quejosa." También, la tesis emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, con registro digital 217325, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, febrero de 1993, página 271, que a la letra dispone: "JUICIO DE AMPARO, PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE DEBE REGIR EN EL, AUN TRATANDOSE DE ACCIONES DEL ESTADO CIVIL O QUE AFECTEN EL ORDEN Y A LA ESTABILIDAD DE LA FAMILIA. Es inexacto que tratándose de un juicio de divorcio pueda promoverse amparo directo contra la sentencia de primera instancia sin necesidad de agotar el recurso de apelación contra ese fallo. Porque lo contrario se desprende de la simple lectura del artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución General. En efecto, dicho precepto previene que procede amparo directo tanto contra violaciones de fondo como contra violaciones de procedimiento, estando constituidas las primeras por aquellas que se cometen en las propias sentencias, y las segundas surgen en el curso del procedimiento. Y es precisamente al hablar de éstas últimas cuando el dispositivo exime de agotar los recursos ordinarios en juicios sobre acciones del estado civil o que afecten el orden y a la estabilidad de la familia. Lo que significa que no hay necesidad de preparar el amparo únicamente respecto de las violaciones de procedimiento, pero si existe obligación de apelar el fallo de primer grado." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 244, visible en la página 415, de la Octava Parte, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años 1917-1985, que dice: "RECURSOS SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." Sin que sea el caso atender en el asunto que nos ocupa a lo establecido en la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.), con registro digital 2004677, que al rubro dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO.", ya que el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, al realizar una interpretación del aludido criterio determinó que el recurso de apelación de tramitación inmediata, en ambos efectos, regulado por el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, es un recurso ordinario idóneo y eficaz, ya que admite la suspensión del acto recurrido; razón por la cual, en el presente caso no se actualiza lo determinado en el criterio mencionado, y si por el contario en el presente caso tiene aplicación por analogía la jurisprudencia PC.I.C. J/2 C (11a.), con registro 2023538, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 2557, libro 5, septiembre 2021, tomo II, que dice: "RÉGIMEN PROVISIONAL DE VISITAS Y CONVIVENCIAS FAMILIARES. CUANDO SE RECLAME SU INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES NECESARIO AGOTAR, PREVIAMENTE, EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 688 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones diferentes al analizar si cuando se reclama en amparo indirecto la resolución que decreta un régimen provisional de visitas y convivencias entre un menor de edad y su progenitor es necesario agotar, previamente, el recurso de apelación, o si se actualiza una excepción al principio de definitividad a partir de la no idoneidad y eficacia de ese medio ordinario de defensa, pues mientras uno consideró que no se actualiza la excepción a dicho principio, en virtud de que el medio ordinario de defensa sí admite el efecto suspensivo, el otro determinó lo contrario. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito establece que el recurso de apelación de tramitación inmediata, en ambos efectos, regulado por el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, es un recurso ordinario idóneo y eficaz, ya que admite la suspensión del acto recurrido; razón por la cual, en términos de la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se actualiza una excepción al principio de definitividad y, por ende, las personas que pretendan promover el juicio de amparo están obligadas a interponer dicho recurso de manera previa a acudir a aquél, so pena de que el juicio de amparo sea improcedente. Justificación: La Primera Sala, al fallar la contradicción de tesis 139/2013, resolvió que en los casos en que esté involucrado un menor de edad, la regla de definitividad encuentra una excepción si el recurso ordinario no admite la suspensión del acto, ya que ello torna que el recurso no sea idóneo ni eficaz. Luego, contra la determinación que decreta un régimen de visitas y convivencias entre un menor de edad y su progenitor procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo; sin embargo, el artículo 696 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, prevé la posibilidad de que contra los autos y las interlocutorias de los que derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación, la apelación se admitirá en ambos efectos, siempre que el apelante así lo solicite al interponer el recurso, señale los motivos por los que se considera el daño irreparable o de difícil reparación y, finalmente, la apelación proceda en el efecto devolutivo de tramitación inmediata. De esa forma, las apelaciones que se interpongan contra las resoluciones que decreten de forma provisional un régimen de visitas y convivencias son susceptibles de colmar dichos requisitos y, en consecuencia, de tramitarse de forma inmediata en ambos efectos. Ello, dado que, en las controversias del orden familiar, las apelaciones son de tramitación inmediata en efecto devolutivo por mandato del artículo 950 del código mencionado, por lo que bastará que la parte inconforme solicite que la apelación sea tramitada en ambos efectos para que el medio de defensa se tramite en efecto suspensivo, por así permitirlo el artículo 696 citado. Lo anterior es así ya que, por cuanto hace a que se señalen los motivos por los que se considera que el daño es irreparable o de compleja reparación, éste es susceptible de colmarse porque bastará con que el apelante formule un ejercicio mínimo de argumentación por el cual demuestre que el acto recurrido causa afectaciones graves en su esfera jurídica y, aun cuando no lo hiciera, se estima que dicha omisión quedaría subsanada, ya que al tratarse de una controversia del orden familiar procede aplicar la suplencia de la queja en términos del artículo 941 del código procesal citado, por lo que aun cuando el apelante no expresara los argumentos