Verenice Sánchez Barraz y Otros.
Expediente 153/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 153/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Verenice Sánchez Barraz
- Verenice Sánchez Barraz y Otros.
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se aprecia que el auto de treinta de marzo de dos mil veintidós, en que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, no fue recurrido dentro del término legal por la parte quejosa; en consecuencia, se declara que HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otro lado, se estima que el presente expediente carece de relevancia documental y tampoco se ubica en los supuestos de los considerandos como conservables, a criterio de este juzgado se considera que el presente asunto es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ya transcurrió el plazo fijado para que la parte quejosa cumpliera con el requerimiento formulado el quince de febrero de dos mil veintidós; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento decretado y con fundamento en el artículo 114, de la Ley de Amparo se tiene por no presentada la demanda de amparo. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa, en el cual aduce que se desiste del presente juicio de amparo, al respecto dígase a la promovente que deberá estarse a lo ordenado en el párrafo precedente, para los efectos legales a que haya lugar. En lo tocante al documento que refiere la parte quejosa en el escrito de cuenta, devuélvanse el mismo y entréguense por conducto de las personas autorizadas para tal efecto en autos, previa toma de razón que por su recibo se deje en autos como constancia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Nezahualcóyotl, Estado de México, a quince de febrero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la ley de la materia, téngase por recibida la demanda promovida por ******** y *********, en representación de la menor de edad de identidad reservada de iniciales B.L.S., contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades responsables. Anotaciones Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno el juicio de amparo 153/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este juzgado federal. Además, con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y de Acuerdo General Conjunto 12/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena formar el expediente electrónico correspondiente, que deberá conformarse con las mismas actuaciones que el expediente impreso. Suspensión de plano No ha lugar a proveer sobre la suspensión de plano, dado que en los términos en que se encuentra redactada la demanda de amparo no se obtienen datos y elementos que permitan establecer ni siquiera indiciariamente que la menor quejosa pudiera estar expuesta a una situación o condiciones que directa e inmediatamente pongan en riesgo su vida o su salud. En ese sentido, el solo hecho que la menor quejosa pertenezca a determinado grupo etario, no pone de manifiesto hasta este momento que su integridad o vida corra peligro en una medida superior que la de otras personas que por razón de su edad, condición o vulnerabilidad deben ser inoculadas prioritariamente contra el virus SARS-CoV-2, con lo que incluso pudieran generarse posibles efectos adversos para la colectividad dada la dimensión social del derecho a la protección de la salud tutelado por la Norma Fundamental. Máxime que no está acreditado que la menor quejosa está actualmente matriculada en algún plantel educativo localizado en esta jurisdicción, y con motivo del regreso a clases presenciales a partir del treinta de agosto de dos mil veintiuno, así como de las condiciones y vulnerabilidad en que pudiera encontrarse, hacen imperiosa la necesidad de conceder la medida cautelar de referencia, a fin de salvaguardar su integridad. Apoya lo anterior, la tesis XVI.1o.A.35 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III, registro digital 2019894, página 2818, que establece: "SUSPENSIÓN DE OFICIO EN EL AMPARO. SU OTORGAMIENTO ESTÁ SUJETO A LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE LA MATERIA. La suspensión en el amparo es una medida cautelar de naturaleza provisional que tiende a preservar la materia del juicio. Conforme al artículo 125 de la Ley de Amparo, puede concederse de oficio o a petición de parte. Procede de oficio y de plano, en aquellos casos en que los actos reclamados recaigan en alguno de los supuestos previstos por los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o 126 de la Ley de Amparo; sin embargo, esa facultad de los juzgadores no es irrestricta, porque en su ejercicio no pueden desconocer los requisitos previstos en el numeral 128 de la propia ley, como que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Lo anterior, porque a raíz de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011 y de la expedición de la Ley de Amparo vigente, en cuanto a la suspensión del acto reclamado en el amparo indirecto, se generó un sistema equilibrado, orientado a darle mayor eficacia a la preservación de la materia del juicio, pero a la vez dotado de mayores elementos de control para evitar el abuso de la medida y que su otorgamiento lesione el interés social, entendido éste como el conjunto de principios o bienes jurídicos relevantes, objeto de tutela, cuya preservación es prioritaria para el orden público, en función de los cuales, se acotan las decisiones sobre la suspensión del acto reclamado y que, además, es irreductible ante las pretensiones e intereses individuales. Es decir, el hecho de que la suspensión proceda de oficio no justifica que conlleve efectos adversos para la colectividad, o que sirva de salvoconducto para que las autoridades dejen de observar la normativa que rija el desempeño de sus actividades, o bien, se autorice la ejecución de medidas que pongan en riesgo de afectación a otras prerrogativas de los propios quejosos o de diversas personas que puedan verse directa o indirectamente afectadas, pues ello desnaturalizaría el propósito de la suspensión y convalidaría conductas irregulares o perjudiciales para la sociedad.". También es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 8/2019 (10a.) Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, registro digital 2019358, página 486, de rubro y texto siguientes: "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL. La protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras.". Prevención Una vez analizado el escrito inicial de demanda y las constancias que integran el presente sumario constitucional, este órgano jurisdiccional concluye que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, 110 y 114 de la Ley de Amparo, debe prevenirse a los promoventes para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, cumpla con lo siguiente: Precisar el o los actos que desea reclamar de cada una de las autoridades que se mencionan como responsables en el respectivo ámbito de su competencia. Ello, en la medida que el señalamiento que realizan en el apartado correspondiente resulta vago y genérico, dado que no se indica con exactitud los actos que pretenden impugnar concretamente de cada autoridad responsable, en virtud del carácter que cada una llegaré a tener (ordenadoras y ejecutoras) y atendiendo a las facultades y atribuciones que legalmente tengan conferidas. De tal manera que al atender el presente punto de prevención deberá manifestar los actos reclamados que afectan su esfera de derechos fundamentales de manera real y actual, así como las autoridades responsables a quienes específicamente se los atribuye, considerando el cúmulo de sus atribuciones. Es aplicable al caso, la tesis del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, marzo de mil novecientos noventa y seis, página ochocientos setenta y uno, que reza: "ACTO RECLAMADO. SI ES OSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la oscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda.". Abundar bajo protesta de decir verdad en los antecedentes de los actos reclamados, ya que de lo narrado no puede establecerse si se reclama la omisión a ser vacunada o la negativa en caso de ser la segunda deberá manifestar la fecha en que se solicitó la vacunación para la menor quejosa, así como aquella en que se emitió y notificó el acto o resolución que contiene la negativa de proporcionarle la correspondiente inoculación, así como si en su contra se hizo valer algún medio ordinario de defensa, el órgano jurisdiccional ante el cual está radicado, si ya se resolvió y el sentido en que ello ocurrió. Consecuentemente, se considera necesario realice una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo que resultan relevantes para conocer la verdad legal respecto a lo solicitado, pues dados los términos en que se encuentra redactada la demanda, no se cuenta con mayores elementos para proveer respecto de su admisión. Aunado a que tal información resulta necesaria a fin de integrar debidamente la litis en el presente juicio de amparo, analizar la procedencia del juicio y eventualmente la constitucionalidad del acto o actos que se reclaman, pues la correcta fijación de la litis constituye la base que posibilita la emisión de una sentencia congruente. Máxime que es necesario que se reúnan los requisitos que establece el artículo 108 de la ley de la materia, entre los que se encuentra el precisado en la fracción V, que dice: "... Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación...". En el entendido de que el requerimiento que se formula únicamente podrá desahogarlo el (la) justiciable, no así sus autorizados, dada la responsabilidad penal que de la protesta de decir verdad pudiera derivarse. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, agosto de 2014, del rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD', ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA.". Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de la Materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata. Domicilio para oír y recibir notificaciones Con base en el arábigo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas de este órgano jurisdiccional, por así haberlo solicitado la parte quejosa. Asimismo, se tienen por autorizados en términos del dispositivo 12 del cuerpo leyes antes invocados, con todas las facultades que el mismo confiere, a las personas que menciona siempre y cuando se encuentre registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, se tienen a las parte proporcionando la cuenta correo electrónico para que este Juzgado de Distrito este en posibilidad de establecer contacto con las mismas para evitar dilaciones procesales innecesarias Habilitación para practicar notificaciones y uso de medios electrónicos Con el objeto de evitar dilaciones en el trámite de esta instancia constitucional, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan en este juicio de amparo, sean practicadas incluso en horas y días inhábiles, previa constancia que asiente para que quede justificado el motivo de esa actuación. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Reproducción de constancias. De igual manera se autoriza a las partes la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". Protección de Datos Personales y Transparencia Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta del expediente electrónico, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Apercibimiento para las partes que intervendrán Se hace saber a las partes que intervienen en este juicio de amparo que el artículo 261 de la Ley de Amparo, contempla una pena de prisión de dos a seis años y multa de treinta a trescientas veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización, cuando incurran en alguna de las siguientes conductas: "261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: --- I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y --- II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos.". También se hace de conocimiento a las autoridades responsables que el artículo 262 de la Ley de Amparo establece una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo: "262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: --- I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; --- II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; --- III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; --- IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y --- V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." Finalmente, dado que el domicilio para oír y recibir notificaciones señalado por la parte quejosa son las listas de publicación de este Juzgado, en virtud del sentido del presente auto, por única ocasión se comisiona al actuario Judicial de la adscripción para que publique íntegramente el presente acuerdo en la lista electrónica respectiva, con el objeto que aquélla pueda imponerse con efectos de notificación personal de esta determinación. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y DE MANERA ÍNTEGRA LA PRESENTE DETERMINACIÓN.Así lo proveyó y firman de manera electrónica, el Juez Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl José López Martínez, ante la secretaria Rocío Zamudio Becerril, quien autoriza y certifica que el presente acuerdo, así como las promociones y constancias que lo originaron, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe. AJMA
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