Verónica Adriana Estrada Lara

Expediente 295/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
295/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
16/05/2023

Partes del expediente

  • Verónica Adriana Estrada Lara
  • Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Irapuato, Guanajuato

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la resolución de veinte de abril del presente año, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo promovido por ********************, apoderado de ********************. En consecuencia, ..se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. En ... ...este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. Devuélvase al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, el cuaderno auxiliar de prueba formado con las constancias remitidas en apoyo a su informe justificado, en virtud de que es innecesario su resguardo en este órgano jurisdiccional.

  2. Principal

    Vista la cuenta, intégrese sin mayor pronunciamiento el oficio signado por la Directora General del Trabajo del Gobierno del Estado de Guanajuato, mediante el cual pretende rendir su informe justificado; toda vez que por auto de veinte de abril del presente año, se sobreseyó el presente asunto, fuera de audiencia constitucional.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, intégrese al expediente el oficio firmado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, con el que remite copia autógrafa de la diligencia de toma de muestra de escritura de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, dentro del juicio laboral ******************** de su índice. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite y tiene desahogada la documental aludida, en razón a su propia y especial naturaleza. Ahora bien, del análisis de las constancias que integran el expediente laboral citado, se advierte una causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente: ... La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió ha dejado de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación; implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues la razón que justifica esta determinación, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos. En efecto, en autos se aprecia que el acto reclamado es la omisión en que ha incurrido la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Irapuato, Guanajuato, dentro del juicio ********************, de procurar la designación de un perito oficial en materia de caligrafía, grafoscopía, gafrología, dactilocopía y documentoscopía a favor de la parte actora -aquí quejosa-; no obstante de que dicho medio de convicción fue admitido desde el dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Ahora bien, en las constancias recibidas en esta fecha, se observa que el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, el licenciado ******************** aceptó y protesto el cargo como perito designado por la parte actora, con el objeto de desahogar la prueba pericial precitada. También se advierte que la junta responsable fijó las nueve horas con treinta minutos del nueve de mayo próximo para que tenga verificativo la toma de muestra de la escritura que es objeto de la citada prueba pericial. En ese contexto, se concluye que los efectos del acto reclamado en esta instancia constitucional han cesado, pues la responsable ya designó perito oficial a favor de la parte actora -aquí quejosa-, para el desahogo de la prueba pericial en materia de caligrafía, grafoscopía, gafrología, dactilocopía y documentoscopía admitida en el juicio laboral aludido. Por ende, las cosas han vuelto al estado que guardaban hasta antes de la afectación reclamada por la quejosa en esta instancia, por lo que el presente juicio deviene improcedente. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. En esa medida, al actualizarse la causa de improcedencia advertida, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues no cambiaría el sentido de la presente determinación, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse. Estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia, lo que es contrario a las garantías y derechos fundamentales que tutela el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. En virtud de lo anterior, déjese sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, que se encontraba programada para las diez horas con veinte minutos del veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese; personalmente a las partes.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 20 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SÍNTESIS DICE: "...Visto lo de cuenta, intégrese al expediente el oficio firmado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, con el que remite copia autógrafa de la diligencia de toma de muestra de escritura de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, dentro del juicio laboral ******************** de su índice. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite y tiene desahogada la documental aludida, en razón a su propia y especial naturaleza. Ahora bien, del análisis de las constancias que integran el expediente laboral citado, se advierte una causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente: ... La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió ha dejado de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación; implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues la razón que justifica esta determinación, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos. En efecto, en autos se aprecia que el acto reclamado es la omisión en que ha incurrido la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Irapuato, Guanajuato, dentro del juicio ********************, de procurar la designación de un perito oficial en materia de caligrafía, grafoscopía, gafrología, dactilocopía y documentoscopía a favor de la parte actora -aquí quejosa-; no obstante de que dicho medio de convicción fue admitido desde el dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Ahora bien, en las constancias recibidas en esta fecha, se observa que el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, el licenciado ******************** aceptó y protesto el cargo como perito designado por la parte actora, con el objeto de desahogar la prueba pericial precitada. También se advierte que la junta responsable fijó las nueve horas con treinta minutos del nueve de mayo próximo para que tenga verificativo la toma de muestra de la escritura que es objeto de la citada prueba pericial. En ese contexto, se concluye que los efectos del acto reclamado en esta instancia constitucional han cesado, pues la responsable ya designó perito oficial a favor de la parte actora -aquí quejosa-, para el desahogo de la prueba pericial en materia de caligrafía, grafoscopía, gafrología, dactilocopía y documentoscopía admitida en el juicio laboral aludido. Por ende, las cosas han vuelto al estado que guardaban hasta antes de la afectación reclamada por la quejosa en esta instancia, por lo que el presente juicio deviene improcedente. En esa medida, al actualizarse la causa de improcedencia advertida, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues no cambiaría el sentido de la presente determinación, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse. Estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia, lo que es contrario a las garantías y derechos fundamentales que tutela el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En virtud de lo anterior, déjese sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, que se encontraba programada para las diez horas con veinte minutos del veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para los efectos legales conducentes..."

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