de referencia, el juzgador estaría obligado a suplirlos en atención a la naturaleza del juicio, sin que en este tipo de controversias el juzgador pueda exigir al apelante que exhiba la garantía a que hace referencia el artículo 696 de la legislación procesal, ya que ésta sólo es exigible en contiendas judiciales de orden económico cuya resolución, eventualmente, pudiera causar afectaciones patrimoniales y no así en controversias del orden familiar, ya que en éstas sólo se deducen derechos de orden público e interés social. Consecuentemente, el recurso de apelación de tramitación inmediata, en ambos efectos, es un recurso idóneo y eficaz para los justiciables, ya que admite la suspensión del acto recurrido y, por ello, no se actualiza la excepción al principio de definitividad prevista en la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.) de la Primera Sala." Sentado lo anterior, se coligen que la impetrante de amparo no ha agotado el principio de definitividad para hacer procedente el juicio de garantías, ya que al ser parte actora en el juicio natural, está en aptitud de hacer valer el medio de defensa ordinario que se alude, y con él obtener la revocación, modificación o nulificación de los actos reclamados; y si no lo agotó antes de acudir al amparo, dicho acto carece de definitividad, motivo por el cual se surte la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que con apoyo en el diverso numeral 113, del mismo ordenamiento, se desecha de plano por notoriamente improcedente, la presente demanda de garantías. Notifíquese vía electrónica a la quejosa********************, por conducto de la asesora especial ********************.
- Principal
Por recibido el oficio signado electrónicamente por ..., asesora jurídica federal, promoviendo en su carácter de Represente por Designación Especial del Titular de este Órgano Jurisdiccional de la persona menor de edad ..., por medio del cual solicita se haga disponible el acceso al expediente electrónico en que se actúa para su consulta vía internet, desde la presentación de la demanda; en esa virtud, dado que en auto de veintitrés de agosto de la presente anualidad, ya tiene autorizado el acceso al expediente electrónico, como lo solicita la promovente, se ordena al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, autorizar dicha consulta desde la presentación de la demanda, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, se autoriza que las notificaciones personales se le realicen vía electrónica al usuario "********************, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Sin tener por señalado el correo electrónico y el teléfono que refiere el promovente para oír y recibir notificaciones, en virtud de que la Ley de Amparo, no prevé dicha figura como medios de notificación. Notifíquese.
- Principal
Visto el escrito de cuenta presentado vía electrónica por ********************, en su carácter de representante especial de la menor ********************designada por la Directora Nacional de Asesoría Jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública, y dado que el escrito de cuenta esta firmado electrónicamente con su respectiva evidencia criptográfica, y produce los mismos efectos que el signado ante la autoridad judicial, en ese contexto, se le tiene a la promovente aceptando y protestando el cargo conferido, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de dieciocho de agosto del año en curso; y por autorizados a los licenciados en derecho que menciona, en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, que a la fecha del dictado del presente acuerdo, tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito atento a lo dispuesto en el título Decimo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis, y a las demás personas que indica para oír y recibir notificaciones, documentos e imponerse de los autos en términos del último supuesto del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo; a quien también de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite el uso de cámaras o lectores ópticos al consultar el expediente. Asimismo, se autoriza el acceso al expediente electrónico, al usuario "marycarmeng", lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Sin tener por señalado el correo electrónico y el teléfono que refiere el promovente para oír y recibir notificaciones, en virtud de que la Ley de Amparo, no prevé dicha figura como medios de notificación. Ahora bien, se le otorga a ********************, un término de tres días, contado a partir de que sea legalmente notificada de este proveído, para que se imponga del escrito inicial de demanda formulado por la menor de edad ********************para que en su carácter de representante especial realice las manifestaciones que a su representación correspondan, y trascurrido dicho terminó con o sin dichas manifestaciones se procederá a acordar el libelo constitucional conforme a derecho corresponda. Notifíquese y personalmente a ********************, en carácter de representante especial de la menor quejosa.
- Principal
Por recibido el oficio signado electrónicamente por la Directora Nacional de Asesoría Jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública, por medio del cual en cumplimiento a lo ordenado en auto de once de agosto de dos mil veintitrés, designó como representante especial de la menor de edad ********************, a la licenciada ********************; señalando con domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ..., se requiere a la referida asesora jurídica federal, para que en el plazo de tres días se apersone a éste juzgado a aceptar el cargo que le fue conferido por la autoridad mencionada, en el entendido que de no comparecer en el término concedido, se le impondrá una multa..., Asimismo, en cuanto al correo electrónico y número telefónico que indica para recibir notificaciones, no ha lugar a tener por señalados los mismos, en virtud de que el artículo 26 de la Ley de Amparo, establece la forma en la que se van a realizar las notificaciones y en el inciso IV, refiere que se realizan por vía electrónica a las partes que expresamente así lo soliciten y que previamente hubiesen obtenido la firma electrónica. Notifíquese y personalmente a la asesora jurídica federal ********************.
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