Veronica Adriana Garces Pineda

Expediente 1279/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1279/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
19/12/2019

Partes del expediente

  • Veronica Adriana Garces Pineda

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Feneció término legal. Vista la certificación que antecede se advierte que trascurrió el término de cinco días establecido en el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintiséis de noviembre del año en curso (visible a foja 33), en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; sin que lo hubiera hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en los preceptos ya mencionados y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el citado proveído ha causado estado. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno correspondiente, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu. Valoración. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; pues en el punto Vigésimo prevé que son susceptibles de destrucción los expedientes auxiliares y los duplicados de los incidentes de suspensión que tengan más de seis meses de haberse dictado la sentencia o resolución interlocutoria correspondiente y en el punto Vigésimo Primero, establece que después de haber trascurrido cinco años como asunto concluido; son destruibles, los expedientes que se ubiquen en las fracciones I, II y III, primer párrafo, de ese punto y que son susceptibles de depuración los que encuadren en las fracciones III segundo párrafo, IV y V del punto en comento. Expediente principal. Ahora, en cumplimento al artículo Vigésimo Primero, fracción II del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de cinco años. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al punto Vigésimo Quinto del mencionado acuerdo general. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del punto vigésimo primero, último párrafo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Finalmente, hágase saber a la quejosa que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberá comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos que haya aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos, junto con el expediente, de conformidad con la última parte del punto vigésimo del mencionado Acuerdo General. Notifíquese; y personalmente a la quejosa.

  2. Principal

    Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que mediante oficio SEADS/1472/2019 de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó la designación de la licenciada Magali María Díaz Villarreal, como Titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, con efectos a partir del dieciséis de diciembre del mismo año; en consecuencia, hágase lo anterior del conocimiento de las partes a efecto de que estén en posibilidad de hacer valer, en su caso, alguno de los impedimentos previstos en el artículo 51 de la Ley de Amparo, conforme a lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 104/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos doce, del Tomo XXXII, julio de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO."

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. Informe de cumplimiento a sentencia. Agréguense a los autos para que obren como corresponda, el oficio y anexo que remite ********************en su carácter de delegado de las autoridades responsables Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en Mexicali; Director; Junta Directiva; y Director de Pensiones y Jubilaciones del mismo instituto y con residencia en la ciudad de Mexicali; atento a su contenido, se les tiene informando sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo en este asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, dése vista a las partes por el plazo de tres días legalmente computado, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, y una vez trascurrido dicho plazo, con o sin manifestación alguna, tráiganse los autos para resolver sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable; lo anterior con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo.

